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San José, 25 de enero de 2023
Edición N° 5 de la Revista Digital de la Sala Constitucional ya está disponible
- Revista fue puesta a disposición del público desde este jueves
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas lanza la edición N°5 de su revista digital, la cual puede ser consultada en la dirección: www.revistasalacons.poder-judicial.go.cr
Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional señaló que “este es un esfuerzo institucional que inició en el año 2019, en procura de facilitar la generación y difusión de doctrina extranjera y nacional, así como para divulgación las líneas jurisprudenciales y precedentes más significativos de este Tribunal Constitucional”.
El magistrado añadió que “la Revista de la Sala Constitucional es una publicación que pretende ofrecer un foro de análisis de los temas más relevantes del Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Fernando Castro, coordinador de la iniciativa y letrado de la Sala Constitucional señaló que “existe un proceso serio de revisión y selección de artículos, que procura garantizar que estos sean de una alta calidad, resulten atractivos y de efectiva utilidad para cada uno de los lectores.”.
Además, Castro explicó que “la nueva página de la revista tiene un diseño fresco y amigable que permite la búsqueda de artículos con mayor facilidad”.
El letrado añadió que “en nombre del Consejo Editorial de esta Revista Digital de la Sala Constitucional queremos agradecer a las personas autoras de los artículos y a los miembros del grupo de revisores de la revista, pues su aporte y esfuerzo han hecho posible la publicación de este número”.
Contenido
En esta ocasión, en la sección de doctrina extranjera, se cuenta con el valioso aporte del catedrático de Derecho Administrativo, director del grupo de investigación de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña y presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, Jaime Rodríguez-Arana. Su artículo se titula: “Sobre la reciente jurisprudencia medioambiental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Por otra parte, en la sección de doctrina nacional están los siguientes artículos:
- “La secesión de los Estados Confederados de América. Un breve análisis desde la óptica del derecho constitucional” escrito por Luis Roberto Ardón Acuña, secretario de la Sala Constitucional y coordinador de la Oficina de Presidencia de este tribunal. Este tema en particular reviste de un alto interés histórico en materia constitucional.
- “Vínculos entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad en Costa Rica: implicaciones, desafíos y disonancias interpretativas. Reflexiones a la luz del artículo 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica” redactado por Maricruz Barquero Kepfer y Fernando Castro Padilla, letrados de esta Sala Constitucional. En su artículo analizan los retos que puede generar la implementación del control de convencionalidad en el ámbito interno de los distintos Estados, en el marco de los respectivos sistemas nacionales de justicia constitucional –con especial énfasis en el caso costarricense–.
- “Presupuestos públicos y constitucionalidad: una perspectiva administrativista de su interacción e impacto” escrito por Rolando Bolaños Garita, investigador universitario quien expone diversos elementos históricos, políticos, jurisprudenciales y técnicos relacionados con el presupuesto público y que se relacionan con su comprensión como dispositivo para el ejercicio de la dirección gubernativa del Poder Ejecutivo.
- “La paridad horizontal como acción afirmativa en los procesos electorales en Costa Rica. Análisis de cara a los procesos municipales 2024” de José Roberto Garita Navarro, magistrado suplente de la Sala Constitucional, quien en su artículo examina los principales criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional emitidos con ocasión de los comicios municipales a celebrarse en febrero de 2024, en relación con la legitimidad de la norma limitativa de la reelección municipal, la posibilidad de control constitucional de los criterios reiterados del Tribunal Supremo de Elecciones y el impacto de la paridad horizontal en tales elecciones.
- “Las libertades de expresión y de prensa. Análisis a partir de la jurisprudencia constitucional y convencional” fue suscrito por Alex Rojas Ortega, Juez - Tribunal Contencioso quien ofrece un análisis de tales libertades, tanto desde el punto de vista de su contenido, como de sus caracteres y alcances, a partir de los criterios emitidos por la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- “El principio de oralidad en el litigio ante la Sala Constitucional de Costa Rica: el caso del recurso de amparo y de la acción de inconstitucionalidad” escrito por Víctor Edo. Orozco S., coordinador de la Maestría Profesional en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica. Este autor nos explica sobre la implementación del principio de oralidad en el litigio ante la Sala Constitucional de Costa Rica, particularmente, respecto del recurso de amparo y de los procesos de control de constitucionalidad.
En la sección de jurisprudencia se transcriben dos pronunciamientos relevantes de esta Sala:
- El primero (voto nro. 2022-025167), relacionado con la orden sanitaria nro. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022, en la que se dispuso la suspensión temporal del permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva (adquirido por el Grupo Nación S.A.). La parte recurrente adujo una violación indirecta a la libertad de expresión, en tanto acusó que tal cierre suponía un acto arbitrario y carente de todo sustento y obedecía a la materialización de las amenazas giradas semanas antes, públicamente, por el presidente de la República en contra del Diario La Nación. En esta sentencia se incluye un extenso análisis sobre el contenido e implicaciones de las libertades de expresión y prensa y sobre sus restricciones por vías o medios indirectos.
- En el segundo (voto nro. 2023-008843), se desarrollan los principios del doble conforme y de favorabilidad en materia penal, con ocasión de la reforma el artículo 466 bis del Código Procesal Penal, mediante la Ley nro. 10200 de 5 de mayo de 2022.
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San José, 25 de enero de 2024
Magistrados declaran inconstitucional norma presupuestaria que obligó a cerrar plazas en el Poder Judicial
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, por unanimidad, declaró inconstitucional el artículo 7 inciso 12) de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021 en virtud de los efectos que esa norma produjo mientras estuvo vigente.
La acción de inconstitucionalidad contenida en el expediente n.°21-002455-0007-CO fue presentada por representantes de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD) por considerar que la norma impugnada infringía los principios de separación de poderes, legalidad constitucional en la formación de la ley, supremacía constitucional, razonabilidad, proporcionalidad y anualidad presupuestaria.
En el voto n.°21-002455-0007-CO los altos jueces valoraron que, si bien la norma cuestionada se encuentra derogada para este momento, lo cierto que su análisis en este proceso se justifica, pues en otras oportunidades este Tribunal ha reconocido que la acción de inconstitucionalidad es procedente cuando subsisten o subsistieron efectos luego de la derogación de la norma impugnada.
En consecuencia, la Sala estimó procedente referirse al fondo del asunto, puesto que la norma impugnada desplegó todos sus efectos durante el período en que estuvo vigente, lo cual ocurrió desde el 1° de enero hasta el 11 de febrero de 2021, cuando se publicó la ley que la reformó.
Respecto del fondo, concluyeron, luego de analizar la norma impugnada, que esta se aprobó en contravención del artículo 167 de la Constitución Política, pues pese a que impactaba la organización o funcionamiento del Poder Judicial ‒al ordenar el cierre del código presupuestario de las plazas vacantes en la administración de justicia‒, no se realizó la consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia.
Sobre el particular, el magistrado Castillo Víquez consignó razones adicionales. Asimismo, las magistradas Garro Vargas y Hess Herrera consignaron razones adicionales respecto de la inconstitucionalidad de la norma impugnada, toda vez que estimaron que la norma vulneró los principios de separación de poderes, supremacía constitucional, razonabilidad, proporcionalidad y anualidad presupuestaria.
