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San José, 26 de abril de 2024
Sala Constitucional condena a la Fuerza Pública tras agresión y tortura por parte de oficiales de esa policía a una persona privada de libertad
- Tribunal Constitucional ordena abrir procedimiento administrativo disciplinario en contra de los oficiales involucrados
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar un recurso de habeas corpus presentado a favor de una persona privado de libertad, quien fue aprehendido y torturado por oficiales de la Fuerza Pública de Santa Cruz el pasado 8 de abril
La persona tutelada figura como imputado en una causa sumaria penal. En el amparo, su abogada alegó que el 8 de abril anterior fue trasladado a un sector conocido como las Huacas, en Santa Cruz de Guanacaste. Según la recurrente, una vez en el sitio acostaron al tutelado boca abajo, le prensaron los pies y las manos, y lo golpearon en varias partes del cuerpo; además le colocaron un “chuzo” eléctrico. Narra que los agentes le prendieron fuego a una bolsa plástica y le pusieron sobre su cuerpo gotas de plástico derretido caliente, para así obtener información sobre el robo que se le estaba atribuyendo. Sostiene que antes de llevarlo a un centro médico, le quitaron todos los residuos de plástico para que no quedaran rastros de este material y lo amenazaron para que no le contara nada de la agresión sufrida al médico.
Ante los hechos narrados, se ordenó la valoración médico legal del tutelado. La Unidad Médico Legal del Organismo de Investigación Judicial de Santa Cruz realizó el dictamen el 10 de abril de 2024, en el que indicó:
“Se trata de un evaluado masculino de 31 años de edad, quien refiere historia de agresión física el 08 de abril de 2024 por varios Oficiales de Fuerza Pública “uno de ellos me reventó la camisa, agarró un plástico y con un encendedor lo comenzó a derretir y me lo dejaba caer y me lo pasaba, en el brazo derecho (también se señala antebrazo derecho y dorso de la mano derecha) y la espalda, además me ponían el chuzo eléctrico en el brazo izquierdo y en el cuello, con la punta de una pistola me rayaron desde la cabeza hasta la cara todo del lado izquierdo, me rayaban la espalda y me golpeaban puñetazos en la cabeza”. No ha requerido asistencia médica.
A la valoración médico-legal actual, con excoriaciones en el cuero cabelludo, rostro y espalda, quemaduras de segundo grado superficiales, ubicadas en la espalda, brazo derecho, codo derecho, antebrazo derecho y mano derecha. Por lo anterior, el Sr. Chavarría Aguirre sí presenta lesiones (tipo excoriaciones y quemaduras), dadas las características de las lesiones encontradas se estima amerita incapacidad temporal de cinco días a partir de la fecha de los hechos. Las lesiones descritas (excoriaciones y quemaduras) sí son compatibles con la historia médico legal narrada y usualmente sanan sin dejar secuelas”.
En la sentencia N° 2024-11213, por unanimidad, el Tribunal Constitucional concluyó que, si bien el subdirector de la Delegación Policial de la Fuerza Pública de Santa Cruz adujo que lo alegado por la recurrente carecía de sustento y negó la agresión acusada, lo cierto es que la valoración médico legal vino a determinar que el tutelado sufrió lesiones que ameritaron una incapacidad de importante magnitud y concluyó que tales signos de agresión sí eran compatibles con los hechos narrados por él.
A partir de lo anterior, los magistrados declararon con lugar el recurso de habeas corpus, condenaron al Estado y, además, ordenaron que de INMEDIATO se comunique y gestione lo que corresponda ante las instancias competentes del Ministerio de Seguridad Pública, a fin de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los oficiales involucrados en los hechos de agresión acusados
La sentencia integral de este expediente se encuentra en redacción, una vez que esté debidamente anonimizada y notificadas las partes, se procederá a publicarla en el sitio web del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-009251-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2024-11213 |
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Fecha de la votación: |
26 de abril de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto al Ministerio de Seguridad Pública y respecto de la agresión sufrida por el tutelado el 8 de abril de 2024. Se ordena a Hansel Gerardo Aguirre Vásquez, en su condición de subjefe de la Delegación Policial de Santa Cruz de la Fuerza Pública, o a quien ocupe ese cargo, que, de INMEDIATO, a partir de la notificación de esta sentencia, comunique y gestione lo que corresponda ante las instancias competentes del Ministerio de Seguridad Pública, a fin de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los oficiales involucrados en los hechos de agresión acusados en el sub lite. Lo anterior se dicta con el apercibimiento que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro , Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Ileana Sánchez Navarro. |
Material formativo
Recurso de Hábeas Corpus:
Este recurso garantiza la libertad e integridad de la persona humana, la protege de ser perturbada o de sufrir restricciones por actos y omisiones que cometa la autoridad, detenciones e incomunicaciones ilegítimas. Además, resguarda la libertad de tránsito.
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San José, 17 de abril de 2024
En protección de la Isla del Coco, Sala Constitucional declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra decreto que amplía los límites de ese Parque Nacional
- Tribunal Constitucional considera que al ser el Estado el titular de los bienes demaniales debe brindar mayor protección al derecho al ambiente
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad 22-020289-0007-CO, presentada por la Asociación Cámara Nacional de la Industria Palangrera, la Asociación Pescadores de Palangre de Cuajiniquil y la Asociación de Pescadores Artesanales de Puntarenas contra el Decreto Ejecutivo No. 43368-MINAE “Reforma Amplía los límites del Parque Nacional Isla del Coco, crea Área Marina de Manejo Montes Submarinos y Regionalización del Ministerio de Ambiente y Energía y reforma Reglamento a la Ley de Biodiversidad”.
Según el accionante, dicho decreto es contrario a los artículos 11, 28, 33, 34, 45, 46 y 50 de la Constitución Política, así como a los principios constitucionales de potestad reglamentaria, reserva legal, libre empresa, derecho al trabajo, inocencia, legalidad, razonabilidad, confianza legítima y pro homine.
En la sentencia N° 2024-10760, por unanimidad, los jueces constitucionales consideran que no se lesiona el Derecho de la Constitución alegado por los accionantes porque ha quedado acreditado que se llevó a cabo un proceso de consulta previo al dictado del decreto impugnado en el que se dio amplia participación al sector pesquero y en el que pudo formular planteamientos, dudas, solicitar audiencias adicionales y aportar prueba.
También pudo constatar la Sala Constitucional que se realizaron estudios técnicos que demostraron la viabilidad de emitir ese decreto, el cual lo que pretendía es brindar mayor protección al Parque Nacional Isla del Coco y al Área Marina Bicentenario, por lo que se considera que es necesario, idóneo, razonable, proporcional, ajustado a los medios y fines por los que se dictó y respetuoso del principio de racionalidad. Los permisos, concesiones y autorizaciones de los pescadores no han sido modificados ni afectados con el decreto impugnado porque pueden seguir faenando en la zona, pero sujetos a las nuevas normas establecidas que, al final, lo que pretenden es brindar mayor protección al recurso marino, por lo que no se lesiona la seguridad jurídica ni la confianza legítima.
El Tribunal Constitucional es del criterio de que los accionantes no pueden ignorar que el Poder Ejecutivo tiene plena competencia para ampliar las zonas protegidas del país, lo cual puede hacer por medio de un decreto por lo que no hay vulneración al principio de reserva de ley. El decreto lo que ha hecho es ampliar determinadas áreas silvestres protegidas sobre las cuales pesan ciertas limitaciones de pesca a las que se deben sujetar quienes se dediquen a esa actividad. El Estado es el titular de los bienes demaniales y, por tanto, en aras de brindar mayor protección -en este caso al derecho al ambiente consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política- puede modificar las condiciones bajo las cuales se otorgan las licencias respectivas.
