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26/05/20
CPSC260520salarioescolar
Sala Constitucional rechaza acción presentada contra salario escolar
La Sala Constitucional, el jueves 21 de mayo, rechazó por el fondo la acción de inconstitucionalidad presentada contra el salario escolar.
De forma unánime, en la sentencia N°2020-009188, el Tribunal resolvió no darle curso a la acción; pues en el estudio de admisibilidad efectuado concluyó que lo impugnado no violenta ningún principio constitucional o derecho fundamental, al menos en los términos planteados por el accionante.
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Número de sentencia |
2020-009188 |
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Número de expediente |
19-022289-0007-CO |
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Fecha de presentación de la acción: |
22 de noviembre de 2019 |
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Accionante: |
Otto Guevara Guth |
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Fecha de votación: |
9:50 a.m. del 21 de mayo del 2020 |
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Por tanto: |
Se rechaza por el fondo la acción |
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Alegatos del accionante |
El accionante impugna el acuerdo de política salarial para el sector público del 23 de julio de 1994, el Decreto Ejecutivo número 23.907-H del 21 de diciembre de 1994, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo número 39202-MTSS-H, el acuerdo número 11260 de la Autoridad Presupuestaria, las resoluciones números DG-062-94 del 5 de agosto de 1994, DG-112-94 del 22 de diciembre de 1994, DG-005-95 del 12 de enero de 1995, DG-114-95 del 22 de diciembre de 1995, DG-054-96 del 3 de julio de 1996, DG-103-96 del 17 de diciembre de 1996, DG-041-97 del 1 de julio de 1997, DG-011-2016 del 19 de enero de 2016 y las circulares números SI-04-94-0 del 9 de septiembre de 1994 y SI-002-95, todas de la Dirección General del Servicio Civil, que regulan el pago del salario escolar. Lo anterior, por considerar que dichas disposiciones violentan una serie de normas y principios constitucionales como el de igualdad, proporcionalidad y legalidad, al haber sido creados por órganos y mediante procedimientos que, a su criterio, resultan ilegítimos. |
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Consideraciones de la Sala |
· El salario escolar tiene su origen en el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios para la fijación de los salarios mínimos para el segundo semestre del año 1994, y no en los actos que señala el accionante. De conformidad con el artículo 57 de la Constitución Política y el numeral 2 de la Ley 832, es competencia de dicho Consejo la fijación de los salarios mínimos. Por tanto, el salario escolar tiene su origen en un acuerdo emitido por un órgano en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales. · El salario escolar no constituye un pago adicional que la Administración realiza a sus funcionarios, como se alega en la acción, en realidad es un pago por concepto de aumento salarial que constituye –según lo señala el voto número 1998-0722 de este Tribunal– “una suma que ya se encontraba dentro del patrimonio del trabajador por cuanto ya había sido reconocida por éste e incluida dentro del salario a percibir, sólo que se le paga en forma diferida”. · La intención del Poder Ejecutivo era que el salario escolar fuera reconocido a todos los trabajadores, tanto del sector público, como privado. Dicha situación, se ve reflejada en el Decreto Ejecutivo número 25250-MTSS publicado a la Gaceta del 25 de junio de 1996. Incluso llegó a ser aplicado en el sector privado; no obstante, con el paso del tiempo y por decisión de dicho sector, el pago de dicho rubro dejó de pagarse.
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Conformación del Tribunal*: |
Fernando Castillo Víquez (presidente); y los suplentes José Paulino Hernández Gutiérrez, Alejandro Delgado Faith, Lucila Monge Pizarro, Alicia Salas Torres, Ronald Salazar Murillo y Ana María Picado Brenes. |
*Las y los magistrados titulares se inhibieron de conocer esta acción en vista de que, como funcionarios públicos, reciben el salario escolar. Por el mismo motivo también se inhibieron 4 de las 10 magistradas y magistrados suplentes que actualmente están nombrados en la Sala. Por lo anterior, con el fin de conformar el Tribunal y con fundamento al artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se procedió a habilitar al magistrado Castillo Víquez, presidente de la Sala, para conocer el asunto y, en vista de ser el único titular, presidir el Tribunal.
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CPSC250520CSC
25/05/20
Sala Constitucional condena al Club Sport Cartaginés por violar libertad de prensa
- Tribunal declara parcialmente con lugar recurso de amparo presentado por un medio de comunicación al que la institución vetó del estadio Fello Meza
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por el medio de comunicación digital Fuerza Azul contra el Club Sport Cartaginés por vetarlo de las instalaciones del estadio de fútbol Fello Meza Ivankovich.
La prohibición de ingresar al estadio se aplicó luego de que el medio electrónico divulgara información sobre la salud de uno de los jugadores del equipo de fútbol.
A criterio de la Sala, impedir el ingreso del medio de comunicación al estadio es una actuación desproporcionada que afecta el núcleo esencial de las libertades de información, de prensa y expresión.
El Tribunal concluyó que el Club Sport Cartaginés obstaculizó el acceso a fuentes de información primaria, por ejemplo: la asistencia de los tutelados a las conferencias de prensa o entrevistas durante los entrenamientos del equipo, lo que provocó una lesión del sistema de garantías constitucionales en materia de libertad de prensa e información.
En vista de lo anterior, por medio de la sentencia N°2020- 009512 del viernes 22 de mayo, el Tribunal condena al recurrido por violentar la libertad de información, expresión y prensa; y le ordena que permita, de manera inmediata, el ingreso a los amparados, en su condición de comunicadores del medio digital Fuerza Azul, al estadio Fello Meza Ivankovich de Cartago, para efectos periodísticos y bajo las mismas condiciones de los demás periodistas deportivos de otros medios de comunicación colectiva que asisten a dicho inmueble.
El magistrado Paul Rueda Leal, en voto salvado, también declara con lugar el recurso con respecto a la expulsión del medio de comunicación del grupo de WhatsApp del Club Sport Cartaginés (en donde se comparte información del equipo de fútbol), al estimar que el hecho configura un caso de censura previa velada por parte de un sujeto de derecho privado.
La Sala Constitucional enfatiza en la resolución que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática
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Número de fallo: |
N° 2020- 009512 |
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Número de expediente: |
20-003674-0007-CO |
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Por tanto: |
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por las acreditadas violaciones a la libertad de información, expresión y prensa, con motivo del impedimento de acceso del medio Fuerza Azul a las instalaciones del estadio "Fello Meza Ivankovich” para cubrir las actividades de trascendencia pública que allí se desarrollan. Se ordena a Leonardo Vargas Masis, en su condición de Gerente del Club Sport Cartaginés S.A.D. o, a quien en su lugar ocupe ese cargo que, de manera inmediata les permita el ingreso a los amparados en su condición de comunicadores del medio digital "La Fuerza Azul”, al estadio "Fello Meza Ivankovich” de Cartago, para efectos periodísticos y bajo las mismas condiciones de los demás periodistas deportivos de otros medios de comunicación colectiva, que asisten a dicho estadio. Se le advierte al recurrido que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Club Sport Cartaginés S.A.D al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y también declara con lugar el recurso con respecto a la censura previa y la expulsión de la parte tutelada del grupo de "WhatsApp" aludido. Notifíquese la presente resolución a Leonardo Vargas Masis, en su condición de Gerente del Club Sport Cartaginés S.A.D. o, a quien en su lugar ocupe ese cargo. |
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Fecha de votación |
Viernes 22 de mayo, 2020 |
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Conformación del tribunal: |
Fernando Castillo Víquez, presidente; Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado; Jorge Araya García (instructor del expediente); Anamari Garro Vargas, y el suplente José Paulino Hernández Gutiérrez. |
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CPSC190520
19/05/20
Sala Constitucional elige al doctor Fernando Castillo como su presidente
- Magistrado ejerció presidencia a.i. desde agosto del 2018
El pleno de la Sala Constitucional, conformado por las y los siete magistrados titulares, eligió de forma unánime la mañana de este martes 19 de mayo al doctor Fernando Castillo Víquez como presidente del Tribunal garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas.
Castillo Víquez ejerció la presidencia a.i. de la Sala Constitucional desde el 1° agosto del 2018, cuando quien ostentaba el cargo en ese entonces, el doctor Fernando Cruz Castro, asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Por tradición, el presidente de la Sala Constitucional es elegido por un Tribunal integrado por magistrados titulares, esa es la razón por la cual Castillo Víquez fue designado hasta ahora, ya que cuando asumió de forma interina la presidencia había dos plazas vacantes en la Sala.
La última de esas plazas se ocupó el 12 de febrero, con el nombramiento de la magistrada Anamari Garro.
Además, en los últimos meses el Tribunal ha afrontado un exceso de trabajo producto, entre otros factores, de la emergencia del COVID-19; lo que dificultó realizar con anterioridad la designación.