La inconstitucionalidad se declara sólo en lo que respecta a su aplicación al Poder Judicial y en razón de los efectos que produjo mientras estuvo vigente del 1° de enero al 11 de febrero de 2021, ya que se obligó al Poder Judicial a cerrar las plazas vacantes que eran necesarias para su funcionamiento.
Además, los magistrados declararon inconstitucional el acuerdo emitido por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión n.°120-20 celebrada el 17 de diciembre de 2020, art. LXXXIX, que también se había impugnado porque se había dictado sobre la base de la mencionada norma.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
21-002455-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 21-002455-0007-CO |
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Fecha de la votación: |
24 de enero 2024 |
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Por tanto: |
Por unanimidad se declara inconstitucional el artículo 7 inciso 12) de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021, n.°9926 de 01 de diciembre de 2020 en virtud de los efectos que esa norma produjo mientras estuvo vigente del 1° de enero al 11 de febrero de 2021, concretamente en lo relativo a su aplicación al Poder Judicial tal y como se impugnó, por violación del artículo 167 de la Constitución Política, por haberse omitido la consulta a la Corte Suprema de Justicia. Por consiguiente, se declara inconstitucional el acuerdo emitido por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión N.º120-20 celebrada el 17 de diciembre de 2020, art. LXXXIX. El magistrado Castillo Víquez consigna razones adicionales respecto de la violación del artículo 167 de la Constitución Política. Las magistradas Garro Vargas y Hess Herrera consignan razones adicionales respecto de la inconstitucionalidad de la norma. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y de las situaciones jurídicas consolidadas. Comuníquese al presidente del Poder Legislativo y al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese. - |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas (instructora), Ingrid Hess Herrera y el magistrado suplente Fernando Lara Gamboa. |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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San José, 24 de enero de 2024
Magistrados evacuan consulta judicial y declaran inconstitucional obligación de que apellido del padre siempre anteceda al de la madre
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, por mayoría declaró inconstitucional la frase “en ese orden” contenida en el artículo 49 del Código Civil, que establece la obligación de colocar, en el nombre de las personas, el primer apellido del padre seguido del primer apellido de la madre sin posibilidad de variar tal orden.
La mayoría de magistrados (Cruz, Rueda-instructor-, Araya y Hess) estimaron que esto transgrede el derecho de igualdad y no discriminación en perjuicio de la mujer y el derecho a la igualdad entre cónyuges, así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al nombre y a la identidad, en relación con el principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad.
Con respecto a la violación al derecho de igualdad y no discriminación en perjuicio de la mujer y al derecho de igualdad entre los cónyuges, el alto Tribunal determinó que la frase del artículo 49 del Código Civil “en ese orden”, que impone la obligación de consignar siempre el primer apellido del padre seguido del primero de la madre, constituye una regla anacrónica con raíz patriarcal, incompatible en la actualidad con los numerales 33 y 52 de la Constitución Política, así como con los ordinales 5 inciso a) y 16 de la ‘Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer’.
En ese sentido, por mayoría, los jueces constitucionales razonaron que el establecimiento del orden de los apellidos a favor del hombre como única opción no se encuentra fundamentado en parámetros razonables y objetivos, sino que halla su génesis en prácticas consuetudinarias basadas en una concepción patriarcal y anacrónica de la familia, que discrimina a la mujer y hoy día es incompatible con el Derecho de la Constitución.
Asimismo, los magistrados determinaron que el establecimiento de un orden de prelación en los apellidos de una persona a favor del hombre como única opción, limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el derecho a la identidad. Justamente, los apellidos forman parte inescindible de la personalidad del ser humano y su orden es inherente a los derechos fundamentales al nombre y la identidad, de modo que su configuración no solo resulta consustancial a los atributos y la dignidad humana, sino que también alcanza al derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues directamente se encuentra referido al derecho de una persona a identificarse en sociedad del modo en que ella lo desea, dentro del marco de una sociedad en libertad.
Para la Sala Constitucional también hay una violación al principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad. En tal sentido, el constreñir a que el primer apellido del hombre siempre anteceda al de la mujer significa una discriminación injustificada en contra de la mujer, que, en realidad, refleja un fin del todo ilegítimo: situar al hombre como cabeza de la familia en menoscabo de la condición igualitaria que debe imperar entre los cónyuges o compañeros. Además, hay otras alternativas que no entrañan tal discriminación, sin que la variación del orden de los apellidos se traduzca en una amenaza a la seguridad jurídica.
Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvaron el voto y declararon sin lugar la consulta judicial de constitucionalidad debido a que estiman que el objeto de la consulta versa sobre materia propia del legislador.
En tal sentido, no están en contra de un eventual cambio de regulación para que en lo sucesivo los progenitores o las personas mayores de edad puedan variar el orden de sus apellidos, pero subrayan que compete al legislador ponderar la conveniencia de cambiar el actual sistema y prever todas las vicisitudes que se pudiesen presentar sobre el particular. Lo anterior con el fin de garantizar seguridad y certeza jurídicas en la materia, bajo el entendido de que estos son principios cardinales de todo Estado de Derecho.
Al adoptar esta decisión, se apoyaron en los propios antecedentes de la Sala Constitucional y, además, estimaron que no hay sustento fáctico, ni jurídico que acredite necesariamente una supuesta discriminación en perjuicio de las mujeres, ni otros agravios que señala la mayoría.
Reiteran que es el legislador y no el Tribunal Constitucional el que está llamado a determinar el orden de los apellidos y los mecanismos previstos para su modificación, puesto que la regulación al respecto incide en los ámbitos civil, de familia, comercial, laboral, electoral, penal, etc.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-04634-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2024-1728 |
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Fecha de la votación: |
24 de enero de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría se evacua la consulta formulada en el sentido de que la frase "en ese orden" del artículo 49 del Código Civil es inconstitucional por violación a los derechos fundamentales cobijados en los numerales 28, 33 y 52 de la Constitución Política, 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 5 inciso a) y 16 de la 'Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer', así como por contravenir el principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad. Se interpreta conforme a la Constitución, que el concepto de nombre del ordinal 54 del Código Civil se entiende según se encuentra definido en el mismo artículo 49, a saber, como comprensivo del nombre de pila y de los apellidos respectivos, lo que posibilita que el derecho a cambiar de nombre abarque también el orden de los patronímicos. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese al tribunal consultante y a la Procuraduría General de la República. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y estiman que el objeto de la consulta versa sobre materia propia del legislador. La magistrada Garro Vargas consigna nota. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Varga e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Consulta Judicial facultativa: es una herramienta legal que tienen los jueces y juezas del Poder Judicial, ante la Sala Constitucional, para aclarar dudas devenidas de la constitucionalidad de una norma que deben aplicar o de un acto, conducta u omisión que deben juzgar.
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San José, 19 de enero de 2024
En resguardo de la libertad de prensa, Sala Constitucional ordena a la Liga Deportiva Alajuelense anular veto contra periodista
- Magistrados ordenan a directivos restituirle al comunicador el pleno goce de sus derechos
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró con lugar un recurso de amparo presentado por un periodista y estudiado bajo el expediente 23-023667-0007-CO.
El recurrente señaló que la Junta Directiva de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense le vetó indefinidamente como sanción por emitir sus opiniones. Señala que tal veto le ha impedido entrar en el Estadio Alejandro Morera Soto. Acusa que, de esa forma, se viola su libertad de expresión y prensa, debido proceso y se le impuso una sanción a perpetuidad.