Sobre los otros puntos alegatos de los accionantes, quienes aducen que el Decreto impugnado vulnera el derecho a la libertad empresarial, el derecho al trabajo, inocencia, pro homine, el derecho a la igualdad, el derecho al bienestar social y económico y derechos humanos como el derecho de los pueblos, el derecho a la solidaridad así como otros derechos civiles y políticos; la Sala Constitucional resuelve que los alegatos no están sustentados en argumentaciones claras, precisas y concretas sobre las razones por las que estiman violentados esos derechos. En consecuencia, procede es desestimar dichos alegatos.
Para los magistrados -conforme se ha indicado por las autoridades informantes- el decreto cuestionado no imposibilita la actividad que desarrolla la industria pesquera y según se ha informado a este Tribunal, las licencias, concesiones y permisos que se hayan otorgado a los interesados, no han sido eliminadas ni se están afectando situaciones particulares de los pescadores.
La sentencia integral de este asunto se encuentra en redacción, una vez que esté debidamente anonimizada y notificadas las partes, se procederá a publicarla en el sitio web del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
22-020289-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2024-10760 |
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Fecha de la votación: |
17 de abril de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara sin lugar la acción. - |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro (instructor) , Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Ileana Sánchez Navarro. |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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San José, 23 de abril de 2024
Sala Constitucional elimina circular que obligó a ocultar el etiquetado frontal de los alimentos
- Tribunal Constitucional logró constatar que la decisión del ministerio contraviene el derecho a la salud y el de las personas consumidoras
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar el recurso de amparo 23-0020233-0007-CO interpuesto por un ciudadano, a favor suyo y de sus nietas, contra la disposición del Ministerio de Salud (circular No. MS-DRPIS-UR-1588-2023 del 22 de junio de 2023) que ordenó ocultar el etiquetado frontal de alimentos empacados.
Este tipo de etiquetado indica si los productos son altos en azúcares, grasas, sodio y otros nutrientes críticos, relacionados con enfermedades no transmisibles vinculadas a la alimentación, como hipertensión y diabetes.
A juicio del Tribunal Constitucional, la decisión de dicho Ministerio contraviene el derecho a la salud y el derecho de las personas consumidoras a contar con información clara y de fácil comprensión al adquirir alimentos que pueden tener un impacto relevante en su salud.
Además, para los magistrados el etiquetado frontal que ingresa en los productos importados es información nutricional complementaria, que no contradice el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) en lo que respecta a facilitar al consumidor la comprensión de la información relacionada con el valor nutritivo del producto.
Para la Sala es inaceptable que, con el argumento de la falta de uniformidad en el etiquetado de productos y las dudas sobre la forma de implementarlo, se optara por ocultarlo.
La magistrada Garro Vargas da razones diferentes.
La sentencia integral de este asunto se encuentra en redacción, una vez que estén debidamente anonimizada y notificadas las partes, se procederá a publicarla en el sitio web del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
23-0020233-0007-CO |
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Número de resolución: |
Nº 2024-10756 |
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Fecha de la votación: |
23 de abril de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se anula la circular No. MS-DRPIS-UR-1588-2023 del 22 de junio de 2023 de la directora de Regulación de Productos de Interés Sanitario y la jefa de la Unidad de Registros de esa Dirección del Ministerio de Salud. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los cuales serán liquidados en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los magistrados Cruz Castro y el magistrado Rueda consignan notas separadas. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora) y la magistrada suplente Ileana Sánchez Navarro |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 23 de abril de 2024
Sala Constitucional falla a favor de menor de edad con trastorno del espectro autista grado 2 a quien no se le garantizó su derecho pleno a la educación sin discriminación
- Tribunal Constitucional logró constatar la alegada violación a los derechos fundamentales del amparado
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar el recurso de amparo estudiado bajo el expediente 24-005205-0007-CO y presentado a favor de un menor de 14 años de edad con trastorno del espectro autista grado 2.
El tutelado es estudiante de noveno año del Colegio de Naranjo que tiene un diagnóstico de la Caja Costarricense de Seguro Social de trastorno del espectro autista grado 2. En razón de su condición tiene un perro de asistencia certificado y entrenado específicamente para potenciar su independencia, autoestima, control emocional e interacción social.
A pesar de lo anterior, se indicó a los padres de la persona menor de edad, que su hijo debía permanecer aislado junto a su perro de asistencia. Agregan, que el Departamento de Asesoría Pedagógica del Ministerio de Educación Pública recomendó rechazar el ingreso del perro de asistencia al establecimiento escolar. Adujeron que el menor de edad está siendo discriminado por su condición.
En la sentencia Nº 2024-010097, la mayoría del Tribunal Constitucional logró constatar la alegada violación a los derechos fundamentales del amparado y determinó que el Ministerio de Educación Pública, debe garantizar condiciones de igualdad a las personas con discapacidad y facilitarles su acceso a la educación y a diferentes espacios físicos sin discriminación alguna. A tal efecto, el derecho y libertad de aprender es un derecho fundamental del tutelado, así como de todos los estudiantes, en el que deben procurarse los medios y garantías para que la educación sea excelente y accesible, de derecho y de hecho, a toda la población.
Además, los magistrados señalaron que a las personas que padecen cualquier tipo de discapacidad se les debe brindar las condiciones necesarias para que logren su reincorporación plena en lo que a la participación social respecta, pues el disfrute de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias deja de ser para las personas con discapacidad una simple aspiración y se convierte en un derecho fundamental.
La magistrada Garro Vargas salva el voto porque estima que no se conocen plenamente las razones de la negativa para que el tutelado acudiera acompañado por el perro al centro educativo, pues el Departamento de Asesoría Pedagógica del Ministerio de Educación Pública —dependencia que en primera instancia emitió tal negativa— no rindió el informe que le fue solicitado por esta Sala. Por tal motivo considera procedente continuar la tramitación del amparo a fin de que se integre a la ministra de Educación Pública para que como jerarca se refiriera a los hechos que se le atribuyen a esa dependencia.
La sentencia integral de este asunto se encuentra en redacción, una vez que estén debidamente anonimizada y notificadas las partes, se procederá a publicarla en el sitio web del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-005205-0007-CO |
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Número de resolución: |
Nº 2024-010097 |
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Fecha de la votación: |
19 de abril de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Danilo Cruz Castro y a Javier Francisco Cambronero Arguedas, en su condición respectiva de director del Colegio de Naranjo, y director del Departamento de Asesoría Pedagógica, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ocupen dichos cargos, abstenerse de incurrir en los actos que dieron mérito para acoger este recurso. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Garro Vargas salva el voto y ordena continuar la tramitación del amparo a fin de que se integre a la Ministra de Educación Pública.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado (instructor), Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y los magistrados suplentes Ileana Sánchez Navarro y Fernando Lara Gamboa. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso
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San José, 16 de abril de 2024
Sala Constitucional ordena a Casa Presidencial entregar información que le fue negada a un medio de comunicación.
- Tribunal Constitucional ordena que, en un plazo de 10 días, periodistas reciban la información.
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar el recurso de amparo estudiado bajo el expediente 23-019665-0007-CO y presentado por un medio de comunicación en contra del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Comunicación.
Los recurrentes alegaban que, como parte de su labor periodística, desde el 20 de julio de 2023, le solicitaron al jerarca del Ministerio de Comunicación y Enlace la información relacionada con los ingresos de la señora Ohana Beladel a la Casa Presidencial, entre los meses de julio y octubre del año 2022. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, tales solicitudes no habían sido atendidas, a pesar de las múltiples reiteraciones que enviaron.
La Sala Constitucional logró constatar que fue con ocasión de la notificación de la resolución que dio curso de este proceso, que el ministro de Comunicación y Enlace dio formal respuesta a la gestión planteada por los recurrentes desde el mes de julio de 2023. Dicha información fue entregada el 01 de septiembre de 2023, pese a que la resolución de curso dictada por la Sala, fue notificada a la autoridad recurrida el 29 de agosto de ese año.
Para el Tribunal Constitucional, pese a que se dio respuesta tardía al medio, no se puede tener como satisfecho el derecho de acceso a la información. A criterio de la Sala, la justificación brindada por esa autoridad no resulta aplicable para los puntos solicitados por la parte recurrente.