En total, entre marzo y abril entraron a la Sala Constitucional 3.467 casos; en ese mismo periodo se emitieron 3.941 resoluciones; es decir el ritmo de resolución de casos es mayor al ritmo de casos ingresados.
Amplia trayectoria
Fernando Castillo Víquez es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica. Doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho.
A lo largo de su carrera profesional ha servido al país en los tres poderes de la República. Fue asesor del Directorio de la Asamblea Legislativa (1986-1990); y asesor-coordinador del Área Jurídica de la Primera Vicepresidencia y del ministro de la Presidencia (1995-1998). También fungió como procurador constitucional (1999-2009).
La Asamblea Legislativa eligió a Fernando Castillo magistrado en 2009 por un periodo de ocho años, cumplido ese plazo fue reelecto hasta el 2025.
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CPSC060520premio
6/05/20
Sala Constitucional recibe reconocimiento por su labor en la defensa de la libertad de prensa
- Distinción otorgada por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX)
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, recibió un reconocimiento del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) por su labor en la defensa a la libertad de prensa y sus aportes en el acceso a la información pública.
La distinción se realiza en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemoró el domingo 3 de mayo.
“En reconocimiento por el fortalecimiento y avance de la libertad de expresión y el acceso a la información pública, en beneficio de las y los habitantes del país. La libertad de expresión es pilar esencial de las sociedades democráticas y condición fundamental para su progreso, encontrando en el Tribunal su garantía”, manifestó IPLEX al reconocer el trabajo de la Sala.
Para el presidente en ejercicio de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, la distinción obedece a una línea jurisprudencial sólida y clara que garantiza la libertad de prensa como un pilar indispensable de toda democracia. “Fiel al espíritu de las democracias liberales y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, la Sala Constitucional ha sentado importantes precedentes para garantizar y tutelar efectivamente la libertad de prensa. En efecto, desde que dictó sus primeras sentencias se destaca el hecho de proteger el contenido esencial de este derecho fundamental”.
El reconocimiento será oficialmente entregado este miércoles 6 de mayo a la 1:30 p.m. en una ceremonia que se realizará en el edificio de la Sala Constitucional, en La Sabana. Debido a las medidas adoptadas por la Corte Plena para prevenir el Covid-19, a la actividad solo asistirán representantes de la Sala y del IPLEX, así como el personal técnico necesario para realizar una transmisión en el Facebook Live del Poder Judicial.
Le invitamos a seguir la transmisión por medio de este link: https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/
Acerca de IPLEX
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) es una asociación privada, sin fines de lucro, dedicada a impulsar la promoción de la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública; promover los valores éticos, la responsabilidad y la independencia en el ejercicio periodístico; y fomentar la independencia y pluralidad de los medios de comunicación, entre otros objetivos.
Fue constituido en San José, el 8 de junio de 2005; su misión está centrada en Costa Rica, pero también se propone incidir en el desarrollo de estos principios en la región centroamericana y apoyar los esfuerzos de organizaciones afines en otras áreas geográficas.
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Compilación de algunos de los votos más relevantes de la Sala Constitucional relacionados con libertad de expresión y prensa |
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Número de sentencia: |
Nº 02313 – 1995
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Fecha de resolución: |
09 de Mayo del 1995 |
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Temática: |
Colegiatura obligatoria |
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Tipo de asunto: |
Acción de inconstitucionalidad |
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Resumen: |
El accionante Róger Ajún Blanco, pretende a través de su acción, que se declare que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas infringe lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al establecer, que "Las funciones propias del periodista, sólo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio". Se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad. |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-81561 |
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Número de sentencia: |
Nº 06272 - 2002 |
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Fecha de resolución: |
25 de Junio del 2002 |
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Temática: |
Información en sujetos privados |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
Los recurrentes interpusieron este amparo para que la Sala les tutele los derechos establecidos en los artículos 27, 30, 39, 129 y 34 constitucionales. Sobre el particular, el Presidente de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de Cartago informó que su representado es un sujeto de Derecho Privado; aunque la Junta recurrida es un sujeto de derecho privado se encuentra ejerciendo funciones públicas, de manera que no está exenta de atender las peticiones que al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, formulen los administrados. Por ello, la falta de respuesta a una petición pura y simple como la formulada por los amparados se traduce en una denegatoria de sus derechos fundamentales. |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-204096 |
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Número de sentencia: |
Nº 07548 - 2008 |
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Fecha de resolución: |
14 de Marzo del 2003 |
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Temática: |
Acceso a información |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
Niegan a periodista base de datos actualizada de los beneficiarios del régimen no contributivo de la CCSS. Se declara con lugar el recurso de amparo. Proceda de forma inmediata la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de su Presidente Ejecutivo, Eliseo Vargas García, o de quien ocupe su cargo, a suministrarle a Giannina Segnini Picado, a costo de ésta, la información que le solicitara oportunamente a la Junta Directiva de esa entidad el pasado 13 de septiembre del 2002, la cual consiste en una copia en formato digital, preferiblemente disco compacto, de la base de datos actualizada que contiene los beneficiarios del Régimen no Contributivo de Pensiones con inclusión de las variables número de cédula, monto de pensión y el motivo de la asignación. |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-226236 |
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Número de sentencia: |
Nº 06037 - 2008 |
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Fecha de resolución: |
16 de Abril del 2008 |
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Temática: |
Acceso a la información (petición) |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
…cuando se trata de peticiones puras y simples o de solicitudes de información pública, cuya respuesta y atención no requiere de ningún procedimiento administrativo formal, el correo electrónico común resulta una vía útil y efectiva para que la Administración conteste lo procedente a los administrados, situación que, paralelamente, deviene conforme al Derecho Fundamental al Buen Funcionamiento de los Servicios Públicos, que obliga a las administraciones públicas a prestar sus servicios en forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-433978
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Número de sentencia: |
Nº 07548 - 2008 |
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Fecha de resolución: |
30 de Abril del 2008 |
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Temática: |
Secreto de fuentes |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
El recurrente acude al amparo, por cuanto, el periódico La Nación, el 12 de enero de 2007, publicó en la sección “Cartas a la Columna” unas manifestaciones, aclaraciones o rectificaciones remitidas por éste, intituladas “Lobo y la Fiscalía” siendo que el referido medio escrito de comunicación colectiva, colocó al final lo siguiente: “Nota de la Redacción: Todo lo publicado por este periódico, en el caso del autor de la nota anterior, está documentado”. Ante tal circunstancia, el recurrente le solicitó, el 26 de enero de 2007, al Director del periódico recurrido que le suministrara copia de los documentos públicos o privados cuyo contenido se refieren a él o a sus actividades. Ulteriormente, a través de su representante legal, gestionó, en reiteradas ocasiones, la entrega de los referidos documentos, siendo que finalmente se le comunicó que esa empresa no se los suministraría. En lo tocante a este agravio, tal y como se indicó supra, los periodistas tienen la titularidad y el ejercicio del derecho fundamental a guardar secreto de las fuentes de información, el cual dimana del derecho general a la información, todo con el propósito de garantizar la reserva de la identidad de éstas para así propiciar la formación de una opinión pública libre y el pluralismo democrático. |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-419014 |
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Número de sentencia: |
Nº 11012 - 2010 |
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Fecha de resolución: |
22 de Junio del 2010 |
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Temática: |
Rectificación y respuesta |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
El amparado pretende la tutela de su derecho de rectificación y respuesta, presuntamente, vulnerado por la negativa del Periódico La Nación de publicar el memorial que presentó el 17 de mayo de 2010, con el propósito de dar respuesta a la noticia difundida en la edición de ese Diario de 15 de mayo de ese mismo año, denominada "Justicia sí validó evidencia de Panamá en caso CCSS - Fischel", el cual, en su criterio, difunde informaciones inexactas y agraviantes que aluden a su persona. Observa esta Sala Constitucional que la noticia publicada se limita a señalar que el Tribunal Penal de Goicoechea en el caso Caja - Fischel sí validó la prueba bancaria que la Fiscalía obtuvo en Panamá. Mientras que en el caso que actualmente se sigue, conocido como ICE – ALCATEL, el Tribunal de Juicio de Goicoechea rechazó la prueba que se obtuvo en Panamá, con un método similar al usado para el Juicio Caja – Fischel. En esta noticia, solamente se hace una comparación entre ambas situaciones, no se llevan a cabo valoraciones de ningún tipo. En criterio de este Tribunal la información publicada no resulta inexacta y mucho menos agraviante. |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-488391 |
