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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC260121lib

26/01/21

Sala Constitucional resuelve recurso de amparo interpuesto contra orden sanitaria

• Tribunal declara con lugar recurso porque el Ministerio omitió resguardar los videos en los que se basó para emitir la medida

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado en contra de una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud a Rolando Araya Monge, debido a que esa entidad ministerial no resguardó los videos en los que se basó para emitir la medida.

En la sentencia N° 2021001515, el Tribunal detalla que se tuvo por demostrado que, mediante orden sanitaria N.º MS-DRPIS-UNC-2001-2020 del 30 de julio de 2020, el Ministerio le ordenó al amparado eliminar unos videos de sus páginas de Facebook relacionados con el clorito de sodio y el COVID-19, así como abstenerse de dar declaraciones sobre medicamentos no registrados.

No obstante, Salud omitió resguardar los videos en los que se basó para emitir la citada orden sanitaria, por lo que se carece de prueba para sustentar la alegada lesión a la salud pública. En efecto, la carga de la prueba obliga a la autoridad que limita un derecho a conservar los elementos probatorios que motivan su decisión, lo que en este caso no ocurrió, de manera que el afectado no puede acudir al expediente administrativo seguido en su contra y conocer cabalmente las circunstancias del caso.

La sencilla conclusión de lo anterior es que los videos objeto del proceso no están en el expediente y que esa situación es imputable a la Administración. Como cualquier carga procesal, la parte que incumpla con ella debe afrontar las consecuencias procesales de su omisión.

Por mayoría, en una votación realizada este martes 26 de enero, el Tribunal resolvió anular la orden sanitaria N.º MS-DRPIS-UNC-2001-2020 del 30 de julio de 2020. El amparo se tramitó bajo el expediente 20-013711-0007-CO, al cual se le acumularon los procesos 20-014253-0007-CO y 20-015374-0007-CO, por tratarse de los mismos hechos.

Libertad de expresión

La Sala subraya que la libertad de expresión resulta esencial para el sostenimiento de la democracia y, por ende, configura un aspecto cardinal de nuestro sistema político, por lo que toda restricción a ella no solo debe tener un adecuado fundamento jurídico-positivo (tanto en la normativa interna como en la convencional), sino que, además, la autoridad competente se encuentra obligada a acreditar plenamente el sustento fáctico sobre el cual se basa.

La Sala Constitucional, con el fin de evitar malas interpretaciones y una eventual manipulación de la información, aclara y destaca que el Tribunal no realizó valoración o análisis alguno sobre el uso del clorito de sodio o sus efectos para tratar o prevenir alguna enfermedad, en la sentencia no se emite ningún pronunciamiento al respecto; por tanto la Sala no avala el uso de este compuesto químico, pero declara con lugar el recurso por los defectos señalados en la fundamentación de la orden sanitaria N.º MS-DRPIS-UNC-2001-2020.

Voto de minoría

De los siete magistrados que conformaron el Tribunal, dos de ellos, Garro Vargas y Castillo Víquez, se apartaron del criterio de la mayoría

La minoría consideró, siguiendo una consolidada jurisprudencia constitucional, que no corresponde a esta Sala examinar la base fáctica sobre la que se dicta una orden sanitaria sino si la justificación para dictar el acto es razonable y proporcionado. Afirmó que lo contrario supondría entrar en un análisis propio de la jurisdicción ordinaria y no de un proceso sumario como lo es todo recurso de amparo. Además, también siguiendo abundantes precedentes de esta Sala, dicha minoría reiteró que toda orden sanitaria es el acto inicial de los procedimientos administrativos, es decir, que puede ser objeto de recursos en sede administrativa y, eventualmente, en la jurisdicción ordinaria, donde sí corresponderá hacer un examen detallado de la prueba.

Igualmente, la minoría estimó que el dictado de la orden sanitaria que emitió el Ministerio de Salud está dentro de sus facultades legales en protección a la salud pública y que está razonablemente fundada para los efectos de esta jurisdicción. La minoría entendió que lo tenido por ilegítimo en esa orden no fue el promover que se investigue la eficacia de la sustancia en la población –lo que sí está dentro de la libertad de expresión de cualquier persona–, sino que el tutelado instó a consumir una sustancia no autorizada para fines terapéuticos, describiéndola como inocua en sí misma, sin mayores precisiones y sin advertir la necesidad de contar con la orientación de un profesional de la salud. Por eso no se puede constatar la lesión a la libertad de expresión.

Aparte de lo anterior, si bien el Ministerio de Salud no aportó los videos prevenidos, pues informó que el Equipo Legal de Facebook los eliminó, se acredita que sí lo hizo uno de los recurrentes que accionó a favor de Rolando Araya Monge. Esto significa que la probanza que la mayoría echa de menos sí consta en autos. Si había alguna duda, y estimaba que debía analizar la base fáctica de la orden sanitaria, entonces se le hubiese podido solicitar al Ministerio de Salud que manifestara si tales videos corresponden a los mencionados en la orden sanitaria objetada. Además, estimar el amparo desconociendo por qué el Ministerio de Salud no guardó los videos, es causarle indefensión, máxime que no fue uno de los agravios alegados en el amparo.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

Labor de la Sala Constitucional en 2020

Número de asuntos resueltos superó al de casos ingresados

• El año pasado igresaron un total de 23.138 expedientes, en ese mismo periodo el Tribunal dictó 24.929 sentencias
• Se reporta un aumento de un 52% en el ingreso de recursos de habeas corpus

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, resolvió en el 2020 un total de 24.929 asuntos, la cifra es superior al total de casos que ingresaron en ese mismo periodo: 23.138. Esto se debe a que el Tribunal, producto de un trabajo orquestado y planificado, dictó sentencias de casos que se habían acogido desde años anteriores, principalmente acciones de inconstitucionaldiad y amparos de suma complejidad.

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, detalló que el Tribunal ha ideado una serie de procesos que permiten la resolución de un alto volumen de casos garantizando que cada uno de ellos reciba la atención, análisis, estudio y discusión que merece. Para ello se cuenta con un equipo de funcionarias y funcionarios, entre los que destacan letrados expertos en la materia constitucional. Las magistradas y los magistrados en este año de pandemia redoblaron esfuerzos para garantizar a los habitantes de la república sus derechos fundamentales, adoptando como norte el hacer respetar el Derecho de la Constitución y las garantías consagradas en los instrumentos internacionales.