En la sentencia N° 2024-9881, los magistrados determinaron que, al realizar un desglose de la información requerida, se observa que lo pedido por la parte recurrente, sí es información pública, por lo que no se estaría dando la obstrucción del proceso judicial instaurado, en los términos que plantean las autoridades recurridas. Para la Sala Constitucional, es deber de la Administración procurar la documentación pedida y tenerla a disposición de los amparados de modo oportuno, lo que satisface el derecho a la información.
Además, los jueces constitucionales señalaron que lo planteado por ese medio de comunicación responde a peticiones realizadas dentro de las funciones periodísticas ejercidas por los amparados y que deben tener presente las autoridades recurridas que la libertad de prensa, como una derivación del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información de carácter público, conlleva la búsqueda y difusión de las informaciones que puedan ser consideradas de interés colectivo.
Precisamente, la Sala Constitucional tuvo por comprobado que, en el caso bajo consideración, para el ejercicio del periodismo y para la amplia difusión de las informaciones, se pretendía indagar sobre las reuniones sostenidas por funcionarios de altas investiduras, como lo es el presidente de la República, dentro de las instalaciones de la Casa Presidencial. Lo anterior, en aras de preservar los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas, así como de comunicar a la población -de forma clara, precisa y oportuna- sus intenciones y políticas, para lo que se requiere una política de comunicación permanente con la prensa, por parte de la Administración y sus altos funcionarios, de sus acciones y políticas públicas.
En consideración de los magistrados, el Derecho de la Constitución impone a los altos funcionarios actuar de manera oportuna para aclarar y facilitar a la población -entre ellos, a quienes ejercen la laborar periodística- la información que estime oportuna.
La magistrada Garro Vargas salvó parcialmente el voto, pues, aunque coincide en la procedencia de garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la información, estima que dos de las preguntas planteadas por el recurrente –que versan sobre el contenido de las entrevistas– tienen un efecto directo en el objeto de la denuncia penal por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias que está bajo el examen de las autoridades competentes.
La sentencia integral de este asunto se encuentra en redacción, una vez que esté debidamente anonimizada y notificadas las partes, se procederá a publicarla en el sitio web del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
23-019665-0007-CO |
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Número de resolución: |
Nº 2024-9881 |
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Fecha de la votación: |
16 de abril de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso, en cuanto a la falta de respuesta de la gestión presentada por la parte recurrente el 20 de julio de 2023. En consecuencia, se ordena a Natalia Díaz Quintana, Jorge Rodríguez Vives y Arnold Zamora Miranda, por su orden Ministra de la Presidencia, Ministro de Comunicación y Director de Información y Comunicación, o a quienes ostenten esos cargos, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se remita la información solicitada por la parte recurrente, con exclusión de la información personal o sensible que se encuentre en esa documentación, según lo dispuesto en la Ley N° 8968 de “Protección de Datos de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales” u otra normativa atinente. Se advierte a las autoridades recurridas que, bajo apercibimiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Cruz Castro (presidente a.i.) , Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado (instructor), Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y los magistrados suplentes Ileana Sánchez Navarro y Hubert Fernández Arguello. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación
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San José, 09 de abril de 2024
Sala Constitucional falla a favor de vecino de Tibas que se vio afectado con la contaminación del agua potable con Xileno
- Tribunal Constitucional ordena solucione de forma definitiva el problema de contaminación en las localidades afectadas
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró, por mayoría, con lugar un recurso de amparo presentado en contra del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados por un vecino que se vio afectado con la contaminación de agua potable en la localidad de Tibás.
El recurrente, persona adulta mayor de 69 años, alega que la situación causada por la contaminación del agua potable coloca en grave riesgo la salud y vida de los habitantes de la zona. En tal sentido, reclama que se vio obligado a comprar agua debido a que no podía usar ese líquido ni para tomar, ni para cocinar, ni para bañarse.
En la sentencia Nº 2024-00935, el Tribunal Constitucional estimó que la autoridad recurrida no tiene un sistema eficiente de prevención contra la contaminación de fuentes de agua potable, lo que facilitó que se diera la situación en las comunidades afectadas.
Asimismo, los magistrados determinaron que las autoridades del AyA, una vez denunciada la contaminación, no tuvieron protocolos efectivos, porque la entidad tardó varios días en verificar la citada contaminación, a pesar de que el carácter esencial del agua potable para la salud pública demanda acciones mucho más céleres.
Y es que el primer aviso de contaminación se dio el lunes 22 de enero de 2024, cuando varios vecinos denunciaron problemas con el agua potable, sin embargo, no fue sino hasta el jueves de 25 de enero de 2024 que se confirmó por parte del Ministerio de Salud la presencia de contaminantes por hidrocarburos en las fuentes de agua de los distritos de Anselmo Llorente, Calle Blancos, Carmen, Cinco Esquinas, Colima, Guadalupe, León XIII, Merced, Mercedes, San Francisco, San Juan, San Vicente, Uruca correspondientes a los cantones de Goicoechea, Moravia, San José y Tibás, por lo que se instó a la población a abstenerse de consumir agua.
Para la mayoría de los jueces constitucionales, Cruz Castro, Rueda Leal, Hess Herrera y Delgado Faith esto resulta aún más reprochable, por cuanto no se observan garantías suficientes de que tal situación no vuelva a ocurrir, ni se informó del establecimiento de procedimientos disciplinarios para establecer las responsabilidades del caso por parte de los funcionarios omisos.
En el voto, los magistrados también estimaron que la gravedad de lo acontecido implica una flagrante lesión al derecho constitucional al buen funcionamiento de los servicios públicos, reconocido por la jurisprudencia constitucional, así como a los derechos fundamentales a la salud y al acceso al agua potable, contemplados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política.
En virtud de lo antes expuesto, los magistrados ordenan:
1) De forma inmediata, garantice a través de alguna alternativa provisional el suministro diario suficiente de agua potable para suplir las necesidades básicas de la población de los distritos de Anselmo Llorente, Calle Blancos, Carmen, Cinco Esquinas, Colima, Guadalupe, León XIII, Merced, Mercedes, San Francisco, San Juan, San Vicente, Uruca, correspondientes a los cantones de Goicoechea, Moravia, San José y Tibás, mientras se soluciona de forma definitiva el problema de contaminación.
2) De forma inmediata, como mínimo trimestralmente efectúe análisis técnicos del agua en las fuentes que abastecen a las comunidades citadas.
3) En el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, solucione de forma definitiva el problema de contaminación en tales localidades y, además, no solo realice los estudios pertinentes para garantizar la calidad del agua a los afectados, sino que, también, examine, defina e implemente todas las medidas requeridas para garantizar la potabilidad del agua y prevenir de modo eficaz y eficiente que vuelva a presentarse contaminación en las fuentes de agua.
4) En el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de ese pronunciamiento, inicie las investigaciones preliminares para determinar la responsabilidad administrativa de las personas funcionarias involucradas y, en el plazo de DOS MESES, contado a partir de tal determinación, tramite los procedimientos disciplinarios respectivos hasta el dictado de los actos finales correspondientes.
Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas dan razones diferentes y salvan parcialmente el voto en relación con la pretensión del tutelado de que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suspenderle el cobro del servicio de agua potable por dos meses -uno por el agua contaminada que se le suministró; y, otro, por el agua que tuvo que comprar en el comercio local para suplir sus necesidades-, a fin de que sea discutida en la vía de legalidad que corresponda.
