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Publicado: 15 Noviembre 2019

Creado: 15 Noviembre 2019

SC-CP-081119

San José, 8 de noviembre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional ordena a Municipalidad poner en regla construcciones ilegales en Cerros de La Carpintera

• Tribunal resguarda derecho a un ambiente sano y equilibrado consagrado en nuestra Constitución Política

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, ordenó a la Municipalidad de la Unión identificar todas las construcciones ilegales de viviendas que existen en los Cerros de La Carpintera –zona vital de recarga acuífera y rica en biodiversidad–  y gestionar el inicio de los procedimientos respectivos, con el fin de ajustar a derecho la situación.

En la sentencia número 2019-21889, de forma unánime, las y los magistrados resguardan el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política; y, al mismo tiempo, procuran proteger la vida humana ante el riesgo de que se realicen construcciones sin regulación en una zona donde existen grandes riesgos de deslizamiento.

“El Estado costarricense se encuentra obligado a velar y a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del medio ambiente. El Derecho a la Constitución exige utilizar todos los medios disponibles -sean estos jurídicos o fácticos- para preservar el ambiente. En materia ambiental, tanto la Administración como la ciudadanía en general tienen la obligación de velar por su protección”, señala la sentencia dictada este viernes 8 de noviembre.

Los Cerros de La Carpintera se encuentran protegidos por medio de un decreto ejecutivo; además, desde el 2014, la Comisión Nacional de Emergencias advirtió sobre una serie de problemas en esta zona como suelos inestables y pendientes pronunciadas.

El amparo fue interpuesto por un grupo de vecinos de La Unión, quienes denunciaron ante las autoridades municipales el problema ocasionado por construcciones ilegales en los Cerros de La Carpintera; sin embargo, tales gestiones fueron ignoradas.

A partir de la notificación de la sentencia, el alcalde de la Unión tendrá un mes para verificar todas las construcciones ilegales que existen en los Cerros de La Carpintera, pasado ese plazo deberá ordenar el inicio de los procedimientos respectivos para ajustar a derecho las edificaciones.

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Publicado: 08 Noviembre 2019

Creado: 08 Noviembre 2019

SC-CP-051119

San José, 5 de noviembre de 2019

Sala Constitucional facilita herramienta para acceder a jurisprudencia relacionada con cada artículo de la Constitución

• Instrumento de búsqueda está disponible en el sitio de la Sala Constitucional

En el marco del 70 aniversario de la Constitución Política, la Sala Constitucional –garante de la dignidad, los derechos  y libertad de las personas– pone a disposición de todas las personas usuarias una herramienta de búsqueda de jurisprudencia relacionada con cada artículo de la Carta Magna.

El instrumento de búsqueda está disponible en el sitio electrónico de la Sala Constitucional, concretamente en la sección  JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, allí hay que seleccionar la categoría “Constitución Política anotada con Jurisprudencia”.

En dicho apartado se encuentra la Constitución Política de Costa Rica divida en sus 18 títulos con la jurisprudencia respectiva a cada artículo.

Por ejemplo, en el título Derechos y Garantía Individuales, las personas encontrarán resoluciones sobre: libertad de tránsito, libertad de expresión, el principio del juez natural.

La herramienta conduce al usuario a la plataforma oficial del Poder Judicial, en cuanto a la publicación de sentencias, denominada NEXUS.PJ, que les dará una conexión directa a las resoluciones en su totalidad, además le ofrece una opción rápida y sencilla para guardar (bajar) las sentencias en varios formatos disponibles.

La Constitución Política de Costa Rica cumple este jueves 7 de noviembre 70 años de ser el pacto de convivencia social que garantiza los derechos fundamentales para los costarricenses y las personas que habitan en el país. Para la Sala Constitucional es un orgullo ser el defensor de las normas consagradas en nuestra Carta Magna.

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Publicado: 29 Octubre 2019

Creado: 29 Octubre 2019

Viernes 25 de octubre

CPSC250919ConsultaHuelgas

Sala Constitucional resuelve consulta sobre proyecto de regulación de huelgas

La Sala Constitucional, luego de un profundo y exhaustivo análisis, resolvió este viernes 25 de octubre la Consulta Legislativa  Facultativa sobre el proyecto de ley N°21049, “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la Huelga y sus procedimientos”. Se detallan los principales puntos evacuados:

• El Tribunal no encontró vicios de inconstitucionalidad en el artículo del proyecto de ley en donde se dispone que el patrono no deberá pagar los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga a menos que esta sea declarada legal y el motivo de la huelga sea imputable al patrono por incumplimiento grave.
• Por unanimidad, las y los magistrados no encontraron ningún vicio de inconstitucionalidad en el artículo del proyecto que indica que las huelgas de naturaleza puramente política serán declaradas ilegales.
• Por unanimidad se resuelve que no existe vicio de inconstitucionalidad en imponer un plazo de duración máximo de 48 horas para las huelgas que tienen como finalidad protestar contra políticas públicas, siempre que estas afecten de forma directa los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
• La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, por mayoría, avala la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales señalados en el proyecto de ley, entre los que destacan los servicios de salud, transporte, comedores escolares, seguridad pública, controladores aéreos, bomberos, suministro de agua potable y energía eléctrica y de combustible, entre otros. En este punto, los magistrados Salazar Alvarado y Picado Brenes salvan parcialmente el voto en el tanto la prohibición absoluta de la huelga solo debe aplicar para los supuestos en que exista una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población; y, en los casos donde no aplica esa prohibición, se debe exigir una prestación mínima de servicios.
• El Tribunal no encuentra vicios de inconstitucionalidad en el artículo del proyecto que establece la prohibición de reiterar huelgas por los mismos motivos (a menos que hayan cambiado las circunstancias o haya un incumplimiento del patrono).
• La Sala Constitucional, por unanimidad, sí encuentra un vicio de inconstitucionalidad en relación con la disolución de sindicatos por las conductas delictivas de sus dirigentes –disposición establecida en el proyecto de ley–, en vista de que no se puede trasladar la responsabilidad penal personal y personalísima de los dirigentes sindicales a todo el sindicato.
• El Tribunal también encuentra un vicio de procedimiento en el proyecto de ley al no haberse consultado a la Corte Suprema de Justicia lo referido a cuáles servicios judiciales y auxiliares de la justicia, son considerados esenciales (los cuales tendrían prohibición al derecho de huelga). En este punto los magistrados Salazar Alvarado y Araya García salvan el voto y estiman que el proyecto consultado no tiene vicio de procedimiento.