“La Sala Constitucional es un tribunal sumamente accesible, en donde muchas personas, de todo tipo de condición socioeconómica y nivel educativo, depositan su confianza de encontrar justicia… es por ello que, conscientes de la responsabilidad que tenemos con el país, procuramos trabajar de forma célere y efectiva”, señaló.

Castillo también resaltó que desde que se desató la pandemia por el COVID-19, la Sala no ha dejado de laborar ni un solo día, y que el Tribunal se convirtió en un actor clave para proteger los derechos de la ciudadanía en medio de las medidas tomadas para paliar propagación del virus.

Si bien la cantidad de sentencias emitidas es inferior en un 3% a las dictadas en el 2019, esto obedece a que el número de casos nuevos también disminuyó (en este caso en un 4%) en el mismo periodo.

Fuerte aumento de habeas corpus

Durante el 2020 se registró un aumento tanto en el número de ingresos de recursos de habeas corpus como en el total de habeas corpus votados por el Tribunal, en el primer caso la cifra pasó de 1.602 a 2.466, lo que representa un incremento de 52%, mientras que en el segundo la variación fue de un 45% al pasar de 1.297 a 1.882 casos votados.

El habeas corpus es un recurso que garantiza la libertad e integridad de la persona, la protege de ser perturbada o de sufrir restricciones por actos y omisiones que cometa la autoridad, detenciones e incomunicaciones ilegítimas. Además, resguarda la libertad de tránsito.

INSUMO N°1. Asuntos votados en 2020.

Detalle: tipo de proceso.

Fuente: base oficial de las actas de votación emitidas por la Sala Constitucional

Tipos de sentencias

Comparación de casos votados con respecto a años anteriores

INSUMO N°2. Asuntos ingresados en 2020.

Detalle: tipo de proceso.

Fuente: Sistema de gestión

Comparación de casos entrados con respecto a años anteriores

Aumento de habeas corpus

INSUMO N°3. TÉRMINO DE CASOS

Detalle: tipo de resultado (ÚNICAMENTE AMPAROS Y HABEAS CORPUS)

Fuente: base oficial de las actas de votación emitidas por la Sala Constitucional

INSUMO N°4. ASUNTOS VOTADOS POR TEMA

Detalle: Asuntos votados por tema (ÚNICAMENTE RESOLUCIONES DE FONDO EN AMPAROS Y HABEAS CORPUS)

Fuente: base oficial de las actas de votación emitidas por la Sala Constitucional

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

Sala Constitucional evacúa consulta legislativa sobre proyecto de minería en Abangares

La Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en el Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Mejoramiento Ambiental de la Minería Artesanal de la Minería de Abangares, por medio de la modificación de la Ley N° 8904 de 10 de febrero de 2011 y del Código de Minería Ley N° 6797 de 04 de octubre de 1982, expediente legislativo número 21.229.

En la resolución N°2020-023789 de este jueves 10 de diciembre, las y los magistrados evacuaron la consulta legislativa facultativa sobre el proyecto señalado, formulada por un grupo de 11 legisladores y legisladoras de distintas fracciones políticas.

El Tribunal determinó que hay una violación al principio de conexidad en el Transitorio I, pues se modifica el objeto general del proyecto de ley: se pasa de regular plazos de cumplimiento a la liberalización de ellos. Además, esto resulta incompatible con los compromisos adoptados en la Convención de Minamata* de reducir y eliminar el uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala.

La Sala también concluye que el Transitorio X del proyecto de ley es contrario a los artículos 21 y 50 Constitucionales**, y a la Convención de Minamata, en cuanto al establecimiento de controles estatales y ambientales laxos que no permitirían resguardar la explotación y comercialización del oro, de conformidad con la salud humana y la protección del medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio y compuestos de mercurio.

Por otra parte, en la opinión consultiva se indica que el término “cooperativas de vecinos”, presente en el Transitorio X del proyecto de ley, no es contrario al principio de conexidad, siempre que se interprete que se trata de los trabajadores mineros establecidos en el artículo 8 del Código de Minería.

En cuanto a esto último, el Magistrado Rueda Leal salva el voto respecto del término “cooperativas de vecinos”, dado que el propósito original del proyecto está referido a la comercialización solamente por parte de los productores organizados en cooperativas mineras. El cambio causa una violación adicional al principio de conexidad sin que la literalidad de la norma consultada permita una interpretación conforme a la Constitución.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

Sala Constitucional resuelve acción de inconstitucionalidad

La Sala Constitucional, el miércoles 9 de diciembre, resolvió la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el número de expediente 14-019525-0007-CO contra el Reglamento del Plan GAM 2013-2030, Decreto Ejecutivo Nº 38334, denominado Actualización del Plan Regional de la Gran Área Metropolitana del 10 de marzo de 2014.

De forma unánime, en la sentencia Nº 2020023743, el Tribunal resolvió con lugar la acción por violación al principio de inderogabilidad singular de las normas y al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, resguardado en el artículo 50 de la Constitución Política. Por tanto, se declara inconstitucional el decreto en cuestión.

La sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la normativa anulada (sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe). No obstante, de conformidad el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional –que faculta a la Sala Constitucional a dimensionar el efecto de sus sentencias– y con la finalidad de evitar dislocaciones al orden y la seguridad, se mantiene la vigencia del Decreto Ejecutivo Nº 38334 hasta por un plazo de 36 meses a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el diario oficial La Gaceta. En ese plazo se debe emitir una nueva normativa que contenga un proceso de evaluación estratégica u otro estudio técnico que incorpore adecuadamente la variable ambiental al plan objeto de esta acción ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

De no producirse lo anterior, en ese plazo, se tendrá por expulsado —de forma definitiva— del ordenamiento jurídico el Decreto Ejecutivo Nº 38334

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSCWC171120

Nuevo webinar de la Sala Constitucional: derechos fundamentales en tiempos de covid-19

• Actividad se desarrollará por medio de la plataforma Microsoft Teams, es gratuita y abierta al público

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, realizará del 24 al 27 de noviembre un webinar gratuito y de acceso libre sobre los derechos fundamentales en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus.