La sentencia integral de este asunto se encuentra en redacción, una vez que estén debidamente anonimizada y notificadas las partes, se procederá a publicarla en el sitio web del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-002896-0007-CO |
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Número de resolución: |
Nº 2024-00935 |
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Fecha de la votación: |
22 de marzo de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara con lugar el recurso por la lesión a los derechos constitucionales al buen funcionamiento de los servicios públicos, acceso al agua potable y la salud. Se ordena a Roosevelt Alvarado Ramírez, en su condición de Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que disponga lo necesario, coordine lo pertinente y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, para que: 1) de forma inmediata, garantice a través de alguna alternativa provisional el suministro diario suficiente de agua potable para suplir las necesidades básicas de la población de los distritos de Anselmo Llorente, Calle Blancos, Carmen, Cinco Esquinas, Colima, Guadalupe, León XIII, Merced, Mercedes, San Francisco, San Juan, San Vicente, Uruca, correspondientes a los cantones de Goicoechea, Moravia, San José y Tibás, mientras se soluciona de forma definitiva el problema de contaminación; 2) de forma inmediata, como mínimo trimestralmente efectúe análisis técnicos del agua en las fuentes que abastecen a las comunidades citadas; 3) en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, solucione de forma definitiva el problema de contaminación en tales localidades y, además, no solo realice los estudios pertinentes para garantizar la calidad del agua a los afectados, sino que, también, examine, defina e implemente todas las medidas requeridas para garantizar la potabilidad del agua y prevenir de modo eficaz y eficiente que vuelva a presentarse contaminación en las fuentes de agua; 4) en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de ese pronunciamiento, inicie las investigaciones preliminares para determinar la responsabilidad administrativa de las personas funcionarias involucradas y, en el plazo de DOS MESES, contado a partir de tal determinación, tramite los procedimientos disciplinarios respectivos hasta el dictado de los actos finales correspondientes. Se advierte a la autoridad recurrida que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas dan razones diferentes y salvan parcialmente el voto en relación con la pretensión del tutelado de que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suspenderle el cobro del servicio de agua potable por dos meses -uno por el agua contaminada que se le suministró; y, otro, por el agua que tuvo que comprar en el comercio local para suplir sus necesidades-, a fin de que sea discutida en la vía de legalidad que corresponda. Notifíquese.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (redactor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y el magistrado suplente Alejandro Delgado Faith. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 10 de abril de 2024
Sala Constitucional dicta medida cautelar ante falta de especialistas en la CCSS
- Tribunal Constitucional tramita tres recursos de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas informa que le dio curso a dos recursos de amparo presentados ante la falta de atención de especialistas médicos.
Los expedientes se tramitan bajo el número 24-008940-0007-CO, 24-009200-0007-CO y fueron presentados por pacientes con afecciones cardiacas y oncológicas.
En la resolución de curso de ambos recursos de amparo, la Presidencia del Tribunal Constitucional dicta una medida cautelar en protección de la salud de las personas recurrentes y de los usuarios de los servicios médicos de los centros hospitalarios respectivos.
Medida cautelar:
1-Se ordena a las autoridades recurridas y médicos tratantes, valorar a las personas amparadas y determinar el tratamiento médico a seguir, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa.
2-Adicionalmente, se ordena a la presidenta ejecutiva, al gerente médico, a los directores y jefes del servicio de los hospitales recurridos, todos de la caja costarricense de seguro social, que deben adoptar todas medidas que estén a su alcance, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios médicos en el respectivo centro médico, de forma tal que se garantice la vida y la salud de todos los pacientes que demandan sus servicios, e informar a este tribunal, en el plazo improrrogable de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución, sobre las medidas adoptadas, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa.
Aunado a estos recursos de amparo, la Sala Constitucional también recibió el expediente 24-009249-0007-CO que se encuentra en estudio de admisibilidad. La persona recurrente es una paciente con cáncer a quien se le canceló la cirugía que tenía programada, esto ante la falta de médicos especialistas.
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 25 de marzo de 2024
Sala Constitucional ordena al Hospital Nacional de Niños proporcionar, de inmediato, medicamento a menor de 7 meses que padece atrofia muscular espinal tipo I
- Tribunal Constitucional ordena que niña reciba el tratamiento con el medicamento “Spinraza- Nusinersen”.
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar un recurso de amparo a favor de una menor de siete meses que padece atrofia muscular espinal tipo I.
Los recurrentes interpusieron un recurso de amparo a favor de la menor y contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiestan que la amparada es hija de ambos y padece de atrofia muscular espinal tipo I (o Enfermedad de Werdnig-Hoffmann), la cual es considerada una enfermedad rara, que le fue diagnosticada el 13 de diciembre de 2023.
Explican los padres de la menor, que la atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad genética que ataca las células nerviosas, llamadas neuronas motoras, que se encuentran en la médula espinal; estas neuronas se comunican con los músculos voluntarios, es decir, aquellos que se pueden controlar, como los brazos y las piernas; y, a medida que los músculos pierden neuronas, se debilitan. Asimismo, puede afectar la capacidad para caminar, gatear, respirar, tragar y controlar la cabeza y el cuello; y, consecuentemente, con el transcurso del tiempo provoca la muerte de la persona.
Señalan los recurrentes, que la primera terapia aprobada para dicha enfermedad es “Spinraza-Nusinersen”. Refieren, que un equipo de especialistas en neuropediatría del Hospital Nacional de Niños le ha dado seguimiento a su estado de salud y recomendó este tratamiento para la menor, pero que el Comité Central de Farmacoterapia no lo avaló el 18 de enero anterior. Alegan que la justificación no fue médico- científica, pues la oposición solo respondió al costo del tratamiento.
Para mejor resolver, el Tribunal Constitucional le solicitó al Colegio de Médicos y Cirujanos el nombramiento de un perito interconsultor médico especialista en Neuropediatría, quien hiciera la valoración correspondiente; además, la Sala le solicitó a Medicatura Forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, que examinaran a la parte tutelada con el fin de determinar si procede o no el despacho del medicamento antes señalado.
En los informes enviados a la Sala Constitucional, ambos especialistas concluyen que el medicamento Nusinersen está aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) desde el 2007 para el tratamiento de la AME (atrofia muscular espinal). Hay además varios estudios que revelan su eficacia, en todas las etapas de la enfermedad. Además, avalan el criterio del médico tratante de
la menor tutelada que solicitó para su tratamiento el medicamento denominado “Spinraza (Nusinersen)".
En la Sentencia Nº 2024-7879 de las 9:20 horas del 22 de marzo de 2024, los magistrados concluyen que tienen muy claro que se está en sede jurisdiccional-constitucional, y no técnico-médica y que, por esa razón, se respeta el análisis de la Sección Clínica Médico Forense, que es un tercero imparcial y cuya opinión técnica ha sido contundente en cuanto a la situación de la paciente.
Además, los integrantes del Tribunal ordenan que DE INMEDIATO se adopten las medidas necesarias y ejecuten las acciones pertinentes para que la menor amparada reciba el tratamiento con el medicamento “Spinraza (Nusinersen)”, en la dosis y por el plazo señalado por su médico tratante.
La sentencia integral de este asunto ya se encuentra redactada y firmada, y una vez que esté debidamente notificada a la partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-001782-0007-CO |
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Número de resolución: |
Nº 2024-7879 |
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Fecha de la votación: |
22 de marzo de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Carlos Eduardo Jiménez Herrera, a Gloria Arias Porras y a Sixto Bogantes Ledezma, bajo ese mismo orden Director General, Directora de Farmacia y Coordinadora del Comité Local de Farmacoterapia y Jefe del Servicio de Neurología, todos del Hospital Nacional de Niños, así como a Wilburg Alonso Díaz Cruz y a Katalina Chuprine Sisfontes, bajo ese mismo orden Gerente Médico a.i. y Secretaria Técnica a.i., ambos del Comité Central de Farmacoterapia, de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos, que DE INMEDIATO adopten las medidas necesarias y ejecuten las acciones pertinentes para que la menor amparada reciba el tratamiento con el medicamento “Spinraza (Nusinersen)”, en la dosis y por el plazo señalado por su médico tratante, bajo su entera responsabilidad. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de Sentencia de lo contencioso administrativo.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Cruz Castro (presidente a.i.), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado (instructor) e Ingrid Hess Herrera y los magistrados suplentes Ana María Picado Brenes, Alejandro Delgado Faith y Jorge Isaac Solano Aguilar. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 07 de marzo de 2024
Sala Constitucional protege el derecho de un grupo de mujeres policías penitenciarias que señalaban problema con los chalecos que tienen que utilizar
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró con lugar un recurso de amparo a favor de un grupo de mujeres agentes de la policía penitenciaria quienes alegaban tener que utilizar chalecos en mal estado, vencidos y obsoletos y diseñados para los varones.
