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ACLARACIÓN SOBRE LAS INHIBITORIAS
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, aclara que las inhibitorias son un mecanismo para garantizar la imparcialidad y objetividad de la persona juzgadora.
Estas constituyen un mecanismo procesal orientado a preservar la imparcialidad, la objetividad y la independencia de la persona juzgadora.
Su finalidad es garantizar el debido proceso evitando que quien conoce un asunto lo haga cuando concurra alguna circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre su imparcialidad.
1. En la Sala Constitucional, las inhibitorias se regulan principalmente en:
A- Artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que remite a las causales de impedimento previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
B- Artículo 12 del Código Procesal Civil, aplicable en cuanto regula las causales de impedimento, recusación y excusa de las personas juzgadoras.
2. Las inhibitorias son una manifestación de la independencia judicial, pues aseguran que los asuntos sean resueltos por jueces imparciales y fortalecen la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
3. La inhibitoria no responde a la voluntad o conveniencia de la persona juzgadora. Cuando existe una causal legal de impedimento, el deber de inhibirse es obligatorio.
4. La presentación de una inhibitoria no implica una falta, un conflicto indebido ni un reconocimiento de parcialidad. Constituye un mecanismo preventivo previsto por el ordenamiento jurídico para proteger la legitimidad de las decisiones judiciales.
5. Ante las inhibitorias de los magistrados, la existencia de magistraturas suplentes garantiza la continuidad del funcionamiento de la Sala Constitucional. Cuando una magistratura propietaria se encuentra impedida para conocer un asunto, la integración del Tribunal se realiza conforme al ordenamiento jurídico mediante las magistraturas suplentes. Esto permite asegurar la independencia, imparcialidad y validez de las decisiones judiciales, sin afectar la continuidad del servicio público de justicia constitucional.
6. El artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, cuando una magistratura deba separarse del conocimiento de un asunto por impedimento, recusación, excusa u otro motivo legal, será sustituida por una magistratura suplente llamada al efecto. La propia norma únicamente contempla como excepción que el asunto sea conocido por las magistraturas propietarias cuando la causal de impedimento comprenda tanto a las magistraturas propietarias como a las suplentes.
En la situación actual, ese supuesto excepcional no se configura. La imposibilidad de integrar la Sala no obedece a que las causales de impedimento alcancen también a las magistraturas suplentes, sino a la ausencia de suficientes magistraturas suplentes nombradas para realizar las sustituciones previstas por la ley. En consecuencia, el ordenamiento jurídico no habilita la integración del Tribunal mediante otras magistraturas propietarias distintas de las contempladas en el artículo 29.
Por ello, el nombramiento oportuno de magistraturas suplentes constituye una garantía institucional indispensable para asegurar la continuidad del servicio de justicia constitucional, la debida integración del Tribunal y la resolución de los asuntos en los que existen inhibitorias.
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San José, 18 de agosto de 2026
SALA CONSTITUCIONAL REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE PRENSA, EXPRESIÓN E INFORMACIÓN TRAS RECIBIR PREMIO DE LA SIP
· Reconocimiento destaca jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica agradece a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la decisión de otorgarle el Gran Premio Chapultepec 2026, una distinción que recibe con profundo honor y que representa un reconocimiento a la labor de la justicia constitucional en la protección de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de todas las personas a recibir información plural e independiente.
La Sala Constitucional valora especialmente que este reconocimiento se otorgue a partir de una jurisprudencia construida a lo largo de los años y que ha procurado garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades fundamentales.
“Recibimos este reconocimiento con profundo agradecimiento y, sobre todo, con un gran sentido de responsabilidad. La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información son pilares indispensables de una sociedad democrática.” señaló Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional.
Castillo añadió que “este premio nos recuerda que la protección de estos derechos no es una tarea concluida. En una democracia, la libertad de expresión y el acceso a la información son condiciones esenciales para que las personas puedan participar, formar su propia opinión y ejercer plenamente sus derechos. Por eso, recibimos esta distinción con satisfacción, pero también con un profundo sentido de responsabilidad”.
Para el magistrado “las decisiones de la Sala Constitucional en esta materia han buscado garantizar que el ejercicio del periodismo pueda desarrollarse con libertad y que las instituciones públicas respeten el derecho de la ciudadanía a informarse. Que la Sociedad Interamericana de Prensa haya valorado esta jurisprudencia es, para nosotros, un reconocimiento a la importancia de esa labor”.
“Agradecemos especialmente a la SIP por este reconocimiento y por destacar el papel que cumple la justicia constitucional en la protección de las libertades fundamentales. Recibimos el Gran Premio Chapultepec como un estímulo para continuar ejerciendo nuestra función con independencia, responsabilidad y compromiso con los derechos fundamentales”, finalizó Castillo
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San José, 14 de septiembre de 2026
SALA CONSTITUCIONAL ACLARA INFORMACION ERRÓNEA SOBRE EL ALQUILER DEL EDIFICIO IMPALA
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aclara, ante las informaciones erróneas que han circulado sobre el alquiler del edificio Impala, actual sede de esta instancia judicial, aspectos relacionados con su utilización y el costo del arrendamiento:
A) En relación con el costo del alquiler, es importante precisar que no es correcto presentar el cambio del monto como un aumento decidido unilateralmente en 2024.
El contrato establece que el precio del arrendamiento puede ser revisado cada tres años.
En 2020, cuando correspondía analizar la primera eventual modificación, el Poder Judicial realizó un estudio comparativo de inmuebles con características similares a la sede de la Sala Constitucional. Este análisis no justificó un aumento, debido a que los edificios utilizados como referencia presentaban valores de alquiler iguales o similares al que ya se pagaba.
Posteriormente, en 2023, la empresa arrendadora, Direct Communication S. A., solicitó una nueva revisión del precio y planteó elevar el alquiler mensual a $138.474,26. Sin embargo, el Poder Judicial realizó el análisis técnico correspondiente sobre el valor de mercado y determinó que el monto razonable era de $122.496,89 mensuales, IVA incluido.
De esta manera, el monto establecido fue $15.977,37 inferior al solicitado por la empresa arrendadora, con fundamento en el estudio técnico efectuado por la Sección de Arquitectura e Ingeniería, que determinó un valor de $27,26 por metro cuadrado, frente a los $30,81 por metro cuadrado que pretendía reconocer la empresa.
El Consejo Superior autorizó el nuevo precio el 14 de diciembre de 2023 y, posteriormente, este se formalizó mediante la adenda correspondiente en febrero de 2024.