En la sentencia nro. 2024-001521, la Sala Constitucional advirtió, luego de un examen detallado de las manifestaciones del amparado en el contexto de todo lo que manifestó sobre el jugador de apellido Campbell y su presencia en el estadio del Deportivo Saprissa, que el recurrente no estaba haciendo un llamado a la violencia, odio, racismo o alguna forma de vejación en contra del deportista, toda vez que de manera reiterada, por un lado, fue expreso y enfático en rechazar la violencia y el racismo en los partidos de futbol, y, por otro, explícitamente aclaró que se refería al ambiente típico que se da en este tipo de eventos deportivos.
Asimismo, para el alto Tribunal, la protección de la libertad de expresión se amplifica o refuerza cuando su ejercicio está vinculado con la libertad de prensa, y es que, justamente, los periodistas y medios de comunicación desempeñan un papel insustituible por su contribución en la difusión de información a la población, su control político y el intercambio de opiniones.
Por eso, al analizar los acontecimientos, los magistrados resolvieron que con el veto al periodista se le había lesionado su libertad expresión, su libertad de prensa y, por conexidad, su derecho al trabajo.
Por último, el Tribunal Constitucional determinó que en caso de que el recurrido hubiese considerado que la conducta del amparado contravenía la “Ley para la prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos”, su determinación hubiese correspondido ser definida mediante el debido proceso establecido en esa normativa, lo que no se hizo.
En consecuencia, los magistrados le ordenaron a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense restituir al comunicador en el pleno goce de sus derechos y de manera inmediata permitirle el ingreso al estadio Alejandro Morera Soto, para efectos periodísticos y bajo las mismas condiciones de los demás periodistas deportivos de otros medios de comunicación colectiva.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-023667-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2024-1521 |
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Fecha de la votación: |
19 de enero de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se anula el veto impuesto al tutelado mediante acuerdo nro. 1 de la sesión nro. 22-2023 del 2 de octubre de 2023 de la Junta Directiva de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense y se le restituye en el pleno goce de sus derechos. Se ordena a Joseph Monsour Joseph Saidy, en su condición de presidente de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, o a quien ejerza ese cargo, que de manera inmediata le permita el ingreso al amparado al estadio Alejandro Morera Soto, para efectos periodísticos y bajo las mismas condiciones de los demás periodistas deportivos de otros medios de comunicación colectiva, que asisten a dicho estadio. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Asociación Liga Deportiva Alajuelense al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. La magistrada Hess Herrera consigna nota. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Varga e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 17 de enero de 2024
Sala Constitucional declara sin lugar acción de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los lineamientos para la conformación de listas de personas recomendadas para el cargo de personas magistradas suplentes
- Caso carece de la debida fundamentación respecto de los posibles principios y derechos vulnerados
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada bajo el expediente 23-07520-0007-CO e interpuesto por la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Dicha acción fue presentada contra el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los Lineamientos para la conformación de listas de personas recomendadas para el cargo de personas Magistradas Suplentes de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, adoptados en el artículo XIX de la sesión de Corte Plena número 06-2021, de 8 de febrero de 2021, comunicados mediante Circular número 42-2021, de 24 de febrero de 2021.
En el voto N° 2024-001071, la Sala Constitucional, por mayoría, declara sin lugar la acción. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal dan razones particulares en cuanto a la desestimatoria de la acción contra la circular nro. 42-2021 de 24 de febrero de 2021- publicada el 15 de marzo de 2021-. La magistrada Garro Vargas consigna nota respecto de la admisibilidad y da razones diferentes respecto del fondo. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar la acción de inconstitucionalidad con relación al artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (previo a la reforma operada por la ley nro. 10325), por violación a los principios constitucionales de publicidad y transparencia. El magistrado Cruz Castro consigna razones adicionales
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-07520-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2024-001071 |
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Fecha de la votación: |
17 de enero de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría, se declara sin lugar la acción. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal dan razones particulares en cuanto a la desestimatoria de la acción contra la circular nro. 42-2021 de 24 de febrero de 2021- publicada el 15 de marzo de 2021-. La magistrada Garro Vargas consigna nota respecto de la admisibilidad y da razones diferentes respecto del fondo. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar la acción de inconstitucionalidad con relación al artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (previo a la reforma operada por la ley nro. 10325), por violación a los principios constitucionales de publicidad y transparencia. El magistrado Cruz Castro consigna razones adicionales. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García (instructor), Anamari Garro Varga e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 08 de enero de 2024
Sala Constitucional protege derecho de menor de edad con espina bífida y vejiga neurogénica a quien no se le entregaban los insumos adecuados para tratar su enfermedad
- Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado bajo el expediente 23-024208-0007-CO interpuesto por los padres de un menor de 2 años de edad que tiene una condición congénita llamada espina bífida (mielomeningocele) y vejiga neurogénica.
Los recurrentes expusieron que su hijo es una persona menor de edad, quien cada 3 o 4 horas debe usar un catéter vesical intermitente limpio (sonda), que entra de la uretra a la vejiga y ayuda a vaciarla. Adujeron que el hospital Nacional de Niños solo les brinda 30 sondas por mes, que deben reutilizar aproximadamente 5 veces durante el día. Reclamaron que la cantidad de sondas que se les entrega es insuficiente. En efecto, el procedimiento de limpieza y colocación es incómodo y riesgoso, pues fácilmente se puede contaminar y así transmitir infecciones. Alegaron que se lesionaron los derechos fundamentales de su hijo y los de los demás pacientes con la misma patología.
En la sentencia N° 2024-000019, los magistrados consideraron vulnerado el derecho constitucional a la salud del menor amparado con base en el criterio emitido por la Sección Clínica Médico Forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Según este dictamen, existe una relación entre infecciones del tracto urinario y el reúso de las sondas dadas al amparado, por lo que lo calificó eso como una mala práctica clínica. En su lugar, afirmó que el empleo de sondas de Nelaton (PVC) de un solo uso es lo indicado desde un punto de vista médico en el manejo de los pacientes para cateterismo limpio intermitente (CLI), como sucede en el caso del menor tutelado.
Por lo anterior, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso, a efectos de que las autoridades recurridas le suministren al menor tutelado las sondas Nelaton y el resto de insumos en la cantidad necesaria de manera que se garantice un solo uso de las sondas para la realización del cateterismo limpio intermitente al paciente, las veces que él lo requiera por día, todo aplicado de acuerdo con el criterio de Medicina Legal del OIJ.
Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-024208-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2024-000019 |
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Fecha de la votación: |
09 de enero de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente respecto a la cantidad de sondas Nelaton suministradas al menor amparado. Se ordena a Carlos Eduardo Jiménez Herrera y Laura Leticia Vásquez Chaves, por su orden director general a. i. y jefa del servicio de Urología, ambos del hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que de inmediato giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para que al paciente se le continúen brindando las sondas Nelaton y el resto de insumos necesarios en la cantidad suficiente que garantice un solo uso de esos dispositivos para la realización del cateterismo limpio intermitente las veces que lo requiera por día, lo anterior de acuerdo con las conclusiones emitidas por la Sección Clínica Médico Forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial en el dictamen médico legal nro. 2023-0009359 del 06 de diciembre de 2023 y bajo estricta supervisión de la profesional en medicina que conoce el caso del amparado. Lo anterior se dicta con la advertencia de que según lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Varga y el magistrado suplente Hubert Fernández Argüello. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 08 de enero de 2024
Sala Constitucional resuelve a favor de las personas sordas y protege su derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró con lugar el recurso de amparo estudiado bajo el expediente N° 23-026015-0007-CO y presentado por el presidente de la Asociación Pro Defensa Derechos Sordos CR.