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Número de sentencia: |
2012-9757 |
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Fecha de resolución: |
20 de julio de 2012 |
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Temática: |
Acceso a la información (derecho de petición) |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
En este sentido, observa la Sala que el actor no tiene la obligación de acreditar ante la autoridad recurrida cuál es el interés público que persigue con la obtención de la información aludida, ni tiene la autoridad accionada la facultad de condicionar la entrega de esa documentación al recurrente en los términos en que lo ha realizado en el caso concreto, todo lo cual es ilegítimo y lesiona el Derecho de la Constitución. |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-557178 |
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Número de sentencia: |
Nº 04035 - 2014 |
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Fecha de resolución: |
21 de Marzo del 2014 |
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Temática: |
Secreto de fuentes |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
Los recurrentes presentan este recurso en su condición de periodistas, por violación al Derecho a la Libertad de Expresión, Reserva de Fuentes y Acceso a la Información que cobija a los comunicadores. Lo anterior debido a que a partir del 01 de noviembre de 2012 y hasta fecha aún indeterminada, periodistas del Diario Extra (particularmente [Nombre 012]), fueron víctimas de rastreo de sus llamadas telefónicas. Todo ello sin que mediara autorización judicial, dado que la orden fue dada por la Fiscalía Adjunta contra Crimen Organizado y fue ejecutada y solicitada por el Organismo de Investigación Judicial. El derecho fundamental al secreto de las fuentes que poseen los periodistas, puede ser definido como la facultad de no revelar las fuentes de la noticia, tanto a la empresa informativa para la que labora, a terceros o a las autoridades y poderes públicos, de manera que tiene una proyección y una eficacia erga omnes. El secreto del informador, singularmente, lo faculta para negarse a revelar sus fuentes de información, con lo que el periodista puede preservar la confidencialidad de sus fuentes de información, lo que supone para estas últimas el derecho a permanecer en el anonimato para protegerlas de publicidad no deseada que puede implicarles represalias o molestias innecesarias por ser conocida su identidad, evitándose, así, que su voluntad de suministrar información de interés general y relevancia pública venga a menos y logrando que la información fluya y circule expeditamente.(…)” |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-600758 |
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Número de sentencia: |
Nº 03564 – 2015 |
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Fecha de resolución: |
13 de Marzo del 2015 |
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Temática: |
Acceso a la información |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
El recurrente acusa que en sesión N° 038-2014 del 10 de diciembre de 2014, el Directorio de la Asamblea Legislativa tomó el acuerdo que a la letra dice: "Se acuerda: Instruir a las diferentes unidades administrativas a fin de que canalicen la entrega de la información requerida por los periodistas, a través de la Dirección Ejecutiva; esto con el propósito de mantener un orden y unidad en la entrega de esta documentación". Estima que con esta decisión se están lesionando los derechos de libertad de expresión y el libre acceso a la información. La Sala concluye que no se advierte razón alguna que justifique la medida de concentrar en la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa la tarea de entregar la información requerida por los periodistas (ni por cualquier otra persona) |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-637894
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Número de sentencia: |
Resolución Nº 15220 - 2016 |
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Fecha de resolución: |
18 de Octubre del 2016 |
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Temática: |
Censura |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
El recurrente indica que en razón de una serie de noticias emitidas a partir del 24 de febrero del 2016, sobre varios temas relacionados con el Banco recurrido, el banco recurrido incurrió en actos de presión indebida, al medio de comunicación por medio de la manipulación de su pauta publicitaria, utilizando fondos públicos para tratar de obligar al medio a callar. La Sala resuelve con lugar el amparo: “En el caso de la libertad de prensa, tiene una dimensión social evidente, que es precisamente el derecho de las personas a recibir unainformación, adecuada y oportuna (no manipulada)”. |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-708660 |
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Número de sentencia: |
Nº 15740 - 2017 |
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Fecha de resolución: |
29 de Setiembre del 2017 |
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Temática: |
Acceso a la información |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
Recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa. Sentencia 015740-17. Un medio de prensa, acusa que el diputado Ronny Monge Salas, anunció que, debido a cuestiones de espacio, no todos los medios de prensa podían ingresar al recinto, en el que se realizaba una audiencia por el caso del “cemento chino” por lo que debían ponerse de acuerdo para entrar por turnos o, de lo contrario, no podría hacerlo nadie. Sostiene que la orden no fue apelada por ningún diputado, por lo que efectivos de la seguridad del Poder Legislativo impidieron el acceso de la prensa al salón de sesiones de la comisión y permitieron, solamente, el ingreso de 3 camarógrafos. Alega que se les debe garantizar a los periodistas el acceso a estas sesiones en un recinto más grande. Añade que la barra del público estaba ocupada por parte de la prensa que no logró ingresar al lugar y por asesores legislativos. Se declara con lugar el recurso por violación al derecho a la información. Se le ordena al Presidente de la Comisión Especial Sobre Créditos Bancarios, Diputado Ronny Monge Salas, que adopte las medidas necesarias para que cuando se sesione en dicha Comisión, se haga en un recinto que garantice el acceso de los periodistas |
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-851728
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Número de sentencia: |
Nº 15038 – 2019 Nº 15039 - 2019 |
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Fecha de resolución: |
09 de Agosto del 2019 |
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Temática: |
Colegiatura obligatoria |
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Tipo de asunto: |
Recurso de amparo |
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Resumen: |
El Tribunal concluye en las sentencias que el periodista es quien en forma habitual o regular se dedica a informar, y destaca la definición que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene de esta profesión (Opinión Consultiva oc-5/85 del 13 de noviembre de 1985): el “periodista profesional” es la persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado.
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Link |
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-947178 |
- Detalles
CPSC070520PrimeraVistaVirtual
07/05/20
Sala Constitucional realizó audiencia virtual con participación de persona privada de libertad
- Vista tuvo como objetivo evacuar dudas sobre medidas de prevención del Covid-19 en centros penitenciarios
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, realizó la mañana de este jueves 7 de mayo, por primera vez en sus 30 años de historia, una audiencia pública virtual. En esta incluso participó la persona que interpuso el recurso de amparo, un privado de libertad que se conectó –con asistencia y control de las autoridades de Justicia y Paz– desde el centro de atención en donde descuenta su pena.
El objetivo de la vista, procedimiento establecido en el artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fue realizar consultas sobre los lineamientos y protocolos establecidos por las autoridades competentes para la protección y atención de la población penitenciaria ante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.
Precisamente, la audiencia se efectuó de forma virtual en acatamiento a los requerimientos de distanciamiento social-físico adoptados por Corte Plena para prevenir posibles contagios del nuevo coronavirus. Se empleó la aplicación Microsoft Teams y se transmitió en directo por las redes sociales del Poder Judicial.
El caso por el cual se realizó la audiencia se tramita bajo el expediente 20-007100-0007-CO, se trata de un recurso de amparo presentado por una persona privada de libertad contra el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, la Dirección General de Adaptación Social, y los ministerios de Salud y Justicia.
Dentro de sus argumentos, la persona privada de libertad alega sufrir un padecimiento de salud catalogado como un factor de riesgo ante el Covid-19 y pide que se le otorgue un beneficio para cumplir el resto de su pena en condiciones menos riesgosas, pues sostiene que estar en el centro mencionado lo expone al virus.
El recurrente tuvo la oportunidad de participar en la vista virtual, escuchar las exposiciones de las autoridades y contestar directamente preguntas que le formuló la magistrada Nancy Hernández López, instructora del expediente.
De igual forma, el magistrado Paul Rueda Leal planteó varias interrogantes al ministro de Salud, a la ministra de Justicia y Paz, y a las autoridades de la CCSS sobre el hacinamiento en el sistema penitenciario.
Además de la persona privada de libertad, en la audiencia participaron: la defensora pública Laura Arias Guillén – nombrada para defender los intereses del recurrente-; Daniel Salas Peraza, ministro de Salud; Msc. Fiorella Salazar Rojas, ministra de Justicia y Paz; Dr. Mario Ruiz Cubillo, gerente Médico de la Caja Costarricense del Seguro Social; Licda. Jenny Umaña Pérez, directora del Instituto Nacional de Criminología y el Lic. Wilman Pérez Montero, director del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro.
Para esta vista, el Tribunal Constitucional estuvo conformado por: Fernando Castillo Víquez, presidente en ejercicio, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el suplente Jose Paulino Hernández.
En el desarrollo de la vista las autoridades expusieron las acciones desarrolladas para prevenir el Covid-19 entre la población privada de libertad y respondieron cómo actuarían en caso de presentarse un caso positivo del nuevo coronavirus en el sistema penitenciario. La magistrada instructora, Hernández López, indicó que les haría llegar nuevas consultas a raíz de lo expuesto. Para mayor detalle se puede accesar al perfil de Facebook del Poder Judicial en donde está disponible la grabación https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/.