Asimismo, debe aclararse que no toda la diferencia entre los aproximadamente $102.000 iniciales y el monto actual de $122.496,89 corresponde a aumentos del alquiler. Como consecuencia de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se incorporó el impuesto al valor agregado (IVA) al arrendamiento. Por ello, el monto que se pagaba antes de esta revisión ya ascendía a $115.566,82 mensuales, IVA incluido.
En consecuencia, el incremento derivado de la revisión realizada fue de solo $6.930,07 mensuales, al pasar de $115.566,82 a $122.496,89, y no de $102.000 a $122.000, como se ha indicado erróneamente en varias ocasiones.
El precio del arrendamiento, por tanto, no se incrementó de manera automática ni obedeció a una decisión discrecional de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia o de la Sala Constitucional. El proceso incluyó una solicitud de la empresa arrendadora, un análisis del valor de mercado, una valoración técnica y una decisión institucional que estableció un monto inferior al pretendido por la arrendadora.
Cabe señalar que, recientemente, la empresa solicitó un nuevo reajuste. No obstante, el Poder Judicial indicó que este no procedía, debido a que el contrato establece que la revisión del precio puede realizarse cada tres años y dicho plazo aún no se ha cumplido.
B) Por otra parte, en relación con la modalidad de teletrabajo, debe aclararse que esta no constituye una decisión particular de la Sala Constitucional.
El Poder Ejecutivo ha emitido distintas directrices para promover y aplicar esta modalidad en el sector público, entre otras razones, como respuesta a los problemas de congestión vial. La más reciente es la Directriz N.° 055-MIDEPLAN-MTSS-MOPT del 20 de febrero de 2026.
En la Sala Constitucional, el teletrabajo se aplica con la modalidad híbrida y de acuerdo con las características de cada puesto. En consecuencia, es erróneo afirmar que las personas funcionarias no utilicen las instalaciones, que el edificio permanece vacío o que solo es utilizado por un 20 por ciento de su personal.
Además, el inmueble no es utilizado exclusivamente por la Sala Constitucional. Esta instancia cedió un espacio dentro del edificio a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (JUNAFO), que tiene sus oficinas en esta sede y asume el 14 % del costo del alquiler correspondiente al espacio que utiliza. Por tanto, el Poder Judicial no asume la totalidad del arrendamiento, sino el 86 % del costo total.
Por tanto, el costo del arrendamiento no es asumido íntegramente por el Poder Judicial.
La Sala Constitucional reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos, así como con la comunicación clara y precisa de la información relacionada con su funcionamiento y con los proyectos institucionales dirigidos a fortalecer la administración de justicia.
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San José, 14 de julio de 2026
FALTA DE MAGISTRADOS SUPLENTES MANTIENE 123 EXPEDIENTES PENDIENTES SIN RESOLVERSE EN LA SALA CONSTITUCIONAL
· En estos asuntos existen inhibitorias que impiden integrar el Tribunal para conocerlos
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, y antes las constantes consultas de los medios de comunicación colectiva, informa que se encuentra jurídicamente imposibilitada para dictar una resolución definitiva en 123 expedientes debido a la falta de magistraturas suplentes en esta instancia judicial.
Los expedientes paralizados abarcan asuntos de especial relevancia para la protección de los derechos fundamentales en temas como salud y el control de constitucionalidad, por lo que, mientras no sea posible conformar la integración correspondiente, la Sala se encuentra jurídicamente imposibilitada para dictar una resolución definitiva.
Del total de asuntos pendientes, la gran mayoría corresponde a recursos de amparo, proceso destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, existen acciones de inconstitucionalidad, consultas constitucionales y un recurso de hábeas corpus.
La distribución de los 123 expedientes con inhibitorias pendientes es la siguiente:
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Tipo de asunto |
Cantidad de expedientes |
Porcentaje (%) |
|
Recurso de amparo |
97 |
78,9 % |
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Acción de inconstitucionalidad |
22 |
17,9 % |
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Consulta judicial |
2 |
1,6 % |
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Consulta legislativa |
1 |
0,8 % |
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Habeas corpus |
1 |
0,8 % |
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Total |
123 |
100 % |
Los expedientes con inhibitorias pendientes abarcan una diversidad de derechos fundamentales y materias de relevancia constitucional. La clasificación temática permite identificar que los asuntos pendientes de resolución inciden principalmente en derechos sociales, laborales, económicos y de acceso a la justicia, así como en el control de actuaciones de instituciones públicas.
También se incluyen expedientes relacionados con el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y protección de poblaciones en condición de vulnerabilidad, el derecho de acceso a la información pública, así como asuntos vinculados con la función legislativa, municipal y administrativa del Estado.
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Tema Principal |
Cantidad de Casos |
Detalles del Impacto o Conflicto |
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Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) |
18 |
Solicitudes de entrega total del ROP |
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Empleo Público y Reformas Fiscales |
16 |
Impugnaciones a la Ley de Empleo Público, Ley 9635 y pensiones del Poder Judicial. |
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Mora Judicial y Retardo de Justicia |
15 |
Retrasos en resoluciones de varias instancias judiciales. |
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Asuntos Municipales y Locales |
11 |
Conflictos de infraestructura, agua y laborales (10 casos de La Unión, 1 de Turrialba). |
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Poblaciones Vulnerables y Derechos Sociales |
9 |
Reclamos de personas con discapacidad, minorías étnicas (OIT 169) y ayudas sociales. |
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Casos sobre el Expresidente Chaves |
9 |
Amparos por el traslado legislativo del levantamiento de fuero y Ministerio Público. |
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Asuntos Legislativos y Constitucionales |
8 |
Reformas al Reglamento de la Asamblea, Ley de Iniciativa Popular y proyectos de ley. |
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Derecho a la Salud |
6 |
Casos urgentes contra la CCSS y hospitales por medicamentos o tratamientos. |
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Contraloría General de la República (CGR) |
5 |
Objeciones a procesos disciplinarios, reglamentos y contratación administrativa. |
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Plataformas de Transporte |
3 |
Casos contra el CTP por regulación y reclamos por bloqueos de cuentas a choferes. |
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Acceso a la Información Pública |
2 |
Reclamaciones por negativas de entrega de datos |
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Temas Varios / Otros |
21 |
Asuntos aislados (despidos, contaminación sónica, tránsito, seguros, etc.). |
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TOTAL |
123 |
Expedientes netos paralizados por falta de magistrados suplentes. |
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San José, 25 de setiembre de 2026
Sala Constitucional aclara información errónea sobre la integración de magistraturas suplentes
Ante lo dicho en un medio de comunicación la Sala Constitucional aclara lo siguiente:
Se informó que las personas magistradas suplentes cuyo mandato se ha prorrogado, en virtud de la medida transitoria de integración dictada por este Tribunal en la sentencia 2026-029344, están renuentes a integrar este órgano.
Sobre el particular se detalla lo ocurrido.