El recurso fue presentado contra el Ministerio de Justicia y Paz, autoridad que informa bajo juramento que, el personal femenino es dotado de manera provisional de chalecos balísticos masculinos hasta que se logre concretar la dotación de los chalecos correspondientes.
Para el Tribunal Constitucional existe una amenaza por la falta del equipo adecuado para el desempeño de las funciones de las agentes policiales mujeres.
Las magistradas y los magistrados determinaron que, pese a que las autoridades recurridas indicaron que esperan pronto contar con los chalecos adecuados para mujeres, no se desprende del informe rendido una fecha cierta para su adquisición y entrega a este personal penitenciario.
En la sentencia 2024-005630, la Sala Constitucional ordenó que, en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se adquieran y entreguen a las mujeres agentes policiales los chalecos adecuados y que correspondan a su condición de mujer.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-003371-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-005630 |
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Fecha de la votación: |
01 de marzo de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso, únicamente respecto a los chalecos de las mujeres agentes policiales. Se ordena a Gerald Campos Valverde, Ministro de Justicia y Paz, a Juan Carlos Arias Agüero, Director General de Adaptación Social, a Yamileth Valverde Granados, directora del Centro de Atención Institucional Terrazas y al Supervisor Policial Carlos Abarca Quesada, Jefe Policial a.i. del Centro de Atención Institucional Terrazas, a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, para que dentro del ámbito de sus competencias, efectúen las acciones necesarias para que en el plazo de UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia se adquieran y entreguen a las mujeres agentes policiales los chalecos adecuados y que correspondan a su condición de mujer. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. - |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (Instructora), la magistrada suplente Ana María Picado Brenes y el magistrado suplente Alejandro Delgado Faith. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 13 de marzo de 2024
Sala Constitucional declara con lugar recurso de amparo a favor de joven que fue discriminado por su apariencia y forma de vestir
- Tribunal Constitucional ordena a propietario de Bar La Fira abstenerse de volver a incurrir en los hechos señalados
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad declaró con lugar un recurso de amparo conocido en el expediente 23-016593-0007-CO e interpuesto contra el Club Social La Fira.
El recurrente señala que el 23 de junio de 2023 acudió al club social “La Fira”, ubicado en el Centro Vía Lindora. Manifiesta que al llegar al establecimiento experimentó miradas intimidantes por parte de los oficiales de seguridad, debido a su expresión de género y orientación sexual, ya que esa noche llevaba maquillaje en su rostro.
Detalla que, debido a que no tenía reservación, optó por unirse a la fila y esperar para poder ingresar al lugar. Sostiene que al llegar su turno para ser atendido se le informó que no podía ingresar porque llevaba un bolso, consultó si podían ingresar si él le entregaba el bolso a la amiga que le acompañaba, a lo cual el personal del establecimiento accedió. Afirma que cumplió la condición, sin embargo, al revisar sus cédulas de identidad, les informaron que desde “monitoreo de seguridad” no le permitía el ingreso al lugar porque se reservaban el derecho de admisión.
En la sentencia 2024-6767, por unanimidad, el Tribunal Constitucional tuvo por acreditada la lesión a los derechos del recurrente, concretamente al de igualdad y no discriminación, toda vez que por su apariencia y forma de vestir se le impidió el ingreso, sin que se le diera una justificación objetiva o razonable.
Los magistrados Cruz Castro, Hess Herrera y Delgado Faith dan razones adicionales, en las cuales se explica las implicaciones y tratamiento probatorio que debe darse a la discriminación por orientación sexual y expresión de género, en casos como este, donde tal trato discriminatorio proviene de un sujeto de derecho privado
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
23-016593-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-6767 |
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Fecha de la votación: |
08/03/2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Timy Jesús Valverde Cruz, en su condición de presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de Grupo Midas Management Sociedad Anónima, abstenerse de volver a incurrir en los hechos que dieron mérito a la presente estimatoria. Se advierte al recurrido que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la sociedad Grupo Midas Management Sociedad Anónima al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. La magistrada Garro Vargas consigna nota. Los magistrados Cruz Castro, Hess Herrera y Delgado Faith dan razones adicionales. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas (instructora) e Ingrid Hess Herrera y los magistrados suplentes Alejandro Delgado Faith y Jorge Isaac Solano Aguilar. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 11 de marzo de 2024
Sala Constitucional declara sin lugar habeas corpus de persona detenida por la Fiscalía y que tenía una declaratoria de rebeldía
- Tribunal Constitucional no estimó que autoridades recurridas hubieran actuado arbitrariamente
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad resolvió el viernes 8 de marzo de 2024, un recurso de habeas corpus correspondiente al expediente número 24-004335-0007-CO, interpuesto por una persona contra La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José y El Juzgado Penal del II Circuito Judicial De San José.
La persona recurrente aducía que la Fiscalía ordenó su detención con fundamento en la existencia de una declaratoria de rebeldía. Indica que, ese mismo día se le tomaron sus datos y pese a que, se solicitó audiencia para medidas cautelares, el ente fiscal desistió de las mismas, por lo que, se ordenó su libertad inmediata.
El recurso fue declarado sin lugar, pues los magistrados no estimaron que las autoridades recurridas hubieran actuado arbitrariamente.
Según logró constatar el Tribunal Constitucional, el tutelado es imputado en un proceso penal, por el delito de ofensas a la dignidad y otros. El 19 de octubre de 2021 la Fiscalía recurrida hizo constar que informó al imputado que debía presentarse el 01-12-2021 para su indagatoria; sin embargo, no compareció a aportar sus datos de identificación, ni tampoco para indicar un medio para recibir notificaciones. Además, el 27 de enero de 2022 la Fiscalía accionada solicitó al Juzgado Penal recurrido decretar rebeldía y orden de captura contra el tutelado, lo cual se hizo por resolución de las 10:39 horas del 07 de febrero de 2022.
Para los jueces constitucionales, la detención de las 09:03 horas del 14 de febrero de 2024 estaba respaldada por una resolución formal, dictada en razón de la desatención del tutelado al proceso.
Por otra parte, el mismo 14 de febrero, a las 11:06 horas, la Fiscalía recurrida puso al tutelado a la orden del Juzgado Penal accionado y a las 16:10 horas, también del 14 de febrero, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, dispuso ordenar la inmediata libertad del imputado, dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía del 7 de febrero de 2022 y la orden de captura que se derivó de lo resuelto en dicho auto, pues la representante fiscal desistió de la solicitud de medidas cautelares en contra del acusado.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
24-004335-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-6515 |
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Fecha de la votación: |
11 de marzo de 2023 |
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Por tanto: |
Se declara sin lugar el recurso. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora) y los magistrados suplentes Alejandro Delgado Faith y Jorge Isaac Solano Aguilar. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 08 de marzo de 2024
Sala Constitucional protege derecho a madre en período de lactancia que labora como auxiliar de enfermería en la CCSS
- Tribunal Constitucional consideró que se obstaculizó el derecho a la lactancia materna de la madre que se encuentran en este periodo
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad resolvió el recurso de amparo contenido en el expediente 23-020552-0007-CO a favor de una madre en período de lactancia que labora como auxiliar de enfermería en el Área de Salud de Abangares.
La recurrente indica que es una madre lactante y que debe laborar en un horario rotativo, lo que afecta su espacio de lactancia materna. Además, asegura que dentro de las jornadas de trabajo debe acompañar a los pacientes a otros centros médicos, por lo que se expone a una extensión de su jornada, lo cual ya ha sucedido en alguna oportunidad.
