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San José, 22 de enero de 2025
ACLARACIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL
• En ningún momento, la Sala Constitucional ordenó la libertad de la persona conocida por el alias Press
• El Estado NO va a tener que pagar sumas millonarias en razón de lo resuelto por la Sala
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La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas aclara, con motivo de las manifestaciones que se han realizado en relación con el señor Jeison Olivery Alfaro Bustamante, conocido como alias Press lo siguiente:
1.- Este señor, con base en lo establece la constitución política y la Convención Americana de Derechos Humanos planteó dos recursos de habeas corpus estudiados bajo los expedientes 24-030196-0007-CO y 24-031669-0007-CO
2.-En el expediente 24-030196-0007-CO, el recurrente alegaba que fue detenido mientras transportaba algunos gramos de aparente picadura de marihuana en compañía de otra persona, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de Limón, inició una causa penal que se tramita a través de un procedimiento ordinario -y no en la jurisdicción especializada de Flagrancia- en la que se decretó la prisión preventiva de su defendido. Dicho recurso fue declarado sin lugar por unanimidad mediante voto número 2024-32978, pues no corresponde a la Sala determinar si un proceso penal debe ser tramitado como procedimiento ordinario o de flagrancia, por tratarse de un tema de mera legalidad.
3.- En el segundo habeas corpus, se alegaba que no se había ejecutado una resolución emitida por un juez de la República, en la que disponía sustituir la prisión preventiva impuesta al amparado, por otra medida menos gravosa.
Tras analizar el caso, la Sala constató lo descrito por el recurrente pues la orden mencionada había sido ejecutada varios días después de emitida.
El recurso fue declarado con lugar solo para efectos indemnizatorios, tal y como imperativamente lo impone la ley, pues en un Estado democrático de Derecho, la resolución de los jueces se han de cumplir en un plazo razonable. Esto, mediante voto número 2024-35051.
5.- De lo anterior, se desprende que, en ningún momento, la Sala Constitucional ordenó la libertad de la persona conocida por el alias Press como fue mencionado.
6.-El Estado NO va a tener que pagar sumas millonarias en razón de lo resuelto por la Sala, pues en el hipotético caso de que se recurra a la jurisdicción contenciosa-administrativa, en este tipo de asuntos, en promedio, las condenas no exceden de los 300.000 colones.
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San José, 15 de enero de 2025
San José, 15 de enero de 2025
LA SALA CONSTITUCIONAL INFORMA
• Cierre se da debido a la poca afluencia de personas a esa sede
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas informa a la ciudadanía que, a partir del 01 de febrero procederá con el cierre definitivo de sus oficinas ubicadas en la sede de San José.
Todos los servicios que se brindaban en esas instalaciones, ahora se ofrecerán en las oficinas ubicadas en Sabana Sur, específicamente en Calle Morenos, 75 metros al sur de la Iglesia del Perpetuo Socorro. Estas instalaciones operarán con atención las 24 horas del día para recibir asuntos y cuentan con parqueo disponible para mayor comodidad de las personas usuarias.
Este cierre obedece a un análisis exhaustivo de los costos operativos y la baja afluencia de personas a la sede, lo que motivó la decisión de centralizar los servicios en una ubicación más eficiente y accesible, en línea con el compromiso de la Sala Constitucional de mejorar continuamente sus operaciones y optimizar la atención al público en una infraestructura moderna, accesible y adecuada para la prestación de servicios.
La Sala Constitucional agradece a la ciudadanía por su comprensión y colaboración durante este proceso de transición, reafirmando su compromiso con el respeto y la protección de los derechos fundamentales.
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San José, 12 de diciembre de 2024
Sala Constitucional declara inconstitucional votación secreta para elección de presidente y vicepresidente de Corte Suprema de Justicia
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, mediante resolución número 2024-036954 del 11 de diciembre de 2024, resolvió la acción de inconstitucionalidad que se interpuso contra el artículo 59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 6 de la Circular de Corte Plena número 88-201 relativa a “Reglas para la sucesión de una vacante permanente en la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte”.
Las y los magistrados, por mayoría, declararon con lugar la acción de inconstitucionalidad por estimar que las normas impugnadas -que permitían la votación secreta para la elección del presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia- infringieron los principios democrático, de rendición de cuentas, publicidad, transparencia e independencia judicial, así como lo dispuesto en los artículos 11 y 30 de la Constitución Política. El magistrado Lara Gamboa salva el voto y declara sin lugar la acción.
Además, se estima que dentro de los derechos fundamentales que deben regir en un Estado Democrático, se encuentran el de información, así como el de fiscalización y control de las actuaciones de las autoridades públicas por parte de los administrados.
La disposición había sido modificada por la Asamblea Legislativa, a solicitud de la propia Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2022. Sin embargo, con base en la tesis reiterada de la Sala que permite el examen de la constitucionalidad de disposiciones derogadas, se entró a conocer la acción por el fondo.
La declaratoria de inconstitucionalidad que se dicta en esta sentencia, tendrá efectos a partir de la fecha de emisión del fallo y no de la vigencia de los artículos cuestionados, con el fin de evitar trastornos graves para situaciones jurídicas ya consumadas y consolidadas.
La sentencia está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
22-019560-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-036954 |
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Fecha de la votación: |
11 de diciembre de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional la palabra “secreta” que contenía el inciso 6) del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, posteriormente reformado mediante la ley No. 10325 del 9 de noviembre de 2022, y el numeral 6 de la Circular de Corte Plena número 88-2017 del 15 de mayo de 2017, que modificó la circular 69-14, relativa a las “Reglas para la sucesión de una vacante permanente en la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte”. El magistrado Lara Gamboa salva el voto y declara sin lugar la acción. De conformidad con lo regulado por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dispone que esta declaratoria surtirá efectos a futuro a partir de la emisión de esta sentencia. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Ingrid Hess Herrera (presidenta a.i. e instructora) y magistrados suplentes Ronald Salazar Murillo, Hubert Fernández Arguello, Ileana Sánchez Navarro, Aracelly Pacheco Salazar, Jorge Isaac Solano Aguilar y Fernando Lara Gamboa. |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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San José, 11 de diciembre de 2024
Sala Constitucional declara inconstitucional decreto que reduce zona protegida de Tivives
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo expediente número 22-027675-0007-CO. Por lo tanto, se resolvió anular el Decreto Ejecutivo n° 42404-MINAE de 06 de abril de 2020, denominado “Rectificación de linderos de la zona protectora Tivives y del plan de manejo de la zona protectora Tivives”, mediante el cual se dispuso la reducción de la zona protegida.
