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San José, 13 de agosto de 2024
Sala Constitucional defiende libertad de culto y ordena que un plazo de tres días se autorice la reinstalación de la imagen del Santo Cristo en la pared de la entrada a la sala de operaciones del Hospital México
· Tribunal Constitucional constató una violación al artículo 75 Constitucional
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró, con lugar, por unanimidad, un recurso de amparo presentado a favor de una enfermera del Hospital México contra el director de ese centro médico.
El recurrente acude ante esta Sala Constitucional debido a que el director general del Hospital México no autorizó la reinstalación de una imagen del Santo Cristo, que asegura estuvo ubicada al menos desde el 2008 en la pared de la entrada a las salas de operaciones de ese centro hospitalario. Narra que la imagen fue retirada con ocasión de la remodelación que se realizó en esa zona y luego de esta estuvo por más de dos años en la entrada de las salas de operaciones en el nuevo edificio, contiguo a las oficinas administrativas, hasta que el director general dio la orden verbal de que se retirara.
Manifiesta que se solicitó formalmente el permiso para volver a colocar la imagen en la pared donde estaba, pero por medio del oficio HM-DG-1310-2024, el director del hospital respondió a la amparada que no se autorizaba la colocación de la imagen debido a que él “debe de velar por el derecho al libre culto y diversidad religiosa de los diferentes grupos ocupacionales del Hospital México”.
En el voto 2024-22977, la Sala Constitucional constató una violación al artículo 75 de la Constitución Política. Para los jueces constitucionales, la razón ofrecida por el director general del Hospital México para rechazar la gestión presentada con el fin de reubicar la imagen del Santo Cristo en la entrada de la sala de operaciones carece de un fundamento objetivo y razonable, toda vez que la presencia de la imagen no busca imponer una fe o creencia religiosa, sino que se trata del ejercicio de la libertad de culto, como la manifestación externa de la libertad de conciencia.
En la parte dispositiva, los magistrados ordenaron al director de ese centro hospitalario que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se deje sin efecto el oficio HM-DG-1310-2024 de 05 de abril de 2024 y autorice la reinstalación de la imagen del Santo Cristo en la pared de la entrada a la sala de operaciones.
La sentencia integral de este expediente está en fase de notificación y una vez que dicho proceso concluya, se procederá a su publicación en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-013366-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-22977 |
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Fecha de la votación: |
13 de agosto de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso por violación al artículo 75, de la Constitución Política. En consecuencia, se ordena a DOUGLAS MONTERO CHACÓN, en su condición de director general del Hospital México, que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, deje sin efecto el oficio HM-DG-1310-2024 de 05 de abril de 2024 y autorice la reinstalación la imagen del Santo Cristo en la pared de la entrada a la sala de operaciones de ese nosocomio, sitio donde anteriormente estuvo colgada. Se advierte al recurrido que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios generados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado (instructor), Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Alexandra Alvarado Paniagua. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 08 de agosto de 2024
Magistrados concluyen que no es inconstitucional el traslado de expedientes judiciales de la justicia penal ordinaria a la de delincuencia organizada
· Tribunal constitucional evacuó consulta judicial
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas evacuó la consulta judicial estudiada bajo el expediente No. 24-008738-0007-CO y formulada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea.
En la consulta, dicho tribunal le solicitó a la Sala Constitucional analizar la constitucionalidad de los artículos 46, 59, 81 y 101 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial que autorizó publicar la circular denominada “Emisión de directrices sobre reglas prácticas y nueva forma de tramitación de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado” (adoptado en la sesión número 48-2023, celebrada el 8 de junio de 2023, artículo LXXI) y el acuerdo adoptado por la Corte Plena en sesión extraordinaria de las 08:16 horas del 30 de enero de 2023, acta 003-2023 -artículo XVIII-.
Para las personas consultantes, permitir el traslado de expedientes de la justicia penal ordinaria a la de delincuencia organizada, podría vulnerar el principio de juez legal o natural recogido por los artículos 35, 39, 121 inciso 20) y 166 de la Constitución Política y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el tanto por medio de normas de rango legal y decisiones de órganos administrativos se modifica la competencia de los jueces naturales, asignando el conocimiento de la causa a tribunales que, para la fecha de los hechos, no existían.
En la sentencia 2024-021938, los magistrados evacuaron la consulta en el sentido de que los artículos 46, 59, 81 y 101 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial no infringen el principio de juez natural ni los artículos 121 inciso 20) y 166 de la Constitución Política.
Además, los jueces constitucionales señalaron que por mandato constitucional -la Corte Suprema de Justicia- y legal -la Corte y el Consejo Superior, en su carácter de patrono y órgano supremo del Poder Judicial, tienen la potestad de definir las políticas institucionales de organización y estructuración internas, con el propósito de brindar un servicio público de calidad a las personas usuarias de la administración de justicia.
Consideró la mayoría de la Sala que, no es inconstitucional efectuar tales ajustes, en el tanto las competencias referidas nacen en la propia Constitución y tienen asiento legal.
De acuerdo con la Ley “Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica”, No. 9481, ese conjunto de órganos jurisdiccionales tiene competencia a nivel nacional para realizar labores dentro de la jurisdicción penal ordinaria cuando los requerimientos institucionales así lo determinen.
En cuanto al Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, adoptado en sesión extraordinaria del 30 de enero de 2023, Acta 003-2023 -Artículo XVIII y el Acuerdo adoptado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 48-2023, celebrada el 8 de junio de 2023, artículo LXXI se declaró inevacuable la consulta. El primero, por carecer de relación con la duda de constitucionalidad formulada y el segundo por ser temporalmente posterior al dictado del acto jurisdiccional que generó la interposición de la consulta.
El magistrado Rueda Leal salvó el voto y declaró inevacuable la consulta.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-008738-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-021938 |
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Fecha de la votación: |
31 de julio de 2024 |
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Por tanto: |
Se evacúa la consulta formulada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea, en el sentido de que los artículos 46, 59, 81 y 101 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (este último adicionado y reformado por la Ley "Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica" Ley N°9481 del 13 de setiembre de 2017, Ley N°9769 de 18 de octubre de 2019 y Ley N°10369 del 30 de mayo de 2023) no infringen el principio de Juez Natural ni los artículos 121 inciso 20 y 166 de la Constitución Política. En cuanto al Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, adoptado en sesión extraordinaria del 30 de enero de 2023, Acta 003-2023 -Artículo XVIII y el Acuerdo adoptado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 48-2023, celebrada el 8 de junio de 2023, artículo LXXI se declara inevacuable la consulta. El magistrado Rueda Leal salva el voto y declara inevacuable la consulta. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al Tribunal consultante y a las partes. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora) y las magistradas suplentes Alexandra Alvarado Paniagua y Aracelly Pacheco Salazar. |
Material formativo
Consulta Judicial facultativa: es una herramienta legal que tienen los jueces y juezas del Poder Judicial, ante la Sala Constitucional, para aclarar dudas devenidas de la constitucionalidad de una norma que deben aplicar o de un acto, conducta u omisión que deben juzgar.
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San José, 31 de julio de 2024
Sala Constitucional ordena al Ministerio de Hacienda girar la totalidad de los fondos asignados al FODESAF correspondientes a las transferencias del Gobierno Central
· Tribunal constitucional condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró con lugar el expediente 24-007089-0007-CO que contiene un recurso de amparo presentado por varias diputaciones de la República.
