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Sala Constitucional tutela derecho de adulta mayor a quien Consulado de New York le perdió pasaporte
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San José, 11 de octubre de 2023
Sala Constitucional tutela derecho de adulta mayor a quien Consulado de New York le perdió pasaporte
- Tribunal Constitucional le da diez días hábiles a las autoridades para expedir y entregar de manera efectiva el pasaporte que fue requerido
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, resolvió el recurso de habeas corpus tramitado bajo el expediente 23-022881-0007-CO a favor de una costarricense adulta mayor de 73 años, quien reside en Estados Unidos.
La recurrente alega la Sala, que se le venció el pasaporte y que en Wisconsin, donde reside, no hay consulado. Por eso, se vio obligada a recorrer 2856 kilómetros ida y vuelta hasta el consulado más cercano, que queda en New York. El objetivo era poder realizar los trámites respectivos para el nuevo pasaporte, conforme a la cita asignada y cumpliendo con los requisitos correspondientes.
Añade que el 1° de agosto de 2023 le indicaron que el pasaporte le sería enviado a la dirección suministrada entre el 10 y el 15 de agosto del 2023; sin embargo, luego de más de un mes de espera, se le indicó que su pasaporte no había salido de las instalaciones del consulado, por lo cual dedujo que estaba extraviado. Alega que el Consulado se ha negado a proporcionarle información sobre lo sucedido.
Ante tal situación, se le indicó que debía realizar nuevamente el proceso, a pesar de la distancia, los gastos de viaje, hospedaje, alimentación y administrativos que ello conlleva, todo esto a pesar de que la oficina de correo le informó que el documento no había salido del consulado.
La amparada alegó, dado lo ocurrido, que las autoridades del consulado costarricense en New York debían reimprimir el pasaporte y enviárselo a la dirección por ella suministrada. Subrayó que el carecer de pasaporte le impedía regresar al país, según el viaje que ya tenía programado.
El consulado recurrido replicó que a la persona adulta mayor se le había enviado el documento mediante la empresa “United States Postal Service (USPS)”, y que, precisamente, la situación se dio, cuando el documento ya había sido depositado en el buzón de esa compañía. Estimó que, para emitir otra vez el pasaporte, la recurrente estaba obligada a efectuar un nuevo trámite, mediante el cual debe remitir una denuncia atinente al extravío, así como pagar otra vez el monto atinente a los “derechos del pasaporte”.
En la sentencia N° 2023-025661, los magistrados consideraron lesionados los derechos fundamentales de la señora tutelada, pues el extravío del pasaporte fue responsabilidad del consulado y de la empresa USPS por este contratada, es decir, de ningún modo atribuible a la amparada, de manera que resultaba desproporcionado e irrazonable, que las autoridades recurridas pretendieran obligar a la ciudadana a repetir todo el trámite y, encima de eso, a pagar por segunda ocasión el monto que ella había cancelado anteriormente.
Por otro lado, a partir de lo ocurrido, el Consulado General de Costa Rica en Nueva York dispuso nuevas medidas para la entrega de documentación. Ahora, ya no continuarán depositando los pasaportes en los buzones del servicio postal (por el riesgo de robos), sino que un trabajador de tal compañía debería apersonarse directamente al consulado para recogerlos y escanear los sobres con los documentos que serían remitidos a los usuarios.
La sentencia íntegra está en proceso de notificación a las partes. Una vez que esto suceda, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial Nexus, de manera que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-022881-0007-CO |
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Número de resolución: |
Nº 2023025661 |
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Fecha de la votación: |
10/10/2023 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Arnoldo André Tinoco y Marta Vindas González, por su orden, ministro de Relaciones Exteriores y Culto y directora general de Migración y Extranjería, o a quienes respectivamente ocupen tales cargos, que coordinen lo correspondiente, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para que, dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación de este pronunciamiento, se expida y entregue de manera efectiva a la tutelada el pasaporte que fue requerido. Se advierte a las autoridades recurridas que, de acuerdo con lo establecido por el numeral 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de habeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro |
Material formativo
Consulta legislativa facultativa: esta es planteada por diez o más diputados con el objetivo de que la Sala Constitucional emita su opinión sobre un proyecto legislativo, que ha sido votado en primer debate, con el fin de corroborar que este no infringen la Constitución Política.
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San José, 11 de octubre de 2023
Sala constitucional aclara que ninguna acción de inconstitucionalidad cursada sobre Ley Marco de Empleo Público impide al Estado el ejercicio de la potestad disciplinaria
- Tribunal Constitucional cursó 5 acciones sobre la materia
La Sala Constitucional aclara que ninguna acción de inconstitucionalidad cursada sobre la Ley Marco de Empleo Público N° 10.159 impide al Estado el ejercicio de la potestad disciplinaria.
El Tribunal Constitucional lamenta profundamente que el Poder Ejecutivo haya incurrido en este error, al afirmar que los cursos de las acciones de inconstitucionalidad imponen medidas cautelares que impiden tramitar los procesos administrativos disciplinarios, y al asegurar que no se puede despedir al funcionario que haya cometido algún acto ilegal cuando en derecho corresponda.
Actualmente, los magistrados estudian 5 acciones de inconstitucionalidad sobre este tema.
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Fecha de la resolución de curso |
¿Suspende? |
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23-003122-0007-CO |
16:35 del 30 de mayo de 2023 |
No |
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23-004885-0007-CO |
14:30 del 2 de junio de 2023 |
No |
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23-14906-0007-CO |
10:24 del 4 de agosto de 2023 |
No |
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23-17110-0007-CO |
13:49 del 24 de agosto de 2023 |
No |
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23-22265-0007-CO |
17:41 del 19 de septiembre de 2023 |
No |
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San José, 09 de octubre de 2023
Sala Constitucional declara con lugar recurso de hábeas corpus a favor de una persona que fue detenida por la Policía Municipal de Escazú
- Gobierno local deberá pagar daños y perjuicios ante abuso de autoridad de los funcionarios de la policía municipal
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, resolvió el expediente 23-23696-0007-CO a favor de una persona que fue detenida por la Policía Municipal de Escazú.
Se trata de un hábeas corpus que fue presentado el 24 de septiembre del 2023. La persona recurrente señala que fue detenido ilegítimamente por policías municipales de Escazú.
Explica que mientras esperaban una procesión infantil de mascaradas, hubo una intervención de la policía del municipio con dos habitantes de la calle en estado de alcoholismo. Refiere el tutelado que el oficial levantó a uno de ellos a la altura del pecho, dejándole caer contra el suelo, lo que le produjo sangrado en su cara. Posteriormente, el señor fue esposado, pese a no haber puesto resistencia en ningún momento. Menciona que, en virtud de lo anterior, el tutelado, de forma respetuosa, les dijo a los policías que lo anterior era un abuso, que los señores no estaban haciendo nada. Indica que los citados oficiales portaban uniforme pero ningún distintivo que los identificara. Expone que las autoridades recurridas se negaron reiteradamente a brindar los nombres de los policías que intervinieron. También, alega que fue trasladado en el cajón de la unidad policial esposado, violentándose con esto su integridad física y su imagen.
En la sentencia N° 2023-25496 los magistrados estimaron que el recurrente fue detenido de forma injustificada y arbitraria, ya que el tutelado no intervino en el momento en que los dos habitantes de calle estaban siendo detenidos y esposados por los efectivos policiales, lo anterior descrito constituye un claro y lamentable abuso de autoridad, que trajo como consecuencia la flagrante lesión a los derechos fundamentales del tutelado.
El Tribunal Constitucional también determinó que el tutelado no obstruyó, impidió u obstaculizó de alguna manera la labor efectuada por los efectivos municipales. Además, en este caso en particular, la Sala Constitucional determinó que la seguridad e integridad física del tutelado fue seriamente amenazada, en el tanto se le obligó a viajar en el cajón de la móvil policial de forma esposada y sin resguardo y protección de ningún tipo. Actuación que es absolutamente prohibida según el ordenamiento jurídico y resulta totalmente reprochable su comisión, sobre todo cuando esta es llevada a cabo por una autoridad pública.
Aunado a lo anterior, consideran los altos jueces que el tutelado (al ser trasladado en el citado cajón de la móvil policial), fue expuesto públicamente (ante terceros y su propia familia, incluidos sus hijos menores), como una persona detenida por la policía, pese a que, como se ha dicho reiteradamente, las presuntas razones que dieron sustento a tal actuación nunca se configuraron. En otros términos, al ser trasladado en las condiciones descritas, el tutelado fue sometido a una suerte de escarnio público de forma claramente arbitraria.
Finalmente, los magistrados señalaron que en este asunto se ha acreditado que aun cuando el tutelado, en al menos cuatro ocasiones, solicitó el nombre de los oficiales de la policía municipal que intervinieron en los hechos, esta información le fue reiteradamente denegada, sin que medie justificación válida alguna; impidiéndole con esto la posibilidad de presentar las denuncias que consideraba pertinentes en aquel momento.