Se resolvió que el decreto impugnado es inconstitucional por cuanto es lesivo del derecho fundamental al ambiente, y además por transgredir lo dispuesto en los artículos 11, 50 y 121 inciso 14) de la Constitución Política, así como los principios constitucionales de reserva legal, compensación, progresividad o no regresión, objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica.
De acuerdo con la y los magistrados no es posible, vía decreto, que el Poder Ejecutivo disponga la reducción de la Zona Protectora de Tivives, pues ello es materia reservada al legislador. Además, tampoco se puede disponer la reducción de una zona protegida sin la realización previa de estudios técnicos que fundamenten tal medida y que determinen que con esa reducción no se va a producir una grave afectación al derecho al ambiente.
Asimismo, el decreto en cuestión no establecía ninguna medida de compensación que permita restituir la reducción con otra zona similar. Por todo lo anterior, se consideró que se está dejando desprotegida parte de un área silvestre, ocasionando que pueda ser utilizada para fines distintos.
En virtud de lo anterior, además de anular dicho decreto, la Sala Constitucional ordena a la Procuraduría General de la República que proceda a ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público, lo cual se traduce en la restitución del área de la Zona Protectora de Tivives a su extensión original previa al citado decreto.
La sentencia está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
22-027675-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-036952 |
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Fecha de la votación: |
11 de diciembre de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar la acción, en consecuencia, se anula el Decreto No. 42404-MINAE de 6 de abril de 2020, publicado en el Alcance No. 161 a La Gaceta No. 157 de 30 de junio de 2020 mediante el cual se hizo una reducción del área de la Zona Protectora de Tivives sin cumplir con los requisitos. En virtud de lo anterior, se ordena a la Procuraduría General de la República que proceda, dentro del plazo de doce meses contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público, lo cual se traduce en la restitución del área de la Zona Protectora de Tivives a su extensión original previa al citado decreto, sin perjuicio de la posible responsabilidad patrimonial del Estado que se derivare de esta anulación. El magistrado Cruz Castro consigna nota. El magistrado Rueda Leal emite voto particular con respecto al efecto declarativo y retroactivo de la declaración de inconstitucionalidad del decreto impugnado, en el sentido de que es jurídicamente inviable que existan derechos adquiridos "de buena fe" derivados de este. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro (instructor), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García e Ingrid Hess Herrera y el magistrado suplente Fernando Lara Gamboa. |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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San José, 06 de diciembre de 2024
Sala Constitucional da plazo para interponer acción de inconstitucionalidad contra despidos sin justa causa en el Cuerpo de Bomberos
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, mediante resolución número 2024-36256, ha conferido a dos exfuncionarias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica el plazo de 15 días para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 123 de la Convención Colectiva de Trabajo INS-SICOBO (2021-2024).
Precisamente, las amparadas fueron despedidas sin justa causa con base en esa norma, que dispone:
“ARTÍCULO 123. De la renuncia o despido sin justa causa. Tanto el Cuerpo de Bomberos como cualquier trabajador (a) podrán ponerle término al contrato de trabajo sin justa causa”.
La sentencia está en redacción. Una vez que ese proceso concluya y se notifique se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-023545-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-036256 |
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Fecha de la votación: |
06 de diciembre de 2024 |
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Por tanto: |
Con base en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se suspende la tramitación de este proceso de amparo y se otorga a las personas recurrentes el plazo de quince días hábiles, contado a partir de la notificación de esta resolución, para que, si lo consideran pertinente, interpongan acción de inconstitucionalidad contra el artículo 123 de la Convención Colectiva INS-SICOBO (2021-2024). Lo anterior se dicta con la advertencia de archivar el expediente en caso de que no se interpusiere la acción de inconstitucionalidad. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Ana Cristina Fernández Acuña. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 29 de noviembre de 2024
Sala Constitucional no encuentra vicios de constitucionalidad en proyecto que propone reducir el impuesto sobre la renta para trabajadores independientes de menores ingresos
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, evacuó la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad formulada por un grupo de diputados referente al proyecto de “Ley para reducir el impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras independientes de menores ingresos. Reforma del inciso c) del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ley 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas", que se tramita en expediente legislativo número 23.578.
Las y los magistrados evacuaron la consulta en el sentido de que el proyecto de ley no contiene vicios de constitucionalidad, en los términos en que fue planteada.
El proyecto consultado propone reformar el inciso c) del artículo 15 de la Ley de Impuesto sobre la Renta para ampliar el mínimo exento y reducir la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas físicas con actividades lucrativas, de tal manera que se disminuya la carga tributaria sobre las personas trabajadoras independientes de menores ingresos.
Según se expone en el proyecto de ley, la modificación que propone se motiva en que consideran que, en los distintos tramos del impuesto sobre la renta, los trabajadores asalariados tributan sumas inferiores a las que corresponden a los trabajadores independientes, incluyendo el mínimo exento.
La opinión consultiva está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-027645-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-035952 |
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Fecha de la votación: |
29 de noviembre de 2024 |
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Por tanto: |
Se evacua la consulta facultativa de constitucionalidad referente al proyecto "Ley para reducir el impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras independientes de menores ingresos. Reforma del inciso c) del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ley 7092 del 21 de abril de 1988", que se tramita en el expediente legislativo N°23.578, en el sentido de que el proyecto de ley no contiene vicios de constitucionalidad, en los términos en que fue planteada la consulta. Los magistrados Cruz Castro y Salazar Alvarado suscriben nota. El magistrado Rueda Leal pone nota. La magistrada Garro Vargas consigna nota. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a las personas legisladoras consultantes. Comuníquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora). |
Material formativo
Consulta legislativa facultativa: es planteada por al menos diez diputados quienes pueden solicitar a la Sala Constitucional su opinión sobre los proyectos legislativos votados en primer debate para corroborar que no infringen ningún Derecho contemplado en la Constitución Política.
