Comunicados

Detalles

Publicado: 01 Octubre 2021

Creado: 01 Octubre 2021

Sala Constitucional entrevistó a postulantes a magistradas y magistrados suplentes 

• Un total de 43 personas se sometieron al proceso 

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, realizó del 21 al 30 de setiembre la entrevista técnica a las y los postulantes a ocupar el cargo de magistrado o magistrada suplente.

Actualmente, el Tribunal Constitucional cuenta con 10 magistradas y magistrados suplentes nombrados a los que se les vence su periodo en diciembre próximo, además hay dos plazas vacantes.

Por acuerdo del Pleno de la Sala, las entrevistas fueron realizadas por los magistrados Paul Rueda Leal y Luis Fdo. Salazar Alvarado, y la magistrada Anamari Garro Vargas.

En total, en el periodo señalado, se efectuaron entrevistas a 43 personas postulantes, quienes llegaron a esta fase luego de que la Sección de Reclutamiento y Selección del Poder Judicial verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución Política para ejercer el cargo. De igual forma, superaron un estudio desarrollado por la Unidad de Investigación Sociolaboral y de Antecedentes para comprobar su idoneidad ética y aptitud moral.

Procedimiento

Las entrevistas se desarrollaron de forma pública y presencial en el salón de vistas de la Sala Constitucional, en Sabana Sur, cumpliendo los protocolos sanitarios de prevención del COVID-19.

Cada postulante tuvo un tiempo máximo de diez minutos para hacer una exposición general, posteriormente los magistrados y la magistrada formularon preguntas sobre temas atinentes al cargo, así como aspectos jurídicos, de actualidad, oportunidad e interés público, por ejemplo.

Tras su respectivo análisis, la Sala Constitucional remitirá a la Corte Plena una recomendación de las personas que consideren más aptas para el cargo.

Le corresponderá a la Corte, que tiene la potestad de apartarse de la recomendación de la Sala, enviar la nómina definitiva a la Asamblea Legislativa, órgano encargado de la designación de magistrados y magistradas.

A continuación, el listado de postulantes:

Detalles

Publicado: 28 Septiembre 2021

Creado: 28 Septiembre 2021

CPSC210921AIS

21/9/21

Habeas corpus presentado por Justicia y Salud

Sala Constitucional realizará audiencia pública sobre uso de espacios de aislamiento por COVID-19 en centros penitenciarios

• Vista virtual se efectuará el 28 de setiembre y se transmitirá por el perfil de Facebook del Poder Judicial

La Sala Constitucional realizará el próximo martes 28 de setiembre una audiencia virtual y pública sobre un recurso de habeas corpus presentado por la ministra de Justicia. Fiorella Salazar, y el ministro a.i. de Salud, Pedro González, en contra de las órdenes emitidas por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela que impiden el uso de espacios de aislamiento dispuestos para la prevención del COVID-19 en el sistema penitenciario.

En el habeas, presentado el pasado siete de setiembre y que se tramita bajo el número de expediente 21-017649-0007-CO, se alega que la decisión del juzgado recurrido pone en riesgo la vida, la salud e integridad de la población privada de libertad.

La audiencia, procedimiento establecido en el artículo 10 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se llevará a cabo a través de la aplicación Microsoft Teams a las 9 a.m. y se transmitirá por el perfil de Facebook del Poder Judicial.

Además de los recurrentes, están convocados a la vista:

Parte recurrida

• Juan Carlos Alvarado, en su condición de juez de ejecución de la pena del Primer Circuito Judicial de Alajuela.

Coadyuvantes activos

• Alexander Solís, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

• Daisy Matamoros, en su condición de directora de la Policía Penitenciaria.

• Nils Ching, en su calidad de subdirector de la Policía Penitenciaria.

• Michael Soto, en su condición de ministro de Seguridad Pública.

• Diana Posada, en su condición de delegada para la atención y toma de decisiones en lo relativo a la atención de la pandemia por COVID-19 en el Sistema Penitenciario y coordinadora del Comando de Atención a la Emergencia.

• María Devandas, en su condición de ministra a.i. de la Presidencia

Coadyuvante pasivo

• Danicio Fernández, en su condición de defensor público de Alajuela

Además, como prueba para mejor resolver, se convoca a la vista al director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y al Director del Organismo de Investigación Judicial, para que se refieran a la situación actual de las personas privadas de libertad, tanto indiciados como sentenciados, con ocasión de la decisión jurisdiccional objetada en este recurso de habeas corpus.

Detalles

Publicado: 17 Septiembre 2021

Creado: 17 Septiembre 2021

CPSC170921

17/09/21

Tercer número de la revista de la Sala Constitucional aborda el dimensionamiento de sentencias y el levantamiento del fuero laboral

• Nueva publicación está disponible desde este viernes de forma gratuita en el sitio web del tribunal

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, con el fin de incentivar la discusión y el debate sobre temas jurídicos de impacto nacional, publica el tercer número de la Revista de la Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia.

De forma gratuita, cualquier persona interesada puede acceder a la publicación en el sitio web de la Sala Constitucional por medio de este enlace.

Para este número destacan artículos relacionados con el dimensionamiento de las sentencias de constitucionalidad, el levantamiento del fuero laboral en el sector público, la reiteración delictiva y la objeción de conciencia, por ejemplo.

Fernando Castro Padilla, coordinador del consejo editorial y letrado de la Sala Constitucional, explicó que en este número de la revista se analizan algunos de los temas que actualmente generan mayor debate o controversia en el ámbito jurídico costarricense, tales como la objeción de conciencia, el rol del juez ordinario ante el control de convencionalidad o la procedencia del control de constitucionalidad respecto de la jurisprudencia electoral del Tribunal Supremo de Elecciones: “Incluso se cuenta con artículos en que se proponen reformas puntuales a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en procura de fortalecer el control de constitucionalidad o precisar el tema de la admisibilidad de los recursos de amparo”, detalló.

Por su parte, el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, indicó que la revista evidencia el interés del Tribunal de ir más allá de su misión de dictar sentencias, pues procura difundir conocimiento por medio de la doctrina y acercar la temática constitucional a diferentes sectores: “Así como realizamos capacitaciones a profesionales de áreas ajenas al ámbito jurídico, y vamos a las comunidades a formar a los actores sociales en el ejercicio de sus derechos, aportamos también a la academia y al debate, conscientes de la relevancia e impacto que tienen  los temas que se abordan en esta jurisdicción, como lo son las garantías individuales y los derechos fundamentales”.

La publicación de este tercer número de la revista se da en el marco de la conmemoración del 32 aniversario de la Sala Constitucional, en la que también se realizarán una serie de capacitaciones dentro de la campaña “La Sala al alcance de todas y todos”, que inician el lunes 20 de setiembre, son gratuitas y se transmiten vía Teams.

En total, esta edición de la revista de la Sala está compuesta por nueve artículos y dos sentencias integrales del Tribunal Constitucional, a continuación, el detalle:

• La consulta administrativa: propuesta de lege ferenda para fortalecer el control a posteriori de constitucionalidad.

Carlos Eduardo Fallas Navarrete argumenta en este texto a favor de una reforma parcial a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a fin de habilitar a los órganos decisores administrativos para que puedan consultar a la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deban aplicar o de un acto, conducta u omisión que deban resolver.

• Problemática presentada entre los artículos 30, 35 y 36 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: prescripción, caducidad y actos consentidos.

La autora Carolina Chacón Mora propone varias reformas al citado cuerpo normativo, en lo atinente a la admisibilidad del recurso de amparo, en tanto sostiene que la regulación actual ha generado una serie de confusiones respecto a los institutos jurídicos de la prescripción, caducidad y acto consentido.

• Una interpretación histórica del dimensionamiento de las sentencias de constitucionalidad.

Tras un profundo estudio del expediente legislativo correspondiente a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, David Jensen Ghesquiere revela los antecedentes legislativos que motivaron la actual regulación sobre el dimensionamiento de las sentencias de la Sala Constitucional y traza línea para comprender su relación con la protección de los derechos adquiridos de buena fe y las situaciones jurídicas consolidadas.

• La reiteración delictiva: entre control de constitucionalidad concentrado y control difuso de convencionalidad.

Escrito por Sergio Trejos Robert, quien expone los retos y controversias que ha supuesto el ejercicio del control de convencionalidad en Costa Rica, con ocasión del enjuiciamiento de la convencionalidad de dicha causal de prisión preventiva.

• El control de constitucionalidad de la jurisprudencia electoral como norma jurídica. Abordaje crítico de una discusión inacabada.

Los articulistas Luis Felipe Rodríguez Vargas y Alejandro Segura Sánchez examinan la procedencia del control de constitucionalidad a cargo de la Sala Constitucional respecto de la jurisprudencia electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, así como las distintas posiciones que se han adoptado al efecto. 