Este webinar, o conjunto de conferencias académicas-virtuales, lleva como título “Derechos y garantías individuales en tiempos de covid-19, una mirada a partir de las resoluciones de la Sala Constitucional”, y se desarrollará por medio de la plataforma Microsoft Tems.

Entre los expositores destaca magistrada titular del tribunal constitucional, Nancy Hernández López, así como el magistrado suplente Ronald Salazar Murillo.

Aquellas personas interesadas en participar solamente deben pulsar el hipervínculo respectivo en la hora programada, no se requiere inscripción previa. La idea es que exista una retroalimentación entre los expositores y el público, por ello existirá un espacio para preguntas y comentarios.

La actividad se realiza dentro del eje de extensión de la Sala Constitucional, como parte de sus estrategias de transparencia y divulgación, y con el fin de contribuir al conocimiento, discusión, debate y reflexión sobre temas relacionados con el Derecho de la Constitución.

Fecha: martes 24 de noviembre

Hora: 2 p.m.

Nombre de la charla: Pandemia, acceso a la información pública y otros derechos fundamentales

Conferencista: Nancy Hernández López, magistrada de la Sala Constitucional

Link:

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Fecha: miércoles 25 de noviembre

Hora: 2 p.m.

Nombre de la charla: Tutela de los derechos de la población privada de libertad en pandemia.

Conferencista: Ronald Salazar Murillo, magistrado suplente de la Sala Constitucional.

Link:

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Fecha: jueves 26 de noviembre

Hora: 2 p.m.

Nombre de la charla: Prisión preventiva, y videoconferencia en tiempos de covid-19

Conferencista: Abraham Sequeira Morales, letrado de la Sala Constitucional

Link:

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Fecha: Viernes 27 de noviembre

Hora: 2 p.m.

Nombre de la charla: El dimensionamiento de las sentencias de constitucionalidad

Conferencista: David Jensen Ghesquiere, letrado de la Sala Constitucional

Link:

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC131120BSTRUCCIONPRENSA

13/11/20

Sala Constitucional: “Fuerza Pública obstruyó labor periodística y aprehendió arbitrariamente a comunicadora durante manifestación”

• Policías dirigieron una luz hacia la cámara de la periodista, afectando, con tal reflejo, la grabación que ella intentaba realizar

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, condenó al Ministerio de Seguridad Pública por violar los derechos constitucionales de libertad de tránsito y libertad de prensa en perjuicio de una comunicadora de apellido Chinchilla durante una manifestación que tuvo lugar en Ochomogo, Cartago el pasado 29 de octubre.

En la sentencia N° 2020-021939, dictada este viernes 13 de noviembre, el Tribunal concluyó que la periodista Chinchilla fue aprehendida arbitraria e injustificadamente por la Policía.

La Sala no observó ni pudo tener por probado que la tutelada insultara o agrediera a los oficiales de Fuerza Pública, como se indicó en el informe policial. Tampoco determinó que ella se negara a identificarse. Por el contrario, mientras que a favor la comunicadora Chinchilla se aportaron varios videos, la policía no adjuntó elementos probatorios suficientes como para justificar la aprehensión de la amparada.

“Si bien en los videos se notó que la amparada intervino en los hechos, reprochando a los accionados el aparente maltrato de una persona con discapacidad, no menos cierto es que esa actuación no llegó a tal grado de intensidad como para sostener que se estuviere obstaculizando el cumplimento de la función policial. Por el contrario, con el video aportado se evidenció que fueron los oficiales de Policía quienes obstruyeron a la amparada en el ejercicio de su labor periodística. La Sala también tuvo por probado que la amparada se identificó como periodista y portaba un gafete con tal indicación”, explicó el magistrado instructor del caso, Paul Rueda Leal.

Esa obstrucción, según detalla la sentencia, se produjo no solo por la aprehensión injustificada de la afectada, sino también cuando los oficiales de Fuerza Pública dirigieron una luz hacia la cámara de la periodista, afectando, con tal reflejo, la grabación de imagen que intentaba realizar.

Otros tutelados

En el mismo habeas corpus se planteó la detención ilegítima de otros dos tutelados, de apellidos Araya y Castillo; sin embargo, la Sala, por mayoría, declaró sin lugar el recurso en ese extremo, al verificar que la actuación de la autoridad recurrida estuvo justificada.

En efecto, respecto de esos amparados, la intervención policial fue necesaria y justificada, a fin de garantizar el libre tránsito de las personas en vista de que un bloqueo en una vía nacional se estaba realizando. La Sala reitera el deber de la Fuerza Pública de garantizar el orden público (artículo 12 constitucional), lo que incluye permitir el libre tránsito de las personas en los términos establecidos jurisprudencialmente (véase la sentencia N.° 2020-19711 de las 9:20 horas del 13 de octubre de 2020).

Además, para la Sala, la conducta del amparado Araya puso en peligro la salud de las personas circundantes ‑incluidos los oficiales de la Fuerza Pública‑ debido al claro irrespeto del distanciamiento social y a que estaba usando inadecuadamente la mascarilla en plena pandemia, dejando al descubierto su nariz y boca mientras vociferaba, lo que significó un entorpecimiento al actuar policial, dado que a los oficiales se les dificultó aproximarse a él sin poner en peligro su salud.

La magistrada Hernández López salva el voto con respecto a la detención del tutelado de apellido Araya, pues considera que este fue sometido a una aprehensión desproporcionada.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC041120fuerza

4/11/20

Sala Constitucional condena a Fuerza Pública por agredir violentamente y sin justificación a mujer manifestante

* Policías la golpearon dos veces en la cara y la levantaron de suelo jalándola del pelo

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró parcialmente con lugar un recurso de habeas corpus presentado a favor de una mujer manifestante que fue agredida violentamente, sin justificación ni necesidad alguna, por agentes de la Fuerza Pública al aprehenderla.