1. En vista de que una persona integrante del Tribunal fue incapacitada, era necesario contar con un magistrado o magistrada suplente para la votación del 22 de septiembre.
2. Como es lo habitual, fue necesario realizar el sorteo con el fin de designar a la persona que haría la sustitución.
3. Se efectuaron tres sorteos consecutivos e infructuosos, debido a que las personas designadas declinaron, debido a compromisos laborales previamente asumidos.
4. Por tal motivo, no fue posible que se realizara la sesión de ese día.
Al margen de lo anterior, posteriormente correspondió solicitar la colaboración de una persona magistrada suplente para que resolviera unas solicitudes de inhibitorias. Ha sido la única persona que expresamente declinó reincorporarse a la Sala como magistrada suplente durante este periodo excepcional y extraordinario.
Por lo tanto, afirmar que las demás personas magistradas suplentes no desean integrar este Tribunal, por lo menos al día de hoy, no corresponde a la realidad.
La Sala Constitucional reafirma su compromiso con la transparencia, la comunicación clara y precisa de la información relacionada con el acato de la sentencia n° 2026-029344, de las 13:45 horas del 30 de julio de 2026, dictada por la Sala Constitucional.
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San José, 24 de setiembre de 2026
Magistrado Jorge Araya García presentó formal solicitud de reelección a su cargo
El día de hoy 24 de setiembre de 2026, el magistrado Jorge Araya García presentó ante la Asamblea Legislativa, por primera vez, la solicitud de reelección a su cargo.
El constitucionalista ocupa el cargo de magistrado propietario de Sala Constitucional desde 02 de noviembre de 2018. Su nombramiento vence el próximo 31 de octubre de 2026, motivo por el cual aspira continuar su nombramiento por un periodo de ocho años.
Entre otros cargos, el magistrado Jorge Araya García se ha desempeñado como:
Catedrático Universitario.
Abogado y Notario Público.
Periodista.
Especialista en Derecho Constitucional. Madrid, España.
Especialista en Ciencias Políticas. Madrid, España.
Doctor en Derecho. Énfasis en Derecho Constitucional.
Profesor universitario. Derecho Constitucional. Derecho Público.
Profesor de Doctorado en Derecho Constitucional.
Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad. DINADECO.
Presidente de la Comisión Nacional de División Territorial.
Presidente del Consejo de Gobernadores de las Provincias de Costa Rica.
Miembro director del Consejo Nacional de Drogas. CONADRO.
Autoridad Aeroportuaria. Superintendente, Aeropuerto Juan Santamaría.
Miembro director del Consejo Técnico de Aviación Civil.
Miembro director de la Comisión de Rescate y Formación de Valores Éticos, Morales y Religiosos. Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Presidente a. i. Imprenta Nacional.
Presidente a. i. Correos y Telégrafos de Costa Rica.
Vicecanciller Académico, Universidad Autónoma de Centro América.
Miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Costarricense de Cooperación. UNESCO.
Asesor Jurídico de la CCUU. UNESCO.
Magistrado suplente, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado propietario, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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Sala Constitucional avala reforma del artículo 36 de la Constitución Política
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, evacuó la consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad n° 26-028246-0007-CO, respecto del proyecto de ley n° 23.729 “Reforma del artículo 36 Constitución Política para limitar el derecho de abstenerse a declarar en delitos que cometan familiares contra personas menores de edad, y otras víctimas de violencia intrafamiliar y de género”.
Por unanimidad, se resolvió que el proyecto de reforma constitucional, el cual protege las personas menores de edad víctimas de delitos de carácter sexual, no contiene vicios de procedimiento ni de fondo.
El Tribunal Constitucional concluyó que la reforma constitucional, en el caso de delitos sexuales presuntamente perpetrados contra menores de edad, privilegia la protección del interés superior de tales personas frente al derecho de familiares de la presunta persona victimaria de abstenerse de declarar, al estimarse que dicha medida contribuye a prevenir la impunidad y la revictimización. La reforma incluye la introducción de un mandato al Estado de garantizar un acompañamiento y abordaje institucional integral durante el proceso penal, a las personas menores de edad que sean presuntamente víctimas de esos delitos.
Los magistrados Castillo Víquez y Cruz Castro, y la magistrada Garro Vargas consignan nota por aparte.
La opinión consultiva está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya, se notificará y procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
26-028246-0007-CO |
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Número de resolución: |
2026-036580 |
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Fecha de la votación: |
23 de setiembre de 2026 |
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Por tanto: |
Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de reforma constitucional denominado “REFORMA DEL ARTICULO 36 CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LIMITAR EL DERECHO DE ABSTENERSE A DECLARAR EN DELITOS QUE COMETAN FAMILIARES CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD, Y OTRAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO”, que se tramita en el expediente legislativo n.°23.729, no contiene vicios de procedimiento ni de fondo. Los magistrados Castillo Víquez y Cruz Castro, y la magistrada Garro Vargas consignan nota por aparte. Notifíquese al Directorio de la Asamblea Legislativa |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas (instructora y corredactora) e Ingrid Hess Herrera (corredactora). |
Material formativo
Consulta legislativa preceptiva: planteada por el Directorio de la Asamblea Legislativa cuando se trata de proyectos de reformas constitucionales, reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional o proyectos de ley tendientes a la aprobación de tratados internacionales.
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San José, 01 de julio de 2026
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA CNFL AFECTARÁ TEMPORALMENTE LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN LA SALA CONSTITUCIONAL
· Trabajos se realizarán este lunes 6 de julio
La Sala Constitucional informa que el próximo lunes 6 de julio de 2026, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema eléctrico del Edificio Impala, sede del Tribunal.
Como consecuencia de estas labores, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. los servicios de comunicación, los centros de datos y otros servicios tecnológicos institucionales se verán afectados. Durante este período no estarán disponibles los servicios de atención telefónica al público ni la recepción de documentos o expedientes por vía de fax.
La atención a las personas usuarias se mantendrá de forma presencial, bajo una modalidad especial. La recepción de escritos se realizará únicamente en formato físico, para lo cual deberá aportarse una copia adicional del documento para efectos de recibido.
La recepción de documentos y recursos a través del Sistema de Gestión en Línea se mantendrá habilitada durante todo el día.
La Sala Constitucional ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante esta jornada y agradece la comprensión de todas las personas, a quienes solicita tomar las previsiones correspondientes.