El recurrente alegó que el MEP decidió cerrar el Servicio Educativo de Sordos Adultos (SESA) y reubicar a los estudiantes sordos en aulas regulares, sin tener en cuenta sus necesidades y derechos. Pese a que en octubre de 2023 se celebró una reunión con estudiantes afectados por el cierre del programa, el recurrente manifestó ante la Sala que el modelo propuesto no cubre las necesidades educativas de la población sorda.
En la sentencia 2023-033148, los magistrados ordenaron a la ministra de Educación Pública garantizar plenamente y de forma ininterrumpida, a las personas cubiertas actualmente por el programa SESA (Servicio Educativo de Sordos Adultos) y a la población sorda en general, su derecho a la educación de calidad en condiciones de igualdad e inclusión.
Además, la Sala indicó que, si bien es competencia del ministerio recurrido y sus instancias técnicas determinar el modelo de educación que mejor satisfaga las necesidades educativas de las distintas poblaciones que debe atender, no quedó demostrado categóricamente en el expediente que el cambio de modelo proteja plenamente los derechos de los amparados, ni que, de ser necesaria, la transición a otro modelo educativo esta se haya consolidado totalmente antes de hacer cesar el actual sistema.
La decisión de la Sala se fundamentó en el derecho a la educación en condiciones de igualdad y, concretamente, el acceso a la formación educativa, especialmente cuando los educandos se encuentren en situación de discapacidad, exigiendo la creación, conservación y desarrollo de programas de enseñanza especiales e incluyentes. La forma intempestiva en que las autoridades del MEP clausuraron el SESA y dispusieron el traslado de los estudiantes activos -así como la matrícula de estudiantes nuevos- al CINDEA de Montes de Oca, violentó el derecho a la educación de la población estudiantil sorda.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
N° 23-026015-0007-CO |
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Número de resolución: |
N°2023-033148 |
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Fecha de la votación: |
22 de diciembre 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Anna Katharina Müller Castro, en su condición de ministra de Educación Pública, o a quien ocupe ese cargo, adoptar las actuaciones necesarias y girar las instrucciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que se garantice, plenamente y de forma ininterrumpida, a las personas cubiertas actualmente por el programa SESA y a la población sorda, en general, su derecho a la educación de calidad en condiciones de igualdad e inclusión. Se advierte a la parte recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. - |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Cruz Castro presidente (a.i), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas, Ingrid Hess Herrera (instructora), y las magistradas suplentes Ana Cristina Fernández Acuña y Alexandra Alvarado Paniagua. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 13 de diciembre de 2023
SALA CONSTITUCIONAL DECLARA SIN LUGAR LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS SOBRE EL TRANSITORIO VI DE LA LEY DE REFORMA DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró, por mayoría, sin lugar las acciones de inconstitucionalidad que se tramitaron en el expediente 19-024589-0007-CO contra el contra el Transitorio VI de la Ley de Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, No. 9544.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
19-024589-0007-CO |
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Número de resolución: |
N°2023-32259 |
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Fecha de la votación: |
13 de diciembre de 2023 |
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Por tanto: |
POR TANTO: Por mayoría se declaran SIN lugar las acciones acumuladas. El magistrado Cruz Castro salva el voto, declara con lugar la acción y considera que para ser conforme al Derecho de la Constitución el régimen transitorio debió haber cubierto a los servidores judiciales que contaran con veinte años o más de servicio en el Poder Judicial. Los magistrados Salazar Alvarado y Picado Brenes salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción, al estimar que existe una omisión inconstitucional de no atender un transitorio de veinticuatro meses conforme a los antecedentes actuariales. - |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García y los suplentes Aracelly Pacheco Salazar, Ana María Picado Brenes y Alejandro Delgado Faith. |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
- Detalles
San José, 12 de diciembre de 2023
SALA CONSTITUCIONAL ESTABLECE OBLIGACIÓN DE REALIZAR CONSULTA A PUEBLO INDÍGENA KEKÖLDI EN EL TRÁMITE DEL PLAN REGULADOR COSTERO DE CAHUITA
- Consulta del 4 de agosto de 2023 deberá realizarse en tres meses con participación de los habitantes del territorio Keköldi
Mediante sentencia Nº 2023-031756 de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023, la Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas anuló la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023 donde se conoció la propuesta del nuevo Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca.
Los magistrados declararon parcialmente con lugar el recurso de amparo contenido en el expediente 23-016445-0007-CO, pues consideraron que dicho plan afecta directamente a los habitantes del Territorio Indígena de Keköldi y tiene derecho a la consulta previa, libre e informada, establecida en el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Como consecuencia de la sentencia, se ordenó al alcalde y a la presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero citado y se convoque, con la debida antelación, a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi.
Para emitir la resolución, el Alto Tribunal Constitucional tuvo en consideración que ese territorio indígena forma una unidad con la línea costera que se busca regular, pues se trata de zonas adyacentes continuas, por lo que la exclusión de la consulta de la asociación actora es injustificable en el marco de las obligaciones internacionales adquiridas por nuestro país en esta materia.
De manera que con la sola exclusión formal del territorio del plan regulador costero no desaparecen los efectos directos de la regulación sobre él, ni la obligación de realizar la consulta prevista en el convenio 169 de la OIT.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-016445-0007-CO |
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Número de resolución: |
Nº 2023-031756 |
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Fecha de la votación: |
08 de diciembre de 2023 |
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Por tanto: |
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023. Se ordena a Rugeli Morales Rodríguez y Yahaira Mora Blanco, por su orden alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi "ADI Keköldi". Lo anterior, bajo la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, lo que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Ingrid Hess Herrera (instructora) y las magistradas suplentes Ana María Picado Brenes y Alexandra Alvarado Paniagua y Aracelly Pacheco Salazar. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 05 de noviembre de 2023
SALA CONSTITUCIONAL PROTEGE A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL INA AL ANULAR EL IMPROCEDENTE RÉGIMEN AUTÓNOMO
Con motivo del comunicado de prensa conjunto de la Presidencia de la República y del Instituto Nacional de Aprendizaje emitido sobre el expediente 21-022410-0007-CO que contiene la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 24 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, reformado por el artículo 1 inciso j) de la Ley 9931 y del transitorio III de la Ley 9931, la Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas aclara lo siguiente:
A.- Que con la resolución N° 2023-031179 se protege a los funcionarios del INA.
B.- Se comparte los motivos que tuvo la Sala Constitucional para declarar la inconstitucionalidad.
Para el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional de Aprendizaje, según su ley de creación, es una institución pública y por ello las relaciones de empleo con los trabajadores deben regirse por los principios que regentan el Servicio Civil.
De allí que los altos jueces consideraron que el artículo 24 de la Ley Orgánica del INA -que dispone que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje será la que, vía reglamento determine las reglas para el nombramiento, remoción y condiciones laborales de los trabajadores de la institución, conforme a las reglas comunes de la contratación laboral privada- resulta incompatible con las normas y principios derivados de los numerales 191 y 192 de la Constitución Política.