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CPSC270420aguahatillo2
27/04/20
Sala Constitucional ordena a AyA solucionar en un corto plazo problemas generados por escasez de agua
- Tribunal resuelve con lugar recurso de amparo presentado por adulta mayor vecina de Hatillo 2 que pasó hasta 40 horas sin agua
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, le dio un mes a Acueductos y Alcantarillados para implementar las acciones necesarias destinadas a solucionar en un corto plazo los problemas generados por la escasez de agua en la población, sin perjuicio de otras soluciones a mediano y largo plazo que tenga proyectadas.
En defensa al derecho de acceso al agua y de forma unánime, por medio de la sentencia N° 2020-007754 del viernes 24 de abril se declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por una adulta mayor vecina de Hatillo 2, quien alegó haber recibido agua por menos de dos horas en un día y que, al momento de interposición del recurso, tenía más de 40 horas sin ese líquido.
La resolución señala que de manera inmediata, el AyA debe disponer de lo necesario dentro del ámbito de sus competencias para que, ante interrupciones prolongadas del servicio de agua y teniendo en cuenta la pandemia del Covid-19, se garantice a la población afectada el suministro suficiente de ese líquido a los efectos de que pueda suplir sus necesidades básicas e implementar las recomendaciones de aseo que las autoridades de Salud han emitido.
Según constató la Sala, el 9 de marzo de 2020, la zona de Hatillo 2 únicamente recibió agua de las de las 4:15 a las 6:00 horas, sin que al día siguiente se restableciera el servicio. Esa situación, cuyos perjuicios resultan notoriamente agravados por la pandemia del Covid-19, hacen necesaria la intervención de este Tribunal, pues a pesar de que los problemas de desabastecimiento en el país se han venido reflejando desde el 2017, AyA ha mantenido un rezago en la inversión en infraestructura, así como significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada, por ejemplo fugas, según registra la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.
La sentencia puntualizó que el reparto de agua por medio de camiones cisterna ha sido insuficiente y que, en medio de esta pandemia, el suministro de agua potable es fundamental para evitar la propagación del virus y resguardar la salud de los habitantes.
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Número de fallo: |
N° 2020-007754 |
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Número de expediente: |
20-004883-0007-CO |
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Fecha de votación |
Viernes 24 de abril |
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Autoridad recurrida |
Acueductos y Alcantarillados |
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Conformación del tribunal: |
Fernando Castillo Víquez, presidente en ejercicio, Paul Rueda Leal (magistrado instructor), Nancy Hernández López, Jorge Araya García, Luis Fernando Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas y la suplente Ana María Picado Brenes. |
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Sala Constitucional ordena ingreso al país de cuidador de joven costarricense con discapacidad
- Muchacha depende de la asistencia de su cuidador para regresar a Costa Rica y realizar tareas básicas como vestirse y alimentarse
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, como una medida excepcional y ante las situaciones particulares de carácter humanitario del caso concreto, declaró parcialmente con lugar un recurso de habeas corpus interpuesto por una joven costarricense que sufre de una discapacidad contra la Dirección Nacional de Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones, Exteriores y Culto.
En el recurso, la mujer solicitó que a su cuidador –un asistente de pacientes de nacionalidad canadiense- se le permitiera ingresar al país pese a la restricción que existe hacia las personas extranjeras debido a la emergencia del Covid-19.
La recurrente narra que se encuentra en México y que para poder viajar en el avión de regreso a Costa Rica requiere de la asistencia de su cuidador, quien además es su pareja sentimental; además señala que depende de él para realizar tareas básicas como vestirse, alimentarse, así como desarrollar sus terapias.
Afirma también que la enfermedad que sufre la tiene incapacitada desde el 2018¸ de hecho se marchó a México en busca de un tratamiento. Todo esto, indica la recurrente, lo alegó ante la autoridad recurrida con el fin de que se otorgase una visa especial a su cuidador, pero la petición fue rechazada.
En vista de los hechos excepcionales planteados en el recurso y comprobados por el Tribunal, las y los magistrados, de forma unánime, ordenan a la Dirección General de Migración y Extranjería que realice las gestiones necesarias para que, de inmediato, se permita el ingreso al país del cuidador de la costarricense de conformidad con la visa que corresponda según el ordenamiento jurídico. Lo resuelto por la Sala no excluye a los recurrentes de ser sometidos a los controles sanitarios que las autoridades dicten al ingresar al país.
Finalmente, no quedó acreditado que las autoridades recurridas le hayan impedido el ingreso a la joven costarricense, toda vez que a ella no se le puede exigir ningún tipo de requisito para tales efectos.
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Número de fallo: |
N° 2020- 007611 |
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Número de expediente: |
20-006637-0007-CO |
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Fecha de votación |
Martes 21 de abril, 2020 |
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Recurridos: |
Dirección Nacional de Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones, Exteriores y Culto |
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Conformación del tribunal: |
Fernando Castillo Víquez, presidente en ejercicio, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado; Jorge Araya García; Anamari Garro Vargas, y la suplente Ana María Picado Brenes (instructora del expediente). |
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Sala Constitucional declara sin lugar amparo que pedía cierre de Consulta Externa de hospital por riesgo de COVID-19
- Tribunal emitió 117 resoluciones en una votación de 4 horas este Miércoles Santo
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por un grupo de médicos contra la Caja Costarricense del Seguro Social en el que se solicitaba la suspensión del servicio de Consulta Externa del Hospital San Juan de Dios alegando un riesgo–tanto para su salud como la de los pacientes–debido a la situación del COVID-19.
La sentencia se votó de forma unánime este Miércoles Santo, y fue uno de los 117 asuntos (amparos de salud y habeas corpus de mayor urgencia) que resolvieron las y los magistrados en una sesión que se prolongó por más de cuatro horas.
El recurso fue planteando por varios médicos que laboran en el Hospital San Juan de Dios el pasado 19 de marzo.
Entre las razones por la cuales se declaró sin lugar el recurso se destaca que a la Sala no le corresponde, por carecer de competencia para tal efecto, analizar y determinar cómo deben estructurarse y organizarse actualmente los servicios médicos a lo interno de la CCSS, a fin de afrontar la emergencia nacional por el COVID-19, pues eso es un tema meramente administrativo del cual deben encargarse las autoridades competentes en la materia.
Además, la directora del Hospital declaró al Tribunal, bajo juramento, que suspender la consulta externa contraviene la efectiva atención de pacientes en condición de riesgo, en detrimento de sus derechos a la vida y a la salud.
La Sala sigue trabajando
La Sala Constitucional continuará sus labores durante el resto de la Semana Santa. Para ello habrá una magistrada de turno y personal de apoyo para el trámite de asuntos urgentes
La recepción de asuntos estará a cargo de personal de seguridad y se realizará de forma exclusiva en el Edificio de la Corte Suprema de Justicia de San José. El ingreso de asuntos a través del servicio de fax (2549-1633, 2295-3712) se mantendrá habilitado las veinticuatro horas.
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Número de fallo: |
N° 2020- 007015 |
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Número de expediente: |
20-005730-0007-CO |
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Fecha de votación |
Miércoles 8 de abril |
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Recurridos: |
Caja Costarricense del Seguro Social |
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Conformación del tribunal: |
Nancy Hernández López (presidenta en ejercicio); Luis Fernando Salazar Alvarado; Jorge Araya García; Anamari Garro Vargas, y los suplentes José Paulino Hernández Gutiérrez, Ileana Sánchez Navarro y Ana María Picado Brenes |
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Sala Constitucional sigue trabajando en medio de emergencia por Covid-19 y, también lo hará durante Semana Santa
CPSC310320covidSS
- Solo la semana pasada, el Tribunal emitió un total de 538 resoluciones
La Sala Constitucional continúa trabajando normalmente en medio de la emergencia por el covid-19 cumpliendo su misión de ser garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas.
Pese a la situación sanitaria que atraviesa el país, la Sala recibe, estudia, tramita y cursa expedientes, además dicta sentencias y las notifica. Solo la semana pasada emitió 538 resoluciones, de las cuales casi un 95 por ciento corresponden a recursos de amparo.
“Nunca es más necesario el funcionamiento de un tribunal constitucional que cuando se enfrenta una crisis; toda vez que las medidas que se adopten por las autoridades competentes tienen que respetar la reglas que impone un Estado constitucional de derecho”, señala Fernando Castillo, presidente en ejercicio de la Sala Constitucional.