Así se desprende de la sentencia N° 2020-021315 dictada de forma unánime este miércoles 4 de noviembre.

Los hechos se remontan a la mañana del 11 de octubre de 2020 en Aguas Zarcas de San Carlos, cuando la Policía levantó un bloqueo y detuvo a la amparada por mostrar resistencia.

Según constató el Tribunal, mientras la amparada se encontraba en el suelo, un oficial le pone su rodilla encima del cuerpo; además, rodeada de al menos trece policías más y cuando todavía permanecía en el suelo, recibió dos golpes en la cara por parte de agentes de la Fuerza Pública; y, finalmente, fue levantada violentamente del pelo.

“La tutelada sufrió una agresión innecesaria a su integridad física y un uso desproporcionado de la fuerza en su perjuicio”, manifestó el magistrado instructor del caso, Paul Rueda Leal.

Dentro de la prueba aportada al expediente se destacan videos y un dictamen médico legal, donde se destacó la probable compatibilidad de las lesiones que presentaba la manifestante con los hechos narrados.

En conclusión, el Tribunal ordena a las autoridades policiales recurridas abstenerse de incurrir nuevamente en las actuaciones que dieron base a la estimatoria de este recurso.

El recurrente también alegó que a la mujer manifestante se le había privado de su libertad de forma ilegítima. Sin embargo, sobre este particular, la Sala declaró el habeas corpus sin lugar, puesto que a la tutelada, el propio día de su aprehensión, se le abrió una causa penal por el delito de resistencia agravada, se le dictó una medida cautelar y posteriormente se ordenó su libertad.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC211020madre

21/10/20

Sala Constitucional: reducir la licencia por maternidad luego del parto vulnera los derechos de las madres y los recién nacidos

• Tribunal declara con lugar amparo de madre vecina de Acosta contra la CCSS

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar, por unanimidad, un recurso de amparo interpuesto por una madre vecina de Acosta contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por haberle reducido la licencia de maternidad posterior al parto.

A la recurrente se le adelantó la licencia de maternidad antes del alumbramiento, por lo que la entidad aseguradora pretendió reducirle el plazo de tres meses luego del parto, a que ella tiene derecho para poder estar con su bebé y así cuidarlo, conforme al Código de Trabajo y el Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud

El Tribunal, en la sentencia Nº 2020-020135 dictada el martes 20 de octubre, resolvió que si bien la autoridad recurrida (la CCSS) sostiene que el otorgamiento de la licencia anticipada partió de un análisis técnico médico que buscó la protección tanto de la recurrente como del menor de edad, lo cierto es que admitió la comisión de un error. En efecto, el ordenamiento jurídico no prevé tal alternativa de “adelantar” la licencia, menos aun cuando existen otras opciones, como el conferir una incapacidad a la madre si la protección al derecho a la salud lo justifica.

Paul Rueda Leal, magistrado instructor del expediente, detalló que el adelanto en el disfrute de tal licencia dispuesto por la CCSS ­es una responsabilidad de la entidad aseguradora, no de la trabajadora amparada. “En ninguna medida se justifica que, en perjuicio de la madre tutelada y su hijo recién nacido, se desconozca el plazo de tres meses dispuesto en el artículo 17 del Reglamento para el otorgamiento de incapacidades y licencias a los beneficiarios del seguro de salud, que a su vez refiere al numeral 95 del Código de Trabajo”, explicó.

Tal disposición indica: “La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como período mínimo de lactancia”.

La resolución también destaca que el ordinal 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño exige que, de acuerdo con el Principio del Interés Superior del Niño, las normas sean aplicadas de la forma que mejor beneficie a la persona menor de edad, lo que en este caso evidentemente significa garantizar que se respete el periodo contemplado normativamente para que la madre pueda dedicarse enteramente a su hijo. Esto es un derecho tanto de la madre como del bebé.

Al declarar con lugar el recurso, la Sala ordena a las autoridades recurridas a que coordinen lo necesario, para que de inmediato se restituya a la tutelada en el pleno goce del derecho a la licencia por maternidad que le corresponde.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

Sala Constitucional realiza webinar gratuito y abierto a todo público

• Actividad se desarrollará por medio de la plataforma Microsoft Teams en tres jornadas, los días 22 y 23 de octubre

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, realizará un webinar gratuito y abierto a todo el público en el marco de su aniversario XXXI.

Este webinar, o conjunto de conferencias académicas-virtuales, lleva como título “Reflexiones sobre derechos fundamentales: XXX1 aniversario de la Sala Constitucional”, y se desarrollará en tres jornadas los días 22 y 23 de octubre, por medio de la plataforma Microsoft Tems.

La actividad es también un complemento de la edición N°2 de la Revista de la Sala Constitucional, accesible el sitio web del Tribunal desde agosto pasado. Las ponencias exponen y analizan artículos publicados en la revista, por sus propios autores; entre ellos se destaca el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez.

Aquellas personas interesadas en participar solamente deben pulsar el link respectivo en la hora programada, no se requiere inscripción previa. La idea es que exista una retroalimentación entre los expositores y el público, por ello existirá un espacio para preguntas y comentarios.

Este es el detalle de las charlas:

Fecha: 22 de octubre

Hora: 9 a.m.

Nombre de la charla: La retroactividad en la jurisprudencia ordinaria y constitucional en materia tributaria.

Conferencista: Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhlMmVjZDEtZWI3My00YmI1LWIyYTctYjFlZTY3NGE2ZmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239444c37-187e-4904-a13d-cdeeb03600c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f43d9ad3-bcaa-4535-b13b-4c3026ad08fe%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Fecha: 22 de octubre

Hora: 2 p.m.

Nombre de la charla: El empleo público en el marco constitucional, análisis jurisprudencial.

Conferencista: Magally Hernández Rodríguez, Doctora en Derecho Público (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III,

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTcwNDJiOTktMGYyMS00N2Q0LTk5MTctN2ZhZTdmMjI5Mjdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239444c37-187e-4904-a13d-cdeeb03600c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f43d9ad3-bcaa-4535-b13b-4c3026ad08fe%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Fecha: Viernes 23 de octubre

Hora: 2 p.m.