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San José, 01 de julio de 2026
SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2026 POR CIERRE COLECTIVO DEL PODER EJECUTIVO
La Sala Constitucional informa que, con motivo del período de cierre colectivo dispuesto por el Poder Ejecutivo del 6 al 10 de julio de 2026, se suspenderán los plazos en materia de recursos de amparo y otros asuntos cuyos plazos se computan en días hábiles. Esta disposición será aplicable únicamente respecto de las instituciones que se acojan al cierre colectivo decretado por el Poder Ejecutivo
La Sala aclara que esta suspensión no aplica de manera general a todas las instituciones públicas, ya que el Tribunal continuará prestando sus servicios con normalidad durante ese período.
En materia de hábeas corpus, los plazos continuarán computándose en días naturales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, respecto de estos procesos no operará la suspensión de plazos.
Finalmente, se dispuso instruir a la Secretaría de la Sala para que los centros penitenciarios indiquen un medio de notificación que garantice la recepción y tramitación oportuna de los recursos de hábeas corpus que pudieran presentarse durante el período indicado.
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San José, 11 de junio de 2026
COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL
La Presidencia de la Sala Constitucional es respetuosa de las decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa en el ejercicio de sus competencias constitucionales.
No obstante, lamenta que no se haya logrado la designación de las magistraturas suplentes, toda vez que tanto la Sala Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han desarrollado un proceso de selección caracterizado por su rigor, transparencia y estricto apego a criterios técnicos y jurídicos.
La nómina de candidaturas remitida oportunamente por la Corte Suprema de Justicia fue devuelta sin que hasta el momento se hayan exteriorizado de forma pública las razones que impiden avanzar hacia la designación de las personas propuestas.
En este contexto, resulta importante señalar que actualmente se registran 87 expediente con inhibitorias, situación que incide directamente en la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas y en la capacidad de respuesta oportuna que tiene el órgano.
La Presidencia reitera que el sistema de justicia constitucional tiene como eje fundamental la garantía de una justicia pronta y cumplida para todas las personas usuarias, principio que adquiere especial relevancia ante la actual carga de trabajo que tiene esta instancia judicial y la necesidad impostergable de asegurar la debida integración de la Sala Constitucional, en aras de seguir dando un servicio continuo, eficiente y de calidad a la ciudadanía.
Finalmente, se hace un respetuoso llamado a los distintos actores políticos para que puedan concretar la designación de las magistraturas suplentes en resguardo del adecuado funcionamiento de la Sala Constitucional y en aras de preservar la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia.
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San José, 17 de abril de 2026
Magistrado Fernando Cruz dicta medidas cautelares con el fin de prevenir posibles daños graves e irreparables al ambiente en el Polo Turístico Golfo de Papagayo
El magistrado Fernando Cruz Castro dictó una serie de medidas cautelar es en el marco de la acción de inconstitucionalidad expediente 25-024408-0007-CO, con el fin de prevenir posibles daños graves e irreparables al ambiente en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, mientras se resuelve el fondo del asunto.
La acción cuestiona normas introducidas mediante el Decreto Ejecutivo N.° 44448-MP-TUR, las cuales permiten la “compensación de densidad o coeficiente de ocupación” entre fincas concesionadas, incluso si no son colindantes. Según lo alegado, esta figura posibilita trasladar derechos de construcción entre terrenos, lo que podría superar los límites de densidad establecidos por concesión y transformar el modelo de desarrollo de baja densidad originalmente previsto.
Asimismo, se señala que la normativa impugnada podría vulnerar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al haberse aprobado sin estudios técnicos suficientes, evaluación ambiental estratégica ni procesos de consulta pública, y al prescindir de un análisis integral sobre impactos acumulativos y capacidad de carga ambiental.
MEDIDAS
Con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y mientras no se resuelva el fondo de la acción ni se disponga otra cosa, el magistrado instructor dispuso las siguientes medidas cautelares:
A) Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala de árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en el contexto del desarrollo de un proyecto de naturaleza hotelera.
B) Se suspenden el otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
C) Se suspende el dictado de actos administrativos, en particular provenientes del MINAE, SETENA e ICT, dictados al amparo de la normativa cuestionada en esta acción.
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San José, 15 de abril de 2026
LA FACULTAD DE DERECHO DE NORTHWESTERN RINDE HOMENAJE AL MAGISTRADO FERNANDO CRUZ CASTRO POR SU COMPROMISO CON LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES.
El Centro para los Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern Pritzker, ubicada en Chicago, Estados Unidos, otorgó este miércoles el undécimo Premio “Global Jurist of the Year” (Jurista Global del Año) al magistrado Fernando Cruz Castro, en reconocimiento a su liderazgo judicial enfocado en la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes.
El premio reconoce su trabajo reciente y su contribución a la resolución de la Sala Constitucional relacionada con personas migrantes trasladadas a Costa Rica desde los Estados Unidos y alojadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM). Estas personas migrantes provenían originalmente de países como Afganistán, Rusia, Armenia, Irán y China, y no tenían vínculos personales con Costa Rica.
Este galardón distingue a juristas cuya labor ha tenido un impacto significativo en la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel internacional, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
Durante la actividad, que se llevó a cabo de manera virtual, el magistrado Cruz Castro brindó un mensaje en el que reflexionó sobre el papel de la judicatura frente a los desafíos actuales del Estado de Derecho.
“A mi edad, debo alzar la voz contra la injusticia flagrante, contra la impunidad, aceptar las consecuencias, resistir y, si es necesario, morir por un ideal, por una causa, por un sueño, muy pequeño, pero legítimo: el sueño de la igualdad ante la ley, de la justicia y el respeto a la dignidad humana. Ese es el verdadero sentido. La ley abarca más que la voluntad del hombre fuerte”, señaló el magistrado.
Asimismo, Castro advirtió sobre los riesgos que enfrentan los sistemas democráticos en relación con la independencia judicial “los jueces y fiscales que no actúan conforme a una interpretación libre de la ley, lo hacen bajo condiciones y limitaciones impuestas, tácita o explícitamente, por los poderes reales, poderes invisibles, que son los que realmente gobiernan. Esto evidencia el estado actual de las ‘democracias de América’, así como de otros países. La independencia judicial se ve constantemente amenazada y menoscabada. Los regímenes autoritarios, de cualquier índole, siempre ignoran la importancia y el poder de un juez independiente”.
Al recibir la distinción, el magistrado Fernando Cruz Castro manifestó “agradezco profundamente este reconocimiento, que asumo con humildad y como un compromiso renovado con la defensa de los derechos fundamentales, la dignidad humana y la independencia judicial”.
Por su parte, Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, destacó el contexto en el que se otorga este reconocimiento y la relevancia de la trayectoria del magistrado costarricense.
“En ese contexto de los ataques autócratas a los jueces independientes, entendemos el sentido de la represalia al juez Cruz Castro, cuando su visa fue revocada. Él fue valiente e independiente y dio una clase de defensa a los derechos humanos, Él escribió para rechazar el cambio hacia la exclusión, la invisibilidad de la dignidad humana en este caso de los migrantes quien han sido tratados como objetos y han sido sujetos de un proceso de humillación que no podemos ignorar”.