Castillo destaca que la Sala ha acatado todas las disposiciones emitidas por las autoridades de Salud y ordenadas por la Corte Suprema. Por ejemplo: más de un 40 por ciento de las y los funcionarios laboran bajo la modalidad del teletrabajo, se distribuyó al personal técnico en dos jornadas para evitar concentraciones de personas en un mismo espacio, además las y los magistrados guardan una distancia de dos metros durante las sesiones de votación, y se ha implementado un protocolo de atención para los usuarios con el fin de minimizar el contacto físico y potenciar los medios electrónicos como el sistema de gestión en línea del Poder Judicial y el fax.
Semana Santa
De igual forma, el Tribunal continuará sus labores durante la Semana Santa. Para ello habrá un magistrado o magistrada de turno y personal de apoyo para el trámite de asuntos urgentes
La recepción de asuntos se realizará durante horario ordinario (8:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 horas), en el edificio de la Sala Constitucional ubicado en Sabana Sur. Durante horario no hábil, la recepción de asuntos estará a cargo de personal de seguridad y se realizará de forma exclusiva, en el Edificio de la Corte Suprema de Justicia de San José. El ingreso de asuntos a través del servicio de fax (2549-1633, 2295-3712), se mantendrá habilitado las veinticuatro horas.
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Sala Constitucional: Salud debe atender denuncia ambiental, aunque quien la formule no identifique al denunciado
- Ciudadano alertó sobre existencia de aguas residuales en la Quebrada Danta en Santa Teresa de Cóbano, pero fue ignorado por Ministerio
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano al que se le negó el trámite de una denuncia ambiental por no haber identificado al denunciado.
En defensa a la salud, un ambiente sano y al derecho de justicia pronta y cumplida*, el Tribunal, de forma unánime, ordenó por medio de la sentencia N° 2020-2957 de este viernes 14 de febrero, al Área Rectora de Salud Peninsular y al Área Rectora de Salud de Garabito (dependencias del Ministerio de Salud) realizar todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para, en el plazo de un mes, atender la denuncia interpuesta por el recurrente.
Según constató la Sala, el amparado interpuso una denuncia sanitaria el 1° de octubre del 2019 por la existencia de aguas residuales en la Quebrada Danta en Santa Teresa de Cóbano en la que se percibían malos olores, incluso aportó un video como prueba; sin embargo, esta ni siquiera fue tramitada, pues las autoridades recurridas alegaron que el gestionante no identificó al denunciado.
La omisión de tramitar la referida denuncia fue considerada lesiva de los derechos fundamentales a la salud, al ambiente y al derecho de obtener justicia administrativa pronta y cumplida, toda vez que no corresponde al administrado investigar quién es el responsable de las contaminaciones ambientales que sean denunciadas, pero sí es una obligación de la Administración verificar el problema de salud y ambiental denunciado, y atenderlo, en caso de comprobarlo.
La Sala también destaca que si los recurridos no contaban con los datos suficientes, debieron de prevenir al denunciante, y no ignorar la denuncia por una simple formalidad, pues en este caso estaba claramente señalado el lugar objeto de la denuncia, y un eventual daño a la salud y al ambiente no podía quedar sin ser atendido.
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DERECHOS CONSGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA |
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ARTÍCULO 21. |
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La vida humana es inviolable. |
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ARTÍCULO 41. |
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Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. |
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ARTÍCULO 50 |
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El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. |
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Número de fallo: |
N° 2020-2957 |
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Número de expediente: |
20-000640-0007-CO |
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Fecha de votación |
Viernes 14 de febrero, 9:30 a.m. |
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Conformación del tribunal: |
Fernando Castillo Víquez, quien preside, Paul Rueda Leal (magistrado instructor), Nancy Hernández López, Jorge Araya García, Luis Fernando Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas y la suplente Ana María Picado Brenes. |
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Asamblea Legislativa juramenta a nueva magistrada titular de la Sala Constitucional
- Anamari Garro Vargas es Doctora en Derecho, con amplia trayectoria académica y magistrada suplente de este Tribunal desde el 2013.
La Asamblea Legislativa juramentó este jueves 13 de febrero a la doctora Anamari Garro Vargas como nueva magistrada titular de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Garro Vargas fue electa magistrada con 44 votos de las y los diputados en la sesión extraordinaria del Congreso del miércoles 12 de febrero, misma en la que participaron 53 legisladoras y legisladores. Ella ocupará la plaza que dejó en el 2018 don Ernesto Jinesta Lobo, quien se acogió a su pensión.
La nueva jueza del tribunal garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas es Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica; Máster en Estudios Jurídicos por la Universidad de Navarra, España, con énfasis en Derecho Constitucional, como becaria de la Fundación Carolina.
Además, obtuvo el Magíster en Derecho Público y el Doctorado en Derecho por la Universidad de los Andes, Santiago de Chile, como becaria de CONICYT de Chile. Realizó estadías doctorales de investigación en Washington College of Law, American University y Columbia Law School, EE.UU.
Es profesora de la Maestría de Derecho Público de la Universidad de Costa Rica.
Garro Vargas tiene un amplio conocimiento sobre el funcionamiento de la Sala Constitucional, pues laboró como letrada, y fue magistrada suplente desde el 2013 hasta su designación como titular.
“Este nombramiento es un honor que conlleva una enorme responsabilidad. La Sala Constitucional es un órgano del que depende en gran parte la protección de los derechos fundamentales y la consolidación del Estado democrático de Derecho. Además, me complace integrar este tribunal al lado de juristas de tan alto nivel humano y profesional. Considero que esta elección es un avance en el reconocimiento tanto del derecho de la mujer a acceder a cargos de esta naturaleza como de la necesidad que la sociedad tiene del aporte de la mujer en la esfera pública. Al integrar la Corte Plena haré mi mayor esfuerzo para contribuir al mejoramiento del servicio que el Poder Judicial ofrece al país”, expresó la nueva magistrada titular.
Con la designación de Anamari Garro, el Tribunal Constitucional, por primera vez en sus 30 años de historia, tendrá a dos mujeres como magistradas titulares en su conformación.
Anteriormente solo Nancy Hernández López ostentaba ese puesto. Precisamente la magistrada Hernández manifestó que el nombramiento de Garro Vargas es un gran avance en materia de paridad en la justicia constitucional. “Agradezco a la Asamblea el haber llevado un concurso de alto nivel con candidatas y candidatos de gran trayectoria y excelencia…Es un hecho histórico que hay que celebrar porque el país avanza hacia una justicia más paritaria”.
Esta es la nueva conformación de la Sala Constitucional: Fernando Castillo Víquez, presidente en ejercicio; Fernando Cruz Castro; Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García y Anamari Garro Vargas.
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CPSC240120NT
Sala Constitucional emite resoluciones sobre recurso y acción presentadas contra norma técnica de interrupción del embarazo
- Se acoge acción para estudio; y se rechaza recurso de amparo
La Sala Constitucional, el miércoles 22 de enero, dio curso –admitió para estudio– la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente 20-000978-0007-CO en contra de una serie de artículos del Decreto Ejecutivo No. 42113 que "Oficializa la Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el artículo 121 del Código Penal", conocida como norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo.
El curso obedece a que la acción, presentada por los legisladores Dragos Donalescu, Erick Rodríguez, Shirley Díaz, Patricia Villegas y Walter Muñoz, reúne los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La admisión de la acción para su estudio no suspende la aplicación de la norma técnica.
A criterio de los accionantes, las normas impugnadas lesionan el derecho a la vida de la persona que está por nacer y los principios democráticos de separación de poderes y reserva de ley.
En apego a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Sala otorga un plazo de quince días a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Salud y al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (estos dos últimos por ser contraparte en el asunto) para que se refieran a los alegatos de los accionantes.
Recurso rechazado
En la votación de este viernes 24 de enero, el Tribunal resolvió rechazar el recurso de amparo presentado contra la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo que se tramita bajo el expediente 19-024112-0007-CO, presentado por las y los diputados Jonathan Prendas, Ivonne Acuña, Marulin Azofeifa, Harlan Hoepelman, Carmen Chan, Nidia Céspedes e Ignacio Alpízar.
La Sala concluye que el reclamo planteado por los legisladores no procede ser tramitado por medio de un recurso de amparo.
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Diferencias entre un amparo y una acción |
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Recurso de Amparo: recurso mediante el cual se garantizan los derechos y libertades fundamentales, consagrados en la Constitución Política y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Se utiliza, por ejemplo, para reclamar que se cumpla el derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión… Puede ser presentado por cualquier persona gratuitamente y, mediante cualquier medio, sin mayores exigencias de forma y sin necesidad de ser autenticado por un abogado. |
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Acción de Inconstitucionalidad: procede contra las leyes y disposiciones generales que lesionen el Derecho de la Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. |
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Sala Constitucional dictó más de 25 mil resoluciones en el 2019
- Labor del Tribunal evidencia compromiso con el principio de justicia pronta y cumplida
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, emitió en el 2019 un total de 25.818 resoluciones, la mayor cantidad en los 30 años de historia del Tribunal, además la cifra representa un incremento de un 18% con respecto al 2018.