La Sala Constitucional, una vez que esté lista la sentencia integral,  procederá con la debida notificación a la Asamblea Legislativa.

Se transcribe el POR TANTO

Se evacuan las consultas formuladas al proyecto de "Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos", expediente legislativo N° 21.049, de la siguiente forma:

Primera consulta. Expediente N° 19-16322-0007-CO.

En cuanto a los vicios de procedimiento:

1) Por unanimidad, no se encontraron vicios de inconstitucionalidad respecto del artículo 349 inciso d) consultado, siempre y cuando el tratamiento de los datos ahí contenidos respete lo establecido en la Ley N° 8968 "Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales".

2) Por mayoría, se dispone que no contiene los vicios de inconstitucionalidad alegados respecto de los artículos 375 bis, 376 quater, 376 quinquies, 663 y 664 bis. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Los magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez dan razones particulares. Las magistradas Hernández López y Picado Brenes salvan el voto y estiman que existe un vicio de procedimiento por violación al artículo 167 de la Constitución Política al introducir en el texto consultado la inamovilidad de los plazos decisorios sin haber consultado a la Corte Suprema de Justicia con la frase "bajo ninguna circunstancia se podrán ampliar los plazos establecidos en la presente norma", contenido en el párrafo final del artículo 663, lo cual afecta el servicio de administración de justicia. Adicionalmente, la magistrada Hernández López estima que esa frase es inconstitucional por razones de fondo, por violación al principio de independencia del juez, debido proceso y tutela judicial efectiva. El magistrado Castillo Víquez salva el voto y encuentra un vicio de fondo en relación con los artículos 663 y 375 bis consultados, porque afecta de forma grave el principio de independencia judicial, por lo que frente a tal hecho, la consulta constitucional a la Corte Suprema de Justicia resultaba irrelevante.

3) Por mayoría, se declara que hay un vicio de inconstitucionalidad en relación con la falta de consulta a la Corte Suprema de Justicia del artículo 376 inciso 10 del proyecto, por violación al artículo 167 de la Constitución Política. La magistrada Picado Brenes además declara inconstitucional que no se haya consultado a la Corte Suprema de Justicia el artículo 376 inciso 2. Los magistrados Salazar Alvarado y Araya García estiman que el proyecto consultado no tiene vicio de procedimiento.

4) Por unanimidad, no se encontró vicio de inconstitucionalidad alguno en cuanto a la alegada falta de consulta a las organizaciones de las personas trabajadoras del Poder Judicial.

En cuanto a los vicios de fondo:

1) Por unanimidad, no se encontró inconstitucionalidad alguna en el artículo 349 consultado, siempre y cuando el tratamiento de los datos ahí contenidos respete lo establecido en la Ley N° 8968 "Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales". Tampoco se encontró inconstitucionalidad alguna en el artículo 19 de la Ley Notificaciones. El magistrado Rueda Leal pone nota.

2) Por unanimidad, se dispone que no es inconstitucional la ilegalidad de la huelga política establecida en el artículo 371 consultado. Los magistrados Rueda Leal y Picado Brenes dan razones particulares. La magistrada Picado Brenes pone nota.

3) Por unanimidad no es inconstitucional el plazo de cuarenta y ocho horas dispuesto en el artículo 371 consultado para la huelga que tenga como finalidad protestar contra políticas públicas que afecten de forma directa los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Respecto de la prohibición de la reiteración, por unanimidad se dispone que es constitucional, siempre y cuando se interprete que sí es posible realizar una nueva huelga cuando exista un cambio en las circunstancias. Los magistrados Rueda Leal y Hernández López dan razones separadas. La magistrada Picado Brenes pone nota.

4) Por mayoría, no se encuentra vicio de inconstitucionalidad en relación con la prohibición absoluta de la huelga en los servicios esenciales, dispuesta en el artículo 376 consultado. Los magistrados Salazar Alvarado y Picado Brenes salvan parcialmente el voto en el tanto la prohibición absoluta de la huelga solo debe aplicar para los supuestos en que exista una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población; y, en los casos donde no aplica esa prohibición, se debe exigir una prestación mínima de servicios, tal como está establecido para los servicios trascendentales (artículo 376 ter del proyecto consultado). La magistrada Picado Brenes, adicionalmente, declara inconstitucional la prohibición absoluta de la huelga en servicios judiciales por falta de consulta previa a la Corte Suprema de Justicia.

5) Por unanimidad, se declara inconstitucional la inclusión en el artículo 350 Consultado, relativo a la disolución de sindicatos, de los artículos 128, 263 bis y 264 del Código Penal en el párrafo introducido en el párrafo consultado por violación a los artículos 28, 39, y 60 de la Constitución Política y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. en cuanto se refiere a la actuación del sindicato. En cuanto a los artículos 144, 229, 339 y 340 se interpreta que es constitucional su aplicación únicamente en aquellos casos en que como consecuencia del delito exista pérdida de vidas humanas o afectaciones graves a la salud, al orden público o a la economía del país. En relación con el artículo 263 del Código Penal, se estima constitucional su aplicación. Asimismo, a los efectos específicos de la disolución de un sindicato se declara inconstitucional el traslado de la responsabilidad penal y personalísima de uno o varios de los dirigentes sindicales o integrantes del sindicato en su actuación individual, al sindicato como tal por violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

6) Por mayoría, no se encontró inconstitucional la reforma introducida al artículo 378 consultado, siempre y cuando se interprete que la expresión "por los mismos motivos" no impide la realización de una nueva huelga cuando haya un cambio en las circunstancias o un incumplimiento patronal. La magistrada Picado Brenes salva el voto y declara inconstitucional la prohibición de la reiteración.