Por lo anterior, se condena a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
La sentencia íntegra está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-23696-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-25496 |
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Fecha de la votación: |
06/10/2023 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Arnoldo Barahona Cortes, en su condición de Alcalde, y a Oscar Augusto Dobles Bermúdez, en su condición de Jefe de la Policía, ambos de la Municipalidad de Escazú, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron mérito a acoger este proceso. Se advierte a las autoridades recurridas, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo o de habeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García (instructor), Anamari Garro Vargas y los magistrados suplentes José Roberto Garita Navarro y Fernando Lara Gamboa |
Material formativo
Consulta legislativa facultativa: esta es planteada por diez o más diputados con el objetivo de que la Sala Constitucional emita su opinión sobre un proyecto legislativo, que ha sido votado en primer debate, con el fin de corroborar que este no infringen la Constitución Política.
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Más de 502 mil asuntos han ingresado a la Sala Constitucional desde que entró en funcionamiento el 27 de septiembre de 1989
- Tribunal Constitucional cumple 34 años de ser el garante de la Constitución Política
La Sala Constitucional cumple este miércoles 27 de septiembre, 34 años de ser el garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas.
Para el magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente del Tribunal Constitucional “en estos 34 años, no hay duda alguna, que la Sala Constitucional ha sabido desempeñar las funciones que le otorgó el constituyente y el legislador”.
Según datos de la administración de la Sala Constitucional, desde el 27 de septiembre de 1989 hasta el 26 de septiembre de 2023, al alto Tribunal ha ingresado unos 502.215 expedientes, con el objetivo de tutelar los derechos fundamentales de todos los costarricenses, en especial de aquellos que pertenecen a las poblaciones más vulnerables.
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CASOS ENTRADOS EN LA SALA CONSTITUCIONAL DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1989 AL 26 SEPTIEMBRE DE 2023 |
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TIPO DE ASUNTO |
89-2022 |
2023 |
TOTAL |
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Hábeas Corpus |
48825 |
1739 |
50564 |
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Recurso de Amparo |
416355 |
21358 |
437713 |
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Acción de Inconstitucionalidad |
10534 |
152 |
10686 |
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Conflicto Constitucional |
63 |
0 |
63 |
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Consulta Constitucional |
949 |
11 |
960 |
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Consulta Judicial |
2199 |
13 |
2212 |
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Otros |
17 |
0 |
17 |
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TOTAL |
23273 |
502215 |
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Castillo señaló que “el reto de la Sala es seguir siendo un tribunal al servicio de la gente, esto pese a que el aumento de casos que ingresan a esta instancia judicial ha sido acelerado y muy marcado, sobre todo en asuntos que tienen que ver con recurso de amparo en materia de salud”.
El magistrado añadió que “si bien el Tribunal ha procurado actuar de forma célere, en especial en lo que atañe a los procesos constitucionales de garantías, no resulta razonable ni proporcional que este año ingresen cerca de 30.000 asuntos. La sobrecarga de trabajo es, pues, el principal problema de esta importante jurisdicción”.
En un comparativo realizado entre los asuntos ingresados del 01 de enero al 26 de septiembre del 2022 con los del mismo periodo del 2023, se refleja un aumento exponencial de los expedientes. Por ejemplo, durante el 2023 han ingresado 4746 amparos más que durante el mismo periodo del 2022.
CUADRO COMPARATIVO DE CASOS ENTRADOS EN LA SALA CONSTITUCIONAL |
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TIPO DE ASUNTO |
Del 01 de enero al 26 septiembre 2022 |
Del 01 de enero al 26 septiembre 2023 |
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Hábeas Corpus |
2254 |
1739 |
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Recurso de Amparo |
16612 |
21358 |
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Acción de Inconstitucionalidad |
172 |
152 |
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Conflicto Constitucional |
1 |
0 |
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Consulta Constitucional |
17 |
11 |
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Consulta Judicial |
11 |
13 |
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TOTAL |
19067 |
23273 |
- Detalles
Sala Constitucional falla a favor de los consumidores y reafirma la constitucionalidad de la norma que obliga a importadores de vehículos a cumplir con la garantía
- Tribunal Constitucional declara sin lugar acción de inconstitucional
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad que se tramitó en el expediente 20-021257-0007-CO contra los artículos 108 y 109, del Decreto Ejecutivo N° 37899-MEIC, que es Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 de 20 de diciembre de 1994.
En el caso del artículo 108 de dicho decreto, se establece los derechos del titular durante la vigencia de la garantía y determina las reglas que imperan para el caso de que se ordene la reparación, sustitución del bien o devolución del precio pagado por el consumidor.
En cuanto al artículo 109, este dicta las reglas especiales para los casos de la reparación en la garantía y se establece que será exigible al comerciante el cambio del bien o la devolución del precio pagado, en dos supuestos -no previstos por la ley-: cuando se repitan las faltas o en caso de incumplimiento de las disposiciones previstas referidas a las reglas especiales para los casos de reparación en garantía.
La empresa accionante (Agencia Datsun S.A.) estimaba que las disposiciones impugnadas son inconstitucionales por violentar los artículos 11, 28, 39, 41, 45 y 46, de la Constitución Política, además señalaban que dichas disposiciones quebrantaban el Principio de Reserva Legal, dado que ex novo, la restricción de derechos fundamentales del consumidor y de los agentes económicos (autonomía de la libertad -artículo 28 Constitución Política-, la libertad de comercio y la libertad de contratación privada -artículos 45 y 46 Constitución Política-)
Los magistrados consideraron, en la sentencia N° 2023-022193, que no habían razones para el con lugar de la acción, ya que, es de interés público la protección de los consumidores, especialmente en aquel tipo de bien de consumo que representa sacrificios e inversiones importantes de recursos por parte de los compradores.
Según la sentencia del alto Tribunal, la garantía es uno de esos derechos que se derivan del artículo 46, de la Constitución Política, pues es un instrumento que protege los intereses legítimos del consumidor contra pérdidas durante la vigencia de la garantía causadas por el bien defectuoso. Para los magistrados, esto representa una desmejora económica real que no podría ser recuperada por el consumidor, contrario a lo ofertado, en razón del defecto que hace efectiva la garantía; y, denegarla, representaría una disminución patrimonial.
La sentencia íntegra está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
20-021257-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-022193 |
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Fecha de la votación: |
06/09/2023 |
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Por tanto: |
Se declara sin lugar la acción. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes. Publíquese el aviso respectivo en el Boletín Judicial. Notifíquese.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado (instructor), Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
- Detalles
Magistrados costarricenses dialogaron con jueces constitucionales de América Latina y Alemania sobre los desafíos que tiene la región en materia constitucional
Los 7 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica sostuvieron, durante 3 días, un dialogo abierto donde intercambiaron ideas y experiencias con otros jueces constitucionales de la región.
Esta actividad reúne a los jueces constitucionales del América Latina, así como de la Corte IDH y el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, en un solo escenario de discusión y reflexión.
Fernando Castillo Víquez, presidente del Tribunal Constitucional resaltó que “el encuentro ha facilitado debates enriquecedores sobre los temas constitucionales más relevantes que enfrenta América Latina”.
Castillo también destacó la importancia del rol que cumplen los tribunales constitucionales en la protección de los derechos humanos de todas las personas.
La actividad fue coorganizada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
Oportunidades y desafíos para la promoción de una agenda de Justicia Abierta en América Latina, el control de convencionalidad e impacto de las medidas de reparación recientemente ordenadas por la Corte Interamericana en la jurisdicción constitucional latinoamericana y el rol del juez constitucional ante el cambio climático global fueron algunos de los temas abordados durante los tres días de actividad.
Para obtener más información sobre el Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, edición 2023, les invitamos a visitar el sitio web del evento: www.kas-encuentrotribunales.com
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Sala Constitucional declara inconstitucional reforma al artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiadas
- Tribunal Constitucional consideró que sí existió una lesión a los derechos fundamentales de las personas que solicitaban refugio
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad que se tramitado en el expediente 23-006267-0007-CO contra el párrafo segundo del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 43810-MGP del 29 de noviembre de 2022 publicado en el Alcance 260 a la Gaceta No. 230 del 01 de diciembre de 2022, que reformó el artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiadas y contra el artículo 4, inciso f), del Decreto Ejecutivo n.° 43809-MGP, “Reforma Categoría especial temporal para personas nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyas solicitudes de refugiado se encuentren pendientes de resolución o hayan sido denegadas”, disposición que FUE DEROGADA, por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N. 44133 del 15 de junio de 2023.
La persona accionante alega que estos decretos son inconstitucionales por lesionar el principio de reserva de Ley, el derecho al refugio, la libertad de tránsito, y el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad.