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San José, 28 de noviembre de 2024
Sala Constitucional evacúa consulta formulada por un grupo de diputados sobre proyecto que fomenta los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, mediante resolución número 2024-035451 del 27 de noviembre de 2024, evacuó la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad formulada por un grupo de diputados respecto del proyecto de “Ley para fomentar los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica”, que se tramita en el expediente legislativo número 24.207.
La opinión consultiva está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-028994-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-035451 |
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Fecha de la votación: |
27 de noviembre de 2024 |
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Por tanto: |
Se evacua la consulta de constitucionalidad del proyecto de "Ley para fomentar los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica", tramitado en el expediente legislativo número 24.207, en el sentido de que no contiene los vicios de procedimiento ni los vicios de fondo consultados. Los magistrados Cruz Castro y Salazar Alvarado consignan nota conjunta. Los magistrados Cruz Castro y Castillo Víquez consignan nota conjunta. El magistrado Rueda Leal consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara que hay un vicio de inconstitucionalidad en el proyecto de ley por ausencia de estudios técnicos que justifiquen la propuesta o demuestren que podría existir un impacto positivo en las Finanzas Públicas; sobre los demás agravios de fondo no se pronuncia por innecesario. Notifíquese esta resolución al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro (instructor), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Consulta legislativa facultativa: es planteada por al menos diez diputados quienes pueden solicitar a la Sala Constitucional su opinión sobre los proyectos legislativos votados en primer debate para corroborar que no infringen ningún Derecho contemplado en la Constitución Política.
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San José, 27 de noviembre de 2024
Sala Constitucional evacuó consulta presentada por el TSE respecto de proyecto sometido a trámite del referéndum de iniciativa ciudadana, que pretende aprobar la Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, evacuó la consulta facultativa de constitucionalidad interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones referente al proyecto de ley denominado “Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo”, que se tramita en expediente legislativo número 23.383.
Las y los magistrados, por mayoría, declararon admisible la consulta facultativa de constitucionalidad planteada por el TSE respecto del proyecto de ley que tiene por objeto “regular y controlar el uso, cultivo, producción, distribución, venta y tenencia de cannabis psicoactivo para uso recreativo únicamente en la población adulta”.
Por el fondo, se dictaminó que el proyecto es inconstitucional por contravenir la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, lo que supone una infracción al artículo 7 de la Constitución Política.
La opinión consultiva está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-029530-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-035449 |
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Fecha de la votación: |
27 de noviembre de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara admisible la consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley n.°23.383, denominado "Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo" y, por el fondo, se declara que el proyecto es inconstitucional por contravenir la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes -aprobada por ley n.°4544, de 18 de marzo de 1970-, la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas -aprobada por ley n.°4990, de 10 de junio de 1972-, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas -aprobada por ley n.°7198, de 25 de setiembre de 1990-, lo que supone una infracción al artículo 7 de la Constitución Política. Los magistrados Castillo Víquez, Cruz Castro y Salazar Alvarado consignan notas por separado. El magistrado Araya García salva el voto y declara inevacuable la consulta de constitucionalidad. Notifíquese esta resolución al Tribunal Supremo de Elecciones. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Consulta legislativa constitucionalidad: La Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé la opinión
consultiva previa sobre los proyectos legislativos y de referéndum. Los supuestos en los que puede
plantearse este tipo de consultas están previstos por el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, y entre estos se encuentra la que puede llevar a cabo el Tribunal Supremo de
Elecciones, con respecto a iniciativas de referéndum en cualquiera de sus modalidades (artículo
96 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).
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San José, 26 de noviembre de 2024
Sala Constitucional rechaza recurso de amparo contra disposición de la Municipalidad de San José que prohíbe el uso de pólvora que supere los 85 decibeles
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, rechazó de plano un recurso de amparo presentado en contra de la Municipalidad de San José por el acuerdo tomado en el Concejo de ese Gobierno Local en la sesión ordinaria número 26-2024, con el que se prohibió el uso de pólvora que genere un ruido mayor a los 85 decibeles.
Según el recurrente, quien se dedica a la importación, compra, venta, transporte y fabricación de todo tipo de pólvora y fuegos artificiales, lesiona la libertad de comercio y el principio de igualdad. Aduce que la Municipalidad de San José anunció dos eventos que producirán ruido que supera los límites antes citados, mediante el uso de instrumentos y altoparlantes.
En la sentencia número 2024-035134, las y los magistrados determinaron que el reclamo planteado escapa del ámbito de competencias de esta jurisdicción, toda vez que no corresponde a esta Sala determinar la procedencia del acto cuestionado.
Además, señaló que el reclamo planteado excede la naturaleza sumaria del amparo. De esta forma, los cuestionamientos que el accionante pueda tener, deben ser planteados y resueltos en la vía ordinaria, mediante los procedimientos establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico.
La sentencia está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles:
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Número de expediente: |
24-032349-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-035134 |
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Fecha de la votación: |
22 de noviembre de 2024 |
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Por tanto: |
Se rechaza de plano el recurso |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Aracelly Pacheco Salazar. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguarden todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 08 de octubre de 2024
En defensa del buen uso de los fondos públicos, Sala Constitucional concluye que revisión técnica vehicular debe adjudicarse mediante licitación pública y no mediante una simple autorización
· En pro de la transparencia se declara inconstitucional la referencia a la figura de la autorización en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, Ley número 9078
· Se mantiene el esquema de la revisión técnica vehicular tal y como se está promoviendo en este momento y que está en fase de adjudicación
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad contenida en el expediente 21-021385-0007-CO y que se presentó contra el artículo 25 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, número 9078, de 4 de octubre de 2012, y, por conexidad, contra los artículos 26, 27 y 28 de la misma ley.
En la sentencia 2024-030616, por mayoría, los magistrados consideraron que la habilitación de un sistema de autorizaciones en esta materia, no sólo resulta contrario a la previsión del artículo 182 de la Constitución Política, sino que, también, vulnera la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues supone una regresión hacia un sistema que impide la plena verificación de actos esenciales de este servicio público, como lo es el control de emisiones contaminantes. Consecuentemente, el sistema de autorizaciones en cuestión, sería igualmente contrario a la previsión de los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, por contravenir la protección del derecho a un ambiente sano y, con ello, el derecho a la salud.