Finalmente, la relatora subrayó la importancia de reconocer este tipo de trayectorias “es apropiado honrar y celebrar al juez Cruz Castro y su compromiso con la imparcialidad y la independencia judicial. Este reconocimiento también implica reafirmar la defensa de un sistema de justicia independiente e imparcial, que garantice la dignidad de todas las personas”.
Este reconocimiento del magistrado Cruz Castro reafirma la relevancia del rol de la judicatura en la defensa de los derechos fundamentales y la vigencia del Estado de derecho.
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San José, 13 de abril de 2026
SALA CONSTITUCIONAL AMPARA A MUJER DE 63 AÑOS POR CITA MÉDICA FIJADA PARA EL 2047
· Tribunal consideró irrazonable que la CCSS tarde 22 años en atender a un paciente, por vulnerar los derechos a la salud y al buen funcionamiento de los servicios públicos
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos fundamentales y la libertad de las personas, declaró con lugar un recurso de amparo presentado a favor de una mujer de 63 años, quien padece de osteoartrosis de rodilla por genu varo, condición que le dificulta su movilidad y obstaculiza sus actividades cotidianas.
Según consta en el expediente 26-009175-0007-CO, la tutelada fue referida al servicio de Ortopedia del Hospital de San Carlos, donde el 7 de setiembre de 2025 se le programó una cita de valoración para el 22 de noviembre del año 2047, lo que implicaba un plazo de espera de 22 años.
En la sentencia N.° 2026-012127, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso al estimar que el plazo asignado para la atención médica de la paciente era irrazonable, lesivo de su derecho a la salud y contrario a los principios de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
No fue sino hasta después de que el recurso de amparo fue notificado a las autoridades recurridas que estas informaron que adelantarían la cita de la paciente para el 24 de abril de 2026; sin embargo, la Sala Constitucional estimó que dicha atención debía ser garantizada a la usuaria.
Por ello, el Tribunal Constitucional ordenó a las autoridades del Hospital de San Carlos girar las instrucciones necesarias para asegurar que la paciente sea atendida en esa nueva fecha reprogramada, así como definir el plan de manejo correspondiente dentro del servicio de Ortopedia, de conformidad con su condición de salud y con las obligaciones del sistema público de brindar una atención oportuna y adecuada.
La resolución integral de este expediente está en fase de redacción. Una vez que ese proceso concluya y se notifique a las partes, la resolución será publicada en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, de modo tal que toda persona interesada pueda leerla.
A continuación, los datos más relevantes conocidos:
Número de expediente: |
26-009175-0007-CO |
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Número de resolución: |
2026-012127 |
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Fecha de la votación: |
08 de abril de 2026 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se les ordena a Daniel Abarca Hernández y Romario Silva Díaz, cada uno en su condición de director general y jefe del servicio de Ortopedia del hospital de San Carlos, o a quienes ocupen esos cargos, que de manera inmediata giren las instrucciones necesarias, coordinen lo pertinente y dispongan lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias respectivas para asegurar que, tal como se informó bajo juramento, que el 24 de abril de 2026, se atienda a la amparada en el servicio de Ortopedia de ese nosocomio y ahí se defina el plan de manejo por seguir en la atención a su padecimiento. Asimismo, si fuere necesario, deberán coordinar con otro centro médico que tenga disponibilidad de espacios o pueda coadyuvar con la ejecución de la orden antedicha. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 08 de abril de 2026
SALA CONSTITUCIONAL CONDENA AL MINISTERIO DE HACIENDA POR LA OMISIÓN DE TRANSFERIR ₡11.521 MILLONES DEL FEES 2025 PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
· Tribunal Constitucional tuvo por acreditada una violación al derecho a la educación
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos fundamentales y la libertad de las personas declaró con lugar el recurso de amparo estudiado bajo el expediente 25-024360-0007-CO.
Los rectores universitarios y la representante estudiantil acudieron a esta jurisdicción para impugnar la decisión del Ministerio de Hacienda de no girar los recursos correspondientes al aumento del 2% del FEES 2025, por un monto de ₡11.521.740.110,00. Alegaron que la retención de esos fondos compromete el funcionamiento de las universidades públicas, al limitar su capacidad para atender las necesidades de la población estudiantil y del personal funcionariado.
Explicaron que ese dinero fue aprobado en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025, pero Hacienda no lo ejecutó al considerar que se trataba de un gasto nuevo. Los recurrentes señalaron que esa decisión contradice el artículo 179 constitucional y que, en lugar de destinarse a la educación superior, el monto sería redirigido al pago de intereses de la deuda pública.
En la sentencia 2026-012063, por mayoría, la Sala concluyó que el Ministerio de Hacienda omitió girar ₡11.521.740.110,00, correspondientes al aumento del 2% aprobado para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2025. Consideró que esa omisión vulneró el derecho a la educación; y, además, recordó que el incremento del 2% al FEES fue aprobado mediante ley, en ejercicio de la competencia que el artículo 85 de la Constitución Política otorga a la Asamblea Legislativa.
Para la mayoría del tribunal, el Ministerio de Hacienda no podía desconocer una disposición legal ya aprobada, pues la Constitución obliga al Estado a garantizar el financiamiento de la educación superior pública y a respetar la autonomía de las universidades estatales, tanto en su funcionamiento como en su gestión financiera. En ese sentido, subrayó que el cumplimiento del aumento del 2% al FEES era obligatorio para la Administración.
No obstante, debido al principio de anualidad presupuestaria, la Sala indicó que no es posible ordenar el giro de los recursos correspondientes al ejercicio económico 2025 una vez finalizado dicho período. En consecuencia, dispuso prevenir a las autoridades recurridas para que se abstengan de incurrir nuevamente en este tipo de omisiones.
La resolución integral de este expediente está en fase de redacción. Una vez que ese proceso concluya y se notifique a las partes, la resolución será publicada en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, de modo tal que toda persona interesada pueda leerla.
A continuación, los datos más relevantes conocidos:
Número de expediente: |
25-024360-0007-CO |
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2026-012063 |
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Fecha de la votación: |
07 de abril de 2026 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Rudolf Lücke Bolaños y Luis Antonio Molina Chacón, en su respectiva condición de ministro y viceministro del Ministerio de Hacienda, o a quienes en su lugar ejerzan tales cargos, que dispongan lo necesario, coordinen lo pertinente y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que el Ministerio de Hacienda no vuelva a incurrir en los hechos que dieron mérito para acoger el recurso. Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirvieron de base a la presente declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la solicitud de audiencia, se desestima la gestión. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el amparo por razones de admisibilidad.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado (instructor), Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 06 de abril de 2026
SALA CONSTITUCIONAL ORDENA RETIRAR DE CIRCULACIÓN NACIONAL TODOS LOS INSECTICIDAS QUE CONTENGAN FIPRONIL
· Tribunal Constitucional tuvo por acreditada la existencia de una afectación a las poblaciones de abejas en la zona de Lepanto
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos fundamentales y la libertad de las personas declaró con lugar el recurso de amparo tramitado bajo el expediente 25-020934-0007-CO.