Los magistrados consideraron que si bien es una atribución del Poder Ejecutivo trazar la política migratoria del estado costarricense, y definir las acciones para enfrentar la situación que vive el país en la actualidad por el incremento de solicitudes de refugio de personas provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por la profundización de las situaciones políticas, sociales, económicas y de orden público que atraviesan esas naciones, las disposiciones impugnadas son inconstitucionales por ser contrarias al numeral 31 de la Constitución Política y a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, incorporados en nuestro ordenamiento jurídico por la aprobación de la Asamblea Legislativa.
El párrafo segundo del artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiadas, reformado por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N°43810 disponía que la solicitud de autorización de salida del país suponía un desistimiento tácito de la gestión de refugio. La Sala Constitucional estimó que esta norma infringía lo dispuesto en los artículos 22 y 28 de la Constitución Política, 26, 27 y 28 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, y 22 incisos 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto al derecho al refugio, principio de reserva de ley y libertad de tránsito.
En cuanto al artículo 4 inciso f) del Decreto Ejecutivo 43809 este mandato fue derogado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N. 44133 del 15 de junio de 2023. Este establecía que, para la solicitud de la condición especial temporal para personas migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, era necesario el desistimiento de la gestión de refugio pendiente de resolver o de los recursos formulados en contra de la denegatoria. El alto tribunal consideró que los efectos que produjo la vigencia de este decreto lesionaron el numeral 31 de la Constitución Política, y los numerales 1, 32, 33 de 1a Convención sobre el Estatuto de Refugiados, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6079 del 28 de agosto de 1977.
La sentencia íntegra está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-006267-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-21440 |
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Fecha de la votación: |
30 de agosto de 2023 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula por inconstitucional el párrafo segundo del artículo 59 del "Reglamento de Personas Refugiadas", Decreto Ejecutivo No. 36831 del 28 de setiembre de 2011, reformado por el Decreto Ejecutivo No. 43810 del 29 de noviembre de 2022, publicado en el Alcance No. 260 a La Gaceta No. 230 del 1 de diciembre de 2022. Asimismo, se declara que el artículo 4 inciso f) del Decreto Ejecutivo No. 43809 publicado en el Alcance No. 260 a La Gaceta No. 230 del 2 de diciembre de 2022, derogado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N. 44133 del 15 de junio de 2023, en el sentido que fue impugnado, mientras estuvo vigente y produjo efectos, lesionó el numeral 31 de la Constitución Política, y los numerales 1, 32, 33 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6079 del 28 de agosto de 1977. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las disposiciones anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. La magistrada Garro Vargas consigna nota. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. Comuníquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y los magistrados suplentes José Roberto Garita Navarro (instructor) y Fernando Lara Gamboa. |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
- Detalles
Sala Constitucional falla a favor de menores con discapacidad cognitiva para que puedan recibir clases de un segundo idioma
- Tribunal Constitucional consideró que sí existió una lesión a los derechos fundamentales de las personas amparadas
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró con lugar el recurso de amparo tramitado en el expediente 23-009524-0007-CO, el cual fue presentado por un grupo de padres de familia de alumnos que están en ubicados en las aulas integradas #1 y #2 de la escuela Abraham Lincoln, ubicada en Alajuelita centro.
Explican los recurrentes que el Ministerio de Educación Pública mediante la circular DRH-10712-2017-DIR estableció con relación a la enseñanza de un idioma extranjero que no es procedente impartir lecciones al grupo de Aula Integrada, especialidad Retraso Mental, así como a la Especialidad Discapacidad Múltiples (y que no es procedente impartir lecciones al grupo de Aula Integrada, especialidad discapacidad múltiple).
Aducen que con esta decisión se ha violado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 33 constitucional, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley 8661 y la Ley 7600.
Solicitan se ordene al Ministerio de Educación Pública, autorizar la implementación y aplicación de la enseñanza del idioma inglés en primero y segundo ciclo, a los grupos de aula integrada, en igualdad de condiciones que a los demás grupos dentro de la escuela Abraham Lincoln.
En la sentencia N° 2023-20780 los magistrados estimaron que sí existió una lesión a los derechos fundamentales de las personas amparadas, toda vez que, se determina que han transcurrido aproximadamente 23 años desde que el Plan de Estudio del Servicio de Aula Integrada vigente fue aprobado como política educativa, sin que conste que durante ese periodo de tiempo se haya realizado por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, propuestas de revaloración y/o actualización de dicho plan de estudio, con el fin de mejorar las oportunidades educativas para esta población estudiantil.
Ante ello, los altos Jueces ordenaron a las autoridades del MEP realizar las acciones necesarias para que en un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se realice una valoración integral del Plan de Estudio del Servicio de Aula Integrada vigente y se determine la procedencia de realizar reformas a dicho plan de estudio, específicamente, la enseñanza de un idioma extranjero a la población estudiantil a la cual, se le implementa el citado plan de estudios, así como su contenido acorde al perfil y necesidades de ese nivel educativo
La sentencia íntegra está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-009524-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-20780 |
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Fecha de la votación: |
Viernes 25 de agosto de 2023 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso, únicamente en contra del Ministerio de Educación Pública, por el plan de estudios objeto de este recurso. Se ordena a Danae Espinoza Villalobos, Jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad del Ministerio de Educación Pública, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que dentro del ámbito de sus competencias, realice las acciones y coordinaciones necesarias, a fin de que en el plazo de SEIS MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia, se realice una valoración integral del Plan de Estudio del Servicio de Aula Integrada vigente y se determine la procedencia de realizar reformas a dicho plan de estudio, específicamente, la enseñanza de un idioma extranjero a la población estudiantil a la cual, se le implementa el citado plan de estudios, así como su contenido acorde al perfil y necesidades de ese nivel educativo. Se advierte a las recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro (instructor). |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
Sala Constitucional resuelve amparo a favor de madres en periodo de lactancia del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla
- Tribunal Constitucional consideró que se obstaculizó el derecho a la lactancia materna de las madres que se encuentran en este periodo en dicho centro hospitalario.
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, en la sesión de este martes 22 de agosto de 2023, declaró con lugar el recurso de amparo tramitado en el expediente 23-015783- 0007-CO, y presentado por el Sindicato de Enfermería SINAES, a favor de un grupo de madres que se encuentran en periodo de lactancia del hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla.
Los recurrentes aseguran que la circular N° DM-HEP-DE-316-2023 de 13 de junio de 2023, de la Dirección de Enfermería y Asesoría Legal de ese hospital, relativa al Traslado de Pacientes Fuera de la Unidad Programática 2701- HOSPITAL DR. ESCALANTE PRADILLA, dirigida a todo el personal de supervisión de enfermería, enfermeros de servicio, auxiliares de enfermería, asistente de pacientes y el personal de enfermería, ocasiona un detrimento al derecho fundamental, humano y universal de lactancia materna. Explican que la normativa cuestionada asigna traslados de pacientes programados a las funcionarias que se encuentran disfrutando de su licencia de lactancia y esto impide que las madres puedan realizarse las extracciones pertinentes durante la jornada laboral. Añaden que debe tomarse en cuenta que un viaje ida y vuelta sin contratiempos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla a San José, puede durar hasta siete horas; es decir, que la madre lactante tiene que permanecer prácticamente más de dieciséis horas fuera de su hogar.
En la Sentencia N° 2023-020693, los jueces constitucionales consideraron, por mayoría, que el inciso 5, de la circular N° DM-HEP-DE-316-2023 de 13 de junio de 2023, solo se puede aplicar si la madre con licencia por lactancia está de acuerdo con participar en el traslado de pacientes programados durante la jornada extraordinaria.
Además, enfatizaron que, si las trabajadoras eligen participar en el traslado de pacientes, se les debe comunicar el rol asignado con suficiente antelación y, además, se les debe proveer los insumos necesarios para la extracción segura y digna en caso de requerirlo durante los traslados.
La Sala Constitucional ordenó a las autoridades recurridas abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron mérito a la presente estimatoria.
Los magistrados consideraron que en el caso concreto se tiene por acreditado que las autoridades del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, al pretender aplicar la directriz en cuestión en todos los casos, incluso en contra de la voluntad de las personas trabajadoras, obstaculizó el ejercicio de la licencia por lactancia materna de las madres que se encuentran en este periodo.
Los magistrados también reconocieron la importancia de la lactancia materna, que tiene como fin proteger el derecho esencial de la persona menor de edad, cuyo disfrute es individual para cada menor, por lo que ello no debe ser variado unilateralmente por el patrono a fin de atender obligaciones laborales.
El voto de minoría coincide en reconocer la importancia de la lactancia materna, pero considera que en el presente caso no se está ante una lesión de este derecho, pues se trata de unas disposiciones razonables de las autoridades que aseguran el goce de tal derecho y, a la vez, el efectivo respeto de los derechos a la vida y a la salud de las personas usuarias de los servicios hospitalarios.