7) Por unanimidad, se declara que no es inconstitucional el artículo 379 consultado que exonera al patrono del pago de las remuneraciones a los trabajadores que se encuentren participando del movimiento de huelga. El magistrado Rueda Leal da razones adicionales. La magistrada Picado Brenes pone nota.

8) Por unanimidad, se interpreta que el artículo 379 consultado en cuanto reconoce el pago de los salarios correspondientes a los días de una huelga declarada legal, delimitándolo únicamente "por incumplimientos graves del contrato de trabajo", es conforme con el Derecho de la Constitución en el tanto su reconocimiento no excluya los demás supuestos establecidos en el artículo 386 del Código de Trabajo. El Magistrado Rueda Leal da razones distintas respecto de la expresión "por incumplimientos graves del contrato de trabajo", toda vez que ese supuesto ya está incluido en el ordinal 386 del Código de Trabajo.

9) Por unanimidad se declara que no es inconstitucional prescindir del trámite de calificación previa según el artículo 375 bis consultado. Los magistrados Salazar Alvarado y Picado Brenes concurren con la mayoría en el tanto la norma consultada se refiere únicamente al procedimiento.

10) Por mayoría se declara que no hay vicio de inconstitucionalidad en cuanto a la prohibición de huelga de los servicios judiciales y auxiliares contemplada en el artículo 376 inciso 10 consultado. Los magistrados Salazar Alvarado y Picado Brenes estiman que el proyecto consultado en cuanto prohíbe de manera absoluta el ejercicio de huelga en los servicios judiciales y auxiliares es constitucional sólo para los supuestos en que exista una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población; y, en los casos donde no aplica esa prohibición, se debe exigir una prestación mínima de servicios, tal como está establecido para los servicios trascendentales (artículo 376 ter del proyecto consultado). La magistrada Picado Brenes pone nota.

Segunda consulta. Expediente N° 19-16630-0007-CO.

1) En cuanto a la violación del principio de no regresión de los derechos laborales, contenido en el artículo 379 consultado, por unanimidad se dispone que no hay vicio de inconstitucionalidad. En relación con el artículo 386, se remite a lo expresado sobre este mismo punto en la primera consulta. La magistrada Picado Brenes pone nota.

2) Por mayoría se dispone que es constitucional la inclusión de los servicios de transporte ferroviario, marítimo, carga y descarga en muelles y atracaderos de bienes perecederos, dentro de la noción de servicios esenciales, en los que se prohíbe la huelga, según el artículo 376 inciso 4 consultado. Los magistrados Salazar Alvarado y Picado Brenes salvan el voto en el tanto la prohibición absoluta de la huelga en estos servicios, solo debe aplicar para los supuestos en que exista una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población; y, en los casos donde no aplica esa prohibición, se debe exigir una prestación mínima de servicios, tal como está establecido para los servicios trascendentales (artículo 376 ter del proyecto consultado). La magistrada Picado Brenes pone nota.

Los magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López, Picado Brenes y Chacón Jiménez ponen notas separadas.

Notifíquese esta resolución al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados y diputadas consultantes.-

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Publicado: 16 Octubre 2019

Creado: 16 Octubre 2019

SC-CP-161019

San José, 16 de octubre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional realizará audiencia pública sobre reforma a Ley General de Concejos Municipales de Distrito

• Acción de inconstitucionalidad fue presentada por alcaldesa de Abangares

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, realizará el próximo jueves 17 de octubre una audiencia oral y pública sobre una acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley No. 9208 “Reforma de la Ley No.8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito, de 7 de diciembre de 2001”.

La audiencia, procedimiento establecido en los artículos 10 y 85 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se celebrará a partir de las 9 a.m. en la sala de vistas ubicada en el segundo piso de la Corte Suprema de Justicia, en San José.

La acción de inconstitucionalidad se tramita bajo el expediente número 18-011009-0007-CO  y fue presentada por la señora Anabelle Matarrita Ulloa en su condición de Alcaldesa de Abangares.

Dentro de sus alegatos, la accionante señala que los artículos 1, 3 y 9 de la citada ley –que data del 20 de febrero de 2014– lesionan el principio constitucional de autonomía municipal pues, según alega,  a través de una ley ordinaria se le otorga a los Concejos de Distrito las mismas competencias y potestades que a la “municipalidad madre” (principalmente en materia tributaria).

Además de la parte accionante, están convocados a la audiencia el Procurador General de la República, Julio Jurado Fernández, el Presidente del Concejo Municipal del Distrito de Colorado de Abangares, Justo Tenorio González; y  la Intendenta y representante legal del Concejo Municipal del Distrito de Colorado de Abangares, María W. Acosta Gutiérrez.

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Publicado: 14 Octubre 2019

Creado: 14 Octubre 2019

SC-CP-141019

San José, 14 de octubre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional ordena capacitar a funcionarios de Ayuntamiento en el trato de personas con discapacidad

• Trabajadores de Municipalidad de Limón deberán ser sensibilizados a raíz de fallo de Tribunal

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, resolvió en la sentencia número 2019-19706 que todas y todos los funcionarios de la Municipalidad de Limón deben recibir un curso de sensibilización y capacitación sobre los derechos y deberes de las personas con discapacidad.

En el fallo, votado de forma unánime el viernes 11 de octubre, las y los magistrados resguardan el derecho de una población socialmente vulnerable, y dan un plazo de seis meses al ayuntamiento para que coordine con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para impartir el curso.

La resolución surge en respuesta a un recurso de amparo interpuesto por un funcionario de esa Municipalidad que debido a una discapacidad permanente se desplaza en silla de ruedas.

El recurrente alegó que el inmueble carece de las condiciones de infraestructura necesarias para una persona en su condición, por ejemplo: rampa, servicio sanitario acorde con la ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad)… además sostiene que estas situaciones menoscaban su condición de dignidad humana y devienen en un trato degradante, discriminatorio e irracional.