En ese mismo sentido, los magistrados señalaron que la disposición cuestionada vulnera los principios constitucionales que se derivan de los artículos 191 y 192 porque deja la decisión, sin ningún límite, a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje de cuáles funcionarios van a ser nombrados bajo las reglas del derecho laboral, que permite la remoción sin causa, en puestos a plazo fijo o de confianza, sin estabilidad para quien ocupe el cargo.
Por otra parte, la Sala Constitucional concluyó que la creación de un nuevo régimen estatutario que precise los términos de la relación que se suscribe entre el trabajador y la institución, no es una cuestión que pueda dejarse a la liberalidad del ente público, por cuanto constituye una materia reservada a la ley.
En la sentencia, el Tribunal Constitucional señaló que, aunque el propio constituyente dispuso que existan excepciones al régimen estatutario de empleo, éstas deben ser establecidas directamente por el legislador, sin que sea constitucionalmente legítimo delegar esa tarea en las autoridades administrativas, pues ello implicaría vaciar de contenido la reserva legal que rige en esa materia por disposición expresa del artículo 192 de la Constitución Política.
En cuanto al artículo 24, último párrafo, de la Ley Orgánica del INA, que dispone que los servidores actuales cubiertos por el régimen de servicio civil sólo tendrán derecho a promociones y ascensos, si se trasladan voluntariamente al nuevo régimen de empleo regido por el derecho laboral común, estimó el Tribunal que es contrario al derecho a la carrera administrativa, derecho que también emana de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, así como del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y al derecho a optar por cargos públicos en condiciones de igualdad, por la presión que se ejerce sobre los servidores que tienen una relación de empleo público vigente para que se trasladen “voluntariamente” al nuevo régimen, so pena de no poder aspirar a ascensos futuros.
La exigencia de renuncia al régimen estatutario y a sus garantías, previamente adquiridas al tenor de un régimen jurídico al amparo del cual había iniciado su relación laboral, coarta ilegítimamente la libertad del funcionario del Instituto Nacional de Aprendizaje actualmente cubierto por el Régimen del Servicio Civil de optar por un ascenso o promoción en su carrera administrativa.
Consideró la Sala que la disposición transitoria es inconstitucional como consecuencia de la inconstitucionalidad del numeral 24 aquí impugnado, y también lesiona los numerales 191 y 192 de la Constitución Política.
Por conexidad y consecuencia, se anularon por inconstitucionales: la primera frase del párrafo 3 del artículo 24, y los acuerdos de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje emitidos en ejercicio de la competencia asignada en la norma que se declara inconstitucional: a) No. JD-AC-16-2022 del 20 de enero de 2022, “Reglamento Autónomo de Servicio”, publicado en el Alcance N°12 a la Gaceta N°14 del 24 de enero de 2022; b) el “Manual de Clases Institucional de Puestos”, publicado en el Alcance N°14 a La Gaceta N°17, del 27 de enero del 2022.
Los efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, propios de la acción de inconstitucionalidad, se ven limitados por los derechos adquiridos de buena fe (artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).
Además, el Tribunal dimensionó los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, de conformidad con la potestad que le es conferida en el numeral 91 citado, a fin de evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales, como indicó en la parte dispositiva de la sentencia y en atención a la especial situación de los distintos grupos de trabajadores del INA.
C.- Dimensionamiento de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad:
1) Recobra su vigencia la norma preexistente a la reforma del artículo 24 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, realizada por el inciso j) del artículo 1 de la Ley 9331.
2) Los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje que no se hayan trasladado voluntariamente del modelo estatutario del Servicio Civil al régimen de empleo regulado en el Reglamento Autónomo de Servicio del Instituto Nacional de Aprendizaje que aquí se anula, serán regidos por las regulaciones del régimen estatutario al que pertenecían originariamente.
3) Los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje que se hayan trasladado voluntariamente del modelo estatutario del Servicio Civil al régimen de empleo regulado en el Reglamento Autónomo de Servicio del Instituto Nacional de Aprendizaje que aquí se anula, serán restablecidos en el Régimen del Estatuto de Servicio Civil, manteniendo una categoría, funciones y remuneración equivalentes a las actuales.
4) Los trabajadores contratados al amparo del citado Reglamento Autónomo, bajo ese régimen de empleo y de acuerdo al Manual de Clases Institucionales de Puestos, que ahora se anulan, tienen derecho a participar dentro de los concursos que correspondan para el nombramiento de la persona titular en la plaza que ocupan, de conformidad con la normativa del régimen del Estatuto de Servicio Civil, según los procedimientos y requisitos que en derecho correspondan. Para tales efectos, las autoridades competentes deberán instruir los concursos respectivos dentro del plazo de dieciocho meses siguientes a la publicación íntegra de esta sentencia. Hasta tanto no culminen esos concursos, mantendrán la categoría, funciones y remuneración equivalentes a las actuales. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta, publíquese íntegramente en el Boletín Judicial.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
21-022410-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-031179 |
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Fecha de la votación: |
29 de noviembre de 2023 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar la acción. En consecuencia se anulan por inconstitucionales: 1) el artículo 24 de la Ley 6868, reformado por el artículo 1 inciso j) de la "Ley de Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social y la Productividad de Cara a la Revolución Industrial 4.0 y el Empleo del Futuro (reforma parcial de la ley 6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, de 6 de mayo de 1983)", Ley n.9931 del 18 de enero de 2021, publicada en la Gaceta número 20 del 29 de enero de 2021, con excepción de su párrafo 2; 2) el Transitorio III de Ley n.9931 del 18 de enero de 2021, ambos por ser contrarios a los artículos 191 y 192 de la Constitución Política; 3) Por conexidad y consecuencia, se anulan: a) la primera frase del párrafo 3 del artículo 24 de la Ley 6868, reformado por el artículo 1 inciso j) de la Ley n.9931 b) el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje No. JD-AC-16-2022 del 20 de enero de 2022 que aprueba el "Reglamento Autónomo de Servicio del Instituto Nacional de Aprendizaje", publicado en el Alcance N°12 a la Gaceta N°14 del 24 de enero de 2022; y c) el "Manual de Clases Institucionales de Puestos", publicado en el Alcance N°14 a La Gaceta N°17, del 27 de enero del 2022 y sus reformas. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, quedan a salvo los derechos adquiridos de buena fe al amparo de la normativa cuya inconstitucionalidad se declara. Conforme a lo dispuesto en el artículo 91 párrafo 2 de la Ley que rige esta jurisdicción, se dimensionan los efectos de esta declaratoria y, a fin de evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales, se dispone que: 1) Recobra su vigencia la norma preexistente a la reforma del artículo 24 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, realizada por el inciso j) del artículo 1 de la Ley 9931; 2) Los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje que no se hayan trasladado voluntariamente del modelo estatutario del Servicio Civil al régimen de empleo regulado en el Reglamento Autónomo de Servicio del Instituto Nacional de Aprendizaje que aquí se anula, serán regidos por las regulaciones del régimen estatutario al que pertenecían originariamente; 3) Los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje que se hayan trasladado voluntariamente del modelo estatutario del Servicio Civil al régimen de empleo regulado en el Reglamento Autónomo de Servicio del Instituto Nacional de Aprendizaje que aquí se anula, serán restablecidos en el Régimen del Estatuto de Servicio Civil, manteniendo una categoría, funciones y remuneración equivalentes a las actuales; 4) Los trabajadores contratados al amparo del citado Reglamento Autónomo, bajo ese régimen de empleo y de acuerdo al Manual de Clases Institucionales de Puestos, que ahora se anulan, tienen derecho a participar dentro de los concursos que correspondan para el nombramiento de la persona titular en la plaza que ocupan, de conformidad con la normativa del régimen del Estatuto de Servicio Civil, según los procedimientos y requisitos que en derecho correspondan. Para tales efectos, las autoridades competentes deberán instruir los concursos respectivos dentro del plazo de dieciocho meses siguientes a la publicación íntegra de esta sentencia. Hasta tanto no culminen esos concursos, mantendrán la categoría, funciones y remuneración equivalentes a las actuales. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta, publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Ingrid Hess Herrera (instructora) y las magistradas suplentes Ana María Picado Brenes y Alexandra Alvarado Paniagua |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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San José, 29 de noviembre de 2023
Magistrados declaran inconstitucional norma que impedía a extranjera participar en las elecciones del Colegio de Médicos
- Sala Constitucional señala que la sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la disposición anulada
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad contenida en el expediente 21-025070-0007-CO.