La sentencia íntegra está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-015783- 0007-CO |
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Número de resolución: |
2023-020693 |
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Fecha de la votación: |
23 de agosto de 2023 |
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Por tanto: |
Por mayoría, se declara con lugar el recurso. Se interpreta conforme a la Constitución que el inciso 5 de la circular N° DM-HEP-DE-316-2023 de 13 de junio de 2023 solo se puede aplicar si la madre con licencia por lactancia está de acuerdo con participar en el traslado de pacientes programados durante la jornada extraordinaria. Se ordena a Joicy Solís Castro, en su condición de Directora General, y a Marjorie Valverde Esquivel, en su condición de Directora de Enfermería, ambas del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes en su lugares ocupen esos cargos, abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron mérito a la presente estimatoria. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Rueda Leal agrega razones particulares. Los magistrados Castillo Víquez y Garita Navarro, así como la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. La magistrada Garro Vargas consigna nota.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado (instructor), Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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En protección de menor de edad
- Tribunal Constitucional
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas en la sesión de este ___ de agosto de 2023 resolvió la acción de inconstitucionalidad N° 20-001753-0007-CO.
En dicha acción se impugnó el artículo 263 bis del Código Penal, el cual dispone lo siguiente:
“Obstrucción de la vía pública
Artículo 263 Bis.- Se impondrá pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes.”
La sentencia íntegra de este expediente está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
20-001753-0007-CO |
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Número de resolución: |
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Fecha de la votación: |
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Por tanto: |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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En protección de menor de edad, Sala Constitucional condena pago de las costas, daños y perjuicios a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Estado y al Patronato Nacional de la Infancia
- Tribunal Constitucional considera que autoridades fueron omisas en caso de menor sustraída en Cartago y su madre adolescente
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas en la sesión de este viernes 04 de agosto de 2023, declaró parcialmente con lugar el expediente 23-008292-0007-CO.
En la sentencia N° 2023-18906, la Sala Constitucional resolvió el recurso de amparo presentado, a favor de la menor sustraída en la zona de Cervantes de Cartago y de su madre adolescente.
Los magistrados consideraron que hubo una lesión a los derechos fundamentales de las menores tuteladas, pues existió una concatenación de deficiencias por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia, en sus deberes de protección de los derechos de las personas menores de edad involucradas.
Según el voto, está claro para el Tribunal, la existencia de una conducta omisiva por parte del PANI en la vigilancia de las menores de edad, durante el año 2021 y 2022, hasta la desaparición de la niña en el sector Cervantes de Cartago, pues ese ente público tuvo conocimiento temprano de la situación polémica, compleja y disfuncional del entorno familiar de las menores amparadas, su condición de riesgo y vulnerabilidad, que ameritaba una atención y abordaje continuo. Para la Sala Constitucional, las conductas del PANI no constituyeron un tratamiento, ni una atención fluida, constante, eficiente y efectiva para el tipo de problemática de la que tenía conocimiento.
Además los magistrado señalan que no es de recibo el argumento de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, ni el de la directora general del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, al indicar que debido a que el PANI ya conocía a priori de la situación de embarazo de la menor de edad tutelada, la CCSS no debía activar el protocolo referente a sospechas de maltrato, abuso o violencia contra persona menor de edad, y la formulación de la denuncia respectiva ante la autoridad judicial competente. La sentencia señala que, aunque existía una denuncia penal previa por parte del PANI ante la el Ministerio Público, la CCSS no estaba eximida de plantear la correspondiente denuncia penal.
Considera también la Sala Constitucional que, la decisión de la Fiscalía de Cartago permitió de alguna manera que el ahora imputado Casasola Salas, no fuese objeto de persecución penal durante el año 2022, permitiéndole de alguna manera afianzarse dentro del círculo familiar de la menor tutelada, concediéndose un espacio de estrecha cercanía con su víctima y así poder planear los hechos que dieron como resultado la causa penal N° 23-001476-0058-PE, iniciada el 09 de abril de 2023.
Para la Cámara Constitucional por parte de la Fiscalía accionada existieron conductas que no lograron esclarecer en forma temprana la situación, pues no fue sino hasta la desaparición de la menor que la Fiscalía afianza una línea de investigación más clara y determinante, en torno a un posible abuso sexual en contra de la joven madre adolescente y es partir de ello, que se enfoca en el radar de acción del Ministerio Público con fuerza, la teoría de que Casasola Salas podría estar involucrado en los hechos acaecidos.
La sentencia íntegra de este expediente está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-008292-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-18906 |
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Fecha de la votación: |
04 de agosto de 2023 |
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Por tanto: |
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social (Hospital Dr. Max Peralta Jiménez), el Ministerio Público (Fiscalía Adjunta de Cartago) y el Patronato Nacional de la Infancia (Oficina Local de Paraíso del PANI). Se ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Carlo Israel Díaz Sánchez, en su condición de fiscal general de la República y Juan Manuel Cordero González, en su condición de ministro de la Niñez y Adolescencia y presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que giren todas las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se inicien los procedimientos para establecer las responsabilidades internas que se deriven de las acciones u omisiones determinadas en el caso y adoptar las conductas que permitan evitar los sesgos y las disfuncionalidades que se dieron, siempre que dichas causas no se hubieren iniciado. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de habeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Estado y al Patronato Nacional de la Infancia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se declara sin lugar el recurso. Notifíquese. - |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y los magistrados suplentes José Roberto Garita Navarro (instructor) y Ana María Picado Brenes. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
Sala Constitucional reinstala a miembro de la Junta Directiva de la institución, en defensa de la autonomía constitucional de la CCSS
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas informa que, en la sesión del martes 1º de agosto de 2023, resolvió el expediente 23-015443-0007-CO.
Por mayoría, mediante la sentencia nro. N°2023-18892, se declaró inconstitucional la suspensión cautelar dispuesta por el Consejo de Gobierno en contra del representante del Estado ante la Junta Directiva de la CCSS.
Los magistrados reiteraron que la ley constitutiva de la entidad expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas. No obstante, en el caso concreto, se vulneró el principio de autonomía constitucional de la CCSS y los derechos de la parte amparada.
Este Tribunal, por mayoría, consideró inconstitucional la decisión del Consejo de Gobierno de separar cautelarmente en sede administrativa a la persona tutelada, lo que no excluye una eventual separación cuando se declare alguna responsabilidad legal previo debido proceso, concurre alguno de los supuestos expresamente contemplados en la ley o se trata de la potestad de las autoridades jurisdiccionales de dictar de manera fundadhhhha medidas cautelares de suspensión de los cargos.
En consecuencia, la Sala Constitucional, por mayoría, anula la medida cautelar dispuesta por el Consejo de Gobierno, según resolución nro. PR-SCG-OD-RES-001-2022 de las 13:30 horas de 21 de diciembre de 2022, en contra de Carlos Jesús Salazar Vargas. Además, anula el nombramiento de Marco Tulio Escobedo Aguilar, a quien el Consejo de Gobierno designó para sustituir a Salazar Vargas.
La minoría está conformada por el magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas, quienes salvan el voto y declaran sin lugar el recurso al considerar lo siguiente: 1) El resguardo del principio de autonomía institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social no constituye materia de amparo, pues lo propio del amparo, según lo establece el artículo 48 de la Constitución Política es la protección de los derechos fundamentales, no de los principios orgánicos. En cambio, la Sala Constitucional ha protegido la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social mediante los procesos constitucionales de defensa de la Constitución, es decir, en acciones de inconstitucionalidad y en consultas de constitucionalidad; 2) De conformidad con los precedentes de esta Sala, los recurrentes carecen de legitimación para demandar la tutela del referido principio. Debe tenerse en consideración que la legitimación activa universal, e incluso vicaria, se tiene para proteger derechos fundamentales, y no para proteger principios orgánicos; 3) La medida cautelar impugnada es ante causam y fue dictada por la autoridad competente, según lo establece el artículo 147 de la Constitución Política, los artículos 6 y 8 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el artículo 5 de la Ley No. 4646 Modifica Integración de Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, el artículo 33.1.c de la Ley General de la Administración Pública y los dictámenes de la Procuraduría General de la República. Dicha medida es instrumental al procedimiento administrativo que oportunamente se instauró, el cual debe ser el marco correspondiente para el ejercicio del derecho de defensa. 4) Lo solicitado en lo relativo a la reinstalación corresponde ser conocido en la vía ordinaria.