Los recurrentes, señalaron que de conformidad con lo que dispone el artículo 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) no se le puede fijar un monto nominal fijo inferior a 255.583.000.000,00 colones, pues no le es aplicable la regla fiscal, ni tampoco los artículos 15 y 23 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que bajo ciertas circunstancias permiten al Ministerio de Hacienda limitar el cumplimiento de algunos destinos específicos, para el ejercicio económico de 2024.
Añaden que, pese a esa disposición dicho ministerio únicamente incluyó en el Presupuesto Ordinario de la República una partida por 192.452.212.645,00 (sic) colones por concepto de la indicada transferencia a FODESAF, lo que implica un faltante de 62.130.787.355,00 colones respecto al monto mínimo que el Poder Ejecutivo está obligado a asignar.
En la sentencia 2024-021400, por unanimidad, el Tribunal Constitucional señaló que el incumplimiento en la asignación de recursos a FODESAF lesiona las posibilidades de hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas beneficiarias de los recursos, muchas de ellas niñas y niños, adolescentes y personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.
Conforme pudieron verificar los magistrados, el Ministerio de Hacienda no ha girado la totalidad de los fondos correspondientes al 20% de lo recaudado por concepto del Impuesto General sobre las Ventas, tal y como lo disponen los artículos 15 y 16 de la Ley Nº 5662, de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
En este sentido, para los jueces constitucionales existe una obligación que se deriva de lo dispuesto por el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impone una protección especial de los programas sociales en razón de su naturaleza y de los fines para los que fueron creados, pero en este caso no se está cumpliendo.
Para la Sala, es evidente que la dotación de recursos en la medida que lo prevén las leyes sobre la materia, permitiría a esa institución desarrollar una serie de programas y actividades que brinden soluciones efectivas para las clases más desposeídas. Además, es claro que la defensa de los recursos estatales que financian esos programas, garantiza la plena efectividad del Estado Social de Derecho y su desprotección se traduce en un claro y evidente incumplimiento al mandato constitucional. De ahí que la debilitación sensible de esos programas, que están dirigidos a satisfacer las necesidades y garantizar un efectivo acceso al bienestar de las poblaciones más vulnerables, amenaza el disfrute de los derechos fundamentales reclamados.
Por lo anterior, la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda disponer lo necesario, para que, en el plazo de un mes, contado a partir de la comunicación de esta resolución, se dé cabal cumplimiento a la obligación de girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), la totalidad de los recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central, según el monto asignado por dicho concepto en la "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019", conforme se estableció en el Título IV, artículo 24, de la Ley No. 9635.
Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-007089-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-021400 |
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Fecha de la votación: |
30 de julio de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Antonio Molina Chacón, en su condición de ministro a.i. de Hacienda, o a quien ejerza ese cargo, disponer lo necesario, para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la comunicación de esta resolución, se dé cabal cumplimiento a la obligación de girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), la totalidad de los recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central, según el monto asignado por dicho concepto en la "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019", conforme se estableció en el Título IV, artículo 24, de la Ley No. 9635. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas, consignan nota. Comuníquese y notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora) y las magistradas suplentes Alexandra Alvarado Paniagua y Aracelly Pacheco Salazar. |
Material formativo
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San José, 29 de julio de 2024
Sala Constitucional evacúa consulta presentada por el TSE y resultan inconstitucionales los artículos 2,3,4,5 de la Ley Jaguar
· Tribunal constitucional encontró vicios sustanciales de constitucionalidad en todos los artículos consultados.
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas evacúo la consulta de constitucionalidad presentada al expediente legislativo 24.364. denominado “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”.
Los magistrados encontraron vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados.
a.-) Por mayoría, el artículo 2 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y declaran inconstitucional la norma solo respecto de la supresión de la competencia de garantizar la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
b.-) Por mayoría, el artículo 3 resulta inconstitucional, salvo respecto de los verbos “sustituir” y “abarcar”, en el tanto la Contraloría General de la República no ejerce funciones de Administración activa. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente respecto del ejercicio del control de legalidad y eficiencia de los fondos públicos.
c.-) Por unanimidad, el artículo 4 resulta inconstitucional. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan razones diferentes.
d.-) Por mayoría, el artículo 5 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente a la medida cautelar de suspensión de la ejecución de actos y contratos directamente vinculados al manejo de los fondos públicos.
e.-) Los magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal y Salazar Alvarado consignan nota conjunta.
f.-) Los magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal, Salazar Alvarado, Araya García y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-017291-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-21375 |
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Fecha de la votación: |
29 de julio de 2024 |
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Por tanto: |
Se evacúa la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo n.° 24.364, denominado “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”, en el siguiente sentido:
a.-) Por mayoría, el artículo 2 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y declaran inconstitucional la norma solo respecto de la supresión de la competencia de garantizar la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
b.-) Por mayoría, el artículo 3 resulta inconstitucional, salvo respecto de los verbos “sustituir” y “abarcar”, en el tanto la Contraloría General de la República no ejerce funciones de Administración activa. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente respecto del ejercicio del control de legalidad y eficiencia de los fondos públicos.
c.-) Por unanimidad, el artículo 4 resulta inconstitucional. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan razones diferentes.
d.-) Por mayoría, el artículo 5 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente a la medida cautelar de suspensión de la ejecución de actos y contratos directamente vinculados al manejo de los fondos públicos.
e.-) Los magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal y Salazar Alvarado consignan nota conjunta.
f.-) Los magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal, Salazar Alvarado, Araya García y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas.
Notifíquese esta resolución al Tribunal Supremo de Elecciones.-
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Alexandra Alvarado Paniagua. |
Material formativo
Consulta legislativa constitucionalidad:
La Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos y de referéndum. Los supuestos en los que puede plantearse este tipo de consultas están previstos por el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y entre estos se encuentra la que puede llevar a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones, con respecto a iniciativas de referéndum en cualquiera de sus modalidades (artículo 96 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Este instrumento permite plantear dudas con respecto a la constitucionalidad de un proyecto de ley o iniciativa de referéndum, cuando se considere que estos pueden resultar contrarios a la Constitución Política, ya sea por su contenido o porque en el procedimiento seguido para su tramitación se irrespetó la normativa respectiva o los principios que rigen el derecho parlamentario.
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San José, 16 de julio de 2024
Sala Constitucional declara con lugar 7 recursos de amparo a favor de vecinos que han reclamado por faltante de agua potable
· Tribunal Constitucional condena al AyA y la Aresep al pago de las costas, daños y perjuicios causados
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar 7 recursos de amparo relacionados con racionamientos de agua potable. Estos fueron presentados contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y en varios se amplió el recurso contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Las personas afectadas alegaron que, con mucha frecuencia, el AyA les suspendía el servicio público de suministro de agua potable sin previo aviso y durante largos periodos, incluso por más de 24 horas. Además, reclamaron que este año se había agravado la situación y que a la población no le habían comunicado ni los horarios de suspensión ni los de reanudación del servicio, lo que la dejaba postrada en un estado de inseguridad sobre cuándo podrían contar con el preciado líquido a fin de organizar sus quehaceres y atender sus responsabilidades cotidianas.
En el análisis de los expedientes, la Sala Constitucional verificó un problema estructural por parte del AyA en la prestación del servicio de agua potable en perjuicio de los habitantes de las comunidades de Alajuelita, Desamparados, San José, Coronado y Hatillo, de donde provienen los recurrentes.