La persona accionante solicitó se declare inconstitucional del artículo 13 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Ley 3019, y por conexidad el artículo 43 del Reglamento de dicha ley, ya que estas normas establecen que para ser miembro de la Junta de Gobierno de ese colegio profesional se requiere ser costarricense de origen o naturalizado.
En la sentencia N° 2023-030411, los magistrados determinaron que es inconstitucional la frase contenida en el Artículo 13 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y el artículo 43 del Reglamento a dicha ley.
Según los altos jueces, dicha frase «y ser costarricense de origen o naturalizado», resulta contraria a los artículos 19 y 33 de la Constitución Política, en la medida que establece una diferenciación injustificada entre nacionales y extranjeros agremiados a dicha corporación profesional.
El artículo 33 de la Constitución Política es absolutamente claro al reconocer el principio de igualdad, y establecer que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana», mientras que el artículo 19 de la Carta Mana señala que los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen.
En lo que respecta al último párrafo del artículo 43 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, se declara sin lugar la acción. La Sala consideró que este artículo no es inconstitucional por cuanto hace referencia a una norma que ya no contiene un postulado inconstitucional, sino que tal referencia será solamente para los demás requisitos y condiciones que el artículo 13 señala para ser miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, y que, en todo caso, no son impugnados en esta acción.
Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la disposición anulada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las relaciones o situaciones jurídicas que se hubieran consolidado por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
21-025070-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-030411 |
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Fecha de la votación: |
22 de noviembre de 2023 |
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Por tanto: |
Se declara parcialmente con lugar la acción. Del último párrafo del artículo 13 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, ley número 3019, se anula por inconstitucional la frase «y ser costarricense de origen o naturalizado». Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la disposición anulada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las relaciones o situaciones jurídicas que se hubieran consolidado por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. Se declara sin lugar la acción en lo que respecta al último párrafo del artículo 43 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García (instructor), Anamari Garro Vargas, Ingrid Hess Herrera y Alexandra Alvarado Paniagua (suplente). |
- Detalles
San José, 21 de noviembre de 2023
Sala Constitucional rompe récord de expedientes recibidos en sus 34 años de historia
- Tribunal Constitucional cerraría el año con más de 30.000 casos ingresados
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas rompió este 20 de noviembre de 2023 la cifra de récord de asuntos recibidos durante sus 34 años de existencia, y es que a la fecha ya se contabilizan más expediente que los que ingresaron durante todo el 2022.
Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional señaló que “la cantidad de asuntos que ingresan a este Tribunal Constitucional año con año va en aumento, pero en este 2023 la cifra de expedientes recibidos creció exponencialmente, especialmente los recursos de amparo, esto ha sobrecargado el trabajo de todos los funcionarios”.
El pasado lunes, el Tribunal Constitucional cerró con 28.554 asuntos ingresados, cifra que igualó a todo el 2022, año que terminó con 28.553 expedientes recibidos.
En cuando a los asuntos tramitados, los altos jueces resolvieron al finalizar el 2022, 28.711, mientras que al 20 de noviembre de este 2023 ya se han resuelto 27.736. Con estas cifras, se proyecta que la Sala Constitucional resuelva más de 30.000 casos este 2023.
Castillo también detalló que “esta instancia judicial ha ideado una serie de procesos que buscan hacer más eficiente la resolución de los asuntos, pero garantizando siempre que cada uno reciba la atención, análisis, estudio y discusión que merece”.
Además, añadió el magistrado que “con el fin de reducir los tiempos de respuesta en todos los procesos, los altos jueces implementaron las dobles sesiones de los días miércoles una vez al mes, así como las sesiones extraordinarias cuando el volumen de trabajo así lo requiera”.
“El trabajo desarrollado por la Sala durante estos años evidencia el compromiso con el principio de justicia pronta y cumplida, presente en el artículo 41 de la Constitución Política, así como con el mandato de protección judicial, garantizado en artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual establece que tratándose de violaciones a los derechos humanos debe haber un recurso célere y sencillo” sentenció el magistrado Castillo.
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Estadísticas de enero a diciembre del 2022 y de enero al 20 de noviembre del 2023 |
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Tipo de asunto |
Entrados |
Salidos |
Entrados |
Salidos |
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Año |
2022 |
2023 |
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Habeas Corpus |
2989 |
3040 |
2086 |
2045 |
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Amparos |
25275 |
25354 |
26256 |
25466 |
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Acciones |
248 |
275 |
185 |
196 |
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Consulta Legislativa |
26 |
27 |
14 |
14 |
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Consulta Judicial |
14 |
14 |
12 |
15 |
||
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Conflicto |
1 |
1 |
1 |
0 |
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Total |
28553 |
28711 |
28554 |
27736 |
||
- Detalles
San José, 22 de noviembre de 2023
Sala Constitucional no encuentra afectación a los derechos de las personas con discapacidad en el proyecto de ley 23.782
- Tribunal Constitucional resolvió consulta facultativa realizada por la Defensoría de los Habitantes
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, resolvió la Consulta Facultativa de Constitucionalidad estudiada bajo el expediente 23-026217-0007-CO y presentada por la Defensoría de los Habitantes de la República sobre el proyecto de ley 23.782 “Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los Usuarios”, adición de un transitorio XXV a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N° 9078 del 04 de octubre de 2012, que tiene por objetivo la ampliación temporal de la vida útil de las unidades de transporte público en la modalidad autobús por un año y por única vez.
En la resolución N° 2023-030483 la Sala Constitucional, por mayoría, determinó que el expediente legislativo 23.782 no contraviene el derecho a la consulta que tienen las personas con discapacidad, no incide en forma diferenciada y específica sobre sus derechos porque: “la reforma opera de forma neutral para las personas con discapacidad…, la afectación que se podría dar es la misma para otros usuarios del transporte público remunerado de personas en autobuses”.
Además, los altos jueces señalaron que el Transitorio XXV no pretende disminuir los estándares establecidos en la Ley N° 7600, dictada al amparo de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, sino que vela y prevé las consecuencias de extender la vida útil de forma temporal de las unidades para todas las personas, esto al imponérsele mayor rigurosidad a los operadores por parte del ente encargado de realizar la inspección técnica vehicular.
Los magistrados también consideraron que la ampliación de la vida útil de los autobuses no implica una afectación grave e injustificada a la Ley N° 7600, y a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, ya que se impone un plazo fijo e inmodificable, dado al amparo de una obligación internacional.