La sentencia íntegra de este expediente está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-015443-0007-CO |
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Número de resolución: |
N°2023-18892 |
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Fecha de la votación: |
01 de agosto de 2023 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara parcialmente con lugar el recurso solo contra el Consejo de Gobierno. Se anula la medida cautelar ante causam acordada por el Consejo de Gobierno en el artículo cuatro de la sesión ordinaria nro. 33 celebrada el 7 de diciembre de 2022, así como la medida cautelar dispuesta por la secretaria del Consejo de Gobierno en la resolución nro. PR-SCG-OD-RES-001-2022 de las 13:30 horas de 21 de diciembre de 2022, ambas dictadas en contra de Carlos Jesús Salazar Vargas. Se anula el nombramiento de Marco Tulio Escobedo Aguilar efectuado por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria nro. 35 celebrada el 14 de diciembre de 2022. Se ordena a Natalia Díaz Quintana, en su condición de ministra de la Presidencia y en representación del Consejo de Gobierno, o a quien ocupe ese puesto, coordinar lo correspondiente para garantizar la inmediata restitución de Carlos Jesús Salazar Vargas en el cargo de miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, como representante del Estado, por el periodo dispuesto por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria cuatro celebrada el 4 de junio de 2022. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. En lo concerniente a la Caja Costarricense de Seguro Social, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Cruz Castro da razones adicionales. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
Sala constitucional resuelve a favor de madres que acuden a esta instancia judicial para velar por los derechos de sus hijos
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas en lo que va del año ha fallado en múltiples ocasiones a favor de muchas madres que acuden a esta instancia judicial en busca de que se respeten y se hagan valer los derechos fundamentales de sus hijos, tutelados en la Constitución Política.
A continuación, les presentamos una serie de 14 de estas sentencias relevantes para las madres y sus hijos:
2023003708 - Madre de menor de edad con discapacidad, acusa que su hija está en silla de ruedas y en el centro educativo en donde estudia, no se brinda la facilidad de bajar la silla de ruedas de su vehículo. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al MEP, que efectúen las coordinaciones necesarias e implementen una solución para el caso de la amparada, de manera que se brinden facilidades adecuadas para que pueda bajar su silla de ruedas de un vehículo, en el plazo de dos meses.
2023013464 - Madre de una menor con discapacidad, solicitó transporte al colegio para su hija y no le ha sido facilitado. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al director del Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena del cantón de Coto Brus coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, remita al departamento de transporte estudiantil del Ministerio de Educación Pública la solicitud de nueva ruta para transporte por discapacidad a favor de la estudiante en los términos que le fue solicitado por oficio DVM-A-DPE-TE-0090-2023 del 24 de febrero de 2023.
2023003027 - Se cuestiona la falta de una sala de lactancia en el Ministerio de Seguridad Pública de Alajuela. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la omisión de las autoridades de la delegación de la Fuerza Pública de Alajuela de disponer una sala de lactancia. Se ordena al Ministro de Seguridad Pública y director de la Regional Policial Dos de Alajuela, que lleven a cabo todas las actuaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para que: a) dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se reinstale, habilite y ofrezca a la tutelada una solución provisional de lactancia, que cumpla con las condiciones de higiene y seguridad, en la delegación de Alajuela centro y b) dentro del plazo de un mes, también contado a partir de la comunicación de esta resolución, se acondicione una sala de lactancia, de conformidad con los lineamientos establecidos en la normativa que regula la materia.
2023012836- Jueza acusa que, durante una audiencia no le permitieron gozar de su hora de lactancia. Se declara con lugar el recurso, ordenándose a la jueza coordinadora, abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos acusados.
2023005567- La recurrente acusa que, es trabajadora independiente, que paga la seguridad social y quedó embarazada, tuvo su hija; sin embargo, no le han pagado la licencia por maternidad, por estar morosa. Se ordena a la directora médica del Área de Salud de Grecia y a la administradora de la Sucursal de Grecia, ambas de la Caja Costarricense de Seguro Social, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, de manera inmediata, a la amparada se le reconozca el periodo de la licencia por maternidad preparto que no le fue otorgado, de conformidad con lo expuesto en este amparo.
2023000426- Se acusa que le fue dada una cita médica a un menor de edad, referido en octubre de 2022, para setiembre de 2024. Se declara con lugar.
2023001096- Se acusa que no le ha sido asignado a menor de edad, un asistente de servicios de educación especial que requiere. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a la jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, al director regional de educación de Puriscal y al director de planificación institucional, todos del Ministerio de Educación Pública, que, de manera inmediata, coordinen y dispongan lo necesario para que se brinde a la persona tutelada el asistente de servicios de educación especial que requiere.
2023002483- Persona indígena, con una menor de edad con discapacidad, solicitó el servicio de agua en su casa y no le ha sido brindado, imponiendo una serie de requisitos, de imposible cumplimiento. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al gerente general, subgerenta a.i. de gestión de sistemas de la GAM y jefa de la Agencia Comercial de Puriscal, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que giren las órdenes respectivas y efectúen las coordinaciones necesarias, en el ámbito de sus competencias, para que se resuelva la gestión de servicio de agua potable de la amparada, sin exigir la constancia municipal, y tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad al conocer sobre los demás requisitos normativos, todo en el plazo de quince días, contado a partir de la notificación de esta sentencia.
2023003019- Se acusa que, a menor con discapacidad, no le han dado material de apoyo en el ministerio de educación. Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se ordena a la directora ejecutiva a.i. del Centro Nacional Recursos para la Educación inclusiva del Ministerio de Educación Pública y al director de la Escuela San Felipe de Alajuelita, que establezcan las instancias de coordinación que se encuentren dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para que, en el plazo máximo de dos meses, se finalice el proceso de adquisición del dispositivo y le sea efectivamente entregado al amparado.
2023005529- Se cuestionan las condiciones que se ofrece en una escuela pública, para un menor autista. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a la directora de la Escuela Puente Salas y al jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria, todos del Ministerio de Educación Pública, que dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo correspondiente y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, 1) se resuelva la solicitud planteada por los recurrentes atinente al número de alumnos por sección, a fin de garantizar que el tutelado se ubique en un grupo que respete el número máximo de estudiantes con quienes puede interactuar sin afectar su proceso educativo y asegurándole el derecho a la educación inclusiva, de conformidad con los criterios técnicos sobre la situación del menor que resulten procedentes, y 2) se resuelva la gestión concerniente al docente de apoyo para el menor tutelado.
2023009553- Padres de menor de edad con diplejia espática, acusan que, pese le recomendaron productos de apoyo, para potenciar sus habilidades, no le ha sido entregado. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al director de la Escuela José Joaquín Peralta Esquivel, al director regional de la Dirección Regional de Educación de Cartago y al director ejecutivo a.i. del Centro Nacional Recursos para la Educación Inclusiva, todos del Ministerio de Educación Pública, efectúen las coordinaciones necesarias e implementen las acciones respectivas para que, dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a la tutelada se le proporcionen los implementos recomendados por parte del departamento de asesoría en ayudas técnicas /sedes CENAREC en el informe de asesoría N.°015-2022-DAAT.
2023009568- Se acusa falta de apoyo para menor con espectro autista. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a la directora regional de educación de Nicoya y director de la Escuela Santo Domingo de Sámara de Nicoya, ambos de Ministerio de Educación Pública, que coordinen lo correspondiente y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo máximo de quince días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a) se determine de manera clara, sustentada y definitiva, la forma en la que se debe desarrollar la red de apoyo personal (familiar) del menor tutelado dentro de su proceso educativo, de acuerdo con sus condiciones particulares; b) asimismo, deberá gestionar lo correspondiente a fin de garantizar que el tutelado reciba de manera efectiva el apoyo personal necesario, en los términos que se establezcan.
2023011235- Chofer de una línea de buses, niega a menor de edad, con discapacidad, subir con su perro de asistencia a la unidad. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena al gerente con las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Sociedad Transpisa Limitada, que de forma inmediata gire las órdenes pertinentes y realice las coordinaciones necesarias para que se implementen lineamientos de atención a los usuarios que sean respetuosos de los derechos de las personas con discapacidad, para garantizar el ingreso a sus unidades de animales de asistencia debidamente identificados, por lo que se deberá brindar la capacitación correspondiente a sus colaboradores, según lo informado a esta sala, para el correcto abordaje a las personas con discapacidad y sus animales de asistencia.
2023017886- Se ordena traslado de funcionaria al MEP, en protección al principio de interés superior del menor.
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Sala Constitucional reitera autonomía constitucional de la CCSS y reinstala a un miembro más de la Junta Directiva de la institución
En defensa del principio de autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas informa que, en la sesión del viernes 28 de julio de 2023, se conoció el expediente 23-015642-0007-CO, este fue declarado parcialmente con lugar.
Por mayoría, mediante la sentencia N° 2023-18697, se declaró inconstitucional la suspensión cautelar dispuesta por el Consejo de Gobierno en contra de la representante del sector solidarista ante la Junta Directiva de la CCSS.
Los magistrados reiteraron que la ley constitutiva de la entidad expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas. No obstante, en el caso concreto, se vulneró el principio de autonomía constitucional de la CCSS y los derechos de la parte amparada.
Este Tribunal, por mayoría, consideró inconstitucional la decisión del Consejo de Gobierno de separar cautelarmente en sede administrativa a la persona tutelada, lo que no excluye una eventual separación cuando se declare alguna responsabilidad legal previo debido proceso, concurre alguno de los supuestos expresamente contemplados en la ley o se trata de la potestad de las autoridades jurisdiccionales de dictar de manera fundada medidas cautelares de suspensión de los cargos.