• El principio constitucional de buena fe ante la Administración Pública.

Alex Rojas Ortega analiza el sustento y repercusiones de tal principio constitucional en las relaciones jurídicas que se establecen entre las personas y la Administración Pública.

• Criterios delimitadores del ejercicio de la objeción de conciencia aplicables a la objeción judicial.

La autora Graciela Arguedas Rodríguez estudia el fundamento normativo y los alcances del derecho a la objeción de conciencia, a la luz de la normativa internacional y del derecho interno costarricense, así como de la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional, a fin de precisar el contenido y límites al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia aplicables a la objeción judicial.

• La notificación de las resoluciones judiciales en la fase de ejecución penal: control de constitucionalidad garantiza tutela judicial efectiva.

Escrito por Danicio Fernández Berrocal, quien comenta el impacto de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en el resguardo del derecho de las personas privadas de libertad a la notificación de las decisiones judiciales adoptadas en respuesta a las incidencias que formulan ante la jurisdicción de ejecución de la pena.

• Levantamiento del fuero laboral, en el sector público.

 En este texto, Eric Briones Briones presenta un acercamiento al tema de los fueros laborales en general y su levantamiento para las personas trabajadoras del sector público, incluidas, específicamente, las mujeres en estado de embarazo o lactancia. Lo que tiene sustento en el artículo 51 constitucional y distintos instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Detalles

Publicado: 17 Septiembre 2021

Creado: 17 Septiembre 2021

Sala Constitucional conmemora su 32 aniversario con la campaña “La Sala al alcance de todas y todos” y una nueva edición de su revista jurídica

• Infografías sobre el funcionamiento del Tribunal y charlas sobre procesos y búsqueda de jurisprudencia son parte de las actividades

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, conmemora en el mes de setiembre su XXXII aniversario, para lo cual desarrollará una serie de actividades destinadas a acercar al público al Tribunal, y que este conozca la importancia de su funcionamiento y contribución con la justicia y democracia.

Fiel a los principios de accesibilidad y transparencia que lo caracterizan, el Tribunal desarrollará la campaña “La Sala al alcance de todas y todas”, cuyo objetivo es explicar el funcionamiento del órgano, el trámite de los procesos que resuelve, y estrategias para rastrear jurisprudencia.

Dentro de esa campaña se efectuarán cuatro conferencias virtuales dirigidas, principalmente, al funcionariado judicial y a abogados y abogadas litigantes, pero también al público en general: comunicadores y comunicadoras, estudiantes, usuarios y usuarias.

“La meta es que las personas interesadas se empapen de conocimiento útil y práctico de la Sala Constitucional”, explicó Alonso Mata Blanco, vocero de prensa y coordinador de la campaña.

Las charlas se efectuarán entre el 20 y el 23 de setiembre, se transmitirán por medio de la plataforma Microsoft Teams, son de acceso abierto y sin consto alguno: a continuación, el detalle

También como parte de la campaña, la Sala habilitará una nueva sección en su sitio web dedicado a infografías que explican el funcionamiento de la Sala Constitucional y detallan, por ejemplo, cómo se plantean los recursos. Estos gráficos educativos, de igual forma, se compartirán en las redes sociales del Poder Judicial.

Revista jurídica

Finalmente, este mes se publicará la edición número tres de la Revista de la Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia, un esfuerzo del Tribunal para contribuir a la discusión y análisis de temas jurídicos en materia constitucional y de Derechos Humanos.

La revista se pondrá a disposición de las y los usuarios de forma gratuita en el sitio web del Tribunal.

Este número cuenta con diversos artículos relacionados con las particularidades, alcances y desafíos que plantea el control de constitucionalidad en Costa Rica, por ejemplo.

Detalles

Publicado: 13 Agosto 2021

Creado: 13 Agosto 2021

CPSC0120821AHSC

12/08/21

Sala Constitucional resuelve acción contra decreto del Minae

La Sala Constitucional en la sesión del 11 de agosto de 2021, por medio de la sentencia N° 2021-017783, resolvió la acción de inconstitucionalidad planteada contra un decreto ejecutivo que permite, de forma excepcional y condicionada al cumplimiento de estrictos requisitos, la intervención controlada de ecosistemas de humedal para la realización de obras de infraestructura pública. En dicho proceso se realizó una vista oral y pública el pasado 15 de julio de 2021.

A partir de la reiteración de las líneas jurisprudenciales sobre la especial protección que requieren los humedales –debido a la gran cantidad de servicios ecosistémicos que brindan– y de los postulados del desarrollo sostenible, la Sala Constitucional, por mayoría, resolvió que dicho decreto es constitucional siempre y cuando se interprete que el artículo 1° del Decreto Ejecutivo n.°39838-MINAE solamente permite la intervención controlada, por parte del Estado y demás entes públicos con competencia en infraestructura pública estatal, en aquellos ecosistemas de humedal que:

1. a) No han sido declarados parte del Patrimonio Natural del Estado
2. b) No están incluidos en áreas silvestres protegidas
3. c) No han sido incluidos en la Lista Ramsar.

Asimismo, deberá entenderse que esa intervención se podrá hacer sólo si se lleva a cabo el estudio técnico que así lo autorice y que determine que tal intervención de esos humedales no provoca el deterioro y la eliminación de esos ecosistemas.

En atención al objeto impugnado, la Sala Constitucional aclara que dicho pronunciamiento no tiene relación con el desarrollo o autorización de alguna obra de infraestructura en particular. Les corresponderá a las autoridades técnicas competentes evaluar caso a caso los eventuales impactos de las obras pretendidas para determinar si procede o no la autorización de la intervención controlada de ecosistemas de humedal.

Por lo tanto, si bien en este proceso se apersonaron partes coadyuvantes en defensa de la construcción de la “Carretera San Carlos, Bernardo Soto-Sifón- Abundancia-Florencia”, conocida como “la carretera a San Carlos”, no le compete a este tribunal hacer manifestación alguna en relación con el desarrollo de esa carretera, por cuanto se trata de un tema propio de la competencia de las diversas autoridades administrativas encargadas del diseño, autorización y desarrollo de esa obra.

Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones

generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la

Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se

viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido

en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Videos explicativos

Detalles

Publicado: 05 Agosto 2021

Creado: 05 Agosto 2021

31/7/21

CPSC310721OCEP

Sala Constitucional resuelve consultas legislativas sobre proyecto de ley de empleo público

La Sala Constitucional, después de una larga deliberación que se prolongó durante seis días en doble audiencia, y en sesión extraordinaria este sábado 31 de julio, resolvió dentro del plazo establecido por ley, las consultas legislativas formuladas por un grupo de diputados y diputadas sobre el proyecto de ley de empleo público.

Por tanto:

Sobre la admisibilidad de las consultas:

• Por unanimidad se admite la consulta formulada mediante expediente n°21-011713-0007-CO. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes en cuanto a la admisibilidad de esta Consulta. 
• Por unanimidad se admite la consulta formulada mediante expediente n°21-011915-0007-CO. Las magistradas Hernández López y Garro Vargas dan razones diferentes en forma separada. El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Picado Brenes consignan notas separadas.
• Por mayoría se admite la consulta formulada mediante expediente n°21-012118-0007-CO. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal salvan el voto y declaran inevacuable la consulta por razones separadas.
• Por mayoría se declara inevacuable la consulta formulada, mediante expediente n°21-012714-0007-CO, por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal ponen notas separadas. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes salvan el voto y admiten la consulta. La magistrada Garro Vargas consigna nota.

Sobre los vicios de procedimiento alegados:

• Por unanimidad, no se encuentran los vicios de procedimiento sustanciales alegados en cuanto: a) El argumento de la inadmisibilidad de las mociones de reiteración números 138-231, 138-250 y 138-18; b) El argumento de la indebida acumulación de las mociones de reiteración; c) El argumento de la falta de discusión de la moción 138-210.