La gran cantidad de asuntos resueltos obedece a un modelo de trabajo sistematizado y organizado en el que destaca la mística y dedicación de un grupo de 150 funcionarios y funcionarias entre técnicos, letrados y los propios magistrados y magistradas. Ser un despacho electrónico (en el que los expedientes de concentran en una carpeta virtual), así como contar con un sistema de votación digital son otras de las claves que permiten hacerle frente de forma exitosa al alto volumen de trabajo.
“El trabajo desarrollado por la Sala evidencia el compromiso y esfuerzo de las y los magistrados con el principio de justicia pronta y cumplida, presente en el artículo 41 de nuestra Constitución Política, así como con el mandato de protección judicial, garantizado en artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual establece que tratándose de violaciones a los derechos humanos debe haber un recurso célere y sencillo”, expresó el presidente en ejercicio del Tribunal, Fernando Castillo.
Temas y término de resoluciones
Las estadísticas indican que en el 2019 ingresaron 24.088 asuntos, un 92% fueron recursos de amparo.
En cuanto a los términos (resultado de los procesos), los “rechazos de plano” y los “con lugar” destacan con un 31% y un 30% respectivamente; mientras que “salud” es el derecho vulnerado con mayor numero de resoluciones: 46%. Precisamente en respuesta a esa situación, la Sala Constitucional dictó el 29 de marzo pasado la sentencia N° 2019-55605 que ordena a la Caja Costarricense del Seguro Social una solución integral para reducir los plazos de las listas de espera (la orden está actualmente en ejecución).
Casos entrados durante el 2019 por tipo de asunto
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TIPO DE ASUNTO |
Cantidad |
Porcentaje |
|
TOTAL |
24.088 |
|
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Hábeas Corpus |
1.600 |
6,64 |
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Recurso de Amparo |
22.193 |
92,13 |
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Acción de Inconstitucionalidad |
241 |
1,00 |
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Consulta Legislativa |
31 |
0,13 |
|
Consulta Judicial |
23 |
0,10 |
Comparación de casos entrados con respecto a años anteriores
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Año |
Cantidad |
Variación porcentual anual |
|
2017 |
20.025 |
|
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2018 |
20.515 |
+2% |
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2019 |
24.088 |
+17% |
Asuntos votados por tipo de proceso
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Recursos de Amparo |
24.184 |
93,67 |
|
Habeas Corpus |
1.297 |
5,02 |
|
Acciones de Inconstitucionalidad |
283 |
1,10 |
|
Consultas Judiciales |
23 |
0,09 |
|
Consultas Legislativas |
31 |
0,12 |
|
Conflictos de Competencia |
00 |
0,00 |
|
Total |
25.818 |
100 |
Este cuadro presenta los asuntos votados en 2019. Esta información se hace partiendo de la base oficial de las actas de votación emitidas por la Sala Constitucional. Este cuadro refleja los asuntos votados por tipo de proceso.
Comparación de casos votados con respecto a años anteriores
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Año |
Cantidad |
Variación anual |
|
2017 |
21.073 |
|
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2018 |
21.856 |
+4% |
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2019 |
25.818 |
+18% |
Amparos y habeas corpus votados según término
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Asuntos Votados Sala Constitucional |
Total |
Porcentaje |
|
2019 |
|
|
|
Con Lugar |
7520 |
29,51 |
|
Rechazo de Plano |
7928 |
31,11 |
|
Sin Lugar |
5118 |
20,09 |
|
Otras resoluciones |
2986 |
11,72 |
|
Con Lugar Parcial |
1195 |
4,69 |
|
Rechazo por el Fondo |
734 |
2,88 |
|
Total |
25481 |
100 |
Este cuadro refleja es el término o resultado de los casos, únicamente de amparos y hábeas corpus (25481).
Clasificación de amparos y habeas según tema
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TEMA |
CANTIDAD |
|
|
AMBIENTE |
119 |
0,82 |
|
AMPARO CONTRA NORMA |
12 |
0,08 |
|
ASAMBLEA LEGISLATIVA |
7 |
0,05 |
|
ASOCIACION |
55 |
0,38 |
|
BANCARIO |
39 |
0,27 |
|
COLEGIOS PROFESIONALES |
16 |
0,11 |
|
COMERCIO |
22 |
0,15 |
|
CONTRATOS O LICITACIONES |
13 |
0,09 |
|
EDUCACION |
445 |
3,06 |
|
ELECTORAL |
26 |
0,18 |
|
FAMILIA |
105 |
0,72 |
|
INFORMACION |
144 |
0,99 |
|
INTIMIDAD |
84 |
0,58 |
|
LIBERTAD DE EXPRESION Y PRENSA |
17 |
0,12 |
|
LIBERTAD DE TRANSITO |
13 |
0,09 |
|
MIGRACON |
72 |
0,49 |
|
MINORIAS |
146 |
1,00 |
|
MUNICIPALIDAD |
251 |
1,72 |
|
NOTARIADO |
1 |
0,01 |
|
PENAL |
598 |
4,11 |
|
PENITENCIARIO |
1223 |
8,40 |
|
PENSION |
480 |
3,30 |
|
PENSIONES ALIMENTARIAS |
180 |
1,24 |
|
PETICION |
1442 |
9,90 |
|
PODER EJECUTIVO |
130 |
0,89 |
|
PODER JUDICIAL |
72 |
0,49 |
|
PRONTA RESOLUCION |
453 |
3,11 |
|
PROPIEDAD |
177 |
1,22 |
|
SALUD |
6782 |
46,56 |
|
SEGURIDAD SOCIAL |
131 |
0,90 |
|
SEGUROS |
29 |
0,20 |
|
SERVICIOS PUBLICOS |
405 |
2,78 |
|
SUJETO DE DERECHO PRIVADO |
47 |
0,32 |
|
TRABAJO |
753 |
5,17 |
|
TRANSITO |
73 |
0,50 |
|
TRIBUTARIO |
4 |
0,03 |
|
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Este cuadro presenta los asuntos únicamente de amparos y hábeas corpus votados por el fondo, clasificados por temas (14567).
- Detalles
Jueves 19 de diciembre, 2019
CPSC161219AcciónResuelta
Sala Constitucional resuelve acción de inconstitucionalidad sobre acuerdos de Corte Plena
La Sala Constitucional resolvió el miércoles 18 de diciembre la acción de inconstitucionalidad que impugna los acuerdos adoptados por la Corte Plena del Poder Judicial N° 26 del 11 de agosto del 2008, en el que se se aprobó el Estudio para la definición del Estrato Gerencial del Poder Judicial y su correcta ubicación salarial; y N°32 del 8 de noviembre del 2010, en el que se distribuye ese pago entre los diferentes rubros salariales.
Por conexidad y acorde al informe de la Procuradoría General de la República se adicionó al expediente –para su respectivo análisis de constitucionalidad– el acuerdo N° 21 de 9 de junio del 2009 que aprobó la propuesta hecha por el Departamento de Personal para incrementar el salario de Jueces, Fiscales, Defensores, Secretarios de Salas, y Profesionales en Derecho 3.
Basado en criterios técnicos y en informes de la Contraloría General de la República, de la Procuradoría de la Ética Pública, de la Defensoría de los Habitantes y del Departamento de Personal del Poder Judicial –con fundamento en estudios de Price Waterhouse Coopers (firma internacional que proporciona servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento)-, el Tribunal, por unanimidad, declara sin lugar la acción.
En dichos informes queda en evidencia que el ajuste salarial estipulado en los acuerdos impugnados no violenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
“Los acuerdos impugnados fueron adoptados con base a estudios técnicos, preparados por órganos especializados del Poder Judicial. No infringen el bloque de legalidad ni de constitucionalidad. Tampoco estimamos que carezcan de fundamentación, ni que haya violado, concretamente, los principios de confianza legítima, de legalidad, de discrecionalidad, y de interdicción de la arbitrariedad, por lo que sugerimos declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad”, señaló la Procuradoría General de la República en el Informe del 13 de octubre del 2017.
En la sentencia se concluye que los acuerdos del 2008 y 2009 se refieren a un mismo aumento aplicado en dos momentos diferentes por razones presupuestarias; además, el acuerdo del 2008, por requerimientos de gestión de la organización, se volvió necesario para definir la clase gerencial y establecer las responsabilidades en la ejecución presupuestaria.
Eliminación de índice sin aumento
De igual forma se esclarece que el acuerdo del 2010 elimina el índice gerencial y se distribuye ese pago de forma proporcional en los diferentes rubros salariales sin que esto implique un aumento salarial. En síntesis, el acuerdo del 2010 no significó un incremento adicional respecto al otorgado en el 2008. Así se desprende de la certificación expedida por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial N° PJ-DGH-SAP-459-2019.