Según la sentencia ____, el Tribunal Constitucional determinó que la funcionaria que goce de la licencia de lactancia tiene derecho a determinar el momento en que esta se disfrutará, para lo cual la jefatura correspondiente debe garantizarlo, realizando las coordinaciones pertinentes.
En ese sentido, la Sala Constitucional constató que la autoridad recurrida no emitió ninguna disposición directa y definitiva para resguardar los derechos fundamentales de la amparada y de la menor lactante. Lo anterior con el agravante que la amparada manifestó que, para el mes de enero del año en curso, tendría asignados nuevamente roles nocturnos, en los que sería la única auxiliar de enfermería, de modo que, ante un traslado de un paciente a otro centro médico, su periodo de lactancia podría nuevamente verse afectado.
Los magistrados ordenaron a las autoridades recurridas abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron mérito a la presente estimatoria y condenó a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados. También reconocieron la importancia de la lactancia materna, que tiene como fin proteger el derecho esencial de la persona menor de edad, cuyo disfrute es individual para cada menor, por lo que ello no debe ser variado unilateralmente por el patrono a fin de atender obligaciones laborales.
El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos, al estimar que el asunto debe ser conocido en la jurisdicción laboral, pues en esta hay un proceso accesible, sencillo y rápido para tramitar este tipo de controversias.-
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
23-020552-0007-CO |
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Número de resolución: |
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Fecha de la votación: |
08 de marzo de 2023 |
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Por tanto: |
Por mayoría, se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la afectación al horario para la licencia por lactancia de la tutelada Idalia Emilia Briceño Juárez. Se ordena a Cristina Espinoza Madrigal, en su condición de Jefa de Enfermería del Área de Salud de Abangares, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que DE FORMA INMEDIATA dicte las órdenes que correspondan y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del marco de sus competencias para garantizar de manera efectiva el derecho de lactancia de la tutelada en todos los horarios que le corresponda laborar y durante todo el periodo de su licencia. Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirvieron de base a la presente declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a las jornadas de trabajo durante la pandemia por la COVID-19, estese la parte recurrente a lo dispuesto por este Tribunal en la Sentencia N° 2020-014445 de las 09:20 horas del 31 de julio de 2020. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos, al estimar que el asunto debe ser conocido en la jurisdicción laboral.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Luis Fdo. Salazar Alvarado (instructor), Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y los magistrados suplentes Alejandro Delgado Faith y Jorge Isaac Solano Aguilar. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 21 de febrero de 2024
Sala Constitucional declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra anticonceptivos orales de emergencia
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró sin lugar el expediente 19-010502-0007-CO que acumulaba tres acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo nro. 41.722-S del 23 de abril de 2019.
Las personas accionantes plantearon la acción contra el decreto ejecutivo nro. 41.722-S denominado “Dispensación de los anticonceptivos orales de emergencia”.
Sobre el particular, por mayoría, los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Araya García y la magistrada Hess Araya consideraron que la Sala debía desarrollar un análisis estrictamente jurídico, a partir del cual se concluyó que existe la obligación jurídica de respetar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con los convenios suscritos por Costa Rica.
Justamente, en la sentencia de 28 de noviembre de 2012 sobre el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la protección del derecho a la vida empieza a partir del momento de la concepción, por lo que Costa Rica, al integrar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y carecer de una norma constitucional que expresamente regule ese punto, desde una perspectiva jurídico‑normativa, está obligada a acatar tal disposición de la Corte IDH, única y estrictamente, en cuanto a que el término ‘concepción’ equivale a la implantación del óvulo fecundado en la pared uterina del cuerpo de la mujer.
Con base en esta premisa, la protección de la vida inicia con la implantación. Por tal motivo, a partir de ese instante se tutela la vida, ya que no existe ninguna otra disposición de relevancia constitucional que jurídicamente le permita a este Tribunal diferir de tal criterio y atribuirle otro sentido jurídico al término ‘concepción’. Interpretar de otra manera ese vocablo, ante la falta de mención expresa en nuestra Constitución Política, es inconvencional, es decir, contrario a la obligación del país de acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En consecuencia, para el alto Tribunal, la regulación cuestionada, que permite su dispensación sin receta médica, no supone una inconstitucionalidad manifiesta, toda vez que se trata de una modalidad anticonceptiva de uso ocasional, excepcional o de emergencia que, según el decreto, debe ser tomada dentro de las primeras 72 horas, es decir, cuando todavía no ha ocurrido la implantación y requiere necesariamente de la intervención previa de un regente farmacéutico, quien debe dispensar las dosis respectivas y emitir las recomendaciones correspondientes.
Además, la Sala subraya que, en los términos en que se redactó el decreto, no se está regulando un procedimiento que tenga fines propiamente abortivos, sino más bien, tal como su nombre lo indica, solo está autorizando la “dispensación de los anticonceptivos orales de emergencia”; es decir, se trata de un tipo de método anticonceptivo más.
Por otra parte, la mayoría de la Sala Constitucional concluye que el decreto no impone el carácter forzoso de un acto médico o un tratamiento, por lo que las personas son libres de utilizar o no el anticonceptivo. Es claro que las personas tienen el derecho de conocer el mecanismo de acción, restricciones de uso, beneficios, efectos secundarios y contraindicaciones de los anticonceptivos orales de emergencia.
También considera el Tribunal Constitucional que la autorización de la dispensación de anticonceptivos orales de emergencia forma parte de la competencia del Ministerio de Salud para emitir reglamentación técnica, por lo que se descarta alguna violación al principio de reserva de ley.
Aclaración: La resolución de esta acción de inconstitucionalidad no implica ningún aval del Tribunal Constitucional a métodos abortivos, toda vez que eso no fue objeto de la discusión.
Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvaron el voto, considerando, en primer término, que para resolver este asunto con todos los elementos necesarios era preciso dilucidar aspectos científicos sobre el inicio de la vida humana, los efectos abortivos que podría tener el fármaco y las consecuencias para la salud de la mujer de su venta sin receta y ninguna otra limitación de edad y frecuencia.
Estimaron que, en vista de las divergencias de criterio que constan en el expediente sobre esos temas, era del todo pertinente la realización de una audiencia oral en la que las autoridades científicas pudiesen hacer exposiciones y réplicas, y responder las preguntas que les formularan los integrantes del Tribunal. En buena lógica, ninguna conclusión es verdadera si su premisa es falsa. Por eso era tan importante dilucidar el aspecto científico.
En todo caso, luego de un análisis de los estudios aportados, observan que hay una duda razonable sobre dichos temas, que exige aplicar los principios precautorio y preventivo, tal como la Sala Constitucional lo ha hecho en innumerables ocasiones en materia ambiental y de salud pública. En el presente caso, si existe un riesgo de que el fármaco pueda tener efectos abortivos y lesivos para la mujer que lo consume, correspondía declarar inconstitucional el decreto atendiendo a tales principios.
La minoría no desconoce lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero advierte que la misma Corte dijo basarse en un criterio científico. La sentencia Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica dice que “luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la ʻconcepciónʼ en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención” (párrafo 264).
Para esta minoría, es claro que desde el 2012, cuando se dictó esa sentencia, la ciencia ha avanzado, y en el expediente de la presente acción constan numerosos estudios recientes que así lo acreditan y que desvirtúan el dato científico en el que se basó la sentencia de la Corte IDH. Por eso, corresponde que la Sala Constitucional dicte sus resoluciones a la luz de los avances científicos. Lo contrario sería pretender que su jurisprudencia prescinda de los datos de la ciencia y de la técnica y se anquilose en el pasado.
A los Estados que forman parte de Sistema Interamericano, cuando hay un cambio de circunstancias y nuevos datos, les asiste el derecho a separarse de los criterios que la Corte IDH emitió con las “bases científicas disponibles” de aquel momento.