Sobre los vicios de fondo alegados en cuanto al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones:

• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 2 inciso a) no es por sí mismo inconstitucional, en cuanto incluye al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones en un marco regulatorio general de empleo público, pero sí lo es por sus efectos, porque algunas de sus normas -como se examina de seguido- vacían de contenido el principio de separación de poderes. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal, y las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes ponen notas separadas.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 6 inciso b) es inconstitucional. Se declara que es inconstitucional en cuanto somete al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo. El magistrado Rueda Leal pone nota. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones diferentes y la declaran inconstitucional en cuanto somete al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones a la rectoría del Sistema General de Empleo Público a cargo de Mideplán.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que son inconstitucionales los incisos d), g) y, p) del artículo 7 por afectar la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto los somete a la potestad de dirección y reglamentación de Mideplán, asimismo a la verificación de si cumple o no con el cometido de la evaluación del desempeño, correspondiendo esta última función a los poderes supra citados según su normativa interna. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones adicionales.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el párrafo segundo del inciso a) del artículo 9 es inconstitucional, respecto a su aplicación al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones.
• Por unanimidad se declara inevacuable la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en cuanto al artículo 12 por falta de fundamentación de lo consultado, respecto del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes ponen notas separadas.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 13 inciso f) es inconstitucional por lesionar la independencia de poderes, tanto respecto del Poder Judicial como del Tribunal Supremo de Elecciones. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones diferentes.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 13 inciso a) es inconstitucional, respecto del Tribunal Supremo de Elecciones, pues todos los funcionarios de ese órgano pasarían al Servicio Civil, con excepción de sus magistrados.
• Por unanimidad se declara inevacuable la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en cuanto al artículo 13 inciso h), por falta de una adecuada fundamentación desde el punto de vista constitucional de lo consultado respecto del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el párrafo primero del artículo 14 es inconstitucional, respecto del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones.
• Por unanimidad se declara inevacuable la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en cuanto al artículo 15, por falta de fundamentación de lo consultado.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el párrafo primero del artículo 17 resulta inconstitucional, en cuanto sujeta los cargos de alta dirección del Poder Judicial y del Tribunal Supremos de Elecciones a las disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos que emita Mideplán.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 18 es inconstitucional porque afecta la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones.
• Por unanimidad se declara inevacuable la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en cuanto al artículo 19, por falta de una adecuada fundamentación desde el punto de vista constitucional de lo consultado. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes ponen nota.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que los artículos 21 y 22 son inconstitucionales, por cuanto el ejercicio de la potestad disciplinaria de los servidores del Poder Judicial y los del Tribunal Supremo de Elecciones es parte esencial de la independencia judicial y electoral. No obstante, la creación de una nueva causal de despido, por no pasar la evaluación del desempeño en dos ocasiones consecutivas, no es inconstitucional en tanto la aplique el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones de acuerdo con su normativa interna.
• Por unanimidad se declara inevacuable la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en cuanto al artículo 31, por falta de una adecuada fundamentación desde el punto de vista constitucional de lo consultado. La magistrada Picado Brenes pone nota.
• Por mayoría se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 49 inciso b) no es inconstitucional, siempre que se interprete que la Dirección General de Servicio Civil carece de competencia respecto de los asuntos referidos al Poder Judicial y que no se está derogando su normativa especial en estas materias. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Hernández López salvan el voto y declaran sin lugar el agravio porque no está referido al Poder Judicial, ni deroga su normativa especial en estas materias.
• Por mayoría se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que los incisos g) y h) del artículo 49 son inconstitucionales por violar la independencia del Poder Judicial. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Hernández López salvan el voto y declaran que no son inconstitucionales estos incisos.

Sobre los vicios de fondo alegados en cuanto a las universidades públicas:

• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 6 es inconstitucional en cuanto somete a las universidades públicas a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones diferentes.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 7 es inconstitucional en relación con aquellas disposiciones que someten a las universidades públicas a la potestad de dirección y reglamentación por parte de Mideplán. Las Magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones adicionales.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el párrafo segundo del inciso a del artículo 9 es inconstitucional respecto a su aplicación a las universidades públicas.
• Por unanimidad se declara inevacuable la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en cuanto al artículo 11, por falta de una adecuada fundamentación desde el punto de vista constitucional de lo consultado respecto de las universidades públicas.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 13 inciso e) es inconstitucional, por no incluir en tal inciso a los servidores que realizan investigación, acción social y cultural de las universidades públicas. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones adicionales.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 14 es inconstitucional, porque somete el sistema de reclutamiento y selección de personal de las universidades públicas a la potestad de dirección de Mideplán.
• Por unanimidad se declara inevacuable la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en cuanto a los artículos 15 y 16 por falta de una debida fundamentación desde el punto de vista constitucional de lo consultado respecto de las universidades públicas.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 17 es inconstitucional, en cuanto somete al personal de alta dirección de las universidades públicas a las disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos que emita el Mideplán. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes ponen nota.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 30 es inconstitucional, en el tanto no excluye a los funcionarios que realizan labores sustanciales -propias de la actividad universitaria-, y porque no establece que -en atención a la autonomía universitaria- la construcción de la familia de la columna salarial y sus características corresponde en forma exclusiva y excluyente a los máximos órganos de los entes universitarios. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones diferentes.
• Por mayoría se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 30 inciso b) es constitucional. Las magistradas Hernández López, Garro Vargas y Picado Brenes salvan el voto respecto del artículo 30 inciso b) y estiman que, respecto de la autonomía universitaria, es inconstitucional por sus efectos que el salario del presidente de la República sea tope para las universidades, cuando existan razones técnicas que justifiquen otra remuneración.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que los artículos 31, 32 y 34 son inconstitucionales, en el tanto no excluyen a los funcionarios que realizan labores sustanciales -propias de la actividad universitaria-, y porque la definición de los factores de trabajo relevante, su peso relativo, el número de grados requeridos dentro de cada familia y sus características, y la elaboración de la columna salarial corresponde en forma exclusiva y excluyente a los máximos órganos de los entes universitarios. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones diferentes.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 33 es inconstitucional, en el tanto no excluye a los funcionarios que realizan labores sustanciales -propias de la autonomía universitaria-, y somete el manual de puestos de dichos funcionarios al análisis y evaluación de Mideplán, lo que -en atención a la autonomía universitaria- corresponde en forma exclusiva y excluyente a los máximos órganos de los entes universitarios. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones diferentes.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que los artículos 35 y 36 son constitucionales. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones diferentes por separado.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 37 inciso f) es inconstitucional.

Sobre los vicios de fondo alegados en cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 2 inciso b) no es por sí mismo inconstitucional, en cuanto algunas de sus normas -como se examina de seguido- incluye a la CCSS en un marco regulatorio general de empleo público, pero sí es inconstitucional por sus efectos puesto que algunas de sus normas vacían de contenido su autonomía de gobierno. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal, y las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes ponen notas separadas.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 6 es inconstitucional, en cuanto somete a la CCSS a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones diferentes.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el inciso d) del artículo 7 es inconstitucional en relación con aquellas disposiciones que someten a la CCSS a la potestad de dirección y reglamentación por parte de Mideplán. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones adicionales.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el párrafo segundo del inciso a del artículo 9 es inconstitucional respecto a su aplicación a la CCSS.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 13 inciso b) es inconstitucional, por no incluir a los servidores que realizan labores sustanciales y profesionales referentes a los fines constitucionales que se le asignan a la CCSS. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones adicionales.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el párrafo primero del artículo 14 es inconstitucional, porque somete el sistema de reclutamiento y selección de personal que realizan labores sustanciales y profesionales referentes a los fines constitucionales a la potestad de dirección de Mideplán.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 17 es inconstitucional, en cuanto somete al personal de alta dirección pública de la CCSS a las disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos que emita el Mideplán.
• Por unanimidad se evacua la consulta constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 18 es inconstitucional, por afectar la autonomía política de la CCSS en cuanto a los plazos del personal de alta dirección pública. La magistrada Picado Brenes da razones adicionales.

Sobre los vicios de fondo alegados en cuanto a las municipalidades:

• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que, el artículo 2 inciso c) no es por sí mismo inconstitucional, en cuanto incluye a las municipalidades en un marco regulatorio general de empleo público, pero sí lo es por sus efectos puesto que algunas de sus normas -como se examina de seguido- vacían de contenido su autonomía de gobierno. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal, y las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes ponen notas separadas.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 6 es inconstitucional en cuanto somete a las municipalidades a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 7 es inconstitucional en relación con aquellas disposiciones que someten a las municipalidades a la potestad de dirección y reglamentación por parte de Mideplán. Las Magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones adicionales.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el párrafo segundo del inciso a del artículo 9 es inconstitucional respecto a su aplicación a las municipalidades. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes. La magistrada Picado Brenes da razones adicionales.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 13 al no crear una familia de puestos de los empleados municipales los incluye a todos en el Servicio Civil. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes. La magistrada Picado Brenes consigna razones adicionales.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el párrafo primero del artículo 14 es inconstitucional, porque somete el sistema de reclutamiento y selección de personal que realizan labores sustanciales y profesionales referentes a los fines constitucionales de las municipalidades a la potestad de dirección de Mideplán.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 17 es inconstitucional, en cuanto sujeta los cargos de alta dirección de las municipalidades a las disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos que emita el Mideplán.
• Por unanimidad se evacua la consulta constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 18 es inconstitucional, por afectar la autonomía política de las municipalidades respecto de los plazos del personal de alta dirección pública. La magistrada Picado Brenes da razones diferentes.