La sentencia integral está en fase de redacción, en cuanto esté lista y se notifique a los accionantes se hará de conocimiento público y quien así lo desee tendrá acceso a ella.
Conformación del Tribunal
Las y los magistrados titulares presentaron inhibitorias para separarse del conocimiento de este tema en vista de que los atañe directamente; sin embargo, los magistrados suplentes –a quienes les correspondía resolver ante la inhibitoria de los titulares- también se inhibieron, pues los acuerdos impugnados igualmente tenían impacto sobre ellos. Por lo expuesto y tal y como se desprende del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el tema fue conocido (analizado y resuelto) por los magistrados titulares.
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Artículo 29 Ley Orgánica del Poder Judicial |
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.- Cuando, por impedimento, recusación, excusa u otro motivo, un servidor tenga que separarse del conocimiento de un asunto determinado, su falta será suplida del modo siguiente: 1.- A los jueces los suplirán otros del mismo lugar, en la forma que establezca el Presidente de la Corte. Si estos, a su vez, tampoco pudieren conocer, serán llamados los suplentes respectivos y, si la causal comprendiere también a los suplentes, deberá conocer el asunto el titular del despacho en que radica la causa, a pesar de la causal que le inhibe y sin responsabilidad disciplinaria por ese motivo.
2.- Los Magistrados, por los suplentes llamados al efecto. Los miembros de los tribunales colegiados se suplirán unos a otros y, en caso de que a todos o a la mayoría les cubra la causal, por sus suplentes. Cuando la causal cubra a propietarios y suplentes, el caso deberá ser conocido por los propietarios, no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto de ellos.
3.- Los demás servidores serán suplidos por otros del mismo despacho y de igual categoría; si no los hubiere, por el inferior inmediato y a falta de estos se designará a un servidor para el caso.
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Criterios sobre modificación salarial
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Documento |
AEP-610-2008 de 28 de noviembre del 2008 |
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Entidad |
La Procuraduría de la Ética |
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Criterio |
Atendiendo a los supuestos analizados, concluye entonces esta Procuraduría de la Ética Pública que a pesar de que los señores Magistrados Titulares de la Corte Suprema de Justicia cuentan con una causal de impedimento para conocer el asunto sometido a su conocimiento y que en carácter estrictamente preventivo y en aras del mas sano y transparente ejercicio de tan alta función pública deberían inhibirse, es lo cierto que en aplicación de la parte final del inciso 2) del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deben ellos mismos conocer y eventualmente aprobar en forma definitiva el “Estudio para la definición del Estrato Gerencial del Poder Judicial y su correcta ubicación salarial”, sin que con ello incurran en alguna violación de las reglas éticas que regulan el ejercicio de la función pública.” |
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Documento |
Oficio 02813-2009 DHR |
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Entidad |
Defensoría de los Habitantes |
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criterio |
: … esta Defensoría considera que los salarios propuestos no están fuera de la realidad del mercado e incluso podrían catalogarse como razonables, especialmente al considerar el nivel de responsabilidad y la remuneración para puestos similares en otras instituciones. |
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Documento |
Informe del 13 de octubre del 2017.
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Entidad |
Procuraduría General de la República |
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criterio |
Los acuerdos impugnados fueron adoptados con base a estudios técnicos, preparados por órganos especializados del Poder Judicial. No infringen el bloque de legalidad ni de constitucionalidad. Tampoco estimamos que carezcan de fundamentación, ni que haya violado, concretamente, los principios de confianza legítima, de legalidad, de discrecionalidad, y de interdicción de la arbitrariedad, por lo que sugerimos declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad.
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Documento |
Oficio No. DAGJ-1448-2008 de 03 de noviembre del 2008, |
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Entidad |
Contraloría General de la República |
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criterio |
“Por lo anterior, desde el punto de vista estricto de nuestras competencias, que se puede sintetizar en el resguardo de la Hacienda Pública, la decisión administrativa encaminada a analizar e instituir un régimen especializado a un grupo de puestos por sus características de gestión, no es un aspecto reprochable, en esta sede, al Poder Judicial, como órgano competente para tomar este tipo de medidas. Como tampoco lo es corregir la conveniencia o la oportunidad de no haber hecho el aumento para todas las escalas de puestos y el consecuente conflicto laboral que pudo generar, ya que son cuestiones propias del quehacer administrativo, legalmente autorizadas por el régimen jurídico aplicable. “
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Resumen de los acuerdos |
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Lo dispuesto se enmarca en tres acuerdos de Corte Plena: A) en el primero (N° 26 del 11 de agosto del 2008), se aprobó el “Estudio para la definición del Estrato Gerencial del Poder Judicial y su correcta ubicación salarial”, fundamentado en el informe técnico número 178-SAP-2008 del Departamento del Poder Judicial. B) Lo anterior tuvo como consecuencia que se diera una discusión sobre el estrato salarial de los demás profesionales del Poder Judicial, lo cual derivó en la aprobación de un incremento salarial de Jueces, Fiscales, Defensores, Secretarios de Salas, y Profesionales en Derecho, lo que se dispuso en el acuerdo N° 21 de 9 de junio del 2009 .C). Este segundo acuerdo trajo consigo una serie de inconsistencias en la compresión integral de la escala retributiva de salarios que el Departamento de Personal le señaló a Corte Plena, siendo que se recomendó una corrección técnica a la escala de salarios del Poder Judicial. Como consecuencia, se dio un tercer acuerdo (N°32 del 8 de noviembre del 2010), en el cual Corte Plena acogió las recomendaciones propuestas por el Departamento de Personal para la corrección técnica a la escala de salarios del Poder Judicial. De lo anterior, podemos afirmar que la presente discusión no buscaba favorecer únicamente a un grupo minoritario de funcionarios, sino que lo que se buscaba era establecer una escala de salarios de los profesionales del Poder Judicial. Por lo tanto, al principio se aprobó una escala salarial a favor del Estrato Gerencial del Poder Judicial, pero posteriormente eso derivó en un análisis y aprobación de un incremento salarial a favor de todos los profesionales del Poder Judicial. Igualmente, se constata que en la discusión de esos acuerdos se le dio plena participación a diferentes Asociaciones Judiciales |
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Sala Constitucional |
Ficha informativa |
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Número de sentencia |
2019-025268 |
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Número de expediente |
17-006076-0007-CO |
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Accionantes |
Dos jueces de la República |
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Acuerdos impugnados |
Acuerdos adoptados por la Corte Plena N° 26 del 11 de agosto del 2008 y N°32 del 8 de noviembre del 2010 |
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Fecha de votación: |
14:20 horas del 18 de diciembre de 2019 |
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Conformación del Tribunal: |
Fernando Castillo Víquez (presidente en ejercicio), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López; Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García; y la Magistrada suplente Marta Esquivel Rodríguez (instructora del caso). |
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Por tanto |
Se declara sin lugar la acción. El Magistrado Cruz Castro da razones particulares y expresa que si bien no existen inconstitucionalidades conforme lo expresa la sentencia, por motivos personales renuncié al rubro gerencial que se ha discutido en esta acción. Los magistrados Castillo Víquez y Esquivel Rodríguez dan razones adicionales en cuanto al acuerdo aprobado mediante Artículo XIV de la Sesión Extraordinaria número 32, celebrada el 08 de noviembre de 2010 de Corte Plena. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Hernández López dan razones adicionales respecto de la admisiblidad. Publíquese en el Boletín Judicial y reséñese en el diario oficial La Gaceta.
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- Detalles
San José, 9 de diciembre de 2019
COMUNICADO DE PRENSA
En defensa de la biodiversidad: Sala Constitucional ordena realizar estudios sobre impacto de agroquímicos en abejas
- Resolución procura proteger salud pública y seguridad alimentaria
La Sala Constitucional, en garantía de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ordena al Ministerio de Agricultura realizar un estudio científico sobre los efectos en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel (especie clave para la biodiversidad) del uso de agroquímicos que contengan el insecticida neonicotinoides.
Por medio de la sentencia N° 2019-024513, votada por unanimidad el viernes 6 de diciembre, la Sala procura que se mejoren las prácticas agrícolas, así como resguardar la seguridad alimentaria de la población.
El estudio científico deberá hacerse en el plazo de un año –a partir de la notificación de la sentencia– y en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado, el Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica
La resolución señala que “de encontrarse (en el estudio) riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad o el ambiente, incluidas las poblaciones de abejas melíferas, el Ministerio deberá adoptar las medidas correspondientes para resguardar esos bienes constitucionales”.