“El derecho a la igualdad, así como la prohibición de toda forma de discriminación que sea contraria a la dignidad humana, goza de profundo reconocimiento y protección por el Derecho de la Constitución”, enfatizó la Sala Constitucional en la resolución.

Además de lo señalado, el Tribunal también ordenó a la Municipalidad que en el plazo de un mes coordine lo necesario para la instalación de un servicio sanitario con las barras y dimensiones necesarias de conformidad con lo indicado en la ley 7600; así como que toda remodelación o construcción que se realice en el inmueble municipal cumpla con la normativa de accesibilidad vigente.

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Publicado: 04 Octubre 2019

Creado: 04 Octubre 2019

SC-CP-021019

San José, 2 de octubre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional resguarda principio de transparencia legislativa  en defensa de ciudadanía

• Tribunal, de manera unánime, declara inconstitucionales varias normas del Reglamento de la Asamblea Legislativa que permiten votaciones secretas

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, resolvió, de forma unánime, declarar inconstitucionales varios artículos del Reglamento de la Asamblea Legislativa que permiten votaciones secretas.

En la sentencia número 2019-18932 del miércoles 2 de octubre, las y los magistrados resguardan los principios de transparencia y publicidad de las sesiones legislativas en defensa de la ciudadanía, toda vez que, conforme al artículo 117 de la Constitución Política, la regla en la Asamblea Legislativa debe ser la publicidad, mientras que el secreto solo se permite por razones muy calificadas y de conveniencia general, con acuerdo no menor de las dos terceras partes de los Diputados presentes.

Con base en los criterios ya vertidos en la sentencia número 2014-004182 (reiterada en los votos 2018-019958, 2018-015106 y 2015-003569), la Sala reafirma que la excepción a la transparencia y publicidad debe establecerse para cada caso concreto, no pudiendo hacerse de modo general y abstracto para todo un tipo de asuntos.

Como consecuencia del voto, los nombres de los integrantes de la Comisión de Honores deben ser públicos. Igualmente debe ser pública la votación sobre los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y la concesión de honores.

Con respecto al artículo 198 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la Sala lo estimo constitucional, siempre y cuando se interprete que la deliberación y el informe serán confidenciales solo respecto de aquellos datos que no se puedan divulgar, como los sensibles o los de acceso restringido.

El por tanto del pronunciamiento señala:

“Se declara parcialmente con lugar la acción por violación a los principios constitucionales de transparencia y publicidad parlamentaria en relación con los artículos 87, 101 y 200 (actual 226) del Reglamento de la Asamblea Legislativa. En consecuencia, se eliminan: A) la frase "cuyos nombres no se revelarán" del numeral 87. B. la oración "Deberán resolverse en votación secreta, solo los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y la concesión de honores." del ordinal 101 en la versión impugnada; por su evidente conexidad, se elimina la oración "Deberán resolverse en votación secreta, solo los casos de votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y la concesión de honores." del artículo 101 en su versión actual. C) la palabra "secreta", tanto en el título como en contenido del numeral 200 impugnado; por su conexidad evidente, se elimina asimismo la palabra "secreta" del título y del contenido del ordinal 226 en su numeración actual. Con respecto al artículo 198 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la Sala establece que la norma es constitucional siempre y cuando se interprete que la deliberación y el informe serán confidenciales solo respecto de aquellos datos que no se pueden divulgar porque alguna norma jurídica lo prohíba. Por conexidad, esta interpretación afecta al numeral 224 en su numeración actual. En cuanto al ordinal 104 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado ponen nota”.

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Publicado: 01 Octubre 2019

Creado: 01 Octubre 2019

Miércoles 25 de  setiembre

CPSC250919ConsultaJapdeva

Sala Constitucional resuelve consulta sobre proyecto de Japdeva

La Sala Constitucional resolvió la consulta legislativa  facultativa sobre el proyecto "Ley de Modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección de sus personas servidoras” y no encontró vicios de inconstitucionalidad en los dos puntos consultados por las y los diputados; la Sala única y exclusivamente se pronuncia sobre los aspectos planteados en la consulta, el resto de artículos no pasaron por el tamiz de la Sala Constitucional (no fueron analizados).

Por tanto, es incorrecto afirmar que la Sala Constitucional “avala”,  “da visto bueno”, o “autoriza” al proyecto de ley, pues, en realidad, el Tribunal se limita a señalar que en los dos puntos consultados por las y los diputados no se violenta la Constitución.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 28 Agosto 2019

SC-CP-160819

San José, 16 de agosto de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional resguarda derecho a la salud de asegurado y ordena a CCSS entregar fármaco que está fuera de Lista Oficial de Medicamentos

• Interconsultor médico (imparcial en el caso) determinó que medicamento prescrito era el más adecuado

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra la Caja Costarricense del Seguro Social por un paciente que padece hipertensión pulmonar, quien reclamó que el Comité Central de Farmacoterapia de esta institución le rechazó la solicitud del fármaco “Riociguat”  (que no forma parte de la Lista Oficial de Medicamentos), pese a que este le fue prescrito por su médico tratante en el Hospital México.

En la Sentencia N° 2019-015241 del viernes 16 de agosto, los magistrados y magistradas, por unanimidad y en resguardo al derecho de salud, resolvieron ordenar a la CCSS entregar el medicamento.

Para llegar a esta resolución se contó con el criterio de un interconsultor médico especialista en Neumología, nombrado a través del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el cual concluyó que la prescripción del medicamento realizada es la más adecuada, pues el fármaco en cuestión es el único que se encuentra aprobado por la literatura médica para el tipo de condición en la que se encuentra el amparado, además no existe contraindicación alguna para que este se le suministre.