Sobre los vicios de fondo en cuanto a las instituciones autónomas:

• Por unanimidad se declara inevacuable la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO", que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en cuanto al artículo 2 inciso b) -específicamente en lo referido a “las instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos” y los artículos 6, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 30 y 49 por falta de una adecuada fundamentación desde el punto de vista constitucional.

Sobre los demás vicios de fondo:

• Por mayoría se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el inciso g) del artículo 23 no es inconstitucional porque garantiza adecuadamente el derecho a la objeción de conciencia. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes en cuanto a lo consultado sobre este tema en el expediente n°21-011713-0007-CO. La magistrada Hernández López, considera que el artículo 23 inciso g) del proyecto de Ley consultado, es constitucional, siempre y cuando se interprete que la declaración jurada a que se refiere la norma debe estar sujeta a un proceso de verificación que garantice que el funcionario público no se está sustrayendo de obligaciones propias de su relación de sujeción especial, que dejen sin efecto o sin contenido las garantías y limitaciones constitucionales y legales de la objeción de conciencia, como son la seguridad, el orden, la salud y el respeto a los derechos fundamentales de las personas, en particular de la dignidad humana y no discriminación, según el juicio de ponderación que debe hacerse en cada caso concreto, conforme se estableció en la sentencia 2020-001619 de esta Sala. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal omiten pronunciamiento en cuanto a lo consultado sobre este tema en el expediente n°21-012118-0007-CO.
• Por mayoría se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 43 no contiene vicios de constitucionalidad, en el tanto las nuevas obligaciones o derechos obtenidos al alcance de la negociación colectiva se ajusten a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad presupuestaria, al amparo de la jurisprudencia constitucional, y siempre y cuando se trate de convenciones colectivas donde participen los empleados del Sector Público que válidamente puedan celebrar convenciones colectivas de acuerdo con la Constitución y la ley. El magistrado Rueda Leal y las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones diferentes.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el Transitorio XV referido a la denuncia de las convenciones colectivas, no resulta inconstitucional siempre y cuando se interprete en el mismo sentido que se indicó en el voto número 2018-019511 de las 21:45 horas del 23 de noviembre del 2018, es decir, en aplicación de la Constitución Política (artículos 62 y 74), los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de este Tribunal, deberá interpretarse que cada jerarca de las entidades públicas tiene la potestad de denunciar o no la respectiva convención colectiva, conforme al ordenamiento jurídico vigente. El magistrado Rueda Leal da razones particulares respecto de este punto. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes dan razones diferentes.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el inciso a) del artículo 4 referido a la inhabilitación, no resulta inconstitucional. La magistrada Picado Brenes pone nota.
• Por mayoría se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el Transitorio XI y XII referido a las reglas del salario no resultan inconstitucionales. El magistrado Rueda Leal consigna razones diferentes. Las magistradas Hernández López, Garro Vargas y Picado Brenes salvan el voto y consideran inconstitucional el inciso a) del transitorio XI por violación al derecho de igualdad salarial. Las magistradas Garro Vargas y Picado Brenes ponen notas separadas.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que los artículos 21 y 22 no contienen violaciones al principio del debido proceso constitucional, por ello no resultan inconstitucionales en cuanto a este tema consultado.
• Por mayoría se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que los artículos 39, 40, 41 y 42, sobre nuevos supuestos de permisos, no resultan inconstitucionales. La magistrada Picado Brenes da razones particulares. La magistrada Garro Vargas salva el voto y la declara inevacuable.
• Por unanimidad se evacua la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de "LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO" que se tramita en el expediente legislativo n° 21.336, en el sentido de que el artículo 3, sobre el ámbito de exclusiones, no resulta inconstitucional.
• Los magistrados Rueda Leal y Araya García, y las magistradas Hernández López, Garro Vargas y Picado Brenes consignan notas separadas.

Notifíquese a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia.-

Detalles

Publicado: 09 Julio 2021

Creado: 09 Julio 2021

CPSC090721VistaSanCA

09/07/21

Para resolver acción de inconstitucionalidad

Sala Constitucional realizará audiencia virtual y pública relacionada con la construcción de carretera a San Carlos

• Vista se realizará el jueves 15 de julio, y se transmitirá por el perfil de Facebook del Poder Judicial

La Sala Constitucional realizará el próximo jueves 15 de julio una audiencia oral y pública sobre una acción de inconstitucionalidad presentada contra unos artículos de dos decretos del Ministerio de Ambiente y Energía, publicados en el 2014 y 2016.

Esa normativa autoriza la intervención controlada a ecosistemas de humedal en virtud de proyectos de reparación y mantenimiento, construcción o ampliación de infraestructura pública estatal previamente declarados de conveniencia nacional; y está directamente relacionada con la construcción de la carretera a San Carlos, ya que el trazado de la ruta atraviesa un humedal en el sector de La Culebra, en el distrito de Buena Vista.

Para los accionantes, las normas impugnadas violan los artículos 7, 21, 50 y 189 de la Constitución Política.

La audiencia pública, procedimiento establecido en los artículos 10 y 85 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se celebrará a partir de las 9 a.m. en el edificio de la Sala Constitucional, en Sabana Sur. En ella las partes intervinientes en el proceso expondrán oralmente argumentos jurídicos y técnicos para sustentar su petición ante las señoras y señores magistrados

Debido a las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar la pandemia del COVID-19, la audiencia se realizará de forma virtual a través de la aplicación Microsoft Teams. Además, cualquier persona interesada podrá darle seguimiento en tiempo real a través del perfil de Facebook del Poder Judicial.

Partes del proceso

La acción de inconstitucionalidad se tramita bajo el número de expediente 16-012068-0007-CO, y fue presentada por Allan Astorga Gatgens y Álvaro Sagot Rodríguez, mientras que Mauricio Álvarez Mora, en su condición de Presidente de la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON), figura como coadyuvante.

En la vista, también participarán el Procurador General de la República, Julio Jurado Fernández; Andrea Meza Murillo, en su condición de Ministra de Ambiente y Energía;  Haydée Rodríguez Romero, en su calidad de Viceministra de Aguas y Mares y Punto Focal del Gobierno de Costa Rica en la Convención sobre Humedales RAMSAR (MINAE); Marco Tulio Castro Chinchilla, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); Marco Arroyo Flores, Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); Rodolfo Méndez Mata, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT); y Tomás Figueroa Malavassi, en su calidad de Viceministro de Infraestructura y Concesiones del MOPT.

.

Detalles

Publicado: 05 Julio 2021

Creado: 05 Julio 2021

CPSC150621Proto

15/6/21

Sala Constitucional ordena a Viceministerio dar información sobre protocolos para garantizar derechos de mujeres detenidas

• Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano no proporcionó dato a amparada
• Solicitud de información surge tras detenciones de manifestantes en protesta contra negociaciones con el FMI

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, en una votación unánime, le ordena al Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, en un plazo de tres días desde la notificación de la sentencia, proporcionar los nombres de las mujeres detenidas, y los protocolos que se ejecutaron para garantizar sus derechos humanos, durante una protesta desarrollada en el 2020 contra las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Así se desprende de la parte dispositiva de la sentencia N°2021-013508 con la que el Tribunal declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por una ciudadana, a quien la autoridad pública le negó la información.

Según constató la Sala, a la amparada sí se le respondieron otras consultas realizadas en la misma gestión, pero la autoridad omitió proporcionar el nombre de las mujeres detenidas y los protocolos que se ejecutaron para garantizar sus derechos humanos.

Para las y los magistrados está claro que la gestión de la amparada tiene como fin procurar información para descartar o acreditar la aprehensión de mujeres, así como la verificación sobre eventuales violaciones a los derechos fundamentales.

El Tribunal concluye en el fallo de este martes 15 de junio que los familiares, representantes legales, defensores o interesados en la persona privada de libertad, tienen derecho a gestionar la información necesaria sobre quienes han sido aprehendidos o detenidos como una forma de garantizar la tutela de la integridad y del debido proceso.

Detalles

Publicado: 02 Junio 2021

Creado: 02 Junio 2021

CPSC280521CTP

Sala Constitucional por mayoría declara sin lugar acción contra ley que creó el Consejo de Transporte Público

• En la misma sentencia, el tribunal rechaza de plano la acción en cuanto a los argumentos de uno de los impugnantes.

Mediante la Sentencia N° 2021-11993 de las 11:40 horas del 26 mayo de 2021, el Tribunal resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta conjuntamente por la Asociación Nacional de Transportistas (ANATRANS) y la Asociación de Usuarios y Consumidores de los Servicios Públicos de Pérez Zeledón, en contra de artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 29, 57 y 61, de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, Ley N° 7969 del 22 de diciembre de 1999.