Nombre de la charla: Regulación constitucional del control político ejercido por la Asamblea Legislativa: funciones, atribuciones y límites de las comisiones legislativas especiales de investigación

Conferencista: Fernando Castro Padilla, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, España).

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJkOWY1NTAtMjZlYi00MmEyLTgzZGQtZGUzMTU2YmJkYmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239444c37-187e-4904-a13d-cdeeb03600c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f43d9ad3-bcaa-4535-b13b-4c3026ad08fe%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC131020HCbloqueo

13/10/20

Sala Constitucional: bloqueos son un irrespeto a la institucionalidad y desvirtúan verdadera naturaleza de manifestaciones

• Tribunal condena a Ministerio de la Presidencia y Fuerza Pública por no levantar bloqueos, dejando en indefensión a las personas afectadas por estos

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar, por unanimidad, un recurso de habeas corpus presentado en contra del Ministerio de la Presidencia y la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos organizados por el grupo denominado “Rescate Nacional” en diferentes sectores de San Ramón y San Carlos el pasado 1° de octubre.

El habeas corpus (recurso que resguarda la libertad de tránsito) fue presentado a favor de un ciudadano que en esa fecha intentaba regresar a su casa procedente de La Fortuna, San Carlos, pero se encontró con bloqueos en Nuevo Arenal, Bagaces, Cañas y Peñas Blancas de San Ramón. Luego de varias horas de espera, el afectado se vio obligado a devolverse a La Fortuna para obtener alimentos, agua y gasolina, y buscar rutas alternas que le permitieran regresar a San José; no obstante, los manifestantes también bloquearon las calles en Jabillos en Florencia de San Carlos y el puente del río San Lorenzo en el Bajo Los Rodríguez. Ante tal situación, debió permanecer en San Carlos.

En la sentencia N° 2020-19711, la Sala Constitucional manifiesta su preocupación por el desconocimiento e irrespeto hacia la institucionalidad prevista por el Constituyente, subraya que el recurso reiterado al bloqueo de caminos, como medio para ejercer presión política, ha derivado en una deformación de la verdadera naturaleza de las manifestaciones, originalmente concebidas como un ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica.

“La intención de quienes convocaron a estas manifestaciones estaba dirigida específicamente a paralizar o entorpecer infraestructura vital del país, como los puertos, las vías de ingreso y egreso terrestre y las carreteras. No puede considerarse que tal intención constituya una vertiente legítima de la libertad de expresión, pues su finalidad última no es la expresión de una opinión o la transmisión de un mensaje, sino la generación de un daño significativo al orden público a efectos de obtener el resultado pretendido” manifestó el magistrado Paul Rueda Leal, instructor del expediente, quien resaltó la basta jurisprudencia internacional sobre este punto, por ejemplo la sentencia del 7 de octubre de 2009 de Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Éva Molnár vs. Hungría.

El Tribunal concluye que el uso de medios no previstos por el ordenamiento jurídico –o incluso, prohibidos por él– como forma de incidir en las decisiones del país significa un menoscabo a la institucionalidad, los derechos de la ciudadanía, y el Estado Democrático de Derecho.

Incumplimiento de obligaciones

Con respecto a la actuación del Gobierno, la Sala observa una situación similar a la acontecida en la sentencia N.° 2019-15221 (bloqueos en ruta 32), ya que la Fuerza Pública se limitó buscar el diálogo, pero dejó en los manifestantes las decisiones con respecto al flujo vehicular, renunciando así a su autoridad y a salvaguardar los derechos de las personas afectadas por los bloqueos.

En síntesis, la Sala determina que el Poder Ejecutivo incumplió con las obligaciones que le impone el artículo 140, inciso 6, de la Constitución Política (mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, y tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertadas públicas), así como lo establecido en la sentencia citada.

Para las y los magistrados, las autoridades recurridas debieron tomar medidas tanto proporcionadas como efectivas para restablecer la circulación, por lo que se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC071020accionespensiones

08/10/20

Por unanimidad, Sala Constitucional avala eliminación del incremento anual del 30% y valida leyes que imponen contribución solidaria en pensiones de lujo

• Tribunal resuelve acciones de inconstitucionalidad acumuladas

La Sala Constitucional, de manera unánime, avala la eliminación del incremento anual del 30% en las pensiones de lujo, al resolver, este miércoles 7 de octubre, varias acciones de inconstitucionalidad acumuladas que impugnaban una serie de leyes relacionadas con la contribución solidaria a pensiones.

Entre otros alegatos, los accionantes impugnaron el cambio del método de revalorización del régimen de pensiones conocido como Hacienda-diputados, que, mediante una ley que entró en vigencia en el 2017, pasó de ser un 30% anual fijo (independientemente del aumento que pueda experimentar la inflación o el costo de la vida) a ser el equivalente al porcentaje de incremento que acuerde el Poder Ejecutivo para los servidores públicos por variaciones en el costo de la vida.

Para la Sala, el ajuste de ese método de revalorización, lejos de constituir una decisión irrazonable y desproporcionada, como sostienen los accionantes, obedece a una necesidad económica y social del país.

En la resolución, número N° 2020-019274, también se validan las leyes que imponen una contribución solidaria a las pensiones; para fundamentar su decisión, el Tribunal destaca que el derecho a la pensión no es absoluto, pues éste cede cuando es necesario imponer restricciones y limitaciones, especialmente basadas en el interés general y solidario.

Normas impugnadas

En total, se resolvieron 42 acciones de inconstitucionalidad acumuladas al expediente 17-1676-0007-CO.

Estas acciones impugnan las siguientes normativas:

• Artículos 1, 2 (inciso a), y 3 de la Ley N° 9383 del 29 de julio del 2016, denominada “Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones”.
• Artículo único, de la Ley N° 9380, del 29 de julio del 2016, denominada “Porcentaje de Cotización de Pensionados y Servidores Activos para los Regímenes Especiales de Pensiones”.
• Artículos 1 (inciso b), 2 y 8, y el Transitorio II, de la Ley N° 9381, del 29 de julio de 2016, denominada “Caducidad de Derechos de Pensión de hijos e hijas y reformas del Régimen de Pensiones Hacienda-Diputados, regulados por la Ley N° 148, Ley de Pensiones de Hacienda del 23 de agosto de 1943”.
• Artículo 3, de la Ley N° 9388, de 10 de agosto de 2016, denominada “Reforma normativa de los Regímenes Especiales de Pensiones con cargo al presupuesto para contener el gasto de pensiones”.

