Según señala el Cuarto Informe sobre el Estado de la Justicia
Sala Constitucional mejora los tiempos de resolución de los recursos planteados por las personas usuarias
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Atención a las demandas permite que la ciudadanía tenga un papel protagónico en el funcionamiento de la democracia costarricense
El Cuarto Estudio sobre el Estado de la Justicia 2022 deja en evidencia una mejora constante en los tiempos de resolución de los diversos recursos planteados por la ciudadanía ante la Sala Constitucional.
El capítulo 4 de este proyecto de análisis indaga sobre diversos temas como la emisión de sentencias, la cantidad de recursos presentados, el plazo promedio de resolución, datos demográficos sobre quiénes presentan los recursos y las razones principales que dan origen a dichos recursos.
Entre los principales resultados se tiene que el plazo promedio de resolución de una acción de inconstitucionalidad pasó de 2.035 días en 2001, a 134 en 2018, mientras que en el caso de los recursos de amparo y los Hábeas Corpus se pasó de 519 días calendario a 33 días, y de 297 días calendario a 24 días, respectivamente.
Otro dato importante contenido en el informe es que entre 1989 y 2018 la Sala Constitucional emitió 348.452 sentencias. El 52,9% de ellas estuvieron asociadas a temas de trabajo y salud.
Entre todos los recursos que se presentaron en el mismo período, el 34,3% fueron rechazados, mientras un 28,6% se declararon sin lugar.
Otros datos adicionales señalan que el 97,9% de los recurrentes en las sentencias son personas físicas, con una predominancia de varones en un 76,9%.
Es importante resaltar dos conceptos que el informe investigó a través del uso de herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos: se trata de las sentencias estructurales y las sentencias referentes.
El término sentencias estructurales hace referencia a aquellas resoluciones que solucionan problemas reiterados y que afectan los derechos de muchas personas, como por ejemplo, problemas de acceso al agua potable, o algunas resoluciones sobre citas médicas.
El otro término, denominado sentencias referentes, es sugerido por el estudio y contempla a aquellas que son ampliamente recurridas en la argumentación de otros procesos jurídicos. Para que entren en esta categoría, las sentencias deben de haberse citado en al menos 10 ocasiones. En la investigación se determinó que estas resoluciones tratan principalmente sobre cinco temas: ambiente, trabajo, petición, pronta resolución y servicios público.
Para analizar las sentencias de este informe, se utilizó inteligencia artificial para detectar palabras clave, en un periodo que contempla desde el año 1989 hasta el 2021. Se identificó un grupo de 17.065 sentencias que establecen órdenes precisas para distintos autores. El informe señala que las técnicas de búsqueda y clasificación deben mejorarse a futuro, con el fin de obtener datos todavía más puntuales.
“Asimismo, del análisis de las sentencias emitidas por la jurisdicción constitucional entre 1989 y 2018 se pudo constatar un amplio y extendido uso de los recursos de amparo que evidencia un protagonismo de la ciudadanía, así como una reducción del plazo promedio de resolución de las sentencias”, afirmó Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte suprema de Justicia durante la presentación del informe a la ciudadanía.
Los medios de comunicación también son mencionados en el análisis, pues se señala un incremento en el interés por parte de estos en el quehacer de la Sala Constitucional, debido principalmente al resultado de las interacciones del Poder Judicial con otros actores del sistema político, así como sus decisiones en otros campos de interés popular. Esto genera una mayor cobertura noticiosa sobre los temas relacionados con el ente constitucional y una mayor presión sobre sus actuaciones.
El Cuarto Estudio sobre el Estado de la Justicia evidencia un protagonismo de la ciudadanía que utiliza las herramientas que la Sala Constitucional pone a su disposición para hacer valer sus derechos y garantías. Una muestra de ello es que entre las partes recurridas sobresalen instituciones que tienen entre sus responsabilidades la implementación de políticas públicas y la prestación de servicios públicos, cómo es el caso de los ministerios y las municipalidades.