El AyA trató de justificar el desabastecimiento de agua potable aludiendo a múltiples factores, como el fenómeno de El Niño, un exceso de demanda por parte de la población, una disminución en las fuentes de producción, el comportamiento de las lluvias, entre otros. Sin embargo, los informes técnicos de varias autoridades evidenciaron que, en realidad, los esfuerzos de esa institución habían sido claramente insuficientes, toda vez que, si se hubiese dado una adecuada planificación y eficiente ejecución de varios proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica en los sistemas de acueductos, entonces hubiese sido posible satisfacer la demanda del servicio de agua potable de los pobladores, incluso durante la época seca.
Ejemplo de ello es el “Informe de Auditoría Acerca de la Eficacia y Eficiencia de la Gestión del Portafolio de Proyectos de Inversión para el Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales d Instituto Costarricense De Acueductos y Alcantarillados” del 12 de abril de 2024, en donde la Contraloría General de la República concluye que:
1- La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que, únicamente, el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, únicamente, el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables tienen alguna inversión programada, según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021.
2- El AyA no ha sido eficaz en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos, que deberían estar finalizados en enero de 2024, todavía están en ejecución, lo que atrasa la atención a las necesidades ciudadanas.
3- La gestión del portafolio tampoco ha sido eficiente en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica.
4- La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones.
5- Los resultados encontrados evidencian obstáculos para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual procura un acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados en beneficio de todos los seres humanos, lo que implica un desafío de particular envergadura principalmente en el contexto de las poblaciones más vulnerables, como los niños, las personas adultas mayores, las madres, entre otros.
Otro ejemplo se observa en el oficio nro. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023, denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, a través del cual la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) evidenció, entre varios problemas que afectan al AyA, que hay un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por los desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor de los proyectos, todo esto atribuible al AyA.
En lo que respecta al 57% de pérdidas de agua potable, el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando a través de las aceras y calles se desperdicia el preciado líquido a causa de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores.
De este modo, en todos los casos resueltos por el Tribunal Constitucional se evidenció la lesión al derecho fundamental de acceso al agua potable, tutelado en el numeral 50 de la Constitución Política (“Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida”), también contemplado en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece: “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”.
En cuanto a la Aresep, en los informes rendidos ante esta Sala Constitucional, el regulador general se limitó a detallar las competencias de la institución y a sostener que no habían vulnerado los derechos fundamentales de las personas afectadas; empero, en ninguno de los casos, tal entidad pudo comprobar acciones efectivas de su parte para que se respetaran las normas de continuidad y prestación óptima del servicio de suministro de agua potable, esto pese a que entre sus funciones se encuentra la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio de suministro de agua potable. Lo anterior implica un atropello a los derechos fundamentales de los pobladores de las zonas desfavorecidas. Tal problemática se agrava al verificar que, desde hace muchos años, el AyA no ha tenido la capacidad de efectuar la gestión eficaz del portafolio de los proyectos de inversión, lo que incluso fue reconocido por esta entidad en el mencionado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”
En las sentencias, los magistrados ordenan:
A las autoridades del AyA:
a. Que de manera inmediata se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población en las comunidades afectadas objeto de los recursos, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas.
b. Que, en el plazo máximo de 18 meses, contado a partir de la notificación de los pronunciamientos, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable se preste de forma eficiente, eficaz y continua en las comunidades afectadas objeto de los recursos.
Además, se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria.
A las autoridades de la Aresep:
a. Que de forma inmediata velen por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del AyA, por ejemplo, mediante inspecciones técnicas a las propiedades, las plantas y los equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo.
La Aresep también figura como autoridad recurrida en los recursos de amparo, por lo que el Tribunal Constitucional también la condena al pago de las costas, daños y perjuicios causados.
Las sentencias integrales de estos expedientes están en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Fecha de la votación: |
12 de julio de 2024 (todos los expedientes se votaron en esa fecha) |
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Número de expediente: |
23-023443-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-019544 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Alejandra Mora Segura, en su condición de Gerente General; a Lucía Yglesias González, en su condición de Subgerente de Gestión de Sistemas GAM; a Rafael Barboza Topping, en su condición de subgerente de Gestión de Sistemas Delegados; y a Willy Castillo Román, en su condición de encargado de la Agencia de Alajuelita; todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos; coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población del cantón de Alajuelita, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población del cantón de Alajuelita se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Tome nota quien ejerza el cargo de Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), de lo indicado en el considerando VIII de esta sentencia. Notifíquese al Regulador General de los Servicios Públicos, para lo de su cargo. Notifíquese. |
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Número de expediente: |
24-007293-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-019561 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que, en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Hatillo 8 se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Se le ordena a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que coordine lo pertinente y ejecute todas las actuaciones propias del ámbito de sus competencias, a los efectos de que DE FORMA INMEDIATA se vele por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del AyA en Hatillo 8, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Notifíquese. |
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Número de expediente: |
24-007582-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-019565 |
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Por tanto: |
Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Se le ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de Alajuelita, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población del cantón de Alajuelita se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Se le ordena a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que coordine lo pertinente y ejecute todas las actuaciones propias del ámbito de sus competencias, a los efectos de que DE FORMA INMEDIATA se vele por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del AyA en el cantón de Alajuelita, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo. Tomen nota el alcalde y el presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuelita acerca de lo indicado in fine del considerando VI de esta resolución. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese. |
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Número de expediente: |
24-012146-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-019597 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de Coronado, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Coronado se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Se le ordena a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que coordine lo pertinente y ejecute todas las actuaciones propias del ámbito de sus competencias, a los efectos de que DE FORMA INMEDIATA se vele por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del AyA en Coronado, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Notifíquese. |
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Número de expediente: |
24-012580-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-019602 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a María Alejandra Mora Segura, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población del cantón de Alajuelita, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población del cantón de Alajuelita se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Tome nota quien ejerza el cargo de Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), de lo indicado en el considerando XIV de esta sentencia. Notifíquese a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para lo de su cargo. Notifíquese. - |
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Número de expediente: |
24-013228-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-019612 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de San Rafael Abajo de Desamparados, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de San Rafael Abajo de Desamparados se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Se le ordena a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que coordine lo pertinente y ejecute todas las actuaciones propias del ámbito de sus competencias, a los efectos de que DE FORMA INMEDIATA se vele por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del AyA en San Rafael Abajo de Desamparados, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Notifíquese. |
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Número de expediente: |
24-013228-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-019612 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de San Rafael Abajo de Desamparados, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de San Rafael Abajo de Desamparados se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Se le ordena a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que coordine lo pertinente y ejecute todas las actuaciones propias del ámbito de sus competencias, a los efectos de que DE FORMA INMEDIATA se vele por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del AyA en San Rafael Abajo de Desamparados, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Notifíquese. |
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Número de expediente: |
24-014983-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-019651 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de Amón y Otoya, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Amón y Otoya se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Se le ordena a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que coordine lo pertinente y ejecute todas las actuaciones propias del ámbito de sus competencias, a los efectos de que DE FORMA INMEDIATA se vele por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del AyA en Amón y Otoya, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal (instructor) Jorge Araya García (instructor) y los magistrados suplentes Alexandra Alvarado Paniagua, Roberto Garita Navarro, Alejandro Delgado Faith, Alexandra Alvarado Paniagua y José Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 10 de enero de 2025
LA SALA CONSTITUCIONAL REGISTRA UN NUEVO RÉCORD AL CIERRE DE 2024: 38,484 CASOS RESUELTOS Y 35.624 CASOS INGRESADOS
· Tribunal Constitucional debe redoblar esfuerzos para poder cumplir con la alta demanda
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, cerró el año 2024 con un balance positivo en cuanto a su desempeño. Según los datos, se registraron 35,624 casos ingresados y se resolvieron 38,484, lo que equivale a un índice de resolución del 108.03%. Esto refleja la capacidad que ha tenido el Tribunal Constitucional para atender los casos ingresados y para reducir el rezago de años anteriores.