En consecuencia, se anulan por inconstitucionales los vocablos «autorización», «autorizaciones», «autorizada» y «autorizadas» contenidos en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, ley número 9078 y, en su lugar, léase «adjudicación», «adjudicaciones», «adjudicada» y «adjudicadas», respectivamente.
El Tribunal Constitucional también ordenó al Consejo de Seguridad Vial, adoptar las medidas que legítimamente resulten pertinentes para garantizar la continuidad del servicio público de revisión o inspección técnica vehicular.
La inconstitucionalidad señalada por la Sala no afecta la continuidad de la prestación del servicio de revisión técnica vehicular que actualmente se brinda, toda vez que desde el año 2023, COSEVI tramitó el proceso licitatorio número 2023LY-000002-0058700001, el cual tampoco se ve afectado por esta sentencia.
La magistrada Garro Vargas salvó el voto y declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad por razones de admisibilidad. En su criterio, la legitimación invocada por la parte accionante -basada en la tutela del derecho a un ambiente sano- no cubre los motivos de fondo invocados, como lo sería la protección de la Hacienda Pública.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
21-021385-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-030616 |
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Fecha de la votación: |
16 de octubre de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría, se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anulan por inconstitucionales los vocablos «autorización», «autorizaciones», «autorizada» y «autorizadas» contenidos en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, ley número 9078 y, en su lugar, léase «adjudicación», «adjudicaciones», «adjudicada» y «adjudicadas», respectivamente. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la disposición anulada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las relaciones o situaciones jurídicas que se hubieran consolidado por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. De conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y vista la potestad que ostenta la Sala de graduar y dimensionar los efectos de sus sentencias de inconstitucionalidad, se ordena al Consejo de Seguridad Vial, adoptar las medidas que legítimamente resulten pertinentes para garantizar la continuidad del servicio público de revisión o inspección técnica vehicular. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar la acción por razones de admisibilidad. Notifíquese esta sentencia al presidente de la Asamblea Legislativa, al ministro de Obras Públicas y Transportes, y a la directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial, para lo de su cargo. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García (instructor), Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera, así como la magistrada suplente Ana Cristina Fernández Acuña. |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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San José, 08 de octubre de 2024
Proyecto de extinción de dominio es constitucional salvo por un vicio de fondo relacionado con la notificación
· Según voto unánime de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas evacuó la consulta legislativa nro. 24-024403-0007-CO, mediante la cual varias diputadas y diputados formularon dudas de constitucionalidad acerca de los artículos 20 bis y 20 ter incisos a y b del proyecto 22.834 denominado “Reforma a la ley 8754 Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa”, por violación a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso (numeral 39 de la Constitución Política) y b) lesión al derecho constitucional de propiedad privada (canon 45 de la Constitución Política
En la sentencia N° 2024-029411, por unanimidad, los magistrados no hallaron inconstitucionalidad alguna en la mayoría de los aspectos consultados. En este sentido, es legítimo que la fiscalía requiera medidas cautelares anticipadas y provisionales antes de presentar una denuncia, y se destaca el control jurisdiccional para autorizarlas “cuando hubiere elementos suficientes para determinar, con grado de probabilidad, que los bienes y productos financieros de interés pueden ser distraídos u ocultados”.
Además, se reiteró el criterio de la Sala Constitucional expuesto en la resolución nro. 2017-00640 de las 11:30 horas de 19 de enero de 2017, que descartó alguna transgresión al principio de inocencia en cuanto a la carga probatoria.
Asimismo, en los términos consultados, no se hallaron inconstitucionalidades en lo concerniente a la supuesta infracción al principio de razonabilidad y proporcionalidad, ni con relación a la notificación a personas jurídicas regulada en el inciso b) del artículo 20 ter.
Lo único declarado inconstitucional de forma unánime es el inciso a) del artículo 20 ter, porque permite la notificación del traslado de una denuncia a cualquier medio que el afectado haya establecido ante cualquier autoridad judicial, incluso antes del inicio de un proceso. Partiendo de los criterios contenidos en las sentencias número 2019020596 de las 19:15 horas de 25 de octubre de 2019 y 2022016011 de las 13:25 horas de 8 de julio de 2022, tal grado de amplitud, ambigüedad e imprecisión no garantiza la comunicación efectiva, válida, segura y confiable a la parte cuyo patrimonio se cuestiona, lo que resulta incompatible con los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.
Por tratarse de un vicio por el fondo, el criterio de la Sala Constitucional no es vinculante de acuerdo con el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-024403-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-029411 |
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Fecha de la votación: |
08 de octubre de 2024 |
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Por tanto: |
Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el inciso a) del numeral 20 ter contemplado en el artículo único del proyecto denominado "REFORMA A LA LEY 8754 LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA FORTALECER LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA", que se tramita en el expediente legislativo nro. 22834, tiene vicios de constitucionalidad al no garantizar el derecho de defensa ni el debido proceso. En lo demás, este Tribunal no observa problemas de constitucionalidad en los términos planteados. Los magistrados Castillo Víquez y Fernández Argüello, y la magistrada Garro Vargas consignan notas por separado. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a las diputadas y los diputados consultantes. Comuníquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera, así como el magistrado suplente Hubert Fernández Argüello. |
Material formativo
Consulta legislativa facultativa: es planteada por al menos diez diputados quienes pueden solicitar a la Sala Constitucional su opinión sobre los proyectos legislativos votados en primer debate para corroborar que no infringen ningún Derecho contemplado en la Constitución Política.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos y de referéndum. Los supuestos en los que puede plantearse este tipo de consultas están previstos por el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y entre estos se encuentra la que puede llevar a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones, con respecto a iniciativas de referéndum en cualquiera de sus modalidades (artículo 96 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Este instrumento permite plantear dudas con respecto a la constitucionalidad de un proyecto de ley o iniciativa de referéndum, cuando se considere que estos pueden resultar contrarios a la Constitución Política, ya sea por su contenido o porque en el procedimiento seguido para su tramitación se irrespetó la normativa respectiva o los principios que rigen el derecho parlamentario.