Por unanimidad, la Sala rechazó de plano la acción en cuanto a la Asociación de Usuarios y Consumidores de los Servicios Públicos de Pérez Zeledón, por incumplir requerimientos procesales; mientras que, por mayoría (integrada por los magistrados Castillo Víquez, Hernández López, Salazar Alvarado y Araya García), la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Nacional de Transportistas (ANATRANS) fue declarada sin lugar. 

En sus alegatos, ANATRANS argumentó que el trámite legislativo que se le dio a la Ley N° 7969 excedió la intención original de reformar la Comisión Técnica de Transportes en el año 1999, porque la iniciativa finalmente derivó en la creación del Consejo de Transporte Público, lo que, a su criterio, resulta inconstitucional por violación al principio de conexidad y del derecho de enmienda.

Para la mayoría de los integrantes de la Sala, el principio de conexidad establece que el objeto de los proyectos de ley debe mantener, en términos generales, una identidad y semejanza entre la iniciativa presentada y el texto que termina aprobado por la Asamblea Legislativa.  En el trámite de la ley accionada no hay un quebrantamiento a dichos principios, ya que no se puede hablar de una transformación sustancial del proyecto de ley, toda vez que se buscaba producir una serie de condiciones legales de organización y atribuciones del órgano decisor en la materia.

“Es necesario diferenciar si la iniciativa la promueven directamente los representantes populares o si es mediante la dirección política del Gobierno. De este modo, se distingue la iniciativa parlamentaria, de la gubernativa de ley. Para la mayoría del Tribunal, no es lo mismo la connotación política e impulso a una iniciativa de los representantes populares, a otras formas para gestar una ley. En el caso de la iniciativa gubernativa, la Sala reconoce que el Derecho Constitucional costarricense establece una colaboración conjunta en el trámite legislativo entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, lo que permite una base política transaccional más amplia y flexible, para dar solución a los problemas administrativos a cargo del Ejecutivo”, explicó el magistrado instructor, Luis Fernando Salazar Alvarado.

Por su parte, el Magistrado Castillo Víquez expuso en nota separada que una interpretación in extremis del principio de conexidad, conllevaría a la parálisis de la actividad parlamentaria en el ámbito legislativo.

De igual manera, la Sala, por mayoría, no encontró vicios en la participación política, democrática y de publicidad del proyecto de ley, toda vez que se cumplieron a cabalidad y de forma amplia los tiempos legislativos pautados por el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Voto de minoría

Por su parte, los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y la magistrada Garro Vargas consideraron que sí hubo una infracción al principio de conexidad que invalidó el procedimiento parlamentario de aprobación de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, Ley N° 7969 del 22 de diciembre de 1999. Lo anterior porque el proyecto aprobado incluyó elementos de gran relevancia completamente ajenos a la materia y alcance de la iniciativa de ley original, excediendo así los límites del derecho de enmienda, establecidos en el Reglamento de la Asamblea Legislativa y en la reiterada jurisprudencia constitucional. Ese mismo criterio, por lo demás, sostuvo la Procuraduría General de la República en su informe a esta Sala. También señalaron que los efectos de una declaratoria con lugar sobre este extremo podrían haber sido dimensionados gracias al ejercicio de la facultad expresamente prevista en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

El magistrado Rueda Leal da razones diferentes con respecto al principio de publicidad, toda vez que, aun cuando considera insuficiente la sola publicación de una reseña, en el sub examine, previo a su votación, sí se publicó el texto completo del proyecto con suficiente antelación y, en consecuencia, tanto la sociedad civil como las organizaciones con algún tipo de interés, tuvieron una posibilidad real de participación.  

La Magistrada Garro Vargas consigna nota sobre el principio de publicidad y el de conexidad.

Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones

generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la

Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se

viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido

en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Voto de mayoría: es el criterio jurídico de la mayoría de magistradas y magistrados

que conforman el Tribunal al momento de una votación, con la cual se resuelve un

caso determinado por medio de sentencia.

Voto de minoría: criterio jurídico distinto al de mayoría y, por tanto, distinto a la

tesis con la que se resolvió el caso en sentencia.

Detalles

Publicado: 02 Junio 2021

Creado: 02 Junio 2021

CPSC260521USURA

Sala Constitucional resuelve acciones contra Ley de usura

La Sala Constitucional, en votación de este miércoles 26 de mayo, declaró sin lugar dos acciones contra la Ley de Usura; y en una tercera declara parcialmente con lugar el párrafo tercero del artículo 44 ter por los efectos que produjo durante su vigencia hasta el 11 de noviembre del 2020 cuando fue reformado.

En esa resolución (expediente 20-015196-0007-CO), el Tribunal concluyó que la norma, durante su vigencia, limitó el acceso al crédito de las y los trabajadores, lo que significó una restricción comercial irrazonable en violación a los artículos 33, 46 y 50 de la Constitución Política. En todo lo demás se declara sin lugar la acción.

Detalle de las resoluciones

Detalles

Publicado: 02 Junio 2021

Creado: 02 Junio 2021

CPSC250521PPJ

25 de mayo del 2021

Sala Constitucional resuelve acciones de inconstitucionalidad acumuladas sobre la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial

Mediante la sentencia N° 2021-11957 de las 17 horas de este martes 25 de mayo, la Sala Constitucional finalizó el conocimiento de un total de 10 acciones de inconstitucionalidad acumuladas en el expediente 18-007819-0007, que impugnaban la Ley No. 9544 “Reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, contenido en la Ley No. 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, del 5 de mayo de 1933, y sus reformas”.

El Tribunal dispuso lo siguiente (se transcribe el Por Tanto):

Admisibilidad:

Por unanimidad, se rechazan de plano:

1. a)         los agravios de vicios de procedimientos referidos a la violación de la autonomía de los bancos del Estado y de la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social por falta de legitimación.
2. b)         el análisis del agravio sobre la declaratoria de inconstitucionalidad por conexidad de la ley 9796 del 5 de diciembre de 2019, por ser motivo de análisis en la acción de inconstitucionalidad 20-007715-0007-CO.

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad 19-1720-0007-CO, se rechazan de plano por falta de legitimación, de conformidad con el artículo 75 párrafo 1) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los reclamos que buscan tutelar a la generalidad de servidores, funcionarios, pensionados y jubilados, en aquellos temas en los que la accionante no puede derivar una tutela o amparo de su derecho por no ser medio razonable para amparar su derecho.

Vicios de procedimiento legislativo:

Por mayoría (Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López, Araya García y Garro Vargas) se declaran sin lugar las acciones acumuladas en cuanto a los alegados vicios de procedimiento. El magistrado Castillo Víquez da razones adicionales en cuanto a la violación del principio de publicidad. Las magistradas Hernández López y Garro Vargas ponen notas separadas. En cuanto al tema de los vicios alegados de la sesión de la Comisión Especial del 27 de julio de 2017, la magistrada Garro Vargas da razones diferentes. 

Los magistrados Salazar Alvarado y Hernández Gutiérrez salvan el voto y declaran que la ley impugnada presenta el vicio esencial de procedimiento consistente en la falta de consulta al Poder Judicial del texto aprobado por el Parlamento por mayoría absoluta y no calificada, que lo afecta en su totalidad (artículo 167, de la Constitución Política), por afectar su organización, estructura, funcionamiento e independencia, razón por la cual estiman innecesario entrar a analizar otros vicios de procedimiento y de fondo planteados por los accionantes; excepto aquellos en los que se requiera tomar posición para que exista voto de toda conformidad (artículo 60.2, Código Procesal Civil).

En cuanto a los agravios de fondo:

Se declaran parcialmente con lugar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas y en consecuencia se dispone:

Primero:  Por mayoría (Castillo Víquez, Salazar Alvarado, Araya García, Garro Vargas y Hernández Gutiérrez) se anula el porcentaje de cotizaciones y la contribución especial solidaria y redistributiva en cuanto excedan el 50% del monto bruto de la pensión que corresponde a la persona jubilada o pensionada. Sin embargo, de conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia, o la paz social, la Sala  gradúa y dimensiona los efectos de esta resolución, de modo que, a partir del mes siguiente de la notificación de la sentencia, las autoridades competentes deberán realizar el ajuste correspondiente conforme a esta sentencia, de manera tal que las cargas tributarias que pesan sobre el monto de las jubilaciones y pensiones no exceda el 50% del monto bruto que recibe el jubilado o pensionado. El magistrado Castillo Víquez da razones diferentes. La magistrada Garro Vargas, por sus propias razones, declara con lugar este extremo de la acción de inconstitucionalidad, ordenando anular parcialmente lo dispuesto en los artículos 236 y 236 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial; asimismo, advierte que la inconstitucionalidad que declara afecta los excesos de la contribución especial solidaria respecto de ese 5% y no el resto de las deducciones que se apliquen por ley a todos los pensionados y jubilados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. El magistrado Hernández Gutiérrez da razones adicionales. El magistrado Rueda Leal y la magistrada Hernández López salvan el voto y declaran sin lugar este extremo, tal y como lo hicieron en la sentencia n.? 2020-19274 de las 16:30 horas de 7 de octubre de 2020, por cuanto, según el texto expreso del artículo 67 del de la OIT C102 de 1952 Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima), la pensión o jubilación puede reducirse siempre y cuando se respete el 40% de un salario de referencia, lo que no consta que se vea transgredido automática y evidentemente con el contenido de las normas impugnadas.