Según Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional “estas cifras evidencian el esfuerzo que ha hecho la Sala para gestionar una carga de trabajo creciente, manteniendo su compromiso con la justicia pronta y cumplida, a pesar de los retos que plantea el constante incremento en el número de expedientes”.
Para el magistrado “esta gran cantidad de casos exige que este Tribunal redoble sus esfuerzos para atender de manera eficiente la alta demanda, manteniendo su compromiso con la calidad, la prontitud y la garantía de los derechos fundamentales que caracteriza a esta institución. Sin embargo, la insuficiencia de recursos humanos agrava el desafío, exigiendo soluciones innovadoras y una optimización constante de los procesos para garantizar el cumplimiento de su labor”.
Además, Castillo destacó que “el ingreso de los 35.624 casos es el reflejo de la alta demanda ciudadana en materia constitucional, consolidando aún más a la Sala Constitucional como un pilar fundamental en la defensa y protección de los derechos fundamentales de todos los costarricenses. Este volumen de casos pone en evidencia la confianza de la ciudadanía en esta institución como garante de la dignidad, la libertad y la justicia”.
A raíz del aumento en el ingreso y resolución de casos de casos, los funcionarios se encuentran sobrecargados de trabajo, lo que incrementa la presión sobre todo el equipo y dificulta la capacidad de cumplir con la alta demanda de expedientes ingresados, afectando el tiempo de respuesta de la institución.
Un dato que evidencia esta problemática es la notable diferencia en la resolución de casos entre los años 2023 y 2024, que supera los 4,600 expedientes.
A pesar de los esfuerzos redoblados por parte del equipo para abordar un mayor número de casos, este incremento no solo representa un desafío logístico y operativo, sino que también resalta la urgente necesidad de fortalecer al equipo humano de la institución.
Este aumento de la carga laboral podría en un futuro no muy lejano impactar negativamente tanto en la calidad del servicio como en el bienestar de los funcionarios.
“A pesar de los avances logrados en la resolución de casos, los pocos que quedaron pendientes representan un desafío significativo para el inicio de 2025. Este escenario exige un enfoque renovado y estratégico, especialmente considerando que el equipo de trabajo se ha mantenido sin cambios durante más de una década, por eso es imprescindible contar con más colaboradores que permitan garantizar la eficiencia y efectividad en la administración de justicia. Esto no solo contribuiría a responder de manera adecuada a las expectativas de la ciudadanía, sino que también fortalecería la confianza en el sistema judicial, asegurando un servicio más ágil, oportuno y accesible para todos” señaló el magistrado.
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INGRESADOS |
2022 |
2023 |
2024 |
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RECURSO DE AMPARO |
25275 |
29014 |
33396 |
|
HABEAS CORPUS |
2989 |
2283 |
1972 |
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ACCIONES |
248 |
208 |
213 |
|
CONSULTA LEGISLATIVA |
26 |
14 |
31 |
|
CONSULTA JUDICIAL |
14 |
13 |
11 |
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CONFLITO CONSTITUCIONAL |
1 |
1 |
1 |
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TOTAL |
28553 |
31533 |
35624 |
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ASUNTOS VOTADOS |
2022 |
2023 |
2024 |
|
RECURSO DE AMPARO |
27431 |
31116 |
36074 |
|
HABEAS CORPUS |
3169 |
2427 |
2080 |
|
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD |
315 |
258 |
292 |
|
CONSULTA LEGISLATIVA |
28 |
16 |
29 |
|
CONSULTA JUDICIAL |
14 |
16 |
8 |
|
CONFLITO CONSTITUCIONAL |
1 |
1 |
1 |
|
TOTAL |
30958 |
33834 |
38484 |
Al desglosar las cifras mensuales, octubre se destacó como el mes de mayor volumen de trabajo para la Sala. Durante este periodo, se registraron 3,443 casos ingresados y 3721 casos votados, lo que representa el nivel más alto de demanda y resolución de expedientes en comparación con los demás meses del año.
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Sala constitucional resolvió en el 2024 casi 3000 mil casos más en temas de salud que en el 2023
Según datos estadísticos, el Tribunal Constitucional resuelve los recursos de amparo en un promedio de 31 días, sin embargo, los casos relacionados con la salud son resueltos con mayor celeridad. Por otro lado, los recursos de habeas corpus tienen un tiempo promedio de resolución de 19 días.
Los expedientes relacionados con la salud continúan siendo los más tratados por el Tribunal Constitucional. A cierre del 2024 se resolvieron 16.109.
“Haciendo un análisis de los últimos años, se observa que los casos de recursos de amparo relacionados con la salud continúan predominando en este Tribunal, lo que no solo denota un deterioro en la calidad y eficiencia del sistema de salud, sino que también revela una crisis estructural que limita gravemente el acceso de los ciudadanos a los servicios médicos esenciales, vulnerando así su derecho fundamental a la salud y evidenciando la incapacidad del sistema para garantizar una atención oportuna y adecuada. Es urgente abordar de manera efectiva el problema de las largas listas de espera”, indicó el magistrado presidente.
CANTIDAD DE ASUNTOS DE SALUD RESUELTOS POR LA SALA CONSTITUCIONAL |
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AÑO |
TOTAL DE ASUNTOS RESUELTOS |
ASUNTOS DE SALUD |
PORCENTAJE |
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2023 |
33.834 |
13.298 |
39.31% |
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2024 |
38.484 |
16.109 |
41.86% |
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ASUNTOS EN MATERIA DE SALUD 2024 SALA CONSTITUCIONAL |
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TEMA TRATADO |
CANTIDAD |
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CIRUGIA |
5939 |
|
CITA |
4013 |
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ATENCION MEDICA |
2882 |
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LISTAS DE ESPERA |
1248 |
|
MEDICAMENTO |
1161 |
|
EXÁMENES |
693 |
|
INSUMOS MEDICOS |
92 |
|
VACUNAS |
38 |
|
POLITICAS PUBLICAS |
37 |
|
TRATAMIENTO 2 |
2 |
|
BENEFICIARIOS 2 |
2 |
|
NO APLICA 2 |
2 |
|
TOTAL |
16.109 |
- Detalles
- Según voto unánime de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas evacuó la consulta legislativa nro. 24-024403-0007-CO, mediante la cual varias diputadas y diputados formularon dudas de constitucionalidad acerca de los artículos 20 bis y 20 ter incisos a y b del proyecto 22.834 denominado “Reforma a la ley 8754 Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa”, por violación a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso (numeral 39 de la Constitución Política) y b) lesión al derecho constitucional de propiedad privada (canon 45 de la Constitución Política
En la sentencia N° 2024-029411, por unanimidad, los magistrados no hallaron inconstitucionalidad alguna en la mayoría de los aspectos consultados. En este sentido, es legítimo que la fiscalía requiera medidas cautelares anticipadas y provisionales antes de presentar una denuncia, y se destaca el control jurisdiccional para autorizarlas “cuando hubiere elementos suficientes para determinar, con grado de probabilidad, que los bienes y productos financieros de interés pueden ser distraídos u ocultados”.