Por lo demás, esta minoría destaca que el Decreto Nº 39210-MP-S, “Autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida de Fecundación In Vitro y transferencia embrionaria”, que está vigente por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de febrero de 2016, establece en el artículo 19 lo siguiente:
“Artículo 19.- Régimen de prohibición: En cuanto al tratamiento de óvulos fecundados, queda absolutamente prohibido su desecho, comercialización, experimentación, selección genética, fisión, alteración genética, clonación y destrucción. Tampoco podrá darse la inseminación o transferencia post mórtem sin consentimiento informado expreso”.
Se trata de una norma ciertamente reglamentaria por su origen y su rango, pero cuya vigencia está fundada en una resolución de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha norma expresamente protege al óvulo fecundado que aún no está implantado.
Por otra parte, el nombre del decreto no es lo relevante, sino su contenido y los efectos reales que podría tener el fármaco. De nuevo, es patente la importancia del dato científico. La minoría enfatiza en que, al no haber registro de compra, no es posible determinar si su uso es ocasional, excepcional. Por lo demás, el decreto no dice nada sobre cuáles son los parámetros con los que el regente farmacéutico debe dar su asesoramiento, esto es, si debe o no referirse al mecanismo de acción, restricciones de uso, beneficios, efectos secundarios y contraindicaciones de los anticonceptivos orales de emergencia.
Por eso no se asegura que se dé un verdadero consentimiento informado. Y si fuera suficiente con el prospecto, no tendría sentido exigir receta médica en ningún otro tipo de fármacos. Además, se observa que, aunque el decreto no establece los parámetros en los que se debe dar el asesoramiento, sí exige para la venta del fármaco la intervención del regente, por lo cual se lesiona su derecho a la objeción de conciencia.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
19-010502-0007-CO, 19-014040-0007-CO y 19-015340-0007-CO. |
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Número de resolución: |
2024-4672 |
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Fecha de la votación: |
21 de febrero de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declaran sin lugar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas nros. 19-010502-0007-CO, 19-014040-0007-CO y 19-015340-0007-CO. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran parcialmente con lugar las acciones. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Acción de inconstitucionalidad: procede contra las leyes y otras disposiciones generales (reglamentos, normas, decretos) que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
- Detalles
San José, 16 de febrero de 2024
Sala Constitucional ordena entregarle al recurrente, en un plazo de 10 días, información sobre la contratación del BCIE
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró con lugar el recurso de amparo contenido en el expediente 23-021549-0007-CO e interpuesto contra la Presidencia de la República por un diputado.
El recurrente reclamó que solicitó información sobre una contratación de la Presidencia de la República con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero no le fue respondida de manera conforme con el derecho fundamental al libre acceso a la información pública.
Al respecto, en la sentencia 2024-4418, la Sala Constitucional constató que se había brindado al amparado una respuesta general a su gestión, pero que no atendía puntualmente los temas planteados por él. La Sala determinó que, en las solicitudes de información de los ciudadanos, los extremos que ellos consulten deben ser atendidos por parte de la Administración de forma precisa, como ya lo había indicado en la sentencia nro. 2023-007673 de las 9:20 horas del 31 de marzo de 2023.
En el caso concreto, los magistrados consideraron razonable que al recurrente no se le suministrara la información cubierta por la confidencialidad que protege al BCIE, toda vez que, por normas de derecho internacional, esa entidad goza de la inmunidad e inviolabilidad propia de un organismo de derecho internacional público. Sin embargo, tal justificación solo es válida, precisamente, con relación a la información cubierta por la confidencialidad del BCIE, no para los demás datos.
Así, en un documento enviado por el propio BCIE al recurrente, esa entidad clarificó que no era propietaria de cierta información y los documentos creados por las contrapartes; incluso, subrayó que lo relativo a tales datos debía ser gestionado ante la entidad propietaria de dicha información.
A partir de lo anterior, el Tribunal Constitucional concluye que el Gobierno, en tanto propietario de esa parte de la información, puede y debe brindar acceso a ella al ciudadano que así lo requiera.
Dado que la parte accionada incumplió su obligación de atender adecuadamente la gestión de marras, la Sala Constitucional, por mayoría, declara parcialmente con lugar el recurso y ordena a Gabriel Arturo Aguilar Vargas, en su condición de director de Despacho del presidente de la República, que dentro del plazo de diez días, contado a partir de la notificación de la sentencia, gire las órdenes pertinentes para que:
- Se entregue al recurrente la información correspondiente al punto 1 de la petición (1. Copia de la solicitud de proyecto o similar de Casa Presidencial, o en su defecto, del gobierno de Costa Rica donde le comunica a esta entidad bancaria la propuesta de contratación de Fortalecimiento de la democracia y el enlace ciudadano, o cualquier contratación para la cual, se contrataría una consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica para el presente periodo, pagado con fondos del BCIE).
- Se entregue al recurrente la información correspondiente al 2.a de la petición ( Copia del contrato o contratos celebrados con la empresa contratista RMC LA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA con el BCIE, cédula jurídica 3101517966, o en su defecto con CHRISTIAN JOSE BULGARELLI ROJAS, cédula de identidad 108490977, o cualquier empresa representada por el señor BULGARELLI ROJAS, quien está ejecutando dicha contratación. a. En caso de no poseer dicho contrato, indicar las razones y qué entidad lo resguarda.
- Con respecto al punto 2 b. se aclare al recurrente si los dineros concernientes a las trasferencias relativas a tal contratación ingresaron a las arcas del Estado y, de ser así, brindar la información requerida.
- Se entregue al tutelado la información correspondiente al punto 3 de su gestión, únicamente en lo atinente al nombre de las personas funcionarias que llevaron a cabo dicha iniciativa por parte del gobierno de Costa Rica.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
23-021549-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-4418 |
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Fecha de la votación: |
16 de febrero de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Gabriel Arturo Aguilar Vargas, en su condición de director de Despacho del presidente de la República, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que: 1) entregue al recurrente la información correspondiente a los puntos 1 y 2 a) de su gestión; 2) con respecto al punto 2 b., deberá aclarar al recurrente si los dineros relacionados con ese punto ingresaron a las arcas estatales y, en caso de que así fuera, brindar la información peticionada; 3) entregue al tutelado la información correspondiente al punto 3 de su gestión, únicamente en lo que respecta a “…el nombre de las personas funcionarias que llevaron a cabo dicha iniciativa…” por parte del gobierno de Costa Rica, todo dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a la autoridad recurrida que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, lo que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso‑administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. La magistrada Garro Vargas consigna nota. El magistrado Cruz Castro salva parcialmente el voto y declara con lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (redactor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 13 de febrero de 2024
Sala Constitucional resuelve recurso de amparo a favor de pareja del mismo sexo que solicitó licencia por nacimiento de hijo
- Recurso fue declarado con lugar únicamente para fines indemnizatorios.
La Sala Constitucional garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas declaró con lugar el recurso de amparo contenido en el expediente 23-030646-0007-CO contra la Caja Costarricense de Seguro Social.
La recurrente indicó que, en julio de 2022, contrajo matrimonio, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Civil y junto a su pareja tomaron la decisión de ser madres. Comenta que, en vista de que su hijo estaba próximo a nacer, en noviembre de 2023 se apersonó al Área de Salud de Grecia para tramitar una licencia de maternidad para ambas. Agrega que, después de que recibieron los documentos de su cónyuge, le indicaron verbalmente que no tenían respuesta de cómo gestionar su licencia. Por lo anterior, el 4 de diciembre de ese mismo año planteó formalmente la solicitud correspondiente; sin embargo, el área de salud recurrida denegó el otorgamiento de la licencia, lo que considera discriminatorio y contrario a la dignidad humana.
El menor nació en diciembre y se encuentra debidamente inscrito como hijo de la recurrente y su esposa, por lo que los magistrados declararon con lugar el recurso.