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San José, 01 de octubre de 2024
Sala Constitucional encuentra vicios de constitucionalidad en Ley Jaguar 2.0
· Tribunal constitucional encontró vicios sustanciales de constitucionalidad en los artículos consultados por el TSE y la Contraloría
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas evacúo las consultas de constitucionalidad presentadas por el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República al Proyecto de Ley N° 24.467 “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica".
Ambas consultas facultativas versaban sobre los artículos 2, 4 y 5 del proyecto y acumuladas bajo el expediente 24-021741-0007-CO.
1. El artículo 2 del proyecto de ley propone la reforma del artículo 12 de la Ley General de la Contraloría General de la República. Aducen los consultantes que la reforma planteada afecta el ejercicio de las competencias de control y fiscalización de la Contraloría General de la República.
2. El artículo 4 del proyecto de ley, propone la modificación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Plantean los consultantes que la reforma propuesta permite la contratación de diseño y construcción de obra pública sin los controles de fiscalización propios de la contratación pública, como dispone el artículo 182 de la Constitución Política.
3. El artículo 5 del proyecto de ley, plantea la reforma del artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA. Los consultantes aducen que la reforma que se propone, permite la realización de alianzas estratégicas aun tratándose de infraestructura, lo cual resulta contrario al artículo 182 de la Constitución Política.
Los magistrados encontraron vicios de inconstitucionalidad:
Se evacua esta consulta facultativa de constitucionalidad, sobre el proyecto de ley 24.467, denominado “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica”, es inconstitucional, en el siguiente sentido:
Primero.- Por unanimidad, se admite la consulta de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Por mayoría, se admite la consulta de constitucionalidad de la Contraloría General de la República, acumulada a la primera. El magistrado Rueda Leal da razones particulares.
Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Alvarado Paniagua salvan el voto y reiteran la inevacuabilidad de la consulta formulada por la Contraloría General de la República, tal y como lo suscribieron en la resolución N° 2024-25125 de las 9:20 horas del 30 de agosto de 2024, dictada en el expediente judicial N° 24-22441-0007-CO.
Segundo.- Por mayoría, se declara que no hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 2 del proyecto de ley, que reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. El magistrado Castillo Víquez consigna razones adicionales.
El magistrado Rueda Leal emite voto particular y evacua este extremo de la consulta, en el sentido de que el artículo 2 del proyecto de ley 24.467, que propone la modificación al primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es constitucional, siempre que se interprete que se mantienen incólumes las potestades de control y fiscalización de la Contraloría General de la República y las competencias derivadas de los numerales 183 y 184 de la Constitución Política. El magistrado Araya García y las magistradas Hess Herrera y Alvarado Paniagua salvan el voto y disponen que el artículo consultado es inconstitucional.
Tercero.- Por unanimidad, se declara que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 4 del proyecto de ley, que reforma el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan sus propias razones.
Cuarto.- Por unanimidad, se declara que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 5 del proyecto de ley, que modifica el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA.
El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan sus propias razones.
Notifíquese al Tribunal Supremo de Elecciones, a la contralora y al subcontralor General de la República y al presidente de la Asamblea Legislativa. Comuníquese.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-021741-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-28774 |
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Fecha de la votación: |
01 de octubre de 2024 |
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Por tanto: |
Se evacua esta consulta facultativa de constitucionalidad, sobre el proyecto de ley 24.467, denominado “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica”, es inconstitucional, en el siguiente sentido: Primero.- Por unanimidad, se admite la consulta de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Por mayoría, se admite la consulta de constitucionalidad de la Contraloría General de la República, acumulada a la primera. El magistrado Rueda Leal da razones particulares. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Alvarado Paniagua salvan el voto y reiteran la inevacuabilidad de la consulta formulada por la Contraloría General de la República, tal y como lo suscribieron en la resolución N° 2024-25125 de las 9:20 horas del 30 de agosto de 2024, dictada en el expediente judicial N° 24-22441-0007-CO. Segundo.- Por mayoría, se declara que no hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 2 del proyecto de ley, que reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. El magistrado Castillo Víquez consigna razones adicionales. El magistrado Rueda Leal emite voto particular y evacua este extremo de la consulta, en el sentido de que el artículo 2 del proyecto de ley 24.467, que propone la modificación al primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es constitucional, siempre que se interprete que se mantienen incólumes las potestades de control y fiscalización de la Contraloría General de la República y las competencias derivadas de los numerales 183 y 184 de la Constitución Política. El magistrado Araya García y las magistradas Hess Herrera y Alvarado Paniagua salvan el voto y disponen que el artículo consultado es inconstitucional. Tercero.- Por unanimidad, se declara que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 4 del proyecto de ley, que reforma el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan sus propias razones. Cuarto.- Por unanimidad, se declara que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 5 del proyecto de ley, que modifica el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA. El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan sus propias razones. Notifíquese al Tribunal Supremo de Elecciones, a la contralora y al subcontralor General de la República y al presidente de la Asamblea Legislativa. Comuníquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García (instructor), Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Alexandra Alvarado Paniagua. |
Material formativo
Consulta legislativa constitucionalidad:
La Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos y de referéndum. Los supuestos en los que puede plantearse este tipo de consultas están previstos por el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y entre estos se encuentra la que puede llevar a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones, con respecto a iniciativas de referéndum en cualquiera de sus modalidades (artículo 96 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Este instrumento permite plantear dudas con respecto a la constitucionalidad de un proyecto de ley o iniciativa de referéndum, cuando se considere que estos pueden resultar contrarios a la Constitución Política, ya sea por su contenido o porque en el procedimiento seguido para su tramitación se irrespetó la normativa respectiva o los principios que rigen el derecho parlamentario.
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San José, 27 de septiembre de 2024
SALA CONSTITUCIONAL CUMPLE 35 AÑOS DE SERVICIO Y DEFENSA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
· Tribunal ha resuelto 569.603 expedientes en sus 35 años
Este 27 de septiembre se cumplen 35 años desde que Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia entró en funcionamiento. Desde ese día y hasta la fecha la Sala Constitucional ha resuelto 569.603 asuntos.