El Tribunal advierte en el fallo que en la protección de los recursos naturales debe existir una actitud preventiva y precautoria para minimizar la degradación y el deterioro.
“Este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, dice la resolución.
La sentencia se origina en un recurso de amparo planteado por el diputado José María Villalta, quien acudió al Tribunal garante de derechos y libertades luego de que el Ministerio de Agricultura le rechazara las gestiones formuladas contra el uso de neonicotinoides en los agroquímicos.
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Fecha de votación: |
1:20 p.m. del viernes 6 de diciembre, 2019. |
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Número de fallo: |
N° 2019-024513 |
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Conformación del Tribunal |
Fernando Castillo Víquez, quien preside; Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado (magistrado instructor), Jorge Araya García; y los suplentes Marta Esquivel Rodríguez, Alicia Salas Torres y Lucila Monge Pizarro. |
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Miércoles 13 de noviembre
CPSC121119Moravia
Sala Constitucional anula beneficios desproporcionados en Convención colectiva de Municipalidad de Moravia
La Sala Constitucional en la sentencia N° 2019-21859 del 6 de noviembre anuló seis artículos de la Convención Colectiva de Trabajo de Municipalidad de Moravia por contravenir los principios de proporcionalidad y razonabilidad en el uso de fondos públicos.
Detalle de los artículos declarados inconstitucionales y resumen de lo resuelto.
- El artículo 43, que autoriza el pago del auxilio de cesantía tanto por renuncia del trabajador como sin sujeción a tope o límite después de quince años de trabajo.
Resolución de la Sala: El otorgamiento de cesantía por renuncia, o por cualquier otra causa atribuible al trabajador, implica desvirtuar la naturaleza jurídica de la figura, la cual está prevista constitucional y legalmente para los casos de despido sin responsabilidad del trabajador. Además destaca que debe respetarse el límite de doce años dispuesto por la línea jurisprudencial del Tribunal.
- El artículo 45, que permite el pago de cesantía por motivos de invalidez, pensión, o cesación por despido con responsabilidad patronal, sin límite después de quince años de trabajo
Resolución de la Sala: Debe respetarse el límite de doce años dispuesto por la línea jurisprudencial del Tribunal.
- El artículo 47, que regula el otorgamiento de una suma de dinero para la compra de útiles escolares a los hijos de los trabajadores.
Resolución de la Sala: Entregar un monto de dinero cuando no existe ninguna relación laboral con los beneficiarios no obedece a circunstancias objetivas y razonables.
- El artículo 49, párrafo 1°, entrega de ¢100.000 a la persona trabajadora por el fallecimiento de alguno de los familiares.
Resolución de la Sala: Es inconstitucional en cuanto establece el beneficio por fallecimiento de personas que no tienen ninguna relación laboral con la Municipalidad de Moravia. En el supuesto de que el fallecido sea el propio trabajador, la entrega de ese monto de dinero a su familia o beneficiarios para afrontar gastos funerarios, no se considera contrario al Derecho de la Constitución.
- El artículo 50, que regula la entrega de becas para hijos de personas trabajadoras.
Resolución de la Sala: La norma incurre en una extralimitación de los fines de la capacitación en instituciones públicas pues se está dando un beneficio a personas que no ostentan un vínculo laboral con la Municipalidad. En caso de que las becas sean otorgadas a los trabajadores para mejorar su condición académica y con ello propiciar una prestación eficiente del servicio público, no sería contrario al Derecho de la Constitución.
- El artículo 52, que dispone una partida anual de ¢450.000 para desarrollar actividades deportivas, culturales, sociales y educativas entre los funcionarios municipales.
Resolución de la Sala: El otorgamiento de ese beneficio implica un abuso irrazonable así como desproporcionado en la disposición de los fondos públicos.
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FICHA INFORMATIVA |
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Número de sentencia: |
2019-21859 |
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Acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente número: |
16-011021-0007-CO |
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Fecha de votación: |
6 de noviembre del 2019 a las 17:30 horas. |
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Accionantes: |
Otto Guevara Guth, Natalia Díaz Villalta, José Alberto Alfaro Jiménez |
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Conformación del Tribunal: |
Fernando Castillo Víquez (presidente en ejercicio), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López; Luis Fernando Salazar Alvarado (magistrado instructor), Jorge Araya García; y la suplente Marta Esquivel Rodríguez. |
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POR TANTO
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Se declara parcialmente con lugar la acción y en consecuencia, se anulan las siguientes cláusulas de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Moravia: |
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SC-CP-151119
San José, 15 de noviembre de 2019
COMUNICADO DE PRENSA
Sala Constitucional condena a Ministerio de Justicia por negar ingreso a programa de reinserción a privada de libertad por ser mujer
- Población femenina debe tener acceso a Programa de Justicia Restaurativa, ordena Tribunal
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, declaró con lugar un recurso de amparo presentado por una privada de libertad contra el Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia, instancia que le negó el ingreso al Programa de Justicia Restaurativa por su condición de mujer.
En concreto –según constató el Tribunal durante el proceso– el director en ejercicio del Instituto rechazó la solicitud de la recurrente de ser trasladada al programa de reinserción mencionado, alegando que este solo se aplica a la población masculina.
De forma unánime, en la sentencia N° 2019-022558 de viernes 15 de noviembre, las y los magistrados concluyeron que dicha negativa resulta discriminatoria y viola el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política.
“Ha quedado fehacientemente demostrado que un jerarca le negó el acceso a la tutelada al citado programa solo por su condición de fémina, haciendo una distinción que ni siquiera la norma reglamentaria permite. El Derecho de la Constitución, consagra el principio de igualdad ante la ley… este obliga a que se dé un trato igual en condiciones iguales, y prohíbe que se dé el mismo trato cuando existen condiciones desiguales, si ello provoca un resultado discriminatorio. En términos generales discriminar es diferenciar en perjuicio de los derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de ellos, en este caso del género femenino”, versa la sentencia.
Con base en lo expuesto, el Tribunal ordena al Ministerio de Justicia contestarle a la recurrente su solicitud de ingresar al Programa de Justicia Restaurativa sin tomar en cuenta su género; y, en un plazo de un mes luego de notificada la sentencia, habilitar el acceso a dicho programa a la población privada de libertad femenina.
NORMATIVA DE INTERÉS
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Constitución Política ARTÍCULO 33. |
Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. |
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Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional N° 40849-JP |
Capítulo III Programa de justicia restaurativa Artículo 123.- Definición del Programa de Justicia Restaurativa. El Programa de Justicia Restaurativa está basado en la valorización humana, el amor, la confianza y la disciplina que ofrece a las personas privadas de libertad las condiciones para restaurarse. |
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SC-CP-011119
San José, 11 de noviembre de 2019
COMUNICADO DE PRENSA
Sala Constitucional realizará audiencia de control de cumplimiento de sentencia sobre reducción de listas de espera
- Vista oral y pública se realizará en el edificio de la Corte Suprema
La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, realizará el próximo jueves 14 de noviembre una audiencia oral y público para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia No. 2019-005560.
En esa resolución, que data del 29 de marzo de este año, el Tribunal ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) diseñar, en un máximo de seis meses, un sistema de gestión integrado para reducir los plazos desproporcionados e irrazonables que deben esperar los asegurados para recibir atención en los hospitales, problemática que representa una violación sistemática y reiterada al derecho a la salud.
La audiencia se desarrollará a las 9 a.m. en el tercer piso del edificio de la Corte Suprema de Justicia, en San José, y es abierta a toda la ciudadanía (el acceso está sujeto a disponibilidad de espacio).
Durante la vista, los representantes de la CCSS deberán exponer -tanto de forma verbal, como entregar por escrito- el cumplimiento a lo ordenado en la parte dispositiva de la sentencia:
“"(...) Elaborar en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera y que incorpore soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe, entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el proyecto de sistema de gestión integrado, deben definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Asimismo, se deberá fijar un cronograma de avance, las medidas administrativas o técnicas para cumplir con las metas del proyecto de sistema de gestión, indicadores de gestión, responsables de ejecución y seguimiento y mecanismos de verificación”.
Además de las autoridades de la CCSS, también están convocados a la audiencia la Defensora de los Habitantes y el Ministro de Salud, con el objetivo de que expongan las actuaciones de seguimiento y ejecución, respectivamente, que se han implementado para el cumplimiento efectivo de la sentencia; así como su valoración –aspectos positivos y negativos– de la propuesta de la Caja. También participará la persona recurrente (la señora cuyo recurso de amparo originó la sentencia), para que realice las observaciones que considere oportunas.
La sentencia No. 2019-005560 fue notificada a la CCSS el 13 de mayo del 2019, a partir de ese momento surten sus efectos; es decir, en ese momento inicia a correr el plazo de los seis meses.