Segundo: Por mayoría (Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López, Araya García y Garro Vargas) se declara inconstitucional y en consecuencia se anula el párrafo contenido en el  artículo 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reformado por la Ley número 9544 impugnada, que dice: "Con base en el resultado de los estudios actuariales, y con autorización de la Superintendencia de Pensiones, la Junta Administrativa podrá modificar los parámetros iniciales establecidos en esta ley respecto de los requisitos de elegibilidad, el perfil de beneficios, así como los aportes y las cotizaciones de los servidores judiciales y de las jubilaciones y las pensiones previstos en la ley, siempre que esto sea necesario para garantizar el equilibrio actuarial del Régimen".

Tercero. Por mayoría (Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López, Araya García y Garro Vargas), se interpreta la frase "(...) la presente reforma no les será aplicada en su perjuicio", contenida en el Transitorio II de la Ley 9544 de 24 de abril de 2018, en el sentido de que se refiere exclusivamente a las personas que han consolidado el derecho a la jubilación o el derecho a la pensión.

Cuarto: Por mayoría (Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López, Araya García y Garro Vargas), se declara inconstitucional el requisito de los 20 años de servicio exigido para efectos de obtener la pensión por sobrevivencia que se deriva del artículo 229 de la Ley 9544 de 24 de abril de 2018, en cuyo caso se mantiene vigente el requisito de 10 años para adquirir ese derecho, según el artículo 230 de la Ley 7333 de 5 de mayo de 1993 en la versión anterior a la reforma.

Se declaran sin lugar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas, y en consecuencia se dispone:

Primero: Por mayoría (Castillo Víquez, Salazar Alvarado, Araya García, Garro Vargas y Hernández Gutiérrez) en cuanto a los alegatos relativos a la omisión de tomar en cuenta la diferenciación de género en la edad de jubilación entre mujeres y hombres, se declara sin lugar las acciones. Los magistrados Salazar Alvarado y Hernández Gutiérrez declaran sin lugar este extremo de la acción, únicamente por razones de forma ante la ausencia de estudios técnicos. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes. El magistrado Rueda Leal y la magistrada Hernández López salvan el voto y declaran parcialmente con lugar las acciones acumuladas por la existencia de una omisión inconstitucional en la Ley 9544, al no contemplar criterios de género para fijar una edad diferenciada a fin de que las mujeres que cotizan al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se puedan jubilar o pensionar con un tiempo menor de servicio.

La magistrada Hernández López también salva el voto y declara con lugar parcialmente las acciones acumuladas por cuanto:

1. a)         considera que es contrario al Derecho de la Constitución excluir de los beneficios que otorgaba la Ley 7333 a las personas que, al momento de promulgarse la Ley 9544 aquí impugnada, contaban con 25 años o más de cotizar para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
2. b)         por la existencia de una inconstitucionalidad por omisión en la Ley 9544 impugnada, debido a que el legislador no le da el mismo trato frente a la ley, a los trabajadores del Poder Judicial en cuanto a la posibilidad de tener incentivos para postergar su derecho a la jubilación, según las características de su propio régimen.

Segundo: Por mayoría (Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López, Araya García y Garro Vargas), se declaran sin lugar las acciones acumuladas en todos los demás extremos reclamados.

Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal y las magistradas Hernández López y Garro Vargas consignan notas separadas.

La declaratoria de las inconstitucionalidades, con excepción de lo indicado en el punto primero de los agravios de fondo de esta parte dispositiva -que rige partir del mes siguiente de la notificación de la sentencia- tienen efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la ley, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y situaciones jurídicas consolidadas. Comuníquese a los Poderes Legislativo y Judicial y a la Junta Administradora del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.

Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones

generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la

Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se

viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido

en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Video explicativo: https://salaconstitucional.poder-judicial.go.cr/index.php/Prensa

Detalles

Publicado: 15 Abril 2021

Creado: 15 Abril 2021

CPSC140421ZF

14/04/21                                                                                                                                                                              

A raíz de las consultas formuladas por la prensa en relación al expediente N° 21-005238-0007-CO, se informa:

La Sala Constitucional rechazó por el fondo una acción de inconstitucionalidad presentada por el alcalde de Alajuela, Humberto Soto Herrera, que impugnaba una interpretación auténtica efectuada a la Ley de Régimen de Zonas Francas.

En el voto de N° 2021007442, dictado por mayoría este miércoles 14 de abril, el Tribunal resolvió que no existe violación alguna a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, como lo impugnaba el accionante, puesto que el contenido de la interpretación auténtica guarda estrecha relación y conexidad con lo dispuesto en la norma que se interpreta, sin que exceda, agregue o innove su contenido; además, es acorde con la interpretación y aplicación que los operadores del Derecho han utilizado para resolver los casos concretos generados con ocasión de la aplicación de la Ley de Régimen de Zonas Francas.

El magistrado Cruz Castro salvó el voto.

Lo impugnado

El accionante pretendía que se declarase la inconstitucionalidad de la Ley N° 9851, que es Interpretación auténtica del inciso d) del artículo 20 de la Ley N° 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas, dictada por la Asamblea Legislativa.

Ley N° 9851

ARTÍCULO ÚNICO- Se interpreta auténticamente el inciso d) del artículo 20 de la Ley 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas, de 23 de noviembre de 1990, en el sentido de que donde dice "impuesto territorial" debe entenderse "impuesto sobre bienes inmuebles".”

Al respecto, el inciso d) del Artículo 20 de la Ley N° 7210 establece que:

“De los incentivos

ARTÍCULO 20.- Las empresas acogidas al régimen de zona franca gozarán de los siguientes incentivos, con las salvedades que a continuación se indican:  

1. d) Exención, por un período de diez años a partir de la iniciación de las operaciones, del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del pago del impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles.”

A juicio del accionante la norma impugnada resulta contraria al Derecho de la Constitución, pues no constituye una interpretación como tal de una norma preexistente, sino la modificación-sustitución  de la norma previa; alega además que igualó los conceptos tributarios de impuesto territorial con el impuesto de bienes inmuebles, los cuales -a su juicio- son diferentes, pues el Territorial era un tributo nacional administrador por el Gobierno Central, mientras que el de bienes inmuebles es un tributo nacional administrado por las municipalidades.

Sin embargo, para la Sala Constitucional no existe una diferencia sustancial en cuanto al impuesto territorial y el impuesto de bienes inmuebles que haga suponer que se trata de gravámenes diametralmente opuestos o distintos entre sí, sino que constituye un único impuesto originalmente creado y regulado por Ley N° 27 desde el año 1939, que luego fue regulado mediante Ley N° 7509, con una nomenclatura diferente.

“Ambos conceptos se refieren a un mismo y único impuesto, cuyo objeto es establecer un gravamen sobre los bienes inmuebles, a favor de las municipalidades y a cargo de los propietarios de esos bienes”, detalló Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional y magistrado instructor del expediente.

El Tribunal además aclara que la norma impugnada, al cumplir con las características de una interpretación auténtica, tiene efectos retroactivos a partir de la entrada en vigencia de la norma original, sin que esto constituya una violación al principio de irretroactividad de la ley.

Detalles

Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

26 de febrero del 2021

Sala Constitucional resguarda derecho de personas menores de edad de participar en Comité Cantonal de Deportes

• Gobierno local de Goicoechea incumple con norma de Código Municipal que reserva dos cupos para personas de entre 15 y 18 años en comité de deportes

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, en defensa de la participación y representación ciudadana de las personas jóvenes, declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto contra el Concejo Municipal y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.

El recurrente, una persona de 23 años, acudió al Tribunal Constitucional alegando que en ese municipio se incumple con lo estipulado en el artículo 174 del Código Municipal.

Dicho numeral establece que en la conformación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de los municipios debe haber dos personas menores de edad (entre 15 años y menor de 18), quienes tienen que ser elegidos por una asamblea general convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven.

Sin embargo, el Concejo Municipal de Goicoechea no ha designado al Comité Cantonal de la Persona Joven luego de que sus miembros renunciaron en mayo del 2020, lo que impide que se haga efectiva la norma citada.