Fernando Castillo Víquez, presidente de esta instancia judicial señaló que “desde su establecimiento en 1989, el Tribunal Constitucional ha sido un pilar esencial en la protección y el resguardo de los derechos humanos. Su labor ha contribuido a fortalecer el Estado de derecho, garantizando que la justicia sea accesible y equitativa para todos los ciudadanos”.
Para Castillo “la Sala Constitucional a lo largo de estos años ha abordado casos cruciales que han marcado una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, como aquellos que tienen que ver con la salud y la protección del medioambiente”.
Además, el magistrado apuntó a que “el trabajo de la Sala refleja un fuerte compromiso con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución. Además, cumple con el mandato de protección judicial que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual manda que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan acceso a un recurso célere y sencillo”
“Tenemos un desafío importante como magistrados de esta Sala, la sostenida y creciente cantidad de expedientes que deben ser atendidos. Este incremento ha puesto a prueba la capacidad de la institución para garantizar una justicia ágil y efectiva en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sentenció Castillo.
“Para lograr dar abasto con todo el trabajo que ingresa, hemos optimizado los recursos con los que contamos, pero el faltante de personal sigue siendo un factor que afecta y desgasta a los funcionarios que están sobrecargados de trabajo, pues desde hace 7 años trabajamos con el mismo personal, pero la cantidad de expedientes que deben ser resueltos se ha triplicado” acotó el magistrado.
El alto juez también señaló que “otro de los principales retos que tiene la Sala Constitucional es hacer que las personas sientan una Constitución Política más cercana y que confíen en que al acudir a este Tribunal se van a garantizar sus derechos fundamentales consagrados en esa Carta Magna”.
Según datos estadísticos, el Tribunal Constitucional resuelve los recursos de amparo en promedio en 31 días, exceptuando los de salud que se resuelven con mayor celeridad, mientras que los recursos de habeas corpus se resuelven en 19 días.
Los expedientes de salud siguen siendo los más conocidos por el Tribunal Constitucional. Al 31 de agosto del presente año se habían resuelto 25.284 expedientes, de esos 10.574 eran recursos de amparo en materia de salud, lo que representa un 41.82 % de los expedientes votados por los magistrados durante este 2024.
"En el análisis de los últimos años, se observa que los casos de recursos de amparo relacionados con la salud continúan predominando en este Tribunal, lo que denota un deterioro en ese sistema y la falta de una solución integral al problema de las largas listas de espera que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social” indicó el magistrado presidente.
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CUADRO DE ASUNTOS VOTADOS SALA CONSTITUCIONAL 2024 |
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POR TIPO DE ASUNTO |
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RECURSO DE AMPARO |
23.699 |
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HABEAS CORPUS |
1.383 |
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ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD |
181 |
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CONSULTA LEGISLATIVA |
13 |
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CONSULTA JUDICIAL |
8 |
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TOTAL |
25.284 |
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CUADRO ASUNTOS EN MATERIA DE SALUD SALA CONSTITUCIONAL 2024 |
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AÑO |
ASUNTOS RESUELTOS POR LA SALA CONSTITUCIONAL |
CANTIDAD DE ASUNTOS DE SALUD |
PORCENTAJE |
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2024 |
25.284 |
10.574 |
41.82% |
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San José, 11 de septiembre de 2024
Sala Constitucional avala reforma constitucional que permitiría la extradición de nacionales
· Tribunal Constitucional evacuó consulta legislativa preceptiva
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas evacuó este miércoles la consulta legislativa preceptiva tramitada en el expediente nro. 24-022734-0007-CO.
En la sentencia 2024-026373, por unanimidad, los magistrados, luego de analizar el trámite legislativo y el objeto de consulta, no observaron vicios de constitucionalidad en el proyecto de reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales en ciertos casos, que se tramita bajo el expediente legislativo nro. 23.701.
El Tribunal Constitucional estimó que las diputadas y los diputados, cuando actúan como Poder Constituyente derivado (es decir, reformando la Constitución), están facultados para definir y balancear los derechos fundamentales ahí resguardos, siempre que no se afecte su contenido esencial.
Justamente, atinente a la extradición, precedentes constitucionales han admitido modulaciones al numeral 32 de la Carta Magna, cuando se trata de delitos de la más grave naturaleza (como los de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma) o se protege un aspecto de tanta relevancia como el interés superior de las personas menores de edad (Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores).
En este caso, la reforma propuesta versa sobre el terrorismo y el tráfico internacional de drogas como excepciones al precepto 32 de cita. Tal posibilidad se ve respaldada por varios tratados internacionales ya suscritos por Costa Rica, que contemplan la extradición como un mecanismo de cooperación para la lucha contra tales flagelos de la sociedad.
Los magistrados concluyeron que la reforma propuesta equilibra los derechos del ciudadano con el interés estatal de someter a la justicia a los acusados de narcotráfico y terrorismo, en la medida que condiciona la extradición a que sea concedida en tales casos en concreto y solo por los Tribunales de Justicia con estricto apego a los derechos fundamentales y las garantías procesales reconocidos en la Constitución, tratados internacionales y las leyes.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-022734-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-026373 |
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Fecha de la votación: |
11 de septiembre de 2024 |
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Por tanto: |
Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de reforma constitucional denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA PERMITIR LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES”, que se tramita en el expediente legislativo nro. 23.701, no contiene vicios de procedimiento o de fondo. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas consignan notas por separado. Notifíquese al Directorio de la Asamblea Legislativa. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Alexandra Alvarado Paniagua. |
Material formativo
Consulta legislativa preceptiva: planteada por el Directorio de la Asamblea Legislativa cuando se trata de proyectos de reformas constitucionales, reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional o proyectos de ley tendientes a la aprobación de tratados internacionales.
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San José, 10 de septiembre de 2024
Sala Constitucional resuelve gestión de desobediencia y declara el incumplimiento de la sentencia que ordena la delimitación de las 188 hectáreas de bosque en Gandoca -Manzanillo
· Tribunal Constitucional constató el incumplimiento de la sentencia 2019-012745
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, por mayoría, acogió la gestión de desobediencia presentada por Marco Levi Virgo, representante de la Asociación de Desarrollo para la Ecología. El recurrente acude ante esta Sala Constitucional por el incumplimiento de la sentencia 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019.