Además, se reiteró el criterio de la Sala Constitucional expuesto en la resolución nro. 2017-00640 de las 11:30 horas de 19 de enero de 2017, que descartó alguna transgresión al principio de inocencia en cuanto a la carga probatoria.
Asimismo, en los términos consultados, no se hallaron inconstitucionalidades en lo concerniente a la supuesta infracción al principio de razonabilidad y proporcionalidad, ni con relación a la notificación a personas jurídicas regulada en el inciso b) del artículo 20 ter.
Lo único declarado inconstitucional de forma unánime es el inciso a) del artículo 20 ter, porque permite la notificación del traslado de una denuncia a cualquier medio que el afectado haya establecido ante cualquier autoridad judicial, incluso antes del inicio de un proceso. Partiendo de los criterios contenidos en las sentencias número 2019020596 de las 19:15 horas de 25 de octubre de 2019 y 2022016011 de las 13:25 horas de 8 de julio de 2022, tal grado de amplitud, ambigüedad e imprecisión no garantiza la comunicación efectiva, válida, segura y confiable a la parte cuyo patrimonio se cuestiona, lo que resulta incompatible con los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.
Por tratarse de un vicio por el fondo, el criterio de la Sala Constitucional no es vinculante de acuerdo con el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-024403-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-029411 |
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Fecha de la votación: |
08 de octubre de 2024 |
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Por tanto: |
Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el inciso a) del numeral 20 ter contemplado en el artículo único del proyecto denominado "REFORMA A LA LEY 8754 LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA FORTALECER LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA", que se tramita en el expediente legislativo nro. 22834, tiene vicios de constitucionalidad al no garantizar el derecho de defensa ni el debido proceso. En lo demás, este Tribunal no observa problemas de constitucionalidad en los términos planteados. Los magistrados Castillo Víquez y Fernández Argüello, y la magistrada Garro Vargas consignan notas por separado. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a las diputadas y los diputados consultantes. Comuníquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera, así como el magistrado suplente Hubert Fernández Argüello. |
Material formativo
Consulta legislativa facultativa: es planteada por al menos diez diputados quienes pueden solicitar a la Sala Constitucional su opinión sobre los proyectos legislativos votados en primer debate para corroborar que no infringen ningún Derecho contemplado en la Constitución Política.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos y de referéndum. Los supuestos en los que puede plantearse este tipo de consultas están previstos por el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y entre estos se encuentra la que puede llevar a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones, con respecto a iniciativas de referéndum en cualquiera de sus modalidades (artículo 96 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Este instrumento permite plantear dudas con respecto a la constitucionalidad de un proyecto de ley o iniciativa de referéndum, cuando se considere que estos pueden resultar contrarios a la Constitución Política, ya sea por su contenido o porque en el procedimiento seguido para su tramitación se irrespetó la normativa respectiva o los principios que rigen el derecho parlamentario.
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San José, 19 de julio de 2024
Magistrado Fernando Castillo recibe reconocimiento por su destacada trayectoria académica y labor docente
- Ceremonia se llevó a cabo en México
El Poder Judicial del Estado de Oaxaca y la Academia Mexicana de Derecho “Juan Velásquez”, homenajearon y entregaron un reconocimiento al magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional por su destacada trayectoria académica y por su labor como docente. Castillo se ha desempeñado como docente universitario desde 1985.
El magistrado también fue homenajeado por su destacado aporte como “figura emblemática del constitucionalismo costarricense”.
Además, Durante la ceremonia se destacó la calidad y calidez humana del magistrado Castillo a quien catalogaron como un profesional ejemplar por ser la voz de quienes lo han necesitado y sus aportes han marcado un camino con integridad y sabiduría.
La ceremonia protocolaria estuvo presidida por la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y acompañada por el presidente de la Academia Mexicana de Derecho y Fiscal del Centro de Estudios Latinoamericanos de Teoría Jurídica y Derecho Constitucional, José de Jesús Naveja Macías.
El reconocimiento se llevó a cabo el pasado 28 de junio, en la sede del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Sala Constitucional votará la consulta sobre Expediente Legislativo No. 24.364 presentada por el TSE
- Detalles
San José, 19 de julio de 2024
Sala Constitucional votará la consulta sobre Expediente Legislativo No. 24.364 presentada por el TSE
- Votación se llevará a cabo el lunes 29 de julio
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas sesionará para conocer y resolver la consulta presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones al expediente N.° 24.364 denominado “Ley Jaguar para el desarrollo de Costa Rica”, el lunes 29 de julio de 2024.
Esta consulta se tramita bajo el expediente judicial 24-017291-0007-CO.
- Detalles
San José, 05 de julio de 2024
Sala Constitucional ordenó dar información a ciudadana que solicitó información a la JUNAFO
- Tribunal Constitucional declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad declaró con lugar el recurso de amparo estudiado bajo el expediente 23-019366-0007-CO, interpuesto por una actuaria matemática contra la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
La recurrente es una ciudadana que asegura haber solicitado la base de datos de los pensionados en curso de pago al 30 de junio de 2022, pero esta le fue entregada de una manera distinta a la que solicitó pues no se le dieron todas las variables que indicó necesitaba. Señala que esto lesionó su derecho al acceso a la información de interés público y al debido proceso.
En la sentencia 2024-18744, la Sala Constitucional tuvo por verificada la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada, esto debido a que el requerimiento formulado fue atendido por la autoridad accionada hasta el 28 de junio de 2024.
Además, esta instancia logró constatar que toda la información solicitada fue entregada por la autoridad accionada, observándose únicamente que, en la variable de número de cédula de la persona se sustituyó por un código identificador, sustentando dicha actuación en lo expuesto por la Superintendencia de Pensiones en el oficio No. SP-278-2023.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
23-019366-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-18744 |
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Fecha de la votación: |
05 de julio de 2024 |
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Por tanto: |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Garita Navarro salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. Notifíquese.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Jorge Araya García y los magistrados suplentes Alexandra Alvarado Paniagua, Roberto Garita Navarro, Ana María Picado Brenes, Alejandro Delgado Faith (instructor) y Aracelly Pacheco Salazar. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 21 de junio de 2024
Sala Constitucional declara inevacuable la consulta formulada por un grupo de diputados sobre la Ley Jaguar
- Tribunal Constitucional estima que esta consulta incumple con los requerimientos previstos por este Tribunal para ser admitida
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad por resolución N°2024-17547 del 21 de junio de 2024, declaró, por mayoría, inadmisible evacuar la consulta formulada por un grupo de diputados y presentada al "Proyecto de convocatoria a referendo que se tramita bajo el expediente legislativo n.° 24.365, que busca someter a referendo el proyecto denominado 'Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica' que se tramita bajo el expediente n.° 24.364".
La resolución integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-016511-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-17547 |
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Fecha de la votación: |
21 de junio de 2024 |
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Por tanto: |
No ha lugar a evacuar la consulta formulada. El magistrado Rueda Leal y las magistradas Garro Vargas y Hess Herrera salvan el voto y ordenan dar curso a la consulta. El magistrado Rueda Leal da razones adicionales. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y las magistradas suplentes Alexandra Alvarado Paniagua y Ana Cristina Fernández Acuña. |
Material formativo
Consulta legislativa facultativa: esta es planteada por diez o más diputados con el objetivo de que la Sala Constitucional emita su opinión sobre un proyecto legislativo, que ha sido votado en primer debate, con el fin de corroborar que este no infringen la Constitución Política.