La Sala Constitucional destaca que involucrar a las personas jóvenes en las juntas directivas de los comités cantonales tiene respaldo en el Principio del Interés Superior del Menor contemplado en el artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño y en el derecho de participación de los jóvenes tutelado en el artículo 21 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

Por ello, concluye el Tribunal garante de derechos y libertades, el hecho de que aún no se haya efectuado el nombramiento de las dos personas menores de edad en la junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea constituye una omisión de relevancia constitucional y convencional.

A raíz de lo expuesto, en la sentencia 2021-003891 votada de forma unánime este viernes 26 de febrero, las y los magistrados ordenaron al presidente del Concejo Municipal de Goicoechea poner esta sentencia de inmediato en conocimiento del órgano que representa, para que, en un plazo máximo de tres meses, se tomen los acuerdos necesarios dentro del ámbito de sus competencias y se coordine lo pertinente para procurar la elección de las dos personas menores de edad en la junta directiva del Comité Cantonal y Recreativo de Deportes.

Detalles

Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

19 de febrero del 2021

Sala Constitucional ordena eliminar de perfil de Facebook fotos de niños en vulnerabilidad social publicadas sin autorización

• Cuenta de red social muestra imágenes e información confidencial de personas menores de edad para quienes supuestamente se pide ayuda económica

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, por unanimidad, declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto a favor de 14 personas menores de edad, cuyas imágenes e información confidencial son compartidas sin autorización en un perfil de Facebook.

El recurso fue interpuesto por la Ministra de la Niñez y Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gladys Jiménez Arias; pues la institución tiene la representación legal de las personas menores de edad amparadas (actualmente no se encuentran bajo autoridad parental ni tutela).

En el proceso de amparo, se constató que en el perfil de Facebook "Verónica Peña (Unidos por Un Corazón)", en medio de una campaña titulada "No más PANI", se publican fotografías y videos de niños y niñas para quienes supuestamente se pide ayuda económica, en algunos casos incluso se exponen partes íntimas de las personas menores de edad, así como información de su expediente administrativo –la cual no es de acceso público y está en custodia del Patronato–. Esto pone a las y los amparados en una posición de vulnerabilidad y lesiona su derecho a la imagen.

“Las personas menores de edad aquí amparadas están en riesgo social, en clara condición de vulnerabilidad. A ellas, tanto el Patronato Nacional de la Infancia, por mandato legal, como este Tribunal, por mandato constitucional, están llamados a proteger de manera especial, a tenor de lo dispuesto por el ordinal 51 de la Constitución Política”, manifestó el magistrado instructor del expediente, Luis Fernando Salazar.

Por lo motivos expuestos, en la sentencia N° 2021-003293, dictada este viernes 19 de febrero, la Sala Constitucional le ordena a Verónica Lucrecia Peña Ávila, en su condición de administradora del perfil existente en la red social Facebook denominado "Verónica Peña (Unidos por Un Corazón)", eliminar de inmediato de las redes sociales que administra cualquier imagen, video, publicación o comentarios relacionados con los hechos denunciados en este amparo, especialmente donde aparezcan los rostros o cualquier otra parte del cuerpo de los menores de edad amparados. Además, deberá abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos objeto de este asunto y, en consecuencia, realizar publicaciones que vulneren el derecho a la imagen de menores de edad.

Detalles

Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

Miércoles 27 de enero, 2021

CPSC2701210cde

Sala Constitucional no encuentra vicios en consulta realizada sobre proyecto de adhesión a la OCDE

La Sala Constitucional no encontró vicios en la consulta legislativa preceptiva sobre el proyecto de ley denominado: “Aprobación del acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la Organización para la cooperación y desarrollo económicos, suscrito en San José, Costa Rica, el 28 de mayo de 2020; la Convención de la Organización y el Desarrollo Económico suscrita en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; el Protocolo adicional N°1 a la Convención de la Organización para la cooperación y el desarrollo económico, suscritos en París Francia, el 14 de diciembre de 1960, y normas relacionadas”, conocido como convenio de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que se tramita en el expediente legislativo N° 22.187.

El Tribunal, por mayoría, concluye en la opinión consultiva N° 2021001620 de este miércoles 27 de enero que el proyecto no contiene vicios de procedimiento o de fondo.

Esta consulta se formula en cumplimiento de lo que establece el inciso a) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y fue formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa.

Una vez que esté lista la sentencia integral, la Sala Constitucional procederá con la debida notificación a la Asamblea Legislativa para que el proyecto continúe el trámite correspondiente.

Voto de minoría

Los magistrados Rueda Leal, Cruz Castro y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran un vicio en el procedimiento. Su decisión se fundó en la reiterada jurisprudencia de la propia Sala Constitucional que, al resolver consultas preceptivas sobre la aprobación o adhesión a convenios internacionales, ha exigido que se aporte correcta, completa y claramente el texto sometido a aprobación de la Asamblea Legislativa, lo que es indispensable para definir con absoluta certeza el objeto de la obligación de Derecho Internacional que asume el Estado de Costa Rica y que nace de la actuación conjunta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En múltiples antecedentes este Tribunal ha exigido orden, claridad y exactitud respecto de los instrumentos que son sometidos a aprobación parlamentaria, en aras de hacer valer también el principio de seguridad jurídica y el respeto de publicidad; además porque esto permite asumir el proceso de adhesión sin riesgo alguno de ser posteriormente objetado en el ámbito doméstico y en el internacional.

A partir de lo anterior, consideraron que existió un vicio en la aprobación del subinciso vii, del inciso 1 del aparte A, referente a la aceptación de la República de Costa Rica de las obligaciones como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al disponer “La República de Costa Rica asumirá, mediante el depósito de su instrumento de adhesión a la Convención, todas las obligaciones como miembro de la Organización, incluidas, entre otras, la aceptación de: (…) vii.. Todos los instrumentos jurídicos sustantivos de la Organización vigentes en el momento de la decisión del Consejo de la OCDE de invitar a la República de Costa Rica a adherirse a la Convención”. Dicha determinación se adoptó sin tener certeza, y sin aportarse durante el procedimiento legislativo, el texto íntegro de dichos instrumentos jurídicos sustantivos de la OCDE traducidos oficialmente al idioma español que serían vinculantes para el Estado de Costa Rica.

Los Magistrados que suscribieron el voto de minoría consideraron que tal omisión infringe los artículos 7, 10 inciso b), 121 inciso 4), 140 inciso 10) y 124 de la Constitución Política, relativos al trámite de aprobación legislativa de instrumentos internacionales. Además, viola el artículo 96 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que regula la competencia de la Sala Constitucional para ejercer el control de constitucionalidad preceptivo en los proyectos de ley tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas por unos u otros. Es decir, estimaron que al no aportarse los textos de los tratados que Costa Rica acepta como vinculantes, las competencias de la Asamblea Legislativa y las de la propia Sala Constitucional no se ejercieron adecuadamente.

Detalles

Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC260121lib

26/01/21

Sala Constitucional resuelve recurso de amparo interpuesto contra orden sanitaria

• Tribunal declara con lugar recurso porque el Ministerio omitió resguardar los videos en los que se basó para emitir la medida

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado en contra de una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud a Rolando Araya Monge, debido a que esa entidad ministerial no resguardó los videos en los que se basó para emitir la medida.

En la sentencia N° 2021001515, el Tribunal detalla que se tuvo por demostrado que, mediante orden sanitaria N.º MS-DRPIS-UNC-2001-2020 del 30 de julio de 2020, el Ministerio le ordenó al amparado eliminar unos videos de sus páginas de Facebook relacionados con el clorito de sodio y el COVID-19, así como abstenerse de dar declaraciones sobre medicamentos no registrados.

No obstante, Salud omitió resguardar los videos en los que se basó para emitir la citada orden sanitaria, por lo que se carece de prueba para sustentar la alegada lesión a la salud pública. En efecto, la carga de la prueba obliga a la autoridad que limita un derecho a conservar los elementos probatorios que motivan su decisión, lo que en este caso no ocurrió, de manera que el afectado no puede acudir al expediente administrativo seguido en su contra y conocer cabalmente las circunstancias del caso.

La sencilla conclusión de lo anterior es que los videos objeto del proceso no están en el expediente y que esa situación es imputable a la Administración. Como cualquier carga procesal, la parte que incumpla con ella debe afrontar las consecuencias procesales de su omisión.

Por mayoría, en una votación realizada este martes 26 de enero, el Tribunal resolvió anular la orden sanitaria N.º MS-DRPIS-UNC-2001-2020 del 30 de julio de 2020. El amparo se tramitó bajo el expediente 20-013711-0007-CO, al cual se le acumularon los procesos 20-014253-0007-CO y 20-015374-0007-CO, por tratarse de los mismos hechos.