Por ello, por la forma, la iniciativa no contraviene el derecho a la consulta de las personas con discapacidad.
La magistrada Garro Vargas, por sus propias razones, evacuó la consulta de constitucionalidad en el sentido de que no se dan los vicios por la falta de consulta a los colectivos representativos de las personas con discapacidad, o lesión a los principios de progresividad y de no regresión de los derechos humanos. Sin embargo, salvó el voto y sí evacuó el tercer aspecto de la consulta, y estimó que en el caso concreto sí existió una lesión al principio de razonabilidad en la iniciativa parlamentaria. Esto último no porque la propuesta fuese intrínsecamente irrazonable, sino porque no se acreditó la razonabilidad de la esta. -
La sentencia integral está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-026217-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-030483 |
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Fecha de la votación: |
22/11/2023 |
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Por tanto: |
Se rechazan las gestiones de coadyuvancia presentadas por Olga Morera Arrieta, Fabricio Alvarado Muñoz, David Lorenzo Segura Gamboa, y José Pablo Sibaja Jiménez, en sus respectivas condiciones de diputada y diputados en la Asamblea Legislativa, y por Silvia Bolaños Barrantes, en su condición de presidenta de la Asociación Cámara Nacional de Transportes de Costa Rica. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el Proyecto de Ley denominado "Ley para garantizar el servicio de autobús para los usuarios", expediente legislativo N°23.782, por la forma no contraviene el derecho a la consulta de las personas con discapacidad. En cuanto al fondo, se evacua la consulta de la siguiente manera: a) no ha lugar a evacuar la consulta por la infracción al principio de razonabilidad; y b) no se estima que el Proyecto de Ley sea contrario al derecho de accesibilidad y a la igualdad, y a los principios de progresividad y de no regresión de los derechos humanos. El magistrado Cruz Castro salva el voto al considerar que el proyecto presenta vicios de procedimiento y de fondo. La magistrada Garro Vargas, por sus propias razones, evacua la consulta de constitucionalidad en el sentido de que no se dan los vicios por la falta de consulta a los colectivos representativos de las personas con discapacidad, o lesión a los principios de progresividad y de no regresión de los derechos humanos. La magistrada Garro Vargas salva el voto y sí evacua el tercer aspecto de la consulta en el sentido de que, en el caso concreto, sí existe una lesión al principio de razonabilidad en la iniciativa parlamentaria. Comuníquese este pronunciamiento al Directorio de la Asamblea Legislativa. - |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado (instructor), Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas, Ingrid Hess Herrera y Alexandra Alvarado Paniagua (suplente). |
Material formativo
Consulta facultativa de constitucionalidad: el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su inciso ch, establece que el Defensor de los Habitantes está habilitado para realizar consultas facultativas de constitucionalidad si considera que algún proyecto de ley infringe derechos o libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política o los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la República.
- Detalles
San José, 17 de noviembre de 2023
Sala Constitucional declara sin lugar recurso contra el marchamo digital
- Tribunal Constitucional requirió el criterio del MICITT, del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica y del OIJ
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, resolvió el recurso de amparo contenido en el expediente 23-015121-0007-CO contra la adquisición de tags RFID, equipos y servicios para marchamo digital en el Sistema Integrado de Compras Públicas.
El recurrente afirmó que el objeto de la licitación es la contratación para la compra de “stickers” que contienen un chip de radiofrecuencia RFID que sería utilizado a partir de 2024 por todos los vehículos en lugar de la actual calcomanía de marchamo. Reclama que tal dispositivo permitirá el rastreo y monitoreo de las personas e incidirá en la protección de datos. Acusa que no existe ley previa que autorice tal proceder, lo que es necesario cuando se trata del derecho a la intimidad como lo establece el artículo 24 de la Constitución Política.
La Sala Constitucional, por unanimidad, consideró que los reclamos formulados parten de situaciones hipotéticas, que distan de ser una amenaza cierta, actual e inminente contra derechos fundamentales.
Además, los informes técnicos aportados al expediente desvirtuaron los planteamientos del accionante.
En lo que respecta al rastreo y monitoreo de las personas, se tuvo por probado que la contratación versa sobre etiquetas RFID pasivas, que no permiten trazar la trayectoria de un vehículo ni establecer la posición de un vehículo en un conjunto de lecturas sucesivas. No cuentan con un sistema de referencia de posición global.
En cuanto a la información que incluiría la etiqueta RFID, se indicó que sería la misma que contiene actualmente el marchamo físico (información que está disponible para cualquier persona que lea la calcamonía que se pega en el parabrisas del vehículo). Además, el acceso a la información de la etiqueta RFID requeriría un dispositivo especial, homologado por la SUTEL, por lo que se resguardaría del uso no autorizado.
A los efectos de aclarar el punto, la Sala requirió el criterio del tres instancias: Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La sentencia integral está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-015121-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-029772 |
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Fecha de la votación: |
17/11/2023 |
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Por tanto: |
Se declara sin lugar el recurso. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Varga e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Recurso de Amparo:
Es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 16 de noviembre de 2023
La Sala Constitucional comunica:
- Que el pasado 10 de noviembre del 2023 quedó constituido el Tribunal que conocerá y vota las acciones de inconstitucionalidad expedientes N°19-024589-OOO7-CO contra el Transitorio VI de la Ley de Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, No. 9544, por estimarlo contrario a los artículos 11, 18, 27, 28, 34, 40, 41, 45, 51, 65, 73, 74, 121, 152, 154, 156, 177, 188, 189 y 190 de la Constitución Política, Convenios 102, 118, 128 y 157 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a los principios democráticos, solidaridad, seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima, transparencia, intangibilidad relativa del patrimonio, no confiscatoriedad, respeto a los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. y N°22-014613-OOO7-CO contra el Transitorio VI de la Ley nro. 9544 del 24 de abril de 2018, publicada en La Gaceta nro. 89 del 22 de mayo de 2018, de " Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial contenido en la Ley 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial de 5 de mayo de 1993 y sus reformas".
2.- Que la conformación del Tribunal es la siguiente:
Magistrado Castillo Víquez (presidente)
Magistrado Cruz Castro (ponente)
Magistrado Salazar Alvarado
Magistrado Araya García
Magistrado Delgado Faith
Magistrada Pacheco Salazar
Magistrada Picado Brenes
3.- Se habilitan, en doble jornada, el 13 de diciembre del 2023 para conocer de las citadas acciones de inconstitucionalidad, a partir de las 9 horas.
- Detalles
San José, 14 de noviembre de 2023
Sala Constitucional encuentra un vicio sustancial de constitucionalidad en la tramitación del proyecto 21.182 conocido como jornadas 4x3
- Tribunal Constitucional: iniciativa contiene un vicio sustancial de constitucionalidad en el procedimiento legislativo
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, resolvió el expediente 23-019452-0007-CO, en el que se conocieron dos consultas legislativas planteadas al proyecto 21.182 “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”.
La mayoría de la Sala Constitucional concluyó que este expediente contiene un vicio sustancial de constitucionalidad en el procedimiento legislativo al haberse reasignado el proyecto de ley a otra comisión legislativa con violación al principio de especialidad y al de interdicción de la arbitrariedad.