Ahora bien, como parte de la protección al derecho a la seguridad social y principios de razonabilidad y proporcionalidad, el Tribunal, por mayoría, resuelve que —para que sean compatibles con el Derecho de la Constitución— es necesario ajustar los gravámenes establecidos en las Leyes N° 9383 y N° 9380 a lo dispuesto en el párrafo 2°, del artículo 71, del Convenio N° 102 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuanto no deben exceder el 50% del monto bruto que corresponda al jubilado o pensionado.

Sobre ese punto en particular, el magistrado Rueda Leal, y las magistradas Hernández López y Garro Vargas salvan el voto y declaran la acción sin lugar.

El Magistrado Rueda Leal se aparta del criterio de la mayoría y avala el límite del 55% de las deducciones impuesto a las pensiones altas, por cuanto el artículo 67 del Convenio de la OIT C102 ‑Convenio sobre la seguridad social (norma mínima)‑ permite que tal límite se extienda hasta un 60%, por lo que lo impugnado respeta el marco convencional y se encuentra dentro de lo permitido por la propia Organización Internacional del Trabajo. Además, el mínimo exento que contiene la ley 9383 (10 veces el salario base pagado por la Administración Pública, según la Procuraduría General de la República equivalente a 2.602.500 colones al primer semestre de 2017), sumado a que las deducciones son escalonadas según determinados montos, hace que las únicas pensiones afectadas de manera importante correspondan a un pequeño número de pensiones muy altas, quedándole al beneficiado montos significativos para su provecho, de manera que se resguardan los principios de razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad, así como la protección internacional de que gozan las personas adultas mayores. En adición, en cuanto a las leyes 9381 y 9388, las declara sin lugar, puesto que, conforme al principio de solidaridad social, cuando un régimen de pensiones se encuentra en crisis de sostenibilidad financiera, resulta constitucional que se modifiquen las condiciones de las pensiones o jubilaciones con mayores beneficios, siempre y cuando los ajustes tengan como finalidad resguardar la sostenibilidad del régimen y se respeten el principio de razonabilidad y proporcionalidad, así como la dignidad humana de las personas adultas mayores.

Efectos de la sentencia

La Sala, de conformidad con el artículo 91, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz social, gradúa y dimensiona el efecto de esta resolución, de modo que su aplicación deberá realizarse a partir del mes siguiente de la notificación de esta sentencia; es decir, no tiene efectos retroactivos.

En síntesis, la Administración Tributaria deberá realizar el ajuste correspondiente conforme a esta sentencia, de tal manera que la carga tributaria que pesa sobre el monto de las jubilaciones y pensiones no exceda el 50% del monto bruto que recibe el jubilado o pensionado (actualmente el tope está en 55%).

El Tribunal estuvo conformado por Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado (magistrado instructor), Jorge Araya García y Anamari Garro Vargas.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC280820Prensa

28/08/20

En defensa de la libertad de expresión, Sala Constitucional condena a presidenta de AyA por exhortar a funcionarios a no brindar información a la prensa

* En reunión con sindicato, jerarca pidió “no alimentar a Diario Extra y a CRHoy”

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano contra la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Yamileth Astorga, por violentar la libertad de prensa y de expresión al exhortar a funcionarios de la institución a no brindar información de relevancia pública a dos medios de comunicación: Diario Extra y CRHoy.

Según constató el Tribunal, en una reunión con el sindicato del AyA efectuada el pasado 29 de junio, la jerarca hizo un llamado a “no alimentar” a los medios citados, con el argumento de que solo publican cosas que debilitan la imagen de la institución y que lo que quieren es la privatización de la misma.

De forma unánime, mediante el voto N° 2020-016167 de este viernes 28 de agosto, las y los magistrados concluyeron que el “llamado a no alimentar a medios” reviste una particular gravedad merced al rango jerárquico de quien lo externó y, en la práctica, se convierte en una especie de censura velada, pues se incita a que dos medios de comunicación no reciban información pública por parte de los funcionarios del AyA.

“La situación expuesta lesiona a la población en general, pues le impide al público acceder a información concerniente a la prestación de servicios públicos esenciales, lo cual es inaceptable en una sociedad que se rige por el principio democrático, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública”, manifestó el magistrado instructor del expediente, Paul Rueda Leal.

En conclusión, la sentencia ordena a la presidente del AyA abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron fundamento a la estimatoria de este recurso de amparo.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC140820

14/08/20

Sala Constitucional condena a Justicia por tiempos excesivos y desproporcionados que pasan privados de libertad en celdas del OIJ

* Ofendido lleva más de ocho días en una celda que no reúne las condiciones básicas a la espera de ser reubicado en un centro penitenciario

*Tribunal ordena dar, de forma inmediata, una solución a todos los privados de libertad que se encuentren en circunstancias similares

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, declaró con lugar un recurso de habeas corpus presentado a favor de un privado de libertad que lleva más de ocho días en una celda del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la espera de ser reubicado en un centro penitenciario.

En el voto N° 2020-015329, dictado de forma unánime este viernes 14 de agosto, se concluye que el tiempo que lleva el tutelado ingresado en las celas del OIJ a la espera de su traslado es claramente excesivo e irrazonable, pues supera el tiempo máximo de 72 horas establecido para tales efectos por la jurisprudencia del Tribunal. Además, señala que permanecer en una celda que no reúne las condiciones básicas para soportar una estadía tan prolongada atenta flagrantemente contra los derechos fundamentales y contra la dignidad humana del tutelado.

El recurso fue interpuesto por el director del OIJ, Walter Espinoza, contra las autoridades del Ministerio de Justicia y de Adaptación Social, encargadas de la reubicación de los privados de libertad en los centros penales, una vez que, por razones técnicas, no deban permanecer más tiempo en celdas judiciales que el estrictamente necesario para la atención de las diligencias o la definición de su situación jurídica.