- Detalles
San José, 07 de junio de 2024
Sala Constitucional declara con lugar amparo sobre la atención recibida en el Hospital La Anexión de Nicoya de una paciente y su hija menor de edad
- Tribunal Constitucional condenó al pago de costas, daños y perjuicios a la institución
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad resolvió el recurso de amparo contenido en el expediente 24-000581-0007-CO contra la Caja Costarricense de Seguro Social y presentado a favor de una menor de edad y de su madre.
El recurrente indicó a esta jurisdicción constitucional, al presentar este recurso de amparo que la menor nació el 08 de enero de 2024 de manera prematura en el Hospital La Anexión de Nicoya. Alegó que pese a que no había forma de saber con exactitud el número de semanas de la bebé, ni el pronóstico de su supervivencia, las autoridades recurridas no quisieron brindarle los auxilios necesarios por haber nacido prematura. Reclamó que fue posterior a la denuncia de la madre, por redes sociales, que el hospital accionado trasladó a la tutelada de hospital para que se protegiera su salud y su vida. Sostuvo que, al negarle oxígeno y otras atenciones a la bebé, se violó su derecho a la vida y salud, aunado a que le causó un gran sufrimiento a su familia, en especial a la madre.
En el voto 2024-16112, los magistrados, por mayoría declararon con lugar el recurso, pues consideraron que hubo una serie de falencias en la atención integral por parte de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social en el caso.
Además, el Tribunal Constitucional, con base en la prueba aportada al expediente, le ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social que, dentro del plazo máximo de un mes, la Junta Directiva de ese ente se pronuncie sobre el “INFORME TÉCNICO SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA PACIENTE AHG Y SU HIJA EN EL HOSPITAL LA ANEXIÓN DE NICOYA”.
Se le ordena a la CCSS que dicte las medidas que estime pertinentes para atender este tipo de situaciones, si a la fecha no lo hubiera hecho. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
La magistrada Garro Vargas salva el voto y ordena continuar con la tramitación de este recurso de amparo, con el propósito de que la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social le informe a esta Sala qué decisión adoptó la junta directiva de esa institución en relación con el informe rendido por el equipo de expertos para la atención médica de la paciente y su hija en el Hospital La Anexión de Nicoya y qué medidas institucionales se han adoptado desde el mes de febrero del año en curso, cuando un comité de expertos presentó un informe preliminar.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-000581-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-16112 |
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Fecha de la votación: |
07 de junio de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien ocupe tal cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, la Junta Directiva de ese ente se pronuncie sobre el “INFORME TÉCNICO SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA PACIENTE AHG Y SU HIJA EN EL HOSPITAL LA ANEXIÓN DE NICOYA” y dicte las medidas que estime pertinentes para atender este tipo de situación, si a la fecha no lo hubiera hecho. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La magistrada Garro Vargas salva el voto y ordena continuar con la tramitación de este recurso de amparo, con el propósito de que la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social le informe a esta Sala qué decisión adoptó la junta directiva de esa institución en relación con el informe rendido por el equipo de expertos para la atención médica de la paciente y su hija en el Hospital La Anexión de Nicoya y qué medidas institucionales se han adoptado desde el mes de febrero del año en curso. Notifíquese a las partes. Comuníquese a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. - |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y los magistrados suplentes Alexandra Alvarado Paniagua (instructora) y Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 12 de junio de 2024
Sala Constitucional, por unanimidad, declara con lugar recurso de amparo a favor del presidente de la República
• Tribunal Constitucional siguió la vasta línea jurisprudencia sobre este tipo de casos
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad por sentencia N° 2024-16848 del 14 de junio de 2024, de manera unánime declaró con lugar un recurso de amparo presentado a favor del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por la diputada Ada Gabriela Acuña Castro.
La recurrente manifiesta que la Comisión Legislativa conformada para la investigación de las presuntas estructuras irregulares de financiamiento a favor de los partidos políticos durante la campaña presidencial 2022, emitió un informe de mayoría en el expediente N° 23.324. La recurrente reclama que nunca se llamó a comparecer al presidente de la República, violando sus garantías fundamentales y el principio de igualdad. Indica que ese informe de mayoría emitido por la Comisión, además, fue acogido por el Plenario Legislativo.
En la sentencia, por unanimidad, los magistrados constataron que hubo una lesión al derecho a la defensa, puesto que, durante su vigencia y todo el período de trabajo, la Comisión Investigadora no otorgó audiencia al mandatario, lo que resulta contrario a lo contemplado en el artículo 39, de la Constitución Política.
Sobre el particular, la Sala Constitucional tiene reiterada jurisprudencia, por eso resulta de relevancia los votos N° 1999-000592 de las 8:48 horas del 29 de enero de 1999 y N° 2018-010132 de las 12:30 horas de 22 de junio de 2018, en el cual, una Comisión Investigadora también emitió recomendaciones contra un investigado, sin que se le diera comparecencia oral.
Además, el Tribunal Constitucional señaló que dicha jurisprudencia ha sostenido, que el rigor del debido proceso aplicable a un procedimiento de naturaleza sancionatorio administrativo o jurisdiccional, no se puede transferir a uno de control político; lo que no significa que se pueda prescindir del derecho de defensa, de cara a que la comparecencia da un mínimo de oportunidad de argumentar lo que el investigado considere necesario, antes de que el Plenario Legislativo apruebe el informe.
En consecuencia se anula, en lo que concierne al presidente de la República, Rodrigo Alberto Chaves Robles, la recomendación de sanción emitida en el informe afirmativo, emitido por la Comisión el 29 de enero de 2024, y que fue aprobado por el Plenario Legislativo en la sesión ordinaria N° 130, efectuada el 26 de febrero de 2024, en lo que respecta a lo siguiente: “(…) Considerar solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias incurrieron en delitos electorales (…)”.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: 24-006158-0007-CO
Número de resolución: N° 2024-16848
Fecha de la votación: 14 de junio de 2024
Por tanto: Se declara con lugar el recurso, por la omisión de la “Comisión Especial que tendrá el objeto de investigar las presuntas estructuras irregulares de financiamiento a favor de partidos políticos durante la campaña presidencial 2022 con funciones de comparecencias, rendición de informe, procedencias o no de responsabilidades políticas, recomendar o dictaminar proyectos de ley relacionados con los hechos investigados”, expediente N° 23.324, de citar al amparado a comparecencia oral con el fin de referirse a los hechos que se le atribuyeron. En consecuencia, se anula, en lo que concierne al Presidente de la República, Rodrigo Alberto Chaves Robles, la recomendación de sanción emitida en el informe afirmativo, emitido por la Comisión el 29 de enero de 2024, y que fue aprobado por el Plenario Legislativo en la sesión ordinaria N° 130, efectuada el 26 de febrero de 2024, en lo que respecta a lo siguiente:“(…) Considerar solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias incurrieron en delitos electorales (…)". Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-
Conformación del
Tribunal: Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado (instructor), Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y los magistrados suplentes Alexandra Alvarado Paniagua y Roberto Garita Navarro.