Las personas recurrentes indicaron que se dedican a la meliponicultura y apicultura en Lepanto, Puntarenas, donde mantienen colmenas en una finca familiar y que desde el año 2024 han observado afectaciones en colmenas de abejas nativas y de Apis mellifera, con la pérdida de al menos 24 colonias de abejas nativas, así como daños severos en más de 300 colmenas, con una reducción poblacional cercana al 70%.
Aducen que estas afectaciones coinciden con la intensificación del uso de insecticidas en plantaciones de mango en el sector de “La Penca”. Además, señalan que acudieron al Ministerio de Salud, SENASA y al MAG, sin que se realizara inspección alguna, ni se asumiera el caso y que en SENASA únicamente se recibió una muestra. Estimaron lesionado su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, a la biodiversidad, a la seguridad alimentaria y a su actividad productiva.
En la sentencia 2026-011640, la Sala Constitucional valoró los informes rendidos por el SENASA y los resultados de laboratorio del LANASEVE, en los que se detectó la presencia del insecticida Fipronil y su metabolito en muestras de abejas analizadas.
Además, los magistrados analizaron los estudios realizados por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, que identificaron la presencia de ese insecticida en concentraciones superiores a los niveles estimados como letales y los criterios técnicos de la Universidad de Costa Rica que documentaron la toxicidad del Fipronil para abejas y otros polinizadores.
A partir de este conjunto de elementos probatorios, por unanimidad, el Tribunal Constitucional tuvo por acreditada la existencia de una afectación a las poblaciones de abejas en la zona de Lepanto y concluyó que se configura una transgresión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La resolución integral de este expediente está en fase de redacción. Una vez que ese proceso concluya y se notifique a las partes, la resolución será publicada en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, de modo tal que toda persona interesada pueda leerla.
A continuación, los datos más relevantes conocidos:
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 25 de marzo de 2026
SALA CONSTITUCIONAL ANULA DISPOSICIONES QUE PERMITÍAN PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TANQUES DE COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIO SIN RESPALDO TÉCNICO
· Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la normativa anulada.
· Decreto fue emitido en el año 2022
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos fundamentales y la libertad de las personas, en tutela el medio ambiente, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente No. 25-016939-0007-CO.
El accionante cuestionó las disposiciones de los artículos 50 y 51 del Decreto Ejecutivo No. 43449-MINAE, “Reglamento del Suministro de Combustibles en Estaciones de Servicio” que permiten la recalificación de los tanques de almacenamiento de combustibles. Recordó que han existido varios incidentes (en los años 2004, 2010, 2013 y 2015) en los que derrames de combustibles han causado grave contaminación de aguas subterráneas.
Señaló que en el artículo 50 de este decreto se permitía extender la vida útil de los tanques más allá de la garantía del fabricante, sin que el reglamento, al emitirse, se sustentara en criterios técnicos vinculados a una recalificación. Solicitó que las frases relativas a dicha posibilidad de recalificación sean declaradas inconstitucionales.
Además, el accionante manifestó que el artículo 51 refiere a las normas técnicas INTE W48, INTE W50 e INTE W30, que son normas para inspección, reparación y modificación de tanques, dentro del plazo de la garantía otorgada por el fabricante, pero NO incluyen o se refieren a la recalificación por lo que el MINAE, les dio un alcance que no tienen, al promulgar la normativa cuestionada, en 2022.
Para el accionante la normativa impugnada es inconstitucional por infringir la protección debida al recurso hídrico, la salud, la vida y el medio ambiente y se está ante una regresión, cuando se baja el nivel de rigurosidad en una norma, como ocurre en el caso de las disposiciones cuestionadas. Reclamó que con esto hay una violación al principio de progresividad y no regresión ambiental, así como al principio de objetivación de la tutela ambiental, al no estar sustentadas las normas en criterios científicos ni estudios técnicos que justifiquen la decisión de permitir la recalificación.
En la sentencia 2026-009947, por unanimidad, la Sala Constitucional declaró con lugar la acción y, en consecuencia, anuló por inconstitucionales las disposiciones impugnadas del artículo 50 y el artículo 51 del Decreto Ejecutivo No.43449-MINAE, de 27 de abril de 2022.
La sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la normativa anulada.
Por mayoría en aplicación a los dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se dimensionaron los efectos de la sentencia en los siguientes términos:
a) A partir del dictado de la sentencia, pese a encontrarse derogado por el artículo 56 del Decreto Ejecutivo No.43449-MINAE de 27 de abril de 2022, se empleen como parámetro para determinar la eventual improcedencia de la continuidad de los tanques de almacenamiento de combustible de estaciones de servicio en operación lo que disponían los artículos 69.6.10, 72 y 81.10 del Decreto Ejecutivo No. 30131-MINAE-S del 20 de diciembre de 2001 "Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos"
b) En relación con los tanques de almacenamiento de combustibles en estaciones de servicio recalificados con fundamento en las disposiciones anuladas, antes del 14 de julio de 2025, fecha de la publicación del primer aviso de la admisión de esta acción, las autoridades competentes de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible deberán compeler a que las estaciones adecúen su funcionamiento a lo decidido en esta sentencia dentro de los DOS MESES siguientes a su publicación íntegra en el Boletín Judicial.
La magistrada Garro Vargas: a) Consigna nota. b) En lo relativo al dimensionamiento efectuado, salva el voto y ordena que en el plazo de un mes -contado a partir de la publicación de este fallo en el Boletín Judicial- la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible proceda a compeler a las estaciones de servicio recalificadas para que se adecúen a lo dispuesto por esta Sala, estableciendo un plazo razonable para que dicha adecuación sea ejecutada y fiscalizada. c) Respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la debida integración normativa, dispone que deberá realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, previstos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo.
La resolución integral de este expediente está en redacción. Una vez que ese proceso concluya y se notifique a las partes, la resolución será publicada en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, de modo tal que toda persona interesada pueda leerla.