Dentro de los argumentos del recurrente se destaca que las celdas del OIJ han sido diseñadas para el tránsito de personas detenidas y no como recintos de custodia definitiva, también alega que las condiciones de hacinamiento que se están generando en las celdas del Poder Judicial afectan la sana convivencia y crean un clima inadecuado que puede detonar en agresiones y perturbaciones emocionales de las personas privadas de libertad

Reubicación inmediata

Al declarar el recurso con lugar, las y los magistrados ordenaron a las autoridades recurridas tomar todas aquellas medidas que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias y coordinar entre sí lo pertinente, para que, de forma inmediata, el tutelado y todos los privados de libertad que estén en idénticas circunstancias sean reubicados en un centro penal.

El magistrado instructor del caso, Jorge Araya García, manifestó que el Tribunal Constitucional es consciente de todos los obstáculos que afrontan actualmente las autoridades penitenciarias a raíz de la pandemia del COVID-19 para ubicar, con prontitud, a los privados de libertad provenientes de celdas del OIJ; sin embargo, aclaró que es responsabilidad de dichas autoridades implementar y ejecutar medidas contundentes y efectivas que permitan que la población penal que se mantiene en celdas judiciales lo haga de forma temporal y no de manera prolongada, en claro menoscabo de sus derechos y garantías, tal y como sucedió en el caso del tutelado.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC260820Tarrazu

26/08/20

Sala Constitucional condena a alcaldesa de Tarrazú por sacar del cantón, sin motivo razonable, a tres personas en condición de calle

* Tribunal resuelve que se violentó libertad de tránsito y dignidad de los amparados

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar, por unanimidad, un recurso de habeas corpus presentando a favor de tres personas en condición de calle, quienes, sin motivo razonable alguno, fueron sacadas del cantón de Tarrazú por la alcaldesa y las autoridades de la Policía de Tránsito y de la Fuerza Pública de la localidad.

Según constató el Tribunal, los hechos que originaron el recurso tuvieron lugar el pasado 9 de julio. Ese día, los amparados viajaron de San José a Tarrazú con el objetivo de buscar trabajo como recolectores de café; sin embargo, las autoridades locales les explicaron que la temporada de cosecha iniciaba hasta octubre. Posteriormente la alcaldesa les compró el tiquete de regreso a San José y coordinó con la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito para que escoltaran el autobús hasta el sector de El Empalme. Además, se colocó una cinta amarilla para separar a los tulelados del resto de pasajeros, pese a que ninguno tenía síntomas de covid-19 o algún otro malestar de salud.

En la sentencia N° 2020-016069 de este miércoles 26 de agosto, el Tribunal concluyó que el accionar de los recurridos fue desproporcionado y lesionó la libertad de tránsito y la dignidad de los tutelados, quienes se encontraban en unas circunstancias manifiestamente desfavorables desde el ángulo socioeconómico.

En ese sentido, la Sala afirmó: “No se encuentra razón que justificara que las autoridades de tránsito y las de la fuerza pública desplegaran un operativo para asegurarse la salida de estas personas del territorio del cantón. Además, respecto del modo en que se hizo el abordaje al bus, señaló: “No había motivo alguno para tomar esta medida que tuvo como efecto segregar a los tutelados y, por ello, fue un acto de marginación, lesivo de la dignidad humana”.

En la parte dispositiva de la sentencia, la Sala Constitucional ordena a las autoridades involucradas, abstenerse de incurrir en el futuro en hechos iguales o similares a los que dieron lugar a la estimación de este recurso.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC110820vistaatún

11/08/20

Sala Constitucional realizará audiencia virtual sobre permisos de pesca de atún a embarcaciones internacionales

Vista pública se efectuará el 13 de agosto a través de aplicación Microsoft Teams

La Sala Constitucional realizará una audiencia virtual y pública sobre una acción de inconstitucionalidad que impugna los artículos 13 y 14 del Decreto Ejecutivo N.° 38681 de 9 de octubre de 2014 “Ordenamiento para el Aprovechamiento de Atún y Especies Afines en la Zona Económica Exclusiva del Océano Pacífico Costarricense”.

La vista, procedimiento establecido en el artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se celebrará a partir de las 9 a.m. el jueves 13 de agosto de forma virtual a través de la aplicación Microsoft Teams, y será transmitida en vivo por las redes sociales del Poder Judicial https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/.

Esta será la tercera audiencia virtual que realiza la Sala Constitucional; la modalidad se implementa en acatamiento de los requerimientos de distanciamiento físico que se han adoptado por la Corte Plena y Consejo Superior del Poder Judicial por recomendación del Ministerio de Salud ante la pandemia del COVID-19.

En la acción de inconstitucionalidad objeto de la vista (que se tramita bajo el expediente 15-008130-0007-CO), se alega que las normas impugnadas permiten el ingreso a los polígonos, demarcados por el mismo decreto, de flotas atuneras cerqueras. También se señala que no existen estudios que demuestren que el ingreso de la flota pesquera internacional no producirá un impacto negativo en el medio ambiente.

“

Las personas convocadas a la audiencia son: Manuel Ramírez Guier, en su condición de accionante; el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el Ministro de Agricultura y Ganadería; y el Ministro de Ambiente y Energía; así como un representante de la Procuraduría General de la República.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC230720accionyconsulta

23/07/20

Sala Constitucional informa:

El miércoles 22 de julio, en una sesión de votación que inició a las 9 a.m. y concluyó a las 6:45 p.m., la Sala Constitucional resolvió la acción de inconstitucionalidad contra la ley que modifica los límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal; y la consulta legislativa facultativa sobre el proyecto de pesca de arrastre. A continuación, el detalle:

Acción de inconstitucionalidad

El Tribunal, por mayoría, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada contra la ley N°9610, “Modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras”, publicada en La Gaceta del 23 de noviembre del 2018.

Los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y declaran con lugar la acción por violación a los principios precautorio, no regresión en material ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental. La Magistrada Garro Vargas da razones distintas y pone nota.