En consecuencia, la Sala Constitucional, por mayoría, anula la medida cautelar dispuesta por el Consejo de Gobierno, según resolución nro. PR-SCG-OD-RES-001-2022 de las 13:30 horas de 21 de diciembre de 2022, en contra de Maritza de los Ángeles Jiménez Aguilar. Además, anula el nombramiento de Jorge Porras López, a quien el Consejo de Gobierno designó para sustituir a Jiménez Aguilar.
La minoría está conformada por el magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas, quienes salvan el voto y declaran sin lugar el recurso al considerar lo siguiente: 1) El resguardo del principio de autonomía institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social no constituye materia de amparo, pues lo propio del amparo, según lo establece el artículo 48 de la Constitución Política es la protección de los derechos fundamentales, no de los principios orgánicos. En cambio, la Sala Constitucional ha protegido la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social mediante los procesos constitucionales de defensa de la Constitución, es decir, en acciones de inconstitucionalidad y en consultas de constitucionalidad; 2) De conformidad con los precedentes de esta Sala, los recurrentes carecen de legitimación para demandar la tutela del referido principio. Debe tenerse en consideración que la legitimación activa universal, e incluso vicaria, se tiene para proteger derechos fundamentales, y no para proteger principios orgánicos; 3) La medida cautelar impugnada es ante causam y fue dictada por la autoridad competente, según lo establece el artículo 147 de la Constitución Política, los articulos 6 y 8 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el artículo 5 de la Ley No. 4646 Modifica Integración de Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, el artículo 33.1.c de la Ley General de la Administración Pública y los dictámenes de la Procuraduría General de la República. Dicha medida es instrumental al procedimiento administrativo que oportunamente se instauró, el cual debe ser el marco correspondiente para el ejercicio del derecho de defensa. 4) Lo solicitado en lo relativo a la reinstalación corresponde ser conocido en la vía ordinaria.
La sentencia íntegra de este expediente está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
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Número de resolución: |
N° 2023-18697 |
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Fecha de la votación: |
28 de julio de 2023 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara parcialmente con lugar el recurso solo contra el Consejo de Gobierno. Se anula la medida cautelar ante causam acordada por el Consejo de Gobierno en el artículo cuatro de la sesión ordinaria nro. 33 celebrada el 7 de diciembre de 2022, así como la medida cautelar dispuesta por la secretaria del Consejo de Gobierno en la resolución nro. PR-SCG-OD-RES-001-2022 de las 13:30 horas de 21 de diciembre de 2022, ambas dictadas en contra de Maritza de los Ángeles Jiménez Aguilar. Se anula el nombramiento de Jorge Porras López efectuado por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria nro. 40 celebrada el 8 de febrero de 2023. Se ordena a Natalia Díaz Quintana, en su condición de ministra de la Presidencia y en representación del Consejo de Gobierno, o a quien ocupe ese puesto, coordinar lo correspondiente para garantizar la inmediata restitución de Maritza de los Ángeles Jiménez Aguilar en el cargo de miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, como representante del sector solidarista, por el periodo dispuesto por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria tres celebrada el 1 de junio de 2022. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. En lo concerniente a la Caja Costarricense de Seguro Social, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Cruz Castro da razones adicionales. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
Sala Constitucional rechaza Consulta Judicial artículo 10 de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada
- Consulta fue realizada por jueces del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas informa que, en la sesión del viernes 19 de julio de 2023, se declaró que no ha lugar a evacuar la consulta. formulada por el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada sobre el artículo 10 de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, N° 9481, publicada en el Alcance N" 99, La Gaceta N° 95 el 30 de mayo de 2023 y tramitada bajo el expediente 23-016490-0007-CO.
OBJETO
El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, Sección Primera plantea esta consulta judicial mediante resolución nro. 34-2023 de las 8:56 horas del 14 de marzo de 2023, en el expediente de las 13:00 horas del 6 de julio de 2023, dictada dentro del expediente nro. 18-000104-1219-PE, señalando que su objeto es que los magistrados se pronuncien sobre la aplicación del artículo 10 de la ley nro. 9481, debido a que tienen dudas de un aparente trato desigual en la tramitación que se asigne a una causa de crimen organizado, específicamente en la etapa de juicio.
SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTA CONSULTA
En el caso concreto, los jueces formularon esta consulta, según indican mediante una resolución emitida dentro del proceso penal nro. 21-000533-0454-PE, la cual no consta que haya sido incorporada al proceso en cuestión, según la copia certificada del expediente remitida a esta Sala.
Además, advierte este Tribunal que la resolución en la cual se plantea la consulta en cuestión carece de los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que el tribunal consultante no emplazó a las partes del proceso, ni dispuso la suspensión del proceso en la resolución en cuestión. Por todo lo expuesto, este proceso carece de las formalidades requeridas por ley; y lo procedente es declararlo inevacuable.
La sentencia integral de este expediente está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23- 016490-0007-CO |
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Número de resolución: |
N°2023-017759 |
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Fecha de la votación: |
19 de julio de 2023 |
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Por tanto: |
No ha lugar a evacuar la consulta |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Consulta Judicial facultativa: es una herramienta legal que tienen los jueces y juezas del Poder Judicial, ante la Sala Constitucional, para aclarar dudas devenidas de la constitucionalidad de una norma que deben aplicar o de un acto, conducta u omisión que deben juzgar.
- Detalles
En defensa del principio de autonomía constitucional de la CCSS, se declara parcialmente con lugar amparo y se ordena la reinstalación de varios miembros de su Junta Directiva
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas informa que, en la sesión del martes 27 de junio de 2023, se conocieron los expedientes 23-003315-0007-CO, 23-004341-0007-CO, 23-002987-0007-CO y 22-028375-0007-CO, que fueron declarados parcialmente con lugar.
VOTOS
Por mayoría, mediante sentencia N° 2023-15518 dictada en el expediente 22-028375-0007-CO, se declaró inconstitucional la suspensión cautelar anterior al inicio del procedimiento administrativo en contra de varios integrantes de la CCSS, que fue dispuesta por el Consejo de Gobierno.
Para los magistrados, la ley constitutiva de esa institución expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas.
Así, se determinó que los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social sí pueden ser separados de tales puestos, pero hasta que se declarare alguna responsabilidad legal en su contra o concurra alguno de los supuestos previstos para esos efectos, tal y como lo establece de forma expresa la ley, en consonancia con el principio de autonomía constitucional de la CCSS, que irradia sobre todo el ordenamiento jurídico, y los derechos a la inamovilidad e independencia de los miembros de su junta directiva con relación a los Poderes Públicos, el Ejecutivo incluido.
El anterior razonamiento también sirvió de base para las sentencias N° 2023-15519 dictada en el expediente 23-002987-0007-CO, N° 2023-15520 dictada en el expediente 23-003315-0007-CO y N° 2023-15521 dictada en el expediente 23-004341-0007-CO, en las que se definió que las actuaciones cuestionadas del Consejo de Gobierno contravinieron la independencia absoluta y la garantía de inamovilidad que la ley les da a los miembros de la Junta Directiva de la CCSS en el ejercicio de sus funciones. En estos expedientes, la Sala Constitucional igualmente reconoció que los directivos de la CCSS sí pueden ser declarados responsables por actos indebidos en el ejercicio del cargo (con las consecuencias legales que implique tal situación, entre ellas, la separación del cargo); empero, ello debe ser posterior al contradictorio propio de las vías ordinarias, sin perjuicio de las fases impugnativas en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria, siempre que se respeten los derechos constitucionales a la defensa y el debido proceso.
En consecuencia, por mayoría, la Sala anuló la medida cautelar dispuesta por el Consejo de Gobierno, según resolución nro. PR-SCG-OD-RES-001-2022 de las 13:30 horas de 21 de diciembre de 2022, en contra de Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves. Asimismo, se anuló el nombramiento de José Luis Castro Vásquez y María Isabel Camareno Camareno, quienes habían sido designados por el Consejo de Gobierno para sustituirlos.