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 15 de junio de 2024
“EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES ES UN MECANISMO DE BUENAS PRÁCTICAS EN COSTA RICA”, SEÑALA MAGISTRADO LUIS FERNANDO SALAZAR
En el marco de la “XV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional” que se realizó en Quito, Ecuador, del 28 al 30 de mayo de 2024, el magistrado de la Sala Constitucional, Dr. Luis Fernando Salazar Alvarado, dictó una ponencia sobre el programa de seguimiento de las sentencias constitucionales que es utilizado en el país.
El alto juez señaló que “desde un punto de vista práctico debe decirse que el cumplimiento de las sentencias judiciales no es más que la materialización del principio de legalidad, del principio de seguridad jurídica, del juicio justo y de la cosa juzgada”.
Además, añadió que en Costa Rica el Programa de Seguimiento de Sentencias inició en el año 2009 “gracias a valiosas alianzas estratégicas establecidas junto con el Programa Estado de La Nación, del Consejo Nacional de Rectores y el Banco Mundial, dio inicio el Programa de Seguimiento de Sentencias, unidad perteneciente a la Sala Constitucional con el fin de dar seguimiento a las sentencias de recursos de amparo y de hábeas corpus declaradas con lugar, a efecto de comprobar su estado de ejecución y conocer las motivaciones de la administración en caso de incumplimiento. De esta forma, se han desarrollado procedimientos expeditos para la generación de propuestas e información relevante que permiten a la autoridad recurrida y tomadores de decisiones, la adopción de medidas para el efectivo cumplimiento de las sentencias condenatorias emitidas por la Sala Constitucional”.
Para el magistrado Salazar Alvarado “el Programa de Seguimiento de Sentencias ha logrado que alrededor del ochenta y cinco por ciento de las resoluciones condenatorias sean cumplidas por la autoridad o persona recurrida, de derecho público o privado. Ello ha dado también, como resultado colateral, un aumento en la tendencia al cumplimiento voluntario de las órdenes dictadas por el Tribunal Constitucional; y, lo que es más importante, la disminución de conductas lesivas de los derechos fundamentales de las personas, así como el fortalecimiento de la eficiencia y eficacia en la Administración Pública, dado el control y monitorio permanente que ejerce este sistema, introduciéndose en una constante dinámica de evaluación de resultados y rendición de cuentas” .
El magistrado también explicó que, de la mano del desarrollo y afianzamiento del Programa de Seguimiento de Sentencias, se diseñó e implantó un sistema informático que ha propiciado mayor eficiencia y eficacia a la labor de cumplimiento, así como un mayor control de la información sensible y amplia seguridad en la emisión de estadísticas.
“A los 15 años de la puesta en marcha del Programa de Seguimiento de Sentencias de la Sala Constitucional, aun cuando los datos son parciales, en el espacio de once años se presentan datos elocuentes que combaten de frente añejas posturas sobre el incumplimiento de las sentencias constitucionales, que permiten concluir, con certeza, que alrededor del noventa y uno coma veintidós por ciento (91.22%) de las sentencias condenatorias en recursos de amparo y hábeas corpus, son cumplidas satisfactoriamente por la autoridad o persona recurrida” sentenció Salazar.
Según el magistrado “los mecanismos de ejecución y de implementación de sentencias, aún para el escenario de un cumplimiento voluntario, se constituyen en una valiosa caja de herramientas que refuerza el Derecho de la Constitución ante las autoridades y sujetos recurridos y en el caso de Costa Rica, se asegura que ese alto cumplimiento de sentencias condenatorias, implique un cambio en la cultura jurídica de los funcionarios recurridos frente a las sentencias constitucionales y que al constatarse el nivel de cumplimiento, se hace por principio o por el reconocimiento de la autoridad recurrida por no afrontar el inicio de un procedimiento de inejecución de sentencia”.
Al encuentro también asistió el Dr. Ronald Salazar Murillo, magistrado suplente de la Sala Constitucional.
La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional se realiza cada dos años en un país sede, en esta ocasión participaron representantes de las Cortes, Salas y Tribunales Constitucionales de 15 países.
- Detalles
San José, 12 de junio de 2024
Sala Constitucional determinó que hubo una violación a integridad moral y psicológica de una madre a la que no le entregaron el cuerpo de su bebé fallecida
- Tribunal Constitucional condenó a la CCSS al pago de las costas, daños y perjuicios causados a la madre de la menor
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad por sentencia No 2024-016132 del 11 de junio de 2024, declaró con lugar un recurso de amparo contra el Hospital Tony Facio Castro de Limón.
La recurrente es una mujer que acudió al CAIS de Siquirres donde se le detectó que su bebé de 39 semanas no presentaba signos vitales. Ella fue remitida de inmediato al centro hospitalario de Limón, donde el diagnóstico lamentablemente se confirmó. Ese día se indujo el parto a la madre y se trasladó a la bebé fallecida a la Unidad de Patología del centro médico y a las cámaras de conservación de cuerpos.
Un fallo del equipo de conservación, sumado al tiempo de fallecida de la niña, provocó que, al día siguiente, el cuerpo representara un peligro biológico para el personal médico y la familia de la menor, por lo que debió ser sepultada por orden del centro médico, sin que la familia pudiera realizar honras fúnebres acordes a sus deseos y creencias.
En la sentencia, por unanimidad, la Sala determinó que, debido al desperfecto del equipo destinado a conservar el cuerpo de la bebé, se violaron los derechos de la madre a la integridad moral y psicológica, así como a la disposición del cadáver de su ser querido.
Además, los magistrados ordenaron tanto al director médico y al médico especialista en Patología, disponer lo necesario para entregar a la recurrente, en el plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la sentencia, la información relacionada con el deceso de su hija, que conste en el centro médico, con estricto apego al ordenamiento jurídico.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-007195-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-016132 |
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Fecha de la votación: |
11 de junio de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daver Vidal Romero, director médico, y a Oscar Enrique Sanabria Monney, médico Especialista en Patología, ambos del Hospital Dr. Tony Facio Castro, disponer lo necesario para entregar a la actora, en el plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de la notificación de esta sentencia, la información relacionada con el deceso de su hija, que conste en el centro médico, con estricto apego al ordenamiento jurídico. Se advierte a la autoridad recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora) y los magistrados suplentes Alexandra Alvarado Paniagua y Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
• Tribunal Constitucional siguió la vasta línea jurisprudencia sobre este tipo de casos
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad por sentencia N° 2024-16848 del 14 de junio de 2024, de manera unánime declaró con lugar un recurso de amparo presentado a favor del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por la diputada Ada Gabriela Acuña Castro.
La recurrente manifiesta que la Comisión Legislativa conformada para la investigación de las presuntas estructuras irregulares de financiamiento a favor de los partidos políticos durante la campaña presidencial 2022, emitió un informe de mayoría en el expediente N° 23.324. La recurrente reclama que nunca se llamó a comparecer al presidente de la República, violando sus garantías fundamentales y el principio de igualdad. Indica que ese informe de mayoría emitido por la Comisión, además, fue acogido por el Plenario Legislativo.
En la sentencia, por unanimidad, los magistrados constataron que hubo una lesión al derecho a la defensa, puesto que, durante su vigencia y todo el período de trabajo, la Comisión Investigadora no otorgó audiencia al mandatario, lo que resulta contrario a lo contemplado en el artículo 39, de la Constitución Política.