En la parte dispositiva los magistrados declararon por mayoría ha lugar la gestión formulada.
En consecuencia:
1) se declara el incumplimiento de la sentencia nro. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019 y se ordena a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, que dispongan lo necesario, coordinen lo pertinente y tomen las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para que, de inmediato, tal resolución sea acatada.
2) Se ordena a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, remitir informes mensuales a este expediente sobre el cumplimiento de lo aquí dispuesto.
3) Se ordena a Iván Vinicio Vincenti Rojas, en su condición de procurador General de la República, o a quien ejerza ese cargo, que disponga lo necesario, coordine lo pertinente y tome las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias, para que, una vez que el Sinac delimite el área correspondiente, en conjunto con esa institución se ejerzan las acciones legales pertinentes en defensa del patrimonio público.
4) se les advierte a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, así como a Iván Vinicio Vincenti Rojas, en su condición de procurador General de la República, o a quienes ejerzan esos cargos, que en caso de incumplimiento a lo aquí ordenado se les podrá seguir causa por el delito de desobediencia a la autoridad regulado en el artículo 314 del Código Penal, que impone “…prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención”.
5) En lo demás, se declara no ha lugar a la gestión.
6) Se ordena la notificación personal de esta resolución a David Chavarría Morales, Franz Tattenbach Capra e Iván Vinicio Vincenti Rojas, por su orden director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ministro de Ambiente y Energía y procurador General de la República, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos.
Los magistrados Rueda Leal y Araya García consignan notas por separado.
La magistrada Alvarado Paniagua da razones adicionales.
La magistrada Garro Vargas acoge parcialmente la gestión por sus propias razones, sólo en lo relativo a la delimitación del área, sobre la base de lo informado a esta Sala mediante el oficio n.°ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), bajo el entendido de que tal delimitación exige el levantamiento en un documento formal en el que se determine el perímetro, la ubicación y cuál área es pública y cuál no, en cuyo caso, de encontrarse terrenos del Estado, se continúe con el cumplimiento de la sentencia; además, ordena adicionar la parte dispositiva de la sentencia n.°2019-012745 a fin de que se entienda que el SINAC debe proceder -una vez realizada la delimitación formal en los términos dichos- a elaborar un inventario de los terrenos privados en los que se encuentran áreas de bosque en las zonas aledañas al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y procedan de forma inmediata a imponer y llevar un control de las limitaciones que en derecho corresponda.
El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y reitera que únicamente se deben ejercer las acciones necesarias para reivindicar al Estado las tierras que han sido ilegítimamente ocupadas en las zonas protegidas conforme a la ley, tal y como lo sostuvo en conjunto con la magistrada Hernández López y el magistrado Araya García, en la Sentencia N° 2019-12745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
14-019174-0007-CO |
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Número de resolución: |
26300-2024 |
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Fecha de la votación: |
10 de septiembre de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara ha lugar la gestión formulada. En consecuencia: 1) se declara el incumplimiento de la sentencia nro. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019 y se ordena a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, que dispongan lo necesario, coordinen lo pertinente y tomen las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para que, de inmediato, tal resolución sea acatada; 2) se ordena a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, remitir informes mensuales a este expediente sobre el cumplimiento de lo aquí dispuesto; 3) se ordena a Iván Vinicio Vincenti Rojas, en su condición de procurador General de la República, o a quien ejerza ese cargo, que disponga lo necesario, coordine lo pertinente y tome las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias, para que, una vez que el Sinac delimite el área correspondiente, en conjunto con esa institución se ejerzan las acciones legales pertinentes en defensa del patrimonio público; 4) se les advierte a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, así como a Iván Vinicio Vincenti Rojas, en su condición de procurador General de la República, o a quienes ejerzan esos cargos, que en caso de incumplimiento a lo aquí ordenado se les podrá seguir causa por el delito de desobediencia a la autoridad regulado en el artículo 314 del Código Penal, que impone “…prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención”; 5) en lo demás, se declara no ha lugar a la gestión; 6) se ordena la notificación personal de esta resolución a David Chavarría Morales, Franz Tattenbach Capra e Iván Vinicio Vincenti Rojas, por su orden director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ministro de Ambiente y Energía y procurador General de la República, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos. Los magistrados Rueda Leal y Araya García consignan notas por separado. La magistrada Alvarado Paniagua da razones adicionales. La magistrada Garro Vargas acoge parcialmente la gestión por sus propias razones, sólo en lo relativo a la delimitación del área, sobre la base de lo informado a esta Sala mediante el oficio n.°ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), bajo el entendido de que tal delimitación exige el levantamiento en un documento formal en el que se determine el perímetro, la ubicación y cuál área es pública y cuál no, en cuyo caso, de encontrarse terrenos del Estado, se continúe con el cumplimiento de la sentencia; además, ordena adicionar la parte dispositiva de la sentencia n.°2019-012745 a fin de que se entienda que el SINAC debe proceder -una vez realizada la delimitación formal en los términos dichos- a elaborar un inventario de los terrenos privados en los que se encuentran áreas de bosque en las zonas aledañas al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y procedan de forma inmediata a imponer y llevar un control de las limitaciones que en derecho corresponda. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y reitera que únicamente se deben ejercer las acciones necesarias para reivindicar al Estado las tierras que han sido ilegítimamente ocupadas en las zonas protegidas conforme a la ley, tal y como lo sostuvo en conjunto con la magistrada Hernández López y el magistrado Araya García, en la Sentencia N° 2019-12745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019.
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Alexandra Alvarado Paniagua (instructora). |
Material formativo
Gestión de desobediencia: Ante el incumplimiento de una orden dictada por la Sala Constitucional, las partes del proceso pueden presentar una gestión de desobediencia, la magistrada o magistrado instructor del expediente conferirá audiencia por tres días a la autoridad o persona condenada, esto con el fin de que rinda un informe sobre los alegatos de la parte recurrente (la supuesta desobediencia).
En caso de constatarse el incumplimiento, la Sala procederá a reiterar la orden dictada y, de mantenerse la desobediencia, procederá a testimoniar piezas al Ministerio Público (remisión de todo el expediente) para que ese órgano valore si debe realizar una acusación penal conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La sanción que dispone esta normativa es de prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa.