Respecto de la sentencia N° 2023-15518, correspondiente a un amparo interpuesto al día siguiente de la notificación de la medida cautelar ante causam, es decir, dictada antes de la apertura del procedimiento, el magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso al considerar que: 1) En lo relativo a la medida cautelar ante causam el amparo es prematuro, de acuerdo a la ininterrumpida jurisprudencia de esta Sala, que señala que -luego de dictadas esas medidas- la Administración tiene un plazo de quince días para abrir el procedimiento. De manera que, al momento de interponer el recurso, la parte recurrida estaba en tiempo y no era posible determinar la transgresión a derecho fundamental alguno por ese motivo 2) El resguardo del principio de autonomía institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social no constituye materia de amparo, pues lo propio del amparo, según lo establece el art. 48 de la Ley de la Constitución Política es la protección de los derechos fundamentales, no de los principios orgánicos. En cambio, la Sala Constitucional ha protegido la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social mediante los procesos constitucionales de defensa de la Constitución; 3) De conformidad con los precedentes de esta Sala, los recurrentes carecen de legitimación para demandar la tutela del referido principio; 4) La medida cautelar impugnada es ante causam y fue dictada por la autoridad competente, según lo establece el artículo 147 de la Constitución Política, los articulos 6 y 8 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el artículo 5 de la Ley No. 4646 Modifica Integración de Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, el artículo 33.1.c de la Ley General de la Administración Pública y los dictámenes de la Procuraduría General de la República. Dicha medida es instrumental al procedimiento administrativo que oportunamente se instauró, en el cual debe ser el marco correspondiente para el ejercicio del derecho de defensa.
En relación con las sentencias N° 2023-15519, N° 2023-15520 y N° 2023-15521, el magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto declaran sin lugar el recurso al considerar que: 1) el Consejo de Gobierno es competente para el dictado de medidas cautelares intra causam con fundamento en las atribuciones constitucionales y legales antes mencionadas y 2) lo solicitado en lo relativo a la reinstalación corresponde ser conocido en la vía ordinaria.
La sentencia integral de este expediente está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
22-028375-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-15518 |
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Fecha de la votación: |
27 de junio de 2023 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula la medida cautelar ante causam acordada por el Consejo de Gobierno en el artículo cuatro de la sesión ordinaria nro. 33 celebrada el 7 de diciembre de 2022. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. El magistrado Cruz Castro da razones adicionales. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso al considerar que: 1) en lo relativo a la medida cautelar ante causam el amparo es prematuro, de acuerdo a la ininterrumpida jurisprudencia de esta Sala; 2) el resguardo del principio de autonomía institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social no constituye materia de amparo, sino mediante los procesos constitucionales de defensa de la Constitución; 3) de conformidad con los precedentes de esta Sala, los recurrentes carecen de legitimación para demandar la tutela del referido principio; 4) la medida cautelar impugnada es ante causam y fue dictada por la autoridad competente y es instrumental al procedimiento administrativo que oportunamente se instauró, en el cual debe ser el marco correspondiente para el ejercicio del derecho de defensa. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Número de expediente: |
23-003315-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023- 15520 |
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Fecha de la votación: |
27 de junio de 2023 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara parcialmente con lugar el recurso solo contra el Consejo de Gobierno. Se anula la medida cautelar ante causam acordada por el Consejo de Gobierno en el artículo cuatro de la sesión ordinaria nro. 33 celebrada el 7 de diciembre de 2022, así como la medida cautelar dispuesta por la secretaria del Consejo de Gobierno en la resolución nro. PR-SCG-OD-RES-001-2022 de las 13:30 horas de 21 de diciembre de 2022, ambas dictadas en contra de José Luis Loría Chaves. Se anula el nombramiento de María Isabel Camareno Camareno dispuesto por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria nro. 39 celebrada el 1º de febrero de 2023. Se ordena a Natalia Díaz Quintana, en su condición de ministra de la Presidencia y en representación del Consejo de Gobierno, o a quien ocupe ese puesto, coordinar lo correspondiente para garantizar la inmediata restitución de José Luis Loría Chaves en el cargo de miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, como representante del Movimiento Cooperativo designado por el Consejo Nacional de Cooperativas, por el periodo dispuesto por el Consejo de Gobierno en el artículo tres de la sesión ordinaria cuatro celebrada el 4 de junio de 2022. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. En lo concerniente a la Caja Costarricense de Seguro Social, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Cruz Castro da razones adicionales. Los magistrados Castillo Víquez y Garro Vargas salvan el voto declaran sin lugar el recurso al considerar que: 1) el Consejo de Gobierno es competente para el dictado de medidas cautelares intra causam con fundamento en las atribuciones constitucionales y legales y 2) lo solicitado en lo relativo a la reinstalación corresponde ser conocido en la vía ordinaria. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Número de expediente: |
23-004341-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023- 15521 |
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Fecha de la votación: |
27 de junio de 2023 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la medida cautelar ante causam acordada por el Consejo de Gobierno en el artículo cuatro de la sesión ordinaria nro. 33 celebrada el 7 de diciembre de 2022, así como la medida cautelar dispuesta por la secretaria del Consejo de Gobierno en la resolución nro. PR-SCG-OD-RES-001-2022 de las 13:30 horas de 21 de diciembre de 2022, ambas dictadas en contra de Martha Rodríguez González. Se anula el nombramiento de José Luis Castro Vásquez dispuesto por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria nro. 39 celebrada el 1º de febrero de 2023. Se ordena a Natalia Díaz Quintana, en su condición de ministra de la Presidencia y en representación del Consejo de Gobierno, o a quien ocupe ese puesto, coordinar lo correspondiente para garantizar la inmediata restitución de Martha Rodríguez González en el cargo de miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, como representante del Movimiento Sindical, por el periodo dispuesto por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria tres celebrada el 1º de junio de 2022. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Cruz Castro da razones adicionales. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto declaran sin lugar el recurso al considerar que: 1) el Consejo de Gobierno es competente para el dictado de medidas cautelares intra causam con fundamento en las atribuciones constitucionales y legales y 2) lo solicitado en lo relativo a la reinstalación corresponde ser conocido en la vía ordinaria. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Número de expediente: |
23-002987-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-15519 |
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Fecha de la votación: |
27 de junio de 2023 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la medida cautelar ante causam acordada por el Consejo de Gobierno en el artículo cuatro de la sesión ordinaria nro. 33 celebrada el 7 de diciembre de 2022, así como la medida cautelar dispuesta por la secretaria del Consejo de Gobierno en la resolución nro. PR-SCG-OD-RES-001-2022 de las 13:30 horas de 21 de diciembre de 2022, ambas dictadas en contra de Martha Rodríguez González. Se anula el nombramiento de José Luis Castro Vásquez dispuesto por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria nro. 39 celebrada el 1º de febrero de 2023. Se ordena a Natalia Díaz Quintana, en su condición de ministra de la Presidencia y en representación del Consejo de Gobierno, o a quien ocupe ese puesto, coordinar lo correspondiente para garantizar la inmediata restitución de Martha Rodríguez González en el cargo de miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, como representante del Movimiento Sindical, por el periodo dispuesto por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria tres celebrada el 1º de junio de 2022. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Cruz Castro da razones adicionales. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto declaran sin lugar el recurso al considerar que: 1) el Consejo de Gobierno es competente para el dictado de medidas cautelares intra causam con fundamento en las atribuciones constitucionales y legales y 2) lo solicitado en lo relativo a la reinstalación corresponde ser conocido en la vía ordinaria. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
Sala Constitucional declara con lugar recurso de amparo presentado por contaminación con arsénico de ASADA Quintas don Fernando
- Autoridades recurridas deben determinar la causa de contaminación de agua en un plazo de seis meses
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas informa que, en la sesión del viernes 16 de junio de 2023, se declaró con lugar un recurso de amparo tramitado en el expediente 22-023140-0007-CO contra la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Rafael de Esparza Quintas Don Fernando, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Esparza y el Ministerio de Salud.
Los recurrentes son vecinos de la ASADA Quintas don Fernando e interponen un recurso de amparo por estimar vulnerados sus derechos fundamentales. Dicho recurso es contra la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Rafael de Esparza Quintas Don Fernando, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Esparza y el Ministerio de Salud.
Manifiestan que la ASADA accionada abastece de un pozo que está contaminado con arsénico. Refieren que Quintas Don Fernando y la comunidad afectada están integradas por aproximadamente 273 habitantes, incluidas personas con discapacidad y con afectaciones neurológicas, personas menores de edad y adultas mayores.
Explican que, en octubre de 2019 los vecinos de Asada Quintas Don Fernando fueron notificados de tal contaminación, por parte de la municipalidad, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y el Ministerio de Salud. Alegan que tal problemática les dificulta a los vecinos sus ocupaciones diarias.
Según explicó el magistrado Fernando Cruz Castro, instructor del caso “la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que el arsénico es una de las 10 sustancias químicas más peligrosas para la salud pública, la exposición prolongada a este químico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas, por esto esta sentencia a favor de esta comunidad es tan importante, porque busca resguardar un derecho fundamental”.
“En reiteradas sentencias, la Sala Constitucional ha reconocido como un derecho humano el acceso al agua potable, por eso, para garantizar la salud de las personas, es que se ordena implementar un sistema seguro de abastecimiento de agua potable” señaló el magistrado Cruz Castro.