Así se indica en el voto N° 2020-13836 dictado el miércoles 22 de julio. Una vez que la sentencia integral esté lista será notificada a las partes y posteriormente se subirá a la plataforma oficial del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona pueda tener acceso a ella.

Consulta legislativa facultativa

La Sala Constitucional resolvió la consulta legislativa facultativa sobre el proyecto de ley denominado: “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica” (expediente legislativo 21.478).

El Tribunal concluye, por mayoría, en la sentencia N°2020-13837de este miércoles 22 de julio que el proyecto no tiene vicios de inconstitucionalidad en los puntos consultados.

Los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y resuelven que el citado proyecto contiene dos vicios sustanciales del procedimiento legislativo por infracción a los principios de objetivación de la tutela medio ambiental y de desarrollo sostenible democrático; así como de publicidad y transparencia. Por el fondo, declaran que la reforma propuesta al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a los principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental.

La Sala se pronuncia única y exclusivamente sobre los aspectos de constitucionalidad planteados en la consulta.

Por tanto, es incorrecto afirmar que la Sala Constitucional “avala”, “da visto bueno”, o “autoriza” al proyecto de ley, pues, en realidad, el Tribunal se limita a señalar que en los puntos consultados por las y los legisladores no se violan derechos fundamentales ni principios constitucionales.

La Sala Constitucional tampoco se pronuncia sobre los aspectos de oportunidad o conveniencia de los proyectos de ley, materia reservada al legislador.

Una vez que esté redactada la resolución de la mayoría, los votos salvados y notas consignadas, el Tribunal hará la notificación correspondiente a la Asamblea Legislativa.

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Publicado: 26 Marzo 2021

Creado: 26 Marzo 2021

CPSC070720

07/07/20

Sala Constitucional resuelve consulta legislativa facultativa sobre proyecto de “Ley de acoso sexual callejero”

• Por unanimidad, Tribunal concluye que el proyecto de ley, en los aspectos en que fue consultado, no presenta vicios de inconstitucionalidad

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, resolvió la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad presentada por once diputadas y diputados respecto de los artículos 1 y 6 del proyecto de “Ley de acoso sexual callejero”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo número 20.299, y que el pasado 9 de junio de 2020 fue aprobado en primer debate por el plenario de la Asamblea Legislativa.

La consulta legislativa facultativa fue presentada ante la Sala el 10 de junio de este año, al estimar las y los diputados consultantes que el término “connotación sexual” violenta los principios de tipicidad y legalidad penal, al contener, en su criterio, tipos penales abiertos y sujetos a criterios de interpretación subjetivos.

Dicho término se utiliza en el artículo 1* de la iniciativa de ley, así como en un nuevo artículo, 388 bis, del Código Penal, cuya adición se establece en el numeral 6** del proyecto.

De forma unánime, en la opinión consultiva N° 2020-12662, dictada este martes 7 de julio de 2020, la Sala dictaminó que los aspectos consultados distan de ser contrarios a la Constitución Política, y los valores y principios que la integran, pues son en realidad conceptos definidos y socialmente comprendidos, cuya aplicación en cada causa o proceso dependerá, en definitiva, de la valoración que realice la persona juzgadora con base en todo el material probatorio con que se cuente en cada caso concreto.

Al tratarse de una consulta legislativa facultativa, por definición de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el criterio de la Sala lo es únicamente respecto de los asuntos concretamente consultados por las y los promoventes, sin que se valore ninguna otra circunstancia no aducida en la consulta.

La Sala no se pronuncia sobre los aspectos de oportunidad o conveniencia de los proyectos de ley, materia reservada al legislador.

Una vez que esté lista la sentencia integral, la Sala Constitucional procederá con la debida notificación a la Asamblea Legislativa.

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Publicado: 30 Junio 2020

Creado: 30 Junio 2020

CPSC290620CONCEJO

29/06/20

En defensa de principio de transparencia, Sala Constitucional ordena a Municipalidad de Cartago transmitir sesiones del Concejo

• Tribunal resguarda derecho de la ciudadanía al ejercicio del control de las decisiones que se toman en los gobiernos locales

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, en defensa de los principios de publicidad y transparencia, ordenó a la Municipalidad de Cartago transmitir en vivo las sesiones del Concejo Municipal a través de medios virtuales.

Así lo resolvieron de forma unánime las y los magistrados en la sentencia N° 2020-11750, votada el viernes 26 de junio.

El Tribunal declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano cartaginés, quien alegó que las sesiones del Concejo Municipal no estaban disponibles por medios tecnológicos, y que tampoco se permitía asistir a la barra de público debido a las medidas sanitarias impuestas a raíz de pandemia del COVID-19.

La Sala destaca en la resolución que los gobiernos, sean locales o nacionales, deben facilitar el acceso a la información sobre sus actos, especialmente las autoridades electas.

Ese acceso, en órganos deliberativos de elección popular, no se satisface plenamente con el acceso físico al salón de sesiones, sino mediante el acceso virtual que facilite el control, en tiempo real, sin necesidad de que las personas se trasladen al sitio donde se lleva a cabo la deliberación, pues por razones económicas, de movilidad, horario, por ejemplo, no todos los ciudadanos tienen posibilidad de acceder físicamente al lugar de sesiones.

“Independientemente de la pandemia que afronta el país debe existir acceso a la publicidad de las sesiones del Concejo Municipal por medios tecnológicos (transmisión en vivo) como única forma de garantizar el acceso pleno de los administrados a ejercicio del poder y control de las decisiones que allí se toman, atendiendo a la naturaleza de los gobiernos locales como órganos eminentemente representativos, cuyas decisiones afectan a sus electores de una forma directa”, destacó la magistrada Nancy Hernández López, instructora del expediente.

En la parte dispositiva de la sentencia se detalla que el término máximo que tiene el ayuntamiento para iniciar con la transmisión virtual de las sesiones del Concejo es de seis meses; mientras se implementa esta disposición, la Municipalidad debe garantizar el acceso a la publicidad de las sesiones ya sea estableciendo medidas de distanciamiento social en la barra de público, o bien trasladando las sesiones temporalmente a un local más amplio que permita el acceso al público, siempre y cuando el Ministerio de Salud no establezca lo contrario.