Sobre el particular, la Sala Constitucional tiene reiterada jurisprudencia, por eso resulta de relevancia los votos N° 1999-000592 de las 8:48 horas del 29 de enero de 1999 y N° 2018-010132 de las 12:30 horas de 22 de junio de 2018, en el cual, una Comisión Investigadora también emitió recomendaciones contra un investigado, sin que se le diera comparecencia oral.
Además, el Tribunal Constitucional señaló que dicha jurisprudencia ha sostenido, que el rigor del debido proceso aplicable a un procedimiento de naturaleza sancionatorio administrativo o jurisdiccional, no se puede transferir a uno de control político; lo que no significa que se pueda prescindir del derecho de defensa, de cara a que la comparecencia da un mínimo de oportunidad de argumentar lo que el investigado considere necesario, antes de que el Plenario Legislativo apruebe el informe.
En consecuencia se anula, en lo que concierne al presidente de la República, Rodrigo Alberto Chaves Robles, la recomendación de sanción emitida en el informe afirmativo, emitido por la Comisión el 29 de enero de 2024, y que fue aprobado por el Plenario Legislativo en la sesión ordinaria N° 130, efectuada el 26 de febrero de 2024, en lo que respecta a lo siguiente: “(…) Considerar solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias incurrieron en delitos electorales (…)”.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: 24-006158-0007-CO
Número de resolución: N° 2024-16848
Fecha de la votación: 14 de junio de 2024
Por tanto: Se declara con lugar el recurso, por la omisión de la “Comisión Especial que tendrá el objeto de investigar las presuntas estructuras irregulares de financiamiento a favor de partidos políticos durante la campaña presidencial 2022 con funciones de comparecencias, rendición de informe, procedencias o no de responsabilidades políticas, recomendar o dictaminar proyectos de ley relacionados con los hechos investigados”, expediente N° 23.324, de citar al amparado a comparecencia oral con el fin de referirse a los hechos que se le atribuyeron. En consecuencia, se anula, en lo que concierne al Presidente de la República, Rodrigo Alberto Chaves Robles, la recomendación de sanción emitida en el informe afirmativo, emitido por la Comisión el 29 de enero de 2024, y que fue aprobado por el Plenario Legislativo en la sesión ordinaria N° 130, efectuada el 26 de febrero de 2024, en lo que respecta a lo siguiente:“(…) Considerar solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias incurrieron en delitos electorales (…)". Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-
Conformación del
Tribunal: Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado (instructor), Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y los magistrados suplentes Alexandra Alvarado Paniagua y Roberto Garita Navarro.
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
- Tribunal Constitucional condenó a la CCSS al pago de las costas, daños y perjuicios causados a la madre de la menor
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad por sentencia No 2024-016132 del 11 de junio de 2024, declaró con lugar un recurso de amparo contra el Hospital Tony Facio Castro de Limón.
La recurrente es una mujer que acudió al CAIS de Siquirres donde se le detectó que su bebé de 39 semanas no presentaba signos vitales. Ella fue remitida de inmediato al centro hospitalario de Limón, donde el diagnóstico lamentablemente se confirmó. Ese día se indujo el parto a la madre y se trasladó a la bebé fallecida a la Unidad de Patología del centro médico y a las cámaras de conservación de cuerpos.
Un fallo del equipo de conservación, sumado al tiempo de fallecida de la niña, provocó que, al día siguiente, el cuerpo representara un peligro biológico para el personal médico y la familia de la menor, por lo que debió ser sepultada por orden del centro médico, sin que la familia pudiera realizar honras fúnebres acordes a sus deseos y creencias.
En la sentencia, por unanimidad, la Sala determinó que, debido al desperfecto del equipo destinado a conservar el cuerpo de la bebé, se violaron los derechos de la madre a la integridad moral y psicológica, así como a la disposición del cadáver de su ser querido.
Además, los magistrados ordenaron tanto al director médico y al médico especialista en Patología, disponer lo necesario para entregar a la recurrente, en el plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la sentencia, la información relacionada con el deceso de su hija, que conste en el centro médico, con estricto apego al ordenamiento jurídico.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-007195-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-016132 |
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Fecha de la votación: |
11 de junio de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daver Vidal Romero, director médico, y a Oscar Enrique Sanabria Monney, médico Especialista en Patología, ambos del Hospital Dr. Tony Facio Castro, disponer lo necesario para entregar a la actora, en el plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de la notificación de esta sentencia, la información relacionada con el deceso de su hija, que conste en el centro médico, con estricto apego al ordenamiento jurídico. Se advierte a la autoridad recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora) y los magistrados suplentes Alexandra Alvarado Paniagua y Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 21 de mayo de 2024
Sala Constitucional encuentra vicios sustanciales de constitucionalidad en la tramitación del proyecto 22.643 “Creación del Cantón de Colorado”
- No se contó con dictamen favorable de órgano técnico que justificara exceptuar la ausencia del requisito poblacional
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, evacuó la consulta facultativa conocida en el expediente 24-010272-0007-CO, relativa al proyecto 22.643 “Creación del Cantón Colorado, cantón duodécimo de la provincia de Guanacaste”.
Por unanimidad, los magistrados encontraron que la iniciativa consultada contiene vicios invalidantes del procedimiento legislativo.
En el voto 2024-013908, el Tribunal Constitucional concluyó que, en el presente caso, la ausencia del cumplimiento del requisito poblacional no lesiona per se los principios de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que la propia ley admite la excepción.
No obstante, para crear un cantón cuyo territorio no tiene el 1% (uno por ciento) de la población nacional, la Asamblea Legislativa debe necesariamente contar con el dictamen positivo ‒la recomendación‒ de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa (CNDTA). En este caso concreto dicho órgano técnico advirtió que “el territorio en cuestión no cumple con el artículo 9° de la ley 4366. Luego de análisis de la distancia con respecto al centro administrativo, el Comité recomienda que el territorio no califica para la excepción del artículo en mención”.
Para la Sala, la ausencia de ese requisito lesiona los principios de inderogabilidad singular de la norma legal ‒Ley de División Territorial Administrativa que establece el procedimiento legislativo para la creación de cantones‒, de regularidad y de seguridad jurídica. Tales principios deben respetarse en la labor legislativa.
En los demás aspectos consultados no se encontraron vicios de inconstitucionalidad.
La sentencia integral está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
24-010272-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-013908 |
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Fecha de la votación: |
21 de mayo de 2024 |
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Por tanto: |
Se evacua la consulta facultativa de constitucionalidad en el sentido de que, respecto del trámite seguido para la aprobación del proyecto de ley “Creación del cantón Colorado, cantón duodécimo de la provincia de Guanacaste”, que se tramita en el expediente legislativo n.°22.643, se constata vicios invalidantes del procedimiento legislativo. Concretamente porque se pretende la aprobación del cantón sin el dictamen positivo de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, que es necesario cuando el territorio no cumple el requisito poblacional establecido en la ley. En los demás aspectos consultados no se encontraron vicios de inconstitucionalidad. Notifíquese esta resolución al Directorio de la Asamblea Legislativa |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas (instructora), Ingrid Hess Herrera y los magistrados suplentes Hubert Fernández Argüello y Alejandro Delgado Faith. |
Material formativo
Consulta legislativa facultativa: esta es planteada por diez o más diputados con el objetivo de que la Sala Constitucional emita su opinión sobre un proyecto legislativo, que ha sido votado en primer debate, con el fin de corroborar que este no infringen la Constitución Política.