Libertad de expresión

La Sala subraya que la libertad de expresión resulta esencial para el sostenimiento de la democracia y, por ende, configura un aspecto cardinal de nuestro sistema político, por lo que toda restricción a ella no solo debe tener un adecuado fundamento jurídico-positivo (tanto en la normativa interna como en la convencional), sino que, además, la autoridad competente se encuentra obligada a acreditar plenamente el sustento fáctico sobre el cual se basa.

La Sala Constitucional, con el fin de evitar malas interpretaciones y una eventual manipulación de la información, aclara y destaca que el Tribunal no realizó valoración o análisis alguno sobre el uso del clorito de sodio o sus efectos para tratar o prevenir alguna enfermedad, en la sentencia no se emite ningún pronunciamiento al respecto; por tanto la Sala no avala el uso de este compuesto químico, pero declara con lugar el recurso por los defectos señalados en la fundamentación de la orden sanitaria N.º MS-DRPIS-UNC-2001-2020.

Voto de minoría

De los siete magistrados que conformaron el Tribunal, dos de ellos, Garro Vargas y Castillo Víquez, se apartaron del criterio de la mayoría

La minoría consideró, siguiendo una consolidada jurisprudencia constitucional, que no corresponde a esta Sala examinar la base fáctica sobre la que se dicta una orden sanitaria sino si la justificación para dictar el acto es razonable y proporcionado. Afirmó que lo contrario supondría entrar en un análisis propio de la jurisdicción ordinaria y no de un proceso sumario como lo es todo recurso de amparo. Además, también siguiendo abundantes precedentes de esta Sala, dicha minoría reiteró que toda orden sanitaria es el acto inicial de los procedimientos administrativos, es decir, que puede ser objeto de recursos en sede administrativa y, eventualmente, en la jurisdicción ordinaria, donde sí corresponderá hacer un examen detallado de la prueba.

Igualmente, la minoría estimó que el dictado de la orden sanitaria que emitió el Ministerio de Salud está dentro de sus facultades legales en protección a la salud pública y que está razonablemente fundada para los efectos de esta jurisdicción. La minoría entendió que lo tenido por ilegítimo en esa orden no fue el promover que se investigue la eficacia de la sustancia en la población –lo que sí está dentro de la libertad de expresión de cualquier persona–, sino que el tutelado instó a consumir una sustancia no autorizada para fines terapéuticos, describiéndola como inocua en sí misma, sin mayores precisiones y sin advertir la necesidad de contar con la orientación de un profesional de la salud. Por eso no se puede constatar la lesión a la libertad de expresión.

Aparte de lo anterior, si bien el Ministerio de Salud no aportó los videos prevenidos, pues informó que el Equipo Legal de Facebook los eliminó, se acredita que sí lo hizo uno de los recurrentes que accionó a favor de Rolando Araya Monge. Esto significa que la probanza que la mayoría echa de menos sí consta en autos. Si había alguna duda, y estimaba que debía analizar la base fáctica de la orden sanitaria, entonces se le hubiese podido solicitar al Ministerio de Salud que manifestara si tales videos corresponden a los mencionados en la orden sanitaria objetada. Además, estimar el amparo desconociendo por qué el Ministerio de Salud no guardó los videos, es causarle indefensión, máxime que no fue uno de los agravios alegados en el amparo.

Detalles

Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

Labor de la Sala Constitucional en 2020

Número de asuntos resueltos superó al de casos ingresados

• El año pasado igresaron un total de 23.138 expedientes, en ese mismo periodo el Tribunal dictó 24.929 sentencias
• Se reporta un aumento de un 52% en el ingreso de recursos de habeas corpus

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, resolvió en el 2020 un total de 24.929 asuntos, la cifra es superior al total de casos que ingresaron en ese mismo periodo: 23.138. Esto se debe a que el Tribunal, producto de un trabajo orquestado y planificado, dictó sentencias de casos que se habían acogido desde años anteriores, principalmente acciones de inconstitucionaldiad y amparos de suma complejidad.

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, detalló que el Tribunal ha ideado una serie de procesos que permiten la resolución de un alto volumen de casos garantizando que cada uno de ellos reciba la atención, análisis, estudio y discusión que merece. Para ello se cuenta con un equipo de funcionarias y funcionarios, entre los que destacan letrados expertos en la materia constitucional. Las magistradas y los magistrados en este año de pandemia redoblaron esfuerzos para garantizar a los habitantes de la república sus derechos fundamentales, adoptando como norte el hacer respetar el Derecho de la Constitución y las garantías consagradas en los instrumentos internacionales.

“La Sala Constitucional es un tribunal sumamente accesible, en donde muchas personas, de todo tipo de condición socioeconómica y nivel educativo, depositan su confianza de encontrar justicia… es por ello que, conscientes de la responsabilidad que tenemos con el país, procuramos trabajar de forma célere y efectiva”, señaló.

Castillo también resaltó que desde que se desató la pandemia por el COVID-19, la Sala no ha dejado de laborar ni un solo día, y que el Tribunal se convirtió en un actor clave para proteger los derechos de la ciudadanía en medio de las medidas tomadas para paliar propagación del virus.

Si bien la cantidad de sentencias emitidas es inferior en un 3% a las dictadas en el 2019, esto obedece a que el número de casos nuevos también disminuyó (en este caso en un 4%) en el mismo periodo.

Fuerte aumento de habeas corpus

Durante el 2020 se registró un aumento tanto en el número de ingresos de recursos de habeas corpus como en el total de habeas corpus votados por el Tribunal, en el primer caso la cifra pasó de 1.602 a 2.466, lo que representa un incremento de 52%, mientras que en el segundo la variación fue de un 45% al pasar de 1.297 a 1.882 casos votados.

El habeas corpus es un recurso que garantiza la libertad e integridad de la persona, la protege de ser perturbada o de sufrir restricciones por actos y omisiones que cometa la autoridad, detenciones e incomunicaciones ilegítimas. Además, resguarda la libertad de tránsito.

INSUMO N°1. Asuntos votados en 2020.

Detalle: tipo de proceso.

Fuente: base oficial de las actas de votación emitidas por la Sala Constitucional

Tipos de sentencias

Comparación de casos votados con respecto a años anteriores

INSUMO N°2. Asuntos ingresados en 2020.

Detalle: tipo de proceso.

Fuente: Sistema de gestión

Comparación de casos entrados con respecto a años anteriores

Aumento de habeas corpus

INSUMO N°3. TÉRMINO DE CASOS

Detalle: tipo de resultado (ÚNICAMENTE AMPAROS Y HABEAS CORPUS)

Fuente: base oficial de las actas de votación emitidas por la Sala Constitucional

INSUMO N°4. ASUNTOS VOTADOS POR TEMA

Detalle: Asuntos votados por tema (ÚNICAMENTE RESOLUCIONES DE FONDO EN AMPAROS Y HABEAS CORPUS)

Fuente: base oficial de las actas de votación emitidas por la Sala Constitucional

Detalles

Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

Sala Constitucional evacúa consulta legislativa sobre proyecto de minería en Abangares

La Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en el Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Mejoramiento Ambiental de la Minería Artesanal de la Minería de Abangares, por medio de la modificación de la Ley N° 8904 de 10 de febrero de 2011 y del Código de Minería Ley N° 6797 de 04 de octubre de 1982, expediente legislativo número 21.229.

En la resolución N°2020-023789 de este jueves 10 de diciembre, las y los magistrados evacuaron la consulta legislativa facultativa sobre el proyecto señalado, formulada por un grupo de 11 legisladores y legisladoras de distintas fracciones políticas.

El Tribunal determinó que hay una violación al principio de conexidad en el Transitorio I, pues se modifica el objeto general del proyecto de ley: se pasa de regular plazos de cumplimiento a la liberalización de ellos. Además, esto resulta incompatible con los compromisos adoptados en la Convención de Minamata* de reducir y eliminar el uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala.

La Sala también concluye que el Transitorio X del proyecto de ley es contrario a los artículos 21 y 50 Constitucionales**, y a la Convención de Minamata, en cuanto al establecimiento de controles estatales y ambientales laxos que no permitirían resguardar la explotación y comercialización del oro, de conformidad con la salud humana y la protección del medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio y compuestos de mercurio.

Por otra parte, en la opinión consultiva se indica que el término “cooperativas de vecinos”, presente en el Transitorio X del proyecto de ley, no es contrario al principio de conexidad, siempre que se interprete que se trata de los trabajadores mineros establecidos en el artículo 8 del Código de Minería.

En cuanto a esto último, el Magistrado Rueda Leal salva el voto respecto del término “cooperativas de vecinos”, dado que el propósito original del proyecto está referido a la comercialización solamente por parte de los productores organizados en cooperativas mineras. El cambio causa una violación adicional al principio de conexidad sin que la literalidad de la norma consultada permita una interpretación conforme a la Constitución.