El objeto del proyecto se refiere a una actualización de las jornadas de trabajo excepcionales, este estaba siendo conocido en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, luego, con el visto bueno del presidente de la Asamblea Legislativa de aquel entonces el diputado Cruickshank y por acuerdo de las presidentas de ambas comisiones, durante la legislatura del cuatrienio anterior (2018-2022) fue trasladado a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, a la que no le corresponde conocer este tipo de materias, pues su función es analizar los presupuestos nacionales, sus liquidaciones y los asuntos de Hacienda Pública (artículo 66 inciso c del Reglamento a la Asamblea Legislativa).
De esta forma se cometió un vicio sustancial en el procedimiento, toda vez que la asignación de expedientes a las comisiones, lo que incluye su traslado, solo procede “con estricto apego a la especialidad de la materia y según las funciones y atribuciones señaladas para cada una de ellas” (numeral 27 inciso 3 del citado reglamento), lo que en este caso se incumplió de manera evidente y manifiesta.
La Sala Constitucional, de manera unánime, no encontró otros vicios de forma consultados. Asimismo, al encontrarse un vicio sustancial en la tramitación del proyecto 21.182, cuyo efecto es vinculante según el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el alto Tribunal considera innecesario proceder con el análisis de los vicios de constitucionalidad por el fondo consultados.
Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado salvaron el voto en relación con el vicio detectado, toda vez que, visto de manera integral el procedimiento que siguió el proyecto de ley, no existió una alteración sustancial de la voluntad del órgano legislativo al haberse discutido ampliamente y los diputados y diputadas ejercieron el derecho de enmienda y otros que están consagrados en la Constitución y en el Reglamentos de la Asamblea Legislativa.
La sentencia integral está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-019452-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-29673 |
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Fecha de la votación: |
14/11/2023 |
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Por tanto: |
Por mayoría, en cuanto a la existencia de trámites inconstitucionales, se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de ley "Reforma de los artículos 142, 144, 205 e inciso b) del artículo 274 y adición de los artículos 145 bis y 145 ter del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras', tramitado en el expediente legislativo número 21.182, contiene un vicio sustancial de constitucionalidad en el procedimiento legislativo al haberse reasignado el proyecto de ley a otra comisión legislativa con violación al principio de especialidad y al de interdicción de la arbitrariedad. El magistrado Cruz Castro consigna nota. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado salvan el voto en relación con el vicio del procedimiento detectado. Por unanimidad no se encuentran los otros vicios de procedimiento consultados y, al ser innecesario, se omite pronunciamiento sobre los vicios de fondo consultados. Notifíquese esta resolución al Directorio de la Asamblea Legislativa. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Varga e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Consulta legislativa facultativa: esta es planteada por diez o más diputados con el objetivo de que la Sala Constitucional emita su opinión sobre un proyecto legislativo, que ha sido votado en primer debate, con el fin de corroborar que este no infringen la Constitución Política.
- Detalles
San José, 07 de noviembre de 2023
Sala Constitucional declara inevacuable consulta judicial sobre el artículo 10 de la Ley No. 9481. Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada
- Consulta fue realizada por jueces del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, informa que evacuó la consulta judicial que se estudió bajo el expediente 23-018306-0007-CO.
La consulta fue realizada por jueces del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, Sección Primera, quienes solicitaron a la Sala Constitucional pronunciarse sobre la aplicación del artículo 10 de la Ley N° 9481, debido a que tienen dudas sobre un aparente trato desigual en la tramitación que se asigne a una causa de crimen organizado, específicamente, en la etapa de juicio.
En la resolución N° 2023-028957, el Tribunal Constitucional declaró por unanimidad que la consulta realizada es inevacuable, dado que esta incumplió con los requisitos que establece el ordenamiento jurídico.
El artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a los órganos jurisdiccionales de la República a realizar consultas a la Sala Constitucional cuando tuvieren “dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento”.
La sentencia íntegra está en proceso de redacción. Una vez que se notifique, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial Nexus, de manera que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-018306-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2023-028957 |
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Fecha de la votación: |
07/11/2023 |
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Por tanto: |
Por unanimidad se declara inevacuable la consulta. El magistrado Cruz Castro expone razones adicionales. Los magistrados Salazar Alvarado y Sanchez Navarro consignan razones diferentes. La magistrada Garro Vargas consigna sus propias razones. Notifíquese. - |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y la magistrada suplente Ileana Sánchez Navarro. |
Material formativo
Consulta Judicial facultativa: es una herramienta legal que tienen los jueces y juezas del Poder Judicial, ante la Sala Constitucional, para aclarar dudas devenidas de la constitucionalidad de una norma que deben aplicar o de un acto, conducta u omisión que deben juzgar.
- Detalles
San José, 16 de octubre de 2023
Sala Constitucional declara con lugar recurso a favor manifestante que fue detenido por la Fuerza Pública
- Habeas Corpus fue presentado contra el Ministerio de Seguridad Pública
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar un recurso de habeas corpus que se conoció en el expediente 23-022063-0007-CO en contra de la Fuerza Pública.
El recurrente indicó que la persona amparada participaba en la marcha del 9 de setiembre de 2023 en contra de la violencia policial, que se llevaba a cabo en los alrededores de la Asamblea Legislativa.
Según expuso, los policías detuvieron a un tercero. Posteriormente, ante la disconformidad de los manifestantes por la detención, un grupo de policías se abalanzó sobre ellos, agrediendo y deteniendo a varios. Alega que la persona tutelada fue detenida sin razón alguna.
Mediante la sentencia nro. 2023-016417, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso. A partir de la prueba recabada, la Sala tuvo por demostrado que hubo disconformidad generalizada de los manifestantes por la aprehensión de uno de ellos e, incluso, obstrucción de la labor de la unidad policial encargada en ese momento. Cuando el conflicto más bien mermaba, pues la persona aprehendida ya había sido retirada del lugar, llegó la Fuerza Pública y empezó a empujar a varios manifestantes para que retrocedieran, lo que desencadenó la situación de violencia.
Atinente a la persona amparada, se observó que ella estaba dentro de un grupo de personas que incluía tanto a manifestantes como policías. Se estableció que otros policías empujaron a ese grupo, ocasionando que otras personas, incluyendo a una oficial de policía, cayeran al suelo.
Al informar sobre tales hechos, las autoridades del Ministerio de Seguridad justificaron la aprehensión de la persona tutelada porque, según alegaron, se había aprovechado de una situación de superioridad numérica para patear a una oficial de policía que se encontraba en el suelo. Empero, los videos analizados por la Sala evidenciaron que la amparada también había caído al suelo y en ningún momento había pateado a alguna oficial de policía.
Por este motivo, la Sala en este caso concreto, consideró que la aprehensión de la persona tutelada fue injustificada e irrazonable. Se advierte que la resolución de cada asunto se resuelve de acuerdo con los elementos probatorios que se agreguen al expediente.
La magistrada Garro Vargas salvó el voto y declaró sin lugar el recurso en atención a algunos aspectos probatorios.
La sentencia íntegra está en proceso de notificación a las partes. Una vez que esto suceda, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial Nexus, de manera que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-010615-0007-CO |
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Número de resolución: |
Nº 2023016417 |
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Fecha de la votación: |
13/10/2023 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. |
Material formativo
Consulta legislativa facultativa: esta es planteada por diez o más diputados con el objetivo de que la Sala Constitucional emita su opinión sobre un proyecto legislativo, que ha sido votado en primer debate, con el fin de corroborar que este no infringen la Constitución Política.