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San José, 09 de septiembre de 2024
Sala Constitucional determinó que autoridades sometieron a privado de libertad a condiciones contrarias a su dignidad humana
· Tribunal constitucional condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró con lugar un recurso de amparo estudiado bajo el expediente 24-023562-0007-CO, presentado por una persona privada de libertad contra el Ministerio de Justicia y Paz.
La persona recurrente señaló que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro. Explica que tuvo problemas de convivencia con algunos de sus compañeros, por lo que la directora de ese centro penitenciario lo mantuvo ubicado en un área para atender abogados y personal técnico. Manifiesta que en ese lugar no había servicio de agua, ni servicios sanitarios, que se mantuvo en ese lugar sin poder bañarse por 3 días, además debía hacer parte de sus necesidades en una botella. Alegó que con esto vio afectada su salud mental.
La Sala Constitucional tuvo por probado que efectivamente esta persona estuvo tres días sin poder bañarse y en la ubicación en la que se encontraba no había servicios sanitarios ni agua.
Para los magistrados, se sometió al amparado a condiciones contrarias a su dignidad humana. Asimismo, aún cuando se expuso que el recurrente era trasladado de forma constante a los servicios sanitarios, el hecho de que esté por tanto tiempo en un cubículo en el que no tenga acceso libre a estos, constituye una transgresión susceptible de ser declarada con lugar en esta jurisdicción. Resulta claro que un cubículo con las limitaciones expuestas no es un espacio adecuado para la permanencia prolongada de una persona privada de libertad.
En la sentencia ____ se declara con lugar el recurso y se ordenó a los jerarcas del CAI Jorge Arturo Montero Castro abstenerse de incurrir nuevamente en las acciones y omisiones que dieron mérito a la estimatoria de este recurso. Además, se condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. Notifíquese.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-023562-0007-CO |
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Número de resolución: |
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Fecha de la votación: |
06 de septiembre de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jenny Patricia Chacón Fernández y Greivin Alfaro Araya, por su orden directora y jefe policial a. i., ambos cargos del CAI Jorge Arturo Montero Castro, o a quienes ocupen tales cargos, abstenerse de incurrir nuevamente en las acciones y omisiones que dieron mérito a la estimatoria de este recurso. Se advierte a las autoridades recurridas que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de habeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera.
Magistradas y magistrados suplentes: Alexandra Alvarado Paniagua, Ileana Sánchez Navarro (instructora) y Fernando Lara Gamboa. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 30 de agosto de 2024
Sala Constitucional ordena acumular la consulta de la Contraloría con la del TSE sobre proyecto de Ley Jaguar
§ Plazo previsto en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional empezará a contarse a partir de la fecha de esta resolución
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, ordenó este vienes acumular la consulta que se tramita bajo el expediente 24-022441-0007-CO y que fue presentada por la Contraloría General de la República, con la que se estudia bajo el expediente 24-021741-0007-CO y que fue interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Ambas consultas facultativas de constitucionalidad, se hicieron respecto al Proyecto de Ley número 24.467 “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica" que tramita el TSE.
Según la resolución 2024-25125 al versar ambas consultas sobre el mismo proyecto de ley y ante la evidente conexidad que existe entre estos procesos, lo procedente es acumular esta consulta a la que previamente se había cursado, con el fin de evitar la emisión de fallos contradictorios.
Asimismo, cabe aclarar que si bien el expediente legislativo número 24.467 ingresó a esta Sala a las 10:40 horas del 13 de agosto de 2024, el plazo previsto en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional empezará a contarse a partir de la fecha de esta resolución.
Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Alvarado Paniagua, salvan el voto y declaran inevacuable la consulta facultativa de constitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-022441-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-25125 |
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Fecha de la votación: |
30 de agosto de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría, se ordena acumular esta consulta a la que se tramita ante esta Sala en el expediente número 24-021741-0007-CO, y téngase como una ampliación de la misma. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Alvarado Paniagua, salvan el voto y declaran inevacuable la consulta facultativa de constitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora) y la magistrada suplente Alexandra Alvarado Paniagua. |
Material formativo
Consulta facultativa de constitucionalidad:
La Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos y de referéndum. Los supuestos en los que puede plantearse este tipo de consultas están previstos por el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y entre estos se encuentra la que puede llevar a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones, con respecto a iniciativas de referéndum en cualquiera de sus modalidades (artículo 96 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Este instrumento permite plantear dudas con respecto a la constitucionalidad de un proyecto de ley o iniciativa de referéndum, cuando se considere que estos pueden resultar contrarios a la Constitución Política, ya sea por su contenido o porque en el procedimiento seguido para su tramitación se irrespetó la normativa respectiva o los principios que rigen el derecho parlamentario.
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San José, 13 de agosto de 2024
Sala Constitucional rechaza acción de inconstitucionalidad presentada contra la sección especializada TSE
· Instancia se encarda de instruir una serie de asuntos por beligerancia política
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad estudiada bajo el expediente 23-015760-0007-CO y contra los artículos 1, 10, 11, 14 y conexos del “Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones que tramita y resuelve en primera instancia asuntos Contencioso-Electorales de carácter sancionatorio” -Decreto No. 5-2016 de 2 de junio de 2016 del Tribunal Supremo de Elecciones.-.,
Dicho reglamento crea la Sección Especializada del TSE que conoce asuntos contencioso-electorales de carácter sancionatorio -entendiéndose, en el caso concreto, situaciones donde se aduzca beligerancia política por parte de funcionarios o servidores públicos que se encuentren impedidos para ello- así como el procedimiento aplicable a tales casos como el levantamiento de credenciales.
En el voto 2024-0023861, por mayoría, la Sala Constitucional declara sin lugar la acción. El magistrado Rueda Leal consigna nota. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran inconstitucionales los artículos 1 y, por conexidad, el 2 del “Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones que tramita y resuelve en primera instancia asuntos Contencioso-Electorales de carácter sancionatorio”. El magistrado Castillo Víquez consigna sus propias razones. El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas.
La sentencia integral de este asunto se encuentra en redacción, una vez que esté debidamente anonimizada y notificadas las partes, se procederá a publicarla en el sitio web del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.