En anteriores oportunidades, el Tribunal Constitucional ha establecido que las licencias previstas en materia de seguridad social, a propósito del nacimiento de un hijo o hija, están innegablemente vinculadas a los derechos fundamentales, desde tres perspectivas: la de la persona trabajadora que accede a la oportunidad de proveer cuido a su hijo, sin temor a perder su fuente de ingresos -aunque sea de forma temporal (V. sentencia No. 2000-2570)-; la de la persona recién nacida, que gozará de la protección de quien asume su cuido y la de la creación y fortalecimiento de los lazos del núcleo familiar.
Además, la Sala ha establecido que, a falta de regulación expresa, en materia de licencias propias de la seguridad social, debe primar el interés superior del niño y su derecho a gozar de los beneficios de la cercanía de su entorno familiar.
El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvaron el voto y otorgaron plazo a la recurrente para que, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, interponga acción de inconstitucionalidad por la omisión legislativa reclamada. Estiman que la autoridad actuó conforme a las previsiones normativas vigentes (principio de legalidad). Es en el contexto de una acción, y no en un recurso de amparo, donde procede analizar si hay o no una inconstitucionalidad por omisión legislativa y en qué términos. Por lo demás, esperar a que la Sala se pronuncie sobre la acción no supondría una lesión a la persona menor de edad, máxime que en este caso el recurso se resolvió solo para efectos indemnizatorios. En resumen, consideran que la omisión reclamada solo podría ser subsanada por el propio legislador: sea por propia iniciativa o porque así lo constate este Tribunal al resolver un proceso de control de constitucionalidad.
La sentencia integral de este expediente está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
23-030646-0007-CO |
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Número de resolución: |
N° 2024-3875 |
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Fecha de la votación: |
13 de febrero de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y otorgan plazo a la recurrente para que, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, interponga acción de inconstitucionalidad por la omisión legislativa reclamada. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora). |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
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San José, 07 de febrero de 2024
Sala Constitucional no está ordenando una compra masiva de computadoras
Ante las declaraciones del ministro de Justicia y Paz, Sala Constitucional aclara lo siguiente sobre el expediente 23-027141-0007-CO:
1- Se trata de una sentencia a favor de un privado de libertad que indica, que por su condición se le dificulta obtener el testimonio de sentencia en el Tribunal donde fue sentenciado; además, porque no tiene familiares que puedan ayudarlo económicamente. Afirma que ha remitido "cables" al Área Jurídica de ese centro penal, donde tienen su expediente con la información que necesita para solicitar una revisión de reenvío a juicio ante la Sala Tercera de Casación Penal, pero no recibe respuesta.
2- En el voto 2024-002479 la Sala Constitucional ordenó que se le entregue al tutelado la transcripción de las sentencias orales dictadas en las causas 17-001650-0068-PE y 18-000694-0332-PE.
3- Además que, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo necesario para que se disponga de equipos de cómputo a efecto de que las personas privadas de libertad puedan consultar electrónicamente sus expedientes. Esto no quiere decir que el Tribunal Constitucional esté ordenando la compra masiva de estos equipos, ni la entrega individual o sin regulación a personas privadas de libertad, sino que se les proporcione los medios para que puedan consultar sus expedientes.
4- En otras ocasiones la Sala Constitucional ha fallado en el mismo sentido:
La petición en el presente recurso es coincidente con el caso previo bajo expediente 23-018741-0007-CO, resuelto por resolución de la Sala Constitucional número 2023020419 del 18 de agosto de 2023.
Para ese proceso previo la Administración Penitenciaria como conocimiento del recurso, indicó a la Sala Constitucional, que se procedería a solicitar las sentencias respectivas al Tribunal sentenciador, así como referirlo a la Defensa Pública para asesoramiento, como se indica se procedió.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
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Número de expediente: |
23-027141-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-002479 |
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Fecha de la votación: |
07 de febrero de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso. En primer término, se ordena a YINETH PORTUGUEZ HERRERA en condición de Jueza Coordinadora del Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela o, a quien ocupe ese cargo que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, dispongan lo necesario para que se le entregue al tutelado la transcripción de las sentencias orales dictadas en las causas 17-001650-0068-PE y 18-000694-0332-PE. En segundo lugar, se ordena a JENNY CHACÓN FERNÁNDEZ, en condición de directora del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro que, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo necesario para que se disponga de equipos de cómputo a efecto de que las personas privadas de libertad puedan consultar electrónicamente sus expedientes. Se le advierte a la parte recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no estuviera más gravemente penado. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y rechazan de plano el recurso. La magistrada Garro Vargas salva el voto, rechaza de plano el recurso y ordena remitir estas diligencias ante el Juzgado de Ejecución de la Pena. Notifíquese.- |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 29 de enero de 2023
Ante varias consultas de medios de comunicación, la Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas hace la siguiente aclaración sobre el expediente 23-011422-0007-CO
-El número de expediente correcto es el N° 23-011422-0007-CO y la sentencia es la Nº 2024-001081
-La sentencia indica que valorar la validez de los parámetros técnicos contenidos en la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud sobre el cierre del programa de Trasplante Hepático del Hospital México no es competencia de la Sala y se tomó en consideración que la procedencia de la orden se discute actualmente en la vía de legalidad.
-Con base en los informes rendidos bajo fe de juramentos por las autoridades de la CCSS (Gerencia Médica, Presidencia Ejecutiva, HCG y Hospital México) se tuvo por demostrado que todos los pacientes que forman parte del programa fueron atendidos.
-Con base en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejido Humano (arts. 33, 34 y 35) se tuvo por sustentada la competencia del Ministerio de Salud de emisión de la orden sanitaria.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal consigna razones diferentes.
La sentencia integral está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-011422-0007-CO |
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Número de resolución: |
la Nº 2024001081 |
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Fecha de la votación: |
19 de enero de 2024 |
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Por tanto: |
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal consigna razones diferentes. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.
- Detalles
San José, 26 de enero de 2023
Sala Constitucional, por mayoría declara sin lugar recurso de amparo presentado contra el Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró sin lugar un recurso de amparo estudiado bajo el expediente 23-023887-0007-CO presentado contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La parte recurrente señalaba que el Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores, contenía disposiciones que expresamente impedían su participación en la licitación pública que busca implementar y operar la tecnología 5G IMT en el país.
En la resolución 2024-2222, la Sala consideró que no corresponde a esta jurisdicción constitucional analizar si el ICE contempló o no la totalidad de las disposiciones contenidas en el reglamento, ni tampoco si indirectamente limitó la participación de empresas con requisitos injustificados desde el punto de vista técnico. Ergo, si existiese alguna inconformidad con las condiciones y demás especificaciones técnicas, esta deberá ser ventilada en las vías comunes.
Además, la Sala Constitucional señaló, en relación con lo anterior, que lo relativo a la tecnología para la red de telecomunicaciones, así como los requisitos y estándares de ciberseguridad en Costa Rica (verbigracia, las normas ISO/IEC, SCS, entre otras), son aspectos técnicos, en principio, propios de políticas públicas de Estado que, salvo que entrañen alguna afectación al núcleo esencial de derechos fundamentales o transgredan manifiestamente el bloque de constitucionalidad, constituyen materia de gobierno.
De ahí que su procedencia, conveniencia u oportunidad no es propia de ser valorada por este Tribunal, sino de las vías comunes competentes.
La sentencia integral está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes disponibles.
Número de expediente: |
23-023887-0007-CO |
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Número de resolución: |
2024-2222 |
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Fecha de la votación: |
26 de enero de 2024 |
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Por tanto: |
Por mayoría se declara sin lugar el recurso. La magistrada Garro Vargas consigna nota. Los magistrados Cruz Castro y Araya García salvan el voto y otorgan plazo a la parte recurrente para que interponga acción de inconstitucionalidad contra el 'Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (SG) y superiores'. El magistrado Araya García consigna nota. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el recurso. |
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Conformación del Tribunal: |
Magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera. |
Material formativo
Recurso de Amparo: es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.