A continuación, los datos más relevantes conocidos:
Número de expediente: |
25-016939-0007-CO |
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Número de resolución: |
2026-009947 |
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Fecha de la votación: |
19 de marzo de 2026 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anulan por inconstitucionales, del Decreto Ejecutivo No.43449-MINAE, de 27 de abril de 2022, publicado en el Alcance 88 a la Gaceta N°83 del 06 de mayo de 2022, la palabra "recalificación", contenida en el artículo 50 y la siguiente frase del artículo 51: "sin embargo, podrán ser recalificados conforme la versión vigente de la norma técnica INTE W48 Inspección, reparación y modificación para tanques subterráneos para almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles fabricados en taller INTE W50 Inspección de tanques para almacenamiento sobre el nivel de terreno o INTE W30 Requisitos de los tanques de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), fabricados en el interior de tanques existentes, para el almacenamiento de combustibles líquidos, según corresponda". Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la normativa anulada. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan sus efectos en el sentido de que: a) a partir del dictado de esta sentencia, pese a encontrarse derogado por el artículo 56 del Decreto Ejecutivo No.43449-MINAE de 27 de abril de 2022, se empleen como parámetro para determinar la eventual improcedencia de la continuidad de los tanques de almacenamiento de combustible de estaciones de servicio en operación lo que disponían los artículos 69.6.10, 72 y 81.10 del Decreto Ejecutivo No. 30131-MINAE-S del 20 de diciembre de 2001 "Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos"; b) En relación con los tanques de almacenamiento de combustibles en estaciones de servicio recalificados con fundamento en las disposiciones anuladas, antes del 14 de julio de 2025, fecha de la publicación del primer aviso de la admisión de esta acción, las autoridades competentes de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible deberán compeler a que las estaciones adecúen su funcionamiento a lo decidido en esta sentencia dentro de los DOS MESES siguientes a su publicación íntegra en el Boletín Judicial. La magistrada Garro Vargas: a) Consigna nota. b) En lo relativo al dimensionamiento efectuado, salva el voto y ordena que en el plazo de un mes -contado a partir de la publicación de este fallo en el Boletín Judicial- la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible proceda a compeler a las estaciones de servicio recalificadas para que se adecúen a lo dispuesto por esta Sala, estableciendo un plazo razonable para que dicha adecuación sea ejecutada y fiscalizada. c) Respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la debida integración normativa, dispone que deberá realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, previstos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora). |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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San José, 24 de marzo de 2026
Sala Constitucional detecta vicios en reforma que buscaba dar legitimación directa a diputados para interponer acción de inconstitucionalidad
· Por mayoría, Tribunal Constitucional encontró vicios de constitucionalidad de fondo y de forma
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, mediante la opinión consultiva nro. 2026-10844 evacuó la consulta preceptiva de constitucionalidad sobre el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo 24.445, denominado “Reforma al artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.
El proyecto de ley pretendía modificar el artículo en cuestión para ampliar los sujetos legitimados para interponer una acción de inconstitucionalidad, para que un grupo no menor de diez diputaciones pudiera presentar este tipo de acción con legitimación directa, es decir, sin necesidad de estar vinculado a un caso concreto, o sin necesidad de demostrar o aducir la defensa de intereses difusos, colectivos o que atañan a la colectividad en su conjunto.
Actualmente, esta legitimación directa está reservada a determinados sujetos señalados en el propio artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público), que pueden acudir directamente a la Sala Constitucional en resguardo del orden constitucional, sin la necesidad de que exista un asunto previo, y siempre que se acuda en el ejercicio de sus respectivas esferas competenciales.
En la opinión consultiva adoptada por la Sala se determinó, por mayoría, que existe un vicio de procedimiento en la tramitación del expediente. Además, por mayoría, también se constató que existe un vicio de fondo.
En la sentencia, por mayoría, la Sala Constitucional señaló que el vicio de fondo se encuentra en que, si bien los legisladores tiene la potestad de crear, modificar, derogar e interpretar las leyes, su intervención en el control de constitucionalidad está limitada a la etapa de formación de las normas, mediante las consultas legislativas de constitucionalidad, pero no cuando ya la norma se encuentre vigente, salvo que el legislador se encuentre en alguna de las otras causales señaladas en el artículo 75 de la Ley, de manera que si tuviere un asunto previo, o un caso donde se acredite la defensa de intereses difusos o colectivos, sí podría presentar una acción de inconstitucionalidad cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa correspondiente.
En ese sentido, la propuesta resulta contraria al Derecho de la Constitución, al pretender atribuirle al legislador una facultad que no le corresponde en esa fase.
En cuanto al vicio de forma, los magistrados también advirtieron, por mayoría, que la iniciativa de ley así planteada implica una modificación de las competencias asignadas a las diputaciones por la propia Constitución, por lo que se trata de una materia sujeta a reserva constitucional, es decir, sobre la cual no se puede incidir mediante una ley ordinaria.
Al existir tal reserva constitucional, consecuentemente el proyecto de ley no debía ser tramitado.
La resolución integral de esta opinión consultiva se encuentra en redacción. Una vez que ese trámite concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
25-32843-0007-CO |
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Número de resolución: |
2026-10844 |
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Fecha de la votación: |
24 de marzo de 2026 |
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Por tanto: |
Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, sobre el expediente legislativo 24.445, el cual es un proyecto de ley denominado "Reforma al artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional" en los siguientes términos:
A. Por mayoría, se declara que existe un vicio de procedimiento. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. La magistrada Garro Vargas consigna nota y al constatar ese vicio de procedimiento omite pronunciamiento sobre lo demás. El magistrado Araya García consigna nota. El magistrado Cruz Castro consigna razones adicionales. B. Por mayoría, se constata que existe un vicio de fondo. C. Los magistrados Rueda Leal y Salazar Alvarado emiten votos particulares, por separado. Comuníquese” |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García (instructor), Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Consulta preceptiva de constitucionalidad: es planteada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, cuando se trata de proyectos de reformas constitucionales o a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, así como aquellos proyectos de ley tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales. -ver inciso a) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-
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San José, 20 de marzo de 2026
SALA CONSTITUCIONAL ORDENA ACCIONES INMEDIATAS A VARIAS INSTITUCIONES CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN CRUCITAS
· Tribunal Constitucional ordena medidas urgentes en seguridad, ambiente, salud y acceso a agua potable en la zona
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos fundamentales y la libertad de las personas resolvió el recurso de amparo tramitado bajo el expediente 25-026634-0007-CO.
La parte recurrente reprocha las omisiones sistemáticas y reiteradas de las autoridades recurridas frente a la minería ilegal en Crucitas. Alega que las instituciones involucradas han incumplido sus deberes constitucionales y legales de protección de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, a la seguridad pública y al acceso al agua potable.