Además, el magistrado añadió que “se comprobó que las acciones de las entidades recurridas han sido insuficientes, con el agravante de que no se han tomado medidas preventivas tendentes a que la calidad del agua potable en la comunidad Quintas Don Fernando en Esparza de Puntarenas sea la adecuada para el consumo humano, toda vez que la contaminación por arsénico permanece desde el año 2019, momento en el cual se detectó que los niveles sobrepasaban el límite permitido”
SENTENCIA
En la sentencia N° 2023-014243, la Sala dispuso otorgar a las autoridades recurridas un plazo de SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, para determinar científicamente la causa de la contaminación del agua para consumo humano con arsénico en la comunidad de Quintas Don Fernando en Esparza de Puntarenas. Para esto deberán coordinar con el SENARA, sin demérito de que participen otras entidades, como institutos universitarios de investigación.
Una vez determinada la causa de la presencia de arsénico en el agua destinada al consumo humano, los estudios respectivos deberán hacerse del conocimiento público y los recurridos deberán adoptar las medidas correspondientes para solucionar tal problema.
Además, se deberá continuar brindando el servicio de agua potable a la comunidad de Quintas Don Fernando en Esparza de Puntarenas hasta tanto no se solvente la problemática.
Asimismo, como mínimo, cada tres meses las autoridades deberán evaluar la calidad del agua en todos los acueductos que se han visto afectos.
Mientras subsista el problema de contaminación, deberán realizar campañas de información dirigida a la comunidad afectada indicando la problemática existente, con la advertencia de los únicos usos que se le pueden dar al recurso hídrico.
Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Estado y a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Rafael de Esparza Quintas Don Fernando al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo y de lo civil, según corresponda.
La sentencia integral de este expediente está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
22-023140-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-014243 |
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Fecha de la votación: |
16 de junio de 2023 |
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Por tanto: |
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el Área Rectora de Salud de Esparza del Ministerio de Salud, la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Rafael de Esparza Quintas y Don Fernando y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se ordena a Isaías Bernardo Hernández Mora, en su condición de presidente de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Rafael de Esparza Quintas Don Fernando, a Roberto Guzmán Gutiérrez, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que: 1) de inmediato emitan las instrucciones requeridas y coordinen lo necesario para que, en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se determine científicamente la causa de la contaminación del agua para consumo humano con arsénico en la comunidad de Quintas Don Fernando en Esparza de Puntarenas, para cuyo efecto deberán coordinar con el SENARA, sin demérito de que participen otras entidades, como institutos universitarios de investigación. Una vez determinada la causa de la presencia de arsénico en el agua destinada al consumo humano, los estudios respectivos deberán hacerse del conocimiento público y los recurridos deberán adoptar las medidas correspondientes para solucionar tal problema. 2) Continuar brindándole a la comunidad de Quintas Don Fernando en Esparza de Puntarenas, agua potable hasta tanto no se solvente la problemática existente de contaminación de arsénico en el agua destinada al consumo humano. Asimismo, como mínimo cada tres meses deberán evaluar la calidad del agua en todos los acueductos que se han visto afectos. 3) Mientras subsista el problema de contaminación, realizar campañas de información dirigida a la comunidad afectada indicando la problemática existente, con la advertencia de los únicos usos que se le pueden dar al recurso hídrico. De otra parte, se le ordena a Christopher Ureña Chacón, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Esparza del Ministerio de Salud, o a quien ejerza ese cargo, que, en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, disponga lo correspondiente a fin de dar seguimiento a la orden sanitaria número 053-2021 hasta verificar su cumplimiento. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Se les advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar las órdenes dichas, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Estado y a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Rafael de Esparza Quintas Don Fernando al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo y de lo civil, según corresponda. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y los magistrados suplentes José Roberto Garita Navarro y Aracelly Pacheco Salazar. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
Sala Constitucional declara con lugar recurso de amparo presentado ante contaminación con clorotalonil en las nacientes de agua de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno de Cartago
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas informa que, en la sesión de este martes 06 de junio de 2023 se declaró con lugar un recurso de amparo presentado bajo el expediente 22-026649-0007-CO contra el Ministerio de Salud, la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
En el recurso de amparo, el recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, toda vez que, que es vecino de Cipreses de Cartago, comunidad que recibe el servicio de agua potable por medio de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno de Cartago.
Reclama que, desde el año 2021, el acueducto de esa asociación cuenta con problemas de contaminación con una sustancia denominada "clorotalonil", a partir de lo cual el Ministerio de Salud giró órdenes sanitarias y de clausura de cinco nacientes de agua, propiamente las de Piedra, Benjamín Uleth, Birris, Agua Fría y Manuel Granados.
Menciona que los problemas de contaminación fueron confirmados a través de un estudio realizado conjuntamente por IRET-UNA y el Laboratorio Nacional de Agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. No obstante, aqueja que los problemas de contaminación persisten.
Este alto Tribunal declaró con lugar el recurso y ordenó que, en un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia se adopten y ejecuten las recomendaciones del informe del 14 de abril de 2023, emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, denominado “Informe Técnico Clorotalonil”,
Para el magistrado Jorge Araya García, instructor del caso “esta sentencia es de especial relevancia porque no solamente se está ante el riesgo de consumir agua contaminada, sino que los informes técnicos, que constan en el expediente, señalan que hay un claro riesgo para la salud humana debido a que muchos productos agrícolas que provienen de la zona se riegan con agua afectada por este plaguicida”.
“Para garantizar la salud de las personas, es que se ordena implementar las acciones ya identificadas, que van en el sentido de eliminar los riesgos que el uso de este plaguicida tiene”, sentenció el magistrado Araya García.
En ese sentido el “Informe Técnico Clorotalonil” citado en el por tanto de esta sentencia señala entre otras cosas que:
-El clorotalonil se utiliza principalmente como fungicida en una amplia gama de cultivos, incluyendo hortalizas y frutas.
-A la luz de la evidencia presentada, se puede concluir que el clorotalonil presenta riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente.
-El clorotalonil ha sido prohibido en la Unión Europea debido a su potencial carcinogénico y su capacidad para contaminar las aguas subterráneas con metabolitos de su degradación
-La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha clasificado el clorotalonil como un posible carcinógeno humano y un posible agente tóxico para la reproducción y el desarrollo, y la exposición a este compuesto puede causar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias, así como náuseas, dolor de cabeza y mareos.
-La evaluación realizada por la EFSA indica que la exposición crónica al clorotalonil a través de la dieta puede representar un riesgo para la salud humana, especialmente para los grupos de población más vulnerables
-En la provincia de Cartago, Costa Rica se cuenta con ocho nacientes destinadas para consumo humano, las cuales están siendo contaminadas debido a la invasión de zonas de protección y de recarga de acuíferos por la actividad agrícola y ganadera.
-Se ha detectado la presencia de metabolitos de clorotalonil en los acueductos de Cipreses y Santa Rosa del cantón de Oreamuno. Por lo tanto, es necesario tomar medidas para evitar la contaminación de más fuentes de agua y proteger la salud de la población.
-Se recomienda aumentar la fiscalización y control por parte del Servicio Fitosanitario del Estado
-Se recomienda que el SFE realice un levantamiento de los plaguicidas más utilizados en el país y que el análisis de residuos en fuentes de agua, suelos y vegetales se priorice de acuerdo con el volumen de importación actualizado, incluyendo los metabolitos de estos plaguicidas de uso extendido vigente.
-Se recomienda la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica, en línea con las medidas adoptadas por la Unión Europea y Suiza.
La sentencia integral de este expediente está en redacción, una vez dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
22-026649-0007-CO |
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Número de resolución: |
N°2023-13384 |
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Fecha de la votación: |
06 de junio 2023 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se ordena: 1) a Alexei Carrillo Villegas y a Fiorella Fait Wong, por su orden Ministro a.i. de Salud y Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Oreamuno, o a quienes, en su lugar ejerzan esos cargos, para que de conformidad con las potestades que les reconoce la legislación vigente, de inmediato establezcan todas las instancias de coordinación correspondientes con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Ambiente y Energía, y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, para que dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, y en consonancia con los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, se adopten y ejecuten las recomendaciones del informe sin número de 14 de abril de 2023, emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, denominado “Informe Técnico Clorotalonil”, para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas; se brinde seguimiento a tales recomendaciones, y se emitan las actuaciones pertinentes para garantizar su adecuado y oportuno cumplimiento; y 2) a Jorge Zapata Arroyo y José Sánchez Redondo, por su orden Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Presidente con representación judicial y extrajudicial de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno de Cartago, o a quienes, en su lugar ejerzan esos cargos, para que de manera inmediata mantengan y garanticen la prestación del servicio de agua potable para consumo humano mediante las vías que corresponda, sin que se utilice para ello ninguna de las fuentes de agua contaminadas, y que tal situación se mantenga, hasta que el servicio pueda ser debidamente restablecido por los medios habituales sin comprometer la seguridad y la salud, y previa autorización al respecto por parte del Ministerio de Salud. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirá en el delito de desobediencia y que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Asimismo, se condena a la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno de Cartago al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de la primera orden de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.-“ |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García (instructor), Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.