“La Sala tiene muy claro que se está en sede jurisdiccional-constitucional, y no técnico-médica y que, por esta razón, se respeta el análisis del perito nombrado a tal efecto, que es un tercero imparcial y cuya opinión técnica ha sido contundente en cuanto a la situación del paciente”, destacó el magistrado instructor, Luis Fernando Salazar Alvarado.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 28 Agosto 2019

SC-CP-0140819

San José, 14 de agosto de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional: autoridades debieron tomar medidas para levantar bloqueos en ruta 32 y Pérez Zeledón

• Tribunal declara con lugar habeas corpus presentados por ciudadanos afectados por bloqueos y condena a Seguridad y Tránsito por inacción

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, concluye en las sentencias 2019-15220 y 2019-15221 del miércoles 14 de agosto, que las autoridades nacionales debieron tomar medidas tanto proporcionadas como efectivas para levantar los bloqueos en la ruta N.º32 (que comunica San José con Limón) y la N.º2 (sobre puente Jilguero, Pérez Zeledón).

En las sentencias citadas, la magistrada y los magistrados (seis votos contra uno) declararon con lugar dos recursos de habeas corpus (que tutela la libertad de tránsito) –interpuestos de forma separada–contra la Policía de Tránsito y los ministerios de Seguridad Pública y de la Presidencia por no haber actuado con la suficiente diligencia para levantar los bloqueos en las rutas nacionales N.º 2 y N.º 32 realizados por estudiantes y transportistas entre el 26 de junio y el 2 de julio de este año.

El Tribunal razonó, tal y como establece numerosa jurisprudencia nacional e internacional, que el derecho a manifestarse encuentra una limitación en los derechos fundamentales de las otras personas. Por ello, entre mayor sea la afectación a los derechos de terceros, mayor será la necesidad de una regulación o intervención efectiva y proporcionada por parte de las autoridades competentes. Así, cuando la protesta afecta una vía principal, como sucede con las rutas nacionales N.º 2 y N.º 32 que son arterias viales imprescindibles para el país y sus habitantes, su bloqueo, independientemente de la existencia o no de rutas alternas, supone una afectación grave y lesiona fuertemente los intereses y derechos de terceros en todo ámbito: salud, comercio, trabajo, recreación y ambiente sano, entre otros.

La magistrada y los magistrados de la mayoría concluyen que los manifestantes se excedieron en el ejercicio de su derecho de manifestación y de reunión, y que las autoridades recurridas debieron tomar medidas tanto proporcionadas como efectivas para restablecer la circulación, por lo que se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 14 Septiembre 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional reitera que título universitario no es requisito para ejercer el periodismo

SC-CP-090819

San José, 09 de agosto de 2019

• Tribunal concluye que Colegio de Periodistas amenazó, en un comunicado, a personas no tituladas con denunciarlas

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, reitera que el periodismo se puede ejercer sin necesidad de contar con un título académico o estar colegiado. Así lo determinan las sentencias 2019-15038 y 2019-15039 del viernes 9 de agosto.

En esas resoluciones los magistrados y magistradas, de forma unánime, declararon con lugar  recursos de amparo interpuestos –de forma separada– por ciudadanos de apellidos Madrigal Mena y Rodríguez Barrantes contra las manifestaciones del Colper (difundidas en plataformas oficiales del órgano) en donde se indica que “las personas que se sigan identificando como periodistas, sin tener el título académico que lo acredite, serán denunciadas ante los órganos competentes”.

El Tribunal concluye en las sentencias que el periodista es quien en forma habitual o regular se dedica a informar, y destaca la definición que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene de esta profesión (Opinión Consultiva oc-5/85

del 13 de noviembre de 1985): el “periodista profesional” es la persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado.

Las magistradas y magistrados calificaron como una amenaza el mensaje proferido por el Colper contra los periodistas no titulados y señalaron que esta representa una “clara contravención de lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política”; dicho numeral establece que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones.

En conclusión se ordena a la Presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas emitir un nuevo comunicado de conformidad con los lineamientos señalados en las sentencias citadas.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 28 Agosto 2019

SC-CP-070819

San José, 7 de agosto de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional avala aplicación obligatoria de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano

• El resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades son fines constitucionalmente legítimos que justifican obligatoriedad

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, derechos y libertad de las personas, resolvió que la prevención de enfermedades, el interés superior de la persona menor de edad y el resguardo de la salud pública constituyen fines constitucionalmente legítimos que justifican la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Por tales motivos dicha obligatoriedad no implica una lesión al principio de la autonomía de la voluntad, señala la sentencia número 20019-014677 del miércoles 7 de agosto.

En esa resolución,  los magistrados y magistradas rechazaron de forma unánime un recurso de amparo presentado por una persona menor de edad en contra de aplicación obligatoria de la vacuna contra el VPH por parte del Ministerio de Salud, alegando que tras indagar en “fuentes internacionales” descubrió que la vacuna puede ocasionar severos efectos secundarios, y que en Costa Rica no se informó al respecto.

Seguridad de la vacuna

Según constató el Tribunal Constitucional, la vacuna fue aprobada por la FDA (Food and Drug Administration: Administración de Medicamentos y Alimentos) de Estados Unidos; el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización y Vacunación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América; la Agencia Europea de Regulación de Medicamentos; la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Además, ante el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Salud informó que la vacuna cuenta con un Plan de Farmacovigilancia y una evaluación científica del balance entre beneficio y riesgo del medicamento, el cual ha sido favorable hacia el uso de la vacuna.

Las autoridades recurridas también indicaron que las condiciones de salud de la persona menor de edad amparada (alergias y problemas bronquiales) no contraindican la aplicación de la vacuna.

Información

Finalmente en la sentencia se señala que las instituciones sanitarias implementaron estrategias de comunicación nacionales, regionales y locales para explicar sobre la inmunización contra el VPH a través de medios audiovisuales, redes sociales y material impreso, donde se explican los aspectos relacionados con la vacuna, entre ellos sus beneficios, la manera de aplicación, los posibles efectos secundarios, contraindicaciones, toda vez que los encargados de los menores tienen derecho a conocer tales datos. En el caso concreto, no consta que, en algún momento, las autoridades del Ministerio de Salud o de la Caja Costarricense de Seguro Social hubiesen denegado algún tipo de información acerca de la vacuna contra el VPH.

Nota* de magistrados

Los magistrados Luis Fernando Salazar, Marta Esquivel y Ana María Picado coinciden con el voto de la Sala y agregan:

• La aplicación de la vacuna contra VPH produce efectos secundarios leves: dolor, hinchazón, picazón, enrojecimiento o formación de hematoma en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, mareos, vómitos y desmayos, no así discapacidades o la muerte.

• En atención al derecho a la información de la menor recurrente, previo a su vacunación y bajo la orientación de sus padres o representantes, educadores y funcionarios de salud, deberá informársele del objetivo del fármaco, los citados efectos adversos que se pueden asociar, así como la entrega del prospecto incluido dentro del empaque del producto.

• Finalmente, tal y como lo indica la sentencia, con base en criterios médicos, podrían establecerse casos de excepción para aplicación de la citada vacuna, lo cual deberá alegarse de previo ante las propias autoridades de salud.

*En la nota los magistrados o magistrados exponen razones adicionales a los planteados en la sentencia, y se incorporan al documento con esa distinción.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 28 Agosto 2019

SC-CP-230719

San José, 23 de julio del 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional garantiza derecho al periodo de lactancia de madre trabajadora

• Tribunal determina que falta de presupuesto no es obstáculo para disponer de sala de lactancia y ordena al Conavi habilitar espacio

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, resolvió parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por una madre trabajadora contra el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por no contar con una sala de lactancia.

En la sentencia número 2019-12334 del 5 de julio, los magistrados y magistrados resguardaron el derecho al periodo de lactancia de la tutelada y ordenaron a la institución –en un plazo de 15 días a partir de la notificación del fallo– habilitar un espacio que cumpla con las condiciones de higiene y seguridad para que todas las funcionarias que lo requieran puedan amamantar a sus hijos o hijas.

En los hechos comprobados por el Tribunal, se concluyó que en el presupuesto de 2019 el Conavi no había destinado recursos económicos para el acondicionamiento de una sala de lactancia (posteriormente, en febrero, se giró una instrucción para habilitar un espacio).

Ante tales circunstancias, la Sala Constitucional señaló que la falta de presupuesto no representa un obstáculo para que la autoridad recurrida salvaguarde los derechos fundamentales de la amparada y del menor lactante.

“Para este Tribunal es de vital importancia que se concreticen las disposiciones tendientes a crear en los centros laborales los espacios necesarios y su debido equipamiento para que funcionen como Salas de Lactancia Materna”, señala la resolución.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 28 Agosto 2019

SC-CP-170719

San José, 17 de julio de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional declara con lugar acción contra resoluciones que autorizan recolección de firmas para convocar Asamblea Nacional Constituyente vía referendo

• Resolución señala que solamente es posible someter a referendo lo concerniente a la aprobación de un proyecto de ley sobre reforma parcial de la Constitución

La Sala Constitucional, por medio de la sentencia número 2019-013270 de la tarde de este miércoles, declaró con lugar  la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones que autorizan la recolección de firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente vía referendo.

En un voto de mayoría (6 a 1) los magistrados y magistradas anularon  las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), números 8455-E9-2016, de las diez horas del 23 de diciembre de 2016, y 860-E9-2017, de las diez horas del 27 de enero de 2017.

Como consecuencia de tal declaratoria de inconstitucionalidad, se ordena dejar sin efecto el proceso en el marco del cual se adoptaron tales resoluciones, identificado como “Solicitud de recolección de firmas para convocar a referéndum, por iniciativa ciudadana, el proyecto de ley denominado Ley que convoca a una Asamblea Constituyente”.

La sentencia señala que la misma Constitución Política, en sus artículos 105 y 123, indica que tratándose de reformas constitucionales, solamente es posible someter a referendo lo concerniente a la aprobación de un proyecto de ley sobre reforma parcial de la Constitución, por lo que dicho mecanismo de democracia participativa no resulta idóneo para convocar a una Asamblea Constituyente.

“Autorizar el inicio de un proceso de referendo para aprobar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, contraría los principios de supremacía y rigidez constitucional”, señala la sentencia.

La reforma general de la Constitución sólo puede realizarla una Asamblea Constituyente convocada al efecto (art. 196 de la Constitución), y convocada por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa mediante votación calificada. Esa ley no puede ser aprobada por iniciativa popular vía referéndum.

Competencia

La Sala Constitucional  resulta competente para conocer los cuestionamientos de constitucionalidad planteados, porque la gestión para que se autorice el referendo versa no sobre una propuesta de legislación de carácter ordinario, sino una legislación especial y agravada relacionada con la reforma general de la Constitución. Además, la Sala se ha pronunciado en el sentido que se trata de resoluciones que van más allá de lo estrictamente electoral, porque se adentran en el proceso legislativo.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 28 Agosto 2019

SC-CP-110719

San José, 11 de julio de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional garantiza desarrollo sostenible en Gandoca- Manzanillo: protege ambiente y reconoce derechos de habitantes

• Declara con lugar acción interpuesta por asociación ecologista únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad contra la ley número 9223, únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa.

Dicha ley, que data del 10 de marzo del 2014, modifica los límites de la zona protegida del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en la provincia de Limón; y fue impugnada ante el máximo Tribunal por la Asociación de Desarrollo para la Ecología, reclamando una reducción del área de protegida sin que existiese una compensación.

En el voto de mayoría número 2019-12745, este miércoles 10 de julio, los magistrados acogieron la acción únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, lo que corresponde a 188 hectáreas, tal y como los dispuso la Procuraduría General de la República en sus informes presentados para este caso. Por tanto, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) que proceda, dentro del plazo de 12 meses, a delimitar el área mencionada y, en conjunto con la Procuraduría, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.

La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.

“La Sala Constitucional hace un equilibrio entre la protección de ambiente y una problemática social que viene desde hace décadas, de forma tal que se garantiza el derecho a las personas que se encuentran en las zonas urbanas, pero por el otro lado, se protege al medio ambiente al declarar inconstitucional la falta de estudios técnicos de 188 hectáreas que están en la zona boscosa”, manifestó el presidente a.i. del Tribunal, Fernando Castillo.

En síntesis, la ley deja de tener efecto solamente para aquellos territorios comprendidos en la zona boscosa de 188 hectáreas, esa delimitación se realizará técnica y jurídicamente por la Procuraduría y el Sinac en un plazo de 12 meses.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 28 Agosto 2019

SC-CP-230519

San José, 23 de mayo de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional anula beneficios irrazonables y desproporcionados de 11 artículos de Convención Colectiva de Recope

• Cesantía superior a los 12 años, licencia con goce salarial por matrimonio de un hijo, y subsidios de alimentación son algunos de los excesos declarados inconstitucionales

La Sala Constitucional, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, anuló una serie de de disposiciones presentes en siete artículos de la Convención Colectiva de Trabajo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), y derogó, en su totalidad, otros cuatro artículos.

Entre los excesos declarados inconstitucionales resaltan el tope de auxilio de cesantía superior a los 12 años (límite establecido por la línea jurisprudencial), subsidios en alimentación y  permisos con goce salarial por el matrimonio de un hijo, por ejemplo.

Según el voto de mayoría  N° 2019-009226, los beneficios citados violentan los principios de razonabilidad de la norma, de igualdad, legalidad, y austeridad en el gasto de los recursos públicos.

“Las Convenciones Colectivas de Trabajo, se encuentran sometidas al Derecho de la Constitución; así, las cláusulas convencionales, deben guardar conformidad con las normas y los principios constitucionales de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo, cuando de fondos públicos se trate, sujetos al principio de legalidad presupuestaria”, señala la sentencia.

Esta resolución se origina en dos acciones de inconstitucionalidad –acumuladas en el mismo proceso– promovidas por el Otto Guevara Guth (diputado libertario en el momento en que presentó la gestión) y Enrique Egloff Gerli, representante de la Cámara de Industrias de Costa Rica, en las que se impugnaron varias normas de la Convención Colectiva de Recope.

Derecho del consumidor

El Tribunal también señala en el fallo que los combustibles derivados del petróleo son un recurso escaso y vital, por lo cual resultan de orden público y deben ser controlados estrictamente por el Estado. Así, la labor de Recope –importación, refinación y distribución al por mayor de derivados del petróleo– es de vital importancia para el país y sus habitantes.

Lo anterior, denota que la labor de Recope tiene una incidencia central en los consumidores. “Las cláusulas convencionales tienen su razón de ser, en parte, para proteger los derechos de los trabajadores, mejorando o superando su mínimo esencial, con el objetivo buscar siempre la paz social. Sin embargo, como se mencionó, estas normas deben respetar los derechos fundamentales acogidos en nuestra Constitución Política, es decir, deben respetar los derechos de los consumidores”, dicta la sentencia.

Doble sesión

Este miércoles 22 de mayo, con el fin de resolver la mayor cantidad de acciones posibles, los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional sesionaron en jornada doble (mañana y tarde); la medida se repetirá una vez al mes y  responde al alto circulante de amparos, hábeas corpus, acciones y consultas que este Tribunal, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, recibe cada día.

Solo en el 2018, la Sala Constitucional votó 21.855 asuntos, lo que arroja un promedio de 1.821 por mes.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 28 Agosto 2019

SC-CP-300519

San José, 30 de mayo de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

          Nuevas sentencias

Sala Constitucional anula auxilio de cesantía superior a 12 años en Universidad Nacional y dos municipalidades

• Convención Colectiva de la Municipalidad de Santa Cruz reconoce auxilio de cesantía sin tope; en la de Coronado es de 30 años, en la UNA es de 20.

La Sala Constitucional, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, anuló las disposiciones contenidas en las Convenciones Colectivas de Trabajo de dos municipalidades y una universidad pública que permiten el pago de auxilio de cesantía superior a los 12 años, plazo que la línea jurisprudencial de este Tribunal ha fijado como tope en reiteradas sentencias.

En la resolución N° 2019-009723, los magistrados y magistradas declararon inconstitucional el segundo párrafo del artículo 44 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Santa Cruz en el cual se reconoce un mes de salario –auxilio de cesantía– por cada año de servicios prestados sin límite de años; es decir, admite el pago de cesantía sin tope.

“Esa situación ha dejado de tener un fundamento que lo justifique desde la perspectiva de la razonabilidad de las normas… la línea jurisprudencial (tope de 12 años) responde a la difícil situación fiscal y financiera que atraviesa el Estado costarricense, que no es ajeno a las municipalidades del país”, señala el fallo.

De igual forma, la sentencia N° 2019-009721 elimina el contenido del artículo 22 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Vázquez de Coronado que reconoce 30 años de auxilio de cesantía.

Finalmente, la resolución N° 2019-009722 declara inconstitucional el tope de 20 años de auxilio de cesantía establecido en el artículo 95 de la Convención Colectiva de la Universidad Nacional. Además se anula el pago de cesantía en los casos de renuncia del trabajador, como lo dispone el mismo artículo.

Las tres sentencias se votaron en la sesión del miércoles 29 de mayo. El exdiputado Otto Guevara Guth fue quien impugnó, en los tres casos y de forma separada, el contenido de los artículos en cuestión.

Criterio reiterado

Con estas sentencias se reitera la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional de fijar en 12 años el tope de cesantía, tal y como se ha dictado en las sentencias N° 2018-008882 (Bancredito) del 5 de junio del 2018, N° 2019-008679 (Municipalidad de Abangares) del 15 de mayo, N° 2019-009222 (Municipalidad de Carrillo) del 22 de mayo,  y N° 2019-009226 (Recope) también del 22 de mayo.

El magistrado Luis Fernando Salazar explicó que si bien el Código de Trabajo establece como tope de cesantía los últimos ocho años de la relación laboral, la jurisprudencia constitucional reconoce la posibilidad de mejorar ciertas condiciones mínimas de los trabajadores que superen las establecidas en la legislación laboral. Esto bajo el entendido de que se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por tratarse de beneficios pagados con fondos públicos. Lo anterior sin perjuicio de que se respeten los derechos adquiridos al amparo de la Ley de Protección al Trabajador y de la Ley de Asociaciones Solidaristas.

“Para que la disposición convencional sea razonable, es posible que el mínimo legal de ocho años pueda incrementarse en cuatro años más, de manera que el tope máximo de cesantía debe radicarse en 12 años”, detalló Salazar.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 28 Agosto 2019

SC-CP-220519

San José, 22 de mayo de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional reitera que auxilio de cesantía no puede superar los 12 años

• Tribunal declara inconstitucionales artículos de las Convenciones Colectivas de las Municipalidades de Abangares y Carrillo que reconocen 20 y 17 años de cesantía

La Sala Constitucional, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, reitera en la sentencia N° 2019-008679, del 15 de mayo, y en la N° 2019-009222, del 22 de mayo, que el tope del auxilio de cesantía es de 12 años.

Con votos de mayoría, los magistrados y magistradas declararon parcialmente con lugar dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por el exdiputado Otto Guevara Guth contra los artículos de las Convenciones Colectivas de Trabajo de la Municipalidad de Abangares y de la Municipalidad de Carrillo, que establecían el pago de 20 y 17 años, respectivamente, por concepto de cesantía.

El tribunal declaró inconstitucional el plazo establecido en esos artículos, reiterando lo resuelto en el fallo N° 2018-008882 que anuló una serie de artículos de la Convención Colectiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago, entre ellos el reconocimiento de 20 años como tope de auxilio de cesantía.

“Dicha cantidad de años (20) resulta desproporcionado respecto de los pagos que reciben los demás trabajadores estatales cuyos beneficios también se financian con fondos públicos. En concordancia con lo anterior la Sala entiende que un tope máximo de 12 años; es decir, el 50 por ciento de mejora en el pago de auxilio de cesantía, cumple con los requisitos de proporcionalidad vistas las condiciones actuales del país, y no vacía el derecho de negociación colectiva en ese punto”, señalaron los altos jueces en aquella sentencia, la cual se votó el 5 de junio del 2018.

Posibilidad de mejora

Luis Fernando Salazar, magistrado instructor de las acciones de inconstitucionalidad contra las Convenciones Colectivas de las Municipalidades de Abangares y Carrillo, explicó que si bien el Código de Trabajo establece como tope de cesantía los últimos ocho años de la relación laboral, la jurisprudencia constitucional reconoce la posibilidad de mejorar ciertas condiciones mínimas de los trabajadores que superen las establecidas en la legislación laboral. Esto bajo el entendido de que se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por tratarse de beneficios pagados con fondos públicos.

“Para que la disposición convencional sea razonable, es posible que el mínimo legal de ocho años pueda incrementarse en cuatro años más, de manera que el tope máximo de cesantía debe radicarse en 12 años”, detalló Salazar.

En las acciones también se impugnó el reconocimiento del auxilio de cesantía para los supuestos de supresión del cargo, fallecimiento y jubilación del trabajador. En este tema, el Tribunal no encontró ningún vicio de inconstitucionalidad.

Doble sesión

Este miércoles 22 de mayo, con el fin de resolver la mayor cantidad de acciones posibles, los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional sesionaron en jornada doble (mañana y tarde); la medida se repetirá una vez al mes y  responde al alto circulante de amparos, hábeas corpus, acciones y consultas que este Tribunal, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, recibe cada día.

Solo en el 2018, la Sala Constitucional votó 21.855 asuntos, lo que arroja un promedio de 1.821 por mes.

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Publicado: 10 Septiembre 2019

Creado: 28 Agosto 2019

SC-CP-060519

San José, 3 de mayo de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

Sala Constitucional: educación y  crianza de hijos es responsabilidad de padre y madre, sin importar que estén separados

• Mujer presentó amparo contra escuela privada que le negó información académica de su hija

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, derechos y libertad de las personas, concluye en la sentencia 2019-7701 que la educación y la crianza de los hijos e hijas debe ser compartida entre el padre y la madre, sin importar si están separados, divorciados o si no viven juntos.

El fallo surge a raíz de un recurso de amparo presentado por una madre en contra de una escuela privada,  en la cual le negaron información académica de su hija alegando que la guarda y crianza de la menor la posee el padre (es quien reside con la menor de edad), además de que él es quien figura como contratante del servicio educativo.

La resolución explica que la guarda, la crianza y la educación son tres atributos diferentes e individualizables de la patria potestad (conjunto de deberes y derechos que tienen los padres y las madres respecto a sus hijos e hijas menores de edad), y que si bien una autoridad judicial puede fijar –o los propios progenitores pueden pactar, cuál de ellos ejercerá el atributo de la guarda, tenencia o custodia de sus hijos e hijas– la educación y la crianza de los hijos e hijas es responsabilidad tanto del padre como de la madre, independientemente no sólo de su estado civil, sino también del hecho de que residan juntos o separados.

“Resulta constitucional y convencionalmente válido afirmar que estos dos atributos de la crianza y de la educación se ejercen de pleno derecho, es decir, sin necesidad de que exista un pronunciamiento expreso de las autoridades judiciales; al tiempo que no son susceptibles de limitarse -y mucho menos anularse- por acuerdo de los progenitores”, detalla el magistrado instructor del caso, Mauricio Chacón Jiménez.

Por tanto, el Tribunal constata que hubo una lesión a los derechos fundamentales de la recurrente (madre de la menor de edad), declara el recurso parcialmente con lugar  y ordena a las autoridades del centro educativo privado suministrarle la información relacionada con el expediente académico de su hija.

El fallo es parcialmente con lugar porque la recurrente también solicitó en el amparo información sobre las entradas y salidas del centro educativo de su hija, pretensión que fue rechazada, pues esa información le concierne al padre de familia por ser él quien ejerce la guarda de la menor de edad.