En tal sentido, denuncia la inacción frente a la minería ilegal en Crucitas, Cutris de San Carlos, Alajuela, presuntamente perpetrada en su mayoría por personas extranjeras que de manera ilegal ingresan al territorio nacional. Afirma que dicha situación no solo compromete la soberanía nacional, sino que, además provoca daños ambientales irreparables, contaminación de fuentes hídricas por mercurio y arsénico, pérdida de biodiversidad y riesgos transfronterizos para el río San Juan.
En la sentencia 2026-10560, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso en lo concerniente al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
En consecuencia, respecto de la zona de Crucitas y alrededores afectados se ordena:
1) Al ministro de Seguridad Pública:
a) Mantener de modo permanente e indefinido la presencia policial.
b) Reforzar el control migratorio en los puntos fronterizos requeridos para impedir el ingreso ilegal de personas.
c) Mantener el control y vigilancia con la finalidad de evitar que continúe la actividad de minería ilegal de cualquier tipo en esta región.
d) Adoptar las medidas pertinentes dentro del marco de sus competencias para contar con el presupuesto y el recurso humano necesario para el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades de vigilancia, prevención, seguimiento y control en la zona de Crucitas.
e) Coordinar medidas y acciones con otras instituciones involucradas en el tema.
2) Al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
a) Continuar con el suministro de agua potable a las poblaciones afectadas mientras permanezca el riesgo latente de contaminación por la minería ilegal en la zona de Crucitas.
b) Adoptar las medidas necesarias a fin de que, en el plazo de 18 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, concluya el “Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable para las comunidades de Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Roble y Chamorro”.
c) Continuar con las labores de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud y con las demás instituciones que se requieran para atender la problemática de la contaminación de agua potable y la obligación de suministrar agua potable en la zona de Crucitas, en lo que a su ámbito de competencia se refiere.
3) A la ministra de Salud:
a) Continuar con el control y seguimiento en lo que a su ámbito de acción corresponde.
b) Mantener su participación activa en la “Comisión Interinstitucional para atender de forma integral las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas” -indicada en su informe-, en lo que a su ámbito de acción atañe a fin de dar una solución definitiva al problema denunciado.
4) Al ministro de Ambiente y Energía como órgano rector en la materia ambiental, en conjunto con el ministro de la Presidencia, en su condición de órgano encargado de adoptar acciones de articulación y coordinación de las diferentes dependencias, instituciones y órganos competentes para atender la problemática de Crucitas:
a) Que procedan de manera inmediata a adoptar las medidas pertinentes para que dentro del improrrogable plazo de 3 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, le remitan a la Sala un plan detallado de las acciones que va a emprender cada una de las instituciones que integren la “Comisión Interinstitucional para atender de forma integral las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas”, con indicación y cronogramas claros de las medidas por adoptar para proteger los recursos ambientales en la zona de Crucitas afectados por la minería ilegal, así como de las acciones de restauración, saneamiento y mitigación por desarrollar.
b) deberán verificar que cada órgano integrante de esa comisión determine, de acuerdo con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente les corresponde ejecutar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta.
c) Adoptar las medidas apropiadas dentro del ámbito de sus competencias para que las acciones propuestas dispongan de los recursos económicos, materiales y humanos que se requieran con miras a que sean ejecutadas a más tardar en el lapso de 12 meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia.
Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de 3 meses a 2 años o de 20 a 60 días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.
El magistrado Cruz Castro consigna nota.
La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto de la sede de la ejecución de la sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que esa fase sea residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contenciosa administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La resolución integral de este expediente está en redacción. Una vez que ese proceso concluya y se notifique a las partes, la resolución será publicada en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, de modo tal que toda persona interesada pueda leerla.
A continuación, los datos más relevantes conocidos:
Número de expediente: |
25-026634-0007-CO |
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Número de resolución: |
2026-10560 |
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Fecha de la votación: |
20 de marzo de 2026 |
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Por tanto: |
Se declara parcialmente con lugar el recurso en lo concerniente al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En consecuencia, respecto de la zona de Crucitas y alrededores afectados se ordena: 1) al ministro de Seguridad Pública: a) mantener de modo permanente e indefinido la presencia policial; b) reforzar el control migratorio en los puntos fronterizos requeridos para impedir el ingreso ilegal de personas; c) mantener el control y vigilancia con la finalidad de evitar que continúe la actividad de minería ilegal de cualquier tipo en esta región; d) adoptar las medidas pertinentes dentro del marco de sus competencias para contar con el presupuesto y el recurso humano necesario para el desarrollo eficiente y efectivo de la actividades de vigilancia, prevención, seguimiento y control en la zona de Crucitas; e) coordinar medidas y acciones con otras instituciones involucradas en el tema. 2) al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) continuar con el suministro de agua potable a las poblaciones afectadas mientras permanezca el riesgo latente de contaminación por la minería ilegal en la zona de Crucita; b) adoptar las medidas necesarias a fin de que, en el plazo de 18 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, concluya el “Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable para las comunidades de Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Roble y Chamorro”, c) continuar con las labores de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud y con las demás instituciones que se requieran para atender la problemática de la contaminación de agua potable y la obligación de suministrar agua potable en la zona de Crucitas, en lo que a su ámbito de competencia se refiere. 3) a la ministra de Salud: a) continuar con el control y seguimiento en lo que a su ámbito de acción corresponde; b) mantener su participación activa en la “Comisión Interinstitucional para atender de forma integral las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas” -indicada en su informe-, en lo que a su ámbito de acción atañe a fin de dar una solución definitiva al problema denunciado. 4) al ministro de Ambiente y Energía como órgano rector en la materia ambiental, en conjunto con el ministro de la Presidencia, en su condición de órgano encargado de adoptar acciones de articulación y coordinación de las diferentes dependencias, instituciones y órganos competentes para atender la problemática de Crucitas: a) que procedan de manera inmediata a adoptar las medidas pertinentes para que dentro del improrrogable plazo de 3 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, le remitan a la Sala un plan detallado de las acciones que va a emprender cada una de las instituciones que integren la “Comisión Interinstitucional para atender de forma integral las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas”, con indicación y cronogramas claros de las medidas por adoptar para proteger los recursos ambientales en la zona de Crucitas afectados por la minería ilegal, así como de las acciones de restauración, saneamiento y mitigación por desarrollar; b) deberán verificar que cada órgano integrante de esa comisión determine, de acuerdo con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente les corresponde ejecutar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta; c) adoptar las medidas apropiadas dentro del ámbito de sus competencias para que las acciones propuestas dispongan de los recursos económicos, materiales y humanos que se requieran con miras a que sean ejecutadas a más tardar en el lapso de 12 meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de 3 meses a 2 años o de 20 a 60 días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Cruz Castro consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto de la sede de la ejecución de la sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que esa fase sea residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese este pronunciamiento